Hace cinco años, cuando terminaba de entrar en vigencia la ley provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, sus impulsores sabían que empezaba otra pelea: conseguir su implementación plena. Hoy las deudas son muchas y la situación es crítica. Por eso las consignas que empujaron a esa normativa volvieron, en tinta y aerosol, a trapos blancos, paredes y pavimentos. En La Plata, organizaciones, instituciones y trabajadores del ámbito de la niñez denuncian que el sistema que sustituyó al Patronato está desfinanciado y puede convertirse en un “cajón vacío”. En definitiva, que como los gobiernos provincial y municipal no se deciden a implementarlo, impera una política regresiva en materia de derechos humanos de la niñez.
Por Javier Sahade
“El niño se hace salvaje en condiciones salvajes
y se hace humano en un clima humano”
Carlos Cajade
“Ningún pibe nace chorro”. “No nos cuidemos de los pibes, cuidemos a los pibes”. “Los chicos no somos peligrosos, estamos en peligro”. “El Estado está dejando solos a los niños”. “Queremos jugar”. “Los chicos hoy corren riesgo de ser mañana invisibles”. “Políticas para la vida y no para el encierro”. “Con los derechos de los pibes no”…
Las banderas siguen en la calle. Son las mismas que vistieron las marchas y los reclamos de diferentes sectores sociales que, unidos, lograron allá por 2005 terminar con el viejo Patronato. Reemplazarlo por un sistema legal que dejara de encerrar a los pibes con derechos vulnerados y obligara al Poder Ejecutivo a construir herramientas para evitar la separación de chicos y chicas de sus familias. Es que la provincia de Buenos Aires fue pionera en crear un marco legal acorde a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño pero su aplicación tiene tantas deudas que las consignas de ayer siguen siendo actuales.
Ni bien se promulgó la esperada ley 13.298, de Promoción Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en enero de 2005, surgieron trabas políticas y de la corporación judicial para su puesta en vigencia y la norma fue suspendida hasta 2007. Ahora pasaron cinco años desde que la ley rige con normalidad, pero aquellas resistencias parecen pervivir en algún lugar. Porque quienes trabajan y militan por la niñez denuncian que el sistema no termina de implementarse, que hay un vaciamiento generalizado de las políticas para la infancia y una gran precariedad en las condiciones de trabajo en el sector.
Organizados
La Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez (APDN) convocó y formó recientemente a una heterogénea Asamblea de Trabajadores de Niñez (ATN), que reúne a integrantes de hogares, organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos, y trabajadoras y trabajadores de programas estatales dependientes de la secretaría de Niñez y Adolescencia y del ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires.
Junto a representantes del programa Unidades de Desarrollo Infantil y de distintas entidades enmarcadas en la ley de Promoción y Protección Integral y en su complementario Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil (servicios zonales, casas de abrigo, hogares convivenciales y centros de referencia, contención y recepción de menores), lanzaron una campaña contra “el desmantelamiento de los servicios efectores del Sistema de Promoción y Protección”. Plantean que “ha venido de la mano de medidas que refuerzan la función represiva del Estado, con lo cual aumenta la judicialización de la niñez pobre y su persecución”.
En concreto, denuncian deudas en el pago de becas a hogares no estatales; precarización laboral; falta de pago de cajas chicas en programas y hogares oficiales; desfinanciamiento del programa de inclusión social Envión; y vaciamiento, despidos y cierre de servicios locales de La Plata.
El 29 de marzo pasado se concentraron en La Plata y marcharon a la Municipalidad y al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense. Antes, difundieron un comunicado que expone de manera extensa y puntillosa la situación que atraviesa el sector. En un párrafo que condensa el espíritu del reclamo, la ATN explicaba: “Nos movilizamos para gritar una vez más que si el Estado precariza a los trabajadores y las trabajadoras, desfinancia a los hogares, centros de días y programas de promoción y protección, y establece leyes punitivas y de castigo, entonces está violando los derechos humanos de los pibes y las pibas”.
Los manifestantes no obtuvieron respuestas ni del gobierno provincial ni del municipal. La Pulseada insistió en entrevistarse con el secretario de Niñez y Adolescencia bonaerense, Pablo Navarro, y con su par comunal, el director Carlos Dabalioni. Ninguno de los funcionarios aceptó dialogar con este medio sobre el tema pese al tenor de la denuncia de la ATN y a que, por ejemplo, piden la renuncia de Dabalioni.
