Especialistas en distintas áreas dan cuenta de lo ocurrido en la década y media que lleva de vida La Pulseada. En este número Martín Becerra resume lo acontecido en materia de políticas de comunicación.
Por Martín Becerra
Los últimos 15 años ofrecen como escenario un proceso inédito, contradictorio y transgresor en las políticas de comunicación, que puede apreciarse a través de modificaciones sustanciales en tres ámbitos: la estructura del sistema de medios (tanto en sus condiciones de propiedad como en sus transformaciones tecnológicas); el modelo de intervención estatal (en particular, en la producción de regulaciones, en su mutante institucionalidad y en las políticas de financiamiento) y la discusión social y política sobre los intereses y derechos en juego.
El lapso 2002-2017 es tan prolífico para el análisis de la metamorfosis del sistema de medios y de sus políticas que inspira una creciente producción bibliográfica a la vez que, sobre todo entre 2009 y 2015, animó la discusión pública colocándose como un tema central de la agenda política. Si bien es injusto comparar los mandatos presidenciales concluidos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner con el gobierno en curso de Mauricio Macri, que lleva menos de un año y medio a cargo del Ejecutivo, el presente artículo procura definir tres grandes etapas en la evolución del sector y de la orientación de las políticas. En efecto, aún cuando la presidencia de Macri no ha llegado siquiera a la mitad de mandato, ya es posible caracterizar los grandes ejes de su perfil en esta materia.
La primera de las etapas corresponde a los casi seis años que abarcan el gobierno de Kirchner y el primer año y meses de Cristina Fernández (mayo de 2003–marzo de 2009); la segunda ocupa desde la presentación en sociedad del anteproyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual hasta el fin del segundo mandato de Fernández de Kirchner (marzo de 2009–diciembre de 2015); la tercera, desde la asunción de Macri (diciembre de 2015) hasta el presente.
Primera etapa: control de daños
Cuando Kirchner llegó a la presidencia en 2003, el sistema de medios había sufrido una importante transformación y modernización, pero estaba en quiebra. El sector se había concentrado en pocos grupos, nacionales y extranjeros, algunos de ellos asociados a capitales financieros; la concentración era de carácter conglomeral; se había remozado tecnológicamente; la organización de los procesos de creación y edición había tercerizado la producción de contenidos lo que, a su vez, había estimulado una dinámica base de productoras de diferente tamaño; se forjaron nuevos patrones estéticos tanto en la ficción televisiva como en los géneros periodísticos; había resucitado la industria cinematográfica y se había incrementado la centralización de la producción en Buenos Aires.
Las empresas de medios, que en muchos casos habían contraído deudas en dólares en la década anterior, registraban ingresos menguantes y en pesos. Ello motivó al gobierno de Eduardo Duhalde a impulsar una ley aprobada ya en la gestión Kirchner: la de Preservación de Bienes Culturales, que fue un salvataje a las empresas de medios.
La renovación automática de las licencias televisivas más importantes de los dos principales grupos de medios, Clarín y Telefónica, en 2004, y, sobre todo, la firma del Decreto 527 en 2005, mediante el cual Kirchner suspendió el cómputo de diez años para las licencias audiovisuales, constituyen indicadores explícitos (hay otros) de un Estado que socorrió a los magullados capitales de la comunicación. Mientras tanto, las organizaciones sin fines de lucro continuaban proscriptas del acceso a licencias audiovisuales.
Kirchner respaldó y estimuló la estructura de medios heredada. También concibió un esquema de ayuda estatal a cambio de apoyo editorial, incentivó la mejora en la programación de Canal 7, creó la señal Encuentro y su política de medios sintonizó con los actores más importantes del sector, así como en telecomunicaciones se afirmó en alianza con los operadores dominantes.
Durante el período, los medios de comunicación y, en particular, el sector audiovisual, se recompusieron económicamente y experimentaron una primavera exportadora de contenidos y formatos facilitada por la competitividad del tipo de cambio. A muchos periodistas les fastidiaba la desintermediación que Kirchner ejercitaba prescindiendo de conferencias de prensa y entrevistas, pero al no promover grandes cambios en el sector, convivió amablemente con los accionistas de los grandes grupos.
Segunda etapa: la guerra por los medios
Existen diferencias sobresalientes entre el gobierno de Kirchner y los de Fernández de Kirchner en política de medios. El cambio se manifestó en 2008, tras la disolución de los buenos vínculos que el kirchnerismo había anudado con el Grupo Clarín. De la diplomacia se pasó a la guerra.
A partir de 2009 (tras la llamada “crisis del campo”) tuvo lugar una producción de medidas de políticas de comunicación inédita por su intensidad y por el protagonismo que, a partir de la iniciativa gubernamental, tuvo en el espacio público.
El caso Papel Prensa, la gestación del Programa Fútbol Para Todos, la adopción de la norma japonesa-brasileña de televisión digital terrestre y luego la sanción de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2009 y de Telecomunicaciones y TIC (Argentina Digital) de 2014, son manifestaciones de la nueva política. Este listado sería incompleto si no mencionara el incremento de la financiación de medios afines al gobierno con recursos públicos a través de la publicidad oficial, cuyo manejo discrecional fue condenado por el Poder Judicial, o si omitiera medidas que protegen el derecho a la libertad de expresión, como la despenalización de las figuras de calumnias e injurias en casos de interés público.
La ley audiovisual constituye un importante avance precedido por un debate social amplio (cuyos aportes liminares fueron elaborados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004), porque vincula el concepto de libertad de expresión con los derechos humanos. Su trascendencia, así como su aplicación sesgada e irregular, ameritan un análisis profundo que supera estas líneas (lo hemos realizado en libros, artículos y notas en nuestro blog). Además, durante los gobiernos de Fernández de Kirchner se crearon nuevas señales (Paka-Paka, IncaaTV, DeporTV, TecnópolisTV) y se potenció la función del Estado como emisor.
