Una pericia determinó que los gritos de los presos de la comisaría 1ra se escuchaban desde la calle
Por Francisco Martínez
Foto: Natalia Tealdi, Agencia Andar
Nota Principal > Rejas y qué más
Colchones de goma espuma, sectores sin matafuego. Mucho menos un protocolo antiincendios. Otra trampa mortal, 12 años después de la masacre de Magdalena, en una comisaría de la provincia de Buenos Aires. La 1ra de Pergamino. El resultado, al cierre de esta edición: 7 muertos, 5 policías detenidos y el jefe de la comisaría prófugo.
El incendio del 7 de marzo reavivó el debate -al menos, para los sectores que sí se preocupan por los Derechos Humanos- sobre el alojamiento de detenidos en seccionales. El silencio oficial es alarmante: desde esta nueva masacre no hubo un sólo anuncio sobre cambios en las condiciones de alojamiento. Si a León Arslanian se le reconoce el haber logrado erradicar la detención en seccionales, a Ricardo Casal se lo recordará por haber reimplantado el sistema que hace agua por todos lados y del que nadie se hace cargo. Los dos, en la gestión de Daniel Scioli. Ahora, el turno de cambiar las cosas es de Cristian Ritondo y la gobernadora, María Eugenia Vidal.
La investigación impulsada por el titular de la UFI 3 de Pergamino, Néstor Mastorchio, con el control del juez de Garantías César Solazzi, alcanzó para imputar y detener a cinco policías: el sargento César Brian Carrizo, el teniente 1ro Sergio Ramón Rodas, los oficiales Alexis Miguel Eva y Matías Exequiel Giullietti y la ayudante de Guardia, Carolina Denis Guevara. El comisario Alberto Sebastián Donza, de 40 años, permanece prófugo y su nombre fue ingresado a lista de capturas internacionales de la Interpol.
“Las pericias fueron muy contundentes en relación a lo que produce en las personas el monóxido de carbono en ese lugar que no tenía ventilación, era un lugar absolutamente cerrado”, explicó Margarita Jarque, abogada de la Comisión por la Memoria, que patrocina a 3 de las 7 familias de los fallecidos.
La profesional explicó que se realizó una prueba con “17 personas que simularon ser los que estaban detenidos” dentro del calabozo donde ocurrió la masacre, y “que se escuchaba los pedidos de auxilio desde la oficina del comisario, desde la oficina de guarida y desde la calle”, situación que complica aún más a los imputados.
En la causa también se acreditó que el baño estaba en condiciones lamentables, con una letrina y un caño a baja altura por donde salía agua con la que los presos debían higienizarse.
Jarque explicó que “la comisaría estaba en violación de todas las condiciones edilicias para tener detenidos, pero estaba habilitada por el Ministerio” de Seguridad de la provincia. “Era un lugar en absoluto abandono, con colchones en el piso”, apuntó.
El caso tuvo repercusiones internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado argentino a “investigar estos hechos con debida diligencia y sin demoras”; y reclamó que se adopten “medidas urgentes para evitar la repetición de hechos de este tipo; y de que se abstenga de utilizar las dependencias policiales como centros de alojamiento permanente de personas”.
Para la Red de Jueces Penales de la provincia, “existen otras responsabilidades de carácter político, administrativo e institucional que no deberían ser pasadas por alto en el análisis de esta catástrofe, si se aspira seriamente a que este tipo de hechos no se repita”.