Sistema de vaciamiento integral
“No tenemos las cajas chicas que sirven para pagarles a los proveedores que nos traen la mercadería para que los chicos almuercen, desayunen, merienden y cenen. Además, como no hay combustible para los autos oficiales uso mi vehículo particular para llevar a las chicas con capacidades diferentes, futuras mamás o en algunos casos mamás, a los hospitales o la Maternidad”, cuenta Sergio Gustavo Bustos, titular de la Asociación de Directores Oficiales de las instituciones que dependen de la Secretaría de Niñez de la Provincia.
Según datos compilados y sistematizados por la ATN (porque la información oficial no abunda), de las 106 instituciones oficiales dependientes de la Secretaría provincial sólo 12 recibieron el pago de la última caja chica del año. Incluso algunas han cobrado sólo cuatro cajas chicas en todo 2011.
“Necesitamos que hagan el depósito de las cajas chicas porque es lo hace funcionar a las instituciones —explica Elsa Sotelo, dirigente de ATE Sur y trabajadora de una Unidad de Desarrollo Infantil de Lomas de Zamora—. Nos deben desde el año pasado y hace 15 días recibimos del Ministerio un camión de pan dulce y garrapiñadas. Imaginate que a un nene de 45 días no se le puede dar garrapiñada y pan dulce. Creemos que de alguna manera el Gobierno y sus funcionarios quieren devastar y olvidar a la niñez”. Bustos agrega: “Hay una política regresiva en materia de derechos de la niñez y el Gobernador hace oídos sordos. Son reclamos por los pibes, nada más y nada menos, para que puedan ir a la escuela, que tengan salud, asistencia de un operador o de un acompañante diario y nocturno. El Gobernador está vaciando las instituciones. El acento está puesto en todo lo penal, al punto de que está abriendo más cárceles cerradas para los pibes”.
La falta de recursos también afecta a los hogares y centros de día no estatales, que por convenio con la Secretaría provincial se sostienen con becas por cada chico. Son hogares como el de Cajade, que junto a los demás emprendimientos sociales de la Obra atiende a alrededor de 300 chicos. La Red de Hogares y Centros de Días de la Provincia de Buenos Aires (RedBA), que los agrupa, decidió realizar una ronda alrededor del monumento central de plaza San Martín de La Plata, frente a la Gobernación, todos los miércoles. El objetivo es intentar ser escuchados y denunciar que la Provincia no pagó a más de 680 instituciones las becas que corresponden a los primeros 4 meses de 2012; que más de 200 instituciones no cobraron todavía el sexto bimestre del año pasado y otras 35 no recibieron becas en 2011. Según RedBA, desde noviembre 20 hogares debieron cerrar; o sea, dejar de atender a unos 400 niños y niñas.
Gustavo García es titular de RedBA e integra el Hogar Don Bosco, ubicado en el barrio San Carlos de La Plata. “Nadie nos escucha —le dice a La Pulseada después de una de las rondas—. Don Bosco atiende 20 chicos. En febrero hemos tenido que cerrar una de las casas, la histórica, donde nació el Hogar. Nos dolió en el alma. Teníamos tantas deudas que no podíamos pagar la luz, el gas… No cerramos porque se haya solucionado la carencia que requería del abrigo o de protección, sino por falta de recursos. El pibe volvió a su lugar con las mismas cosas que venía padeciendo. Estamos construyendo historias sobre una infancia robada”.
En programas oficiales de inclusión social se vive una situación similar. Un ejemplo es el programa Envión, llevado adelante en conjunto por los municipios y el ministerio de Desarrollo Social y destinado a integrar a chicos vulnerables de entre 12 y 21 años al sistema educativo y a enseñarles un oficio para facilitar su inserción laboral y social. Trabajadores del programa denuncian despidos, irregularidades en el pago de salarios y becas, y aseguran que faltan recursos y materiales. Desde la ATN advierten que esta falta de financiamiento amenaza el futuro de los beneficiarios y de los trabajadores del programa, una iniciativa que evalúan positiva, acorde al paradigma del sistema de la promoción y la protección integral.
Paula Retamal, trabajadora social, se desempeña en el Envión en Moreno. Explica que la deuda en los pagos afecta tanto a las becas para beneficiarios del programa como a las de los tutores, y cuenta que durante el verano hubo sedes paradas y otras que mantenían sólo una guardia. “También venimos reclamando que los tutores sean reconocidos como trabajadores, porque acompañan a jóvenes en situaciones de riesgo. Además, como el programa es provincial pero se implementa en los municipios, se generan muchas diferencias en la forma de contratación. Algunos trabajadores están mensualizados por la Municipalidad, otros son monotributistas y otros ni siquiera tienen contrato, como los tutores, que cobran una beca como si fueran parte del plan social”.