El kirchnerismo promovió la reorganización del mapa de medios; usó el poder estatal para crear y reconvertir empresas del sector; incidió en sus relaciones económicas, impulsó leyes medulares, hizo cotidiano el reproche a la línea editorial de medios y periodistas opositores y provocó notables realineamientos políticos en un sector que cultivaba el mito de la objetividad.
En el plano estructural, durante el lapso 2003-2015 se observa un alto nivel de concentración de conglomerados privados, algunos con línea editorial manifiestamente opositora al kirchnerismo y que ostentan posición dominante en sectores como tv abierta y de pago, diarios y revistas, radio y portales informativos en Internet (Grupo Clarín). Los grupos privados surgidos al amparo oficial experimentarán serios inconvenientes económicos tras la asunción de Macri. Mientras tanto, grandes capitales extranjeros de las telecomunicaciones y el audiovisual gozaron de buenos resultados (entre ellos, Telefónica, Fintech –David Martínez-, y DirecTV).
Al margen de la lucrativa realidad de los principales grupos, la mayoría de los emprendimientos de medios en la Argentina de tamaño pequeño sobrellevó la existencia con dificultad, apelando a estrategias más artesanales y precarias como el mecenazgo, es decir, produciendo por encargo de quien paga por el espacio, o el vasallaje, es decir, subalquilando espacios a cambio del pago en especies de parte del inquilino.
Tercera etapa: restauración
Sin mayoría en el Congreso tras acceder a la presidencia vía balotaje y con una agenda socioeconómica candente, el gobierno de Macri desplegó una contundente actividad en comunicaciones. Con la consigna de la convergencia, Macri decretó nuevas reglas de juego que allanan mayores niveles de concentración y cruces internos; drenó el profuso manantial de publicidad oficial para medios y productoras kirchneristas y restauró el dogma del mercado como rector de las comunicaciones, descartando la noción de que se trata de un campo donde se juegan derechos en el que los desposeídos requieren acción estatal para compensar las desigualdades en el acceso a los recursos culturales e informativos.
Macri desarmó en sus primeros días el andamiaje institucional creado por las leyes audiovisual y de telecomunicaciones (AFSCA y AFTIC, respectivamente), reemplazándolas por un ente gubernamental, el ENaCom, en el que la mayoría de sus integrantes son designados por el presidente.
El ideal macrista de que la política sea atendida por sus propios dueños, que proyecta en comunicaciones la gestión de otras áreas de gobierno, es boicoteado por la disputa entre los dos principales grupos, Telefónica y Clarín, que se mantuvo con sordina hasta 2014 y que desde entonces vive una escalada que amenaza con una rejudicialización de las comunicaciones por motivos diferentes a los de los litigios previos en el sector.
La brújula de Macri y su personal dirigente está diseñada para detectar como puntos cardinales a los actores concentrados de la industria de la comunicación: Clarín, Telefónica, Telecom, Claro (Slim), Fintech (David Martínez), que une a varios de los anteriores. Todos estos conglomerados tradicionales operan -con diferentes niveles de penetración- en el sector de las telecomunicaciones y conexión a Internet. Clarín es el único anfibio o convergente, porque es dominante en el sector de los medios y de la producción de contenidos a la vez que tiene creciente desarrollo en telecomunicaciones.
Por razones complementarias, hay otros dos puntos que imantan la brújula oficial: en primer lugar, Google y Facebook, dispositivos cardinales en la estrategia de campaña perpetua en redes sociales que proporciona tantas satisfacciones al PRO, aunque hasta ahora sin mayor incidencia en la regulación; en segundo lugar, una serie de grupos extranjeros que combinan la producción de contenidos y la operación de infraestructuras de red (AT&T, dueña de DirecTV; Viacom; ESPN, de Disney; Turner y HBO, de Time Warner; Fox, de News Corp) y que, hasta noviembre último cuando Viacom le compró la red Telefé a Telefónica, carecían de protagonismo en el troquelado de la agenda de políticas de comunicación en el país, aunque desde hace al menos dos décadas inciden con todos los gobiernos en la regulación específica de su segmento.
Por afuera de la brújula de actores identificados por el gobierno hay un movimiento de creciente descontento por parte de empresas y grupos medianos, pequeños, cooperativos, comunitarios, gremiales y universitarios. Sus intereses son también variopintos y, en varios niveles, contradictorios entre sí, al igual que fue muy diferente el posicionamiento que tuvieron en relación al kirchnerismo y a sus políticas de medios, pero el actual abandono de las obligaciones estatales para con ellos opera como puente de entendimiento.
Si durante el kirchnerismo disciplinó la política, hoy disciplina el mercado. Con la virtual eliminación de los topes a la concentración decretada por Macri, los actores más grandes ya no tienen obstáculos para adquirir medianos y pequeños. La obligación de controlar abusos de posición dominante no figura en los planes del gobierno, que alude a este proceso como “convergencia”. La convergencia es el nuevo mantra que restaura la lógica del mercado como valor excluyente en el campo de las comunicaciones. LP
Quién es el autor
Doctor en Ciencias de la Información, investigador independiente en el Conicet y profesor titular de la UNQ y la UBA, Martín Becerra ha publicado numerosos libros sobre políticas de medios, convergencia comunicacional y economía de las industrias culturales. Su blog es https://martinbecerra.wordpress.com/ y en Twitter es @aracalacana