Finalmente, la implementación del sistema de promoción y protección integral hace agua también en una de sus piezas fundamentales: los Servicios Locales de promoción y protección de derechos, unidades operativas de atención profesional y técnica que desde el plano local, lo más a mano posible de los chicos con derechos vulnerados, deben actuar en coordinación con escuelas, hospitales e instituciones intermedias. Deben trabajar en los barrios para facilitar el acceso de niñas y niños a programas y planes disponibles en la comunidad y “propiciar y ejecutar alternativas tendientes a evitar la separación del niño de su familia”.
La ley establece que estos servicios deben estar integrados como mínimo por un psicólogo, un abogado, un trabajador social y un médico. La ATN asegura que en las últimas semanas cerraron los servicios de Tolosa, Ringuelet, Olmos y Los Hornos y que hay otros funcionando sin equipo técnico ni recursos, con trabajadores sin contrato y hasta con un solo operador. También sostiene que principio de año en La Plata fueron despedidos 15 trabajadores y no se los reemplazó, y que se vio obligada a renunciar la jefa comunal del área.
Fronteras
“Hoy existe una ley de niñez que puede ser muy bonita y programas que tienden a la inclusión social, pero no llevan a nada. Si no nos reunimos los laburantes y los sectores más excluidos, va a ser muy difícil sacar a los pibes de la situación en la que están”, plantea Lali, de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón de Puente de Fierro, un movimiento territorial de La Plata que trabaja con vecinos sin vivienda y madres de chicos desnutridos.
“La ley como herramienta es bárbara, magnífica, pero a veces uno piensa que es un cajón vacío, sin recursos y sin financiamiento —coincide Franco Salazar, coordinador de la Obra del padre Cajade, que integra la ATN. Y expresa—: Da miedo pensar que fracasen estos logros que fueron un avance gigantesco. Por eso el reclamo”.
Uno de los principios de la ley, explica Salazar, es la ‘corresponsabilidad’, que viene a contrarrestar la vieja lógica de la ‘derivación’ del Patronato. Por eso “todos nos tenemos que hacer cargo, porque los problemas de estos pibes, con realidades muy complejas, los debemos solucionar entre todos. Por eso hay que copar los espacios como los consejos locales. A favor o en disidencia, pero hay que estar en esos espacios de construcción de políticas públicas. La ley es una herramienta social”.
Pero en la corresponsabilidad no todos los actores tienen el mismo peso ni las mismas posibilidades. Como grafica Salazar, “cuando un chico llega a una Obra como la nuestra tiene que ser porque se agotaron todos los demás recursos del Estado”.
Vale la pena volver a señalar que con el nuevo paradigma —que se logró en la Provincia en 2005, empezó a regir en 2007 y aún no termina de implementarse—, los problemas sociales de los chicos ya no son un asunto de los jueces sino del Poder Ejecutivo. El protagonista es el Ejecutivo, que “tiene que intervenir con todos sus recursos para abordar la problemática de la niñez”, resume Franco.
Esto es clave, además, para que los chicos no lleguen a la Justicia, que está a la vuelta de la protección integral. Porque un chico sin derechos vulnerados tiene menos posibilidades de caer en lo penal.
Sobre esta frontera, ese puente entre la protección integral y la justicia juvenil, Franco Salazar clarifica: “Los cambios que hoy se piden por televisión son la demagogia punitiva y la baja de la edad de imputabilidad, que nada tienen que ver con nuestros reclamos. Nosotros queremos que no existan derechos vulnerados. Pero sabemos que no contamos con gran cobertura mediática”. Gustavo García, de Don Bosco, coincide: “No es noticia que un hogar logre formar a un pibe como ciudadano de bien, pero sí es noticia el pibe que te pegó un tiro o que te robó en la carnicería o el almacén”.
Tony Fenoy, miembro de la Obra de Cajade y del Colectivo de Teología de Liberación Pichi Meisegeier, analiza en el mismo sentido: “El discurso del Gobernador y de (ministro de Justicia y Seguridad Ricardo) Casal va en contra del espíritu de la ley. Ellos estarían mucho más contentos en el ámbito del Patronato. Hay un intento claro de que fracase esta ley, que instala al pibe como sujeto de derecho para que deje de ser un objeto del juez, o del Policía, o del Instituto. El Código Contravencional que quería implementar el gobierno provincial es una muestra clara de cómo piensan la niñez y de cómo estigmatizan y criminalizan la pobreza. El discurso de la Provincia es el de la mano dura y de la cárcel para los pibes. Por eso es fundamental la unión de todas las obras y de los trabajadores que están en niñez, infancia y juventud. La lucha por los derechos humanos de ayer tiene que ser la lucha por los derechos humanos hoy, reflejados en los derechos de los niños”.
