Desde 2008 comenzaron a realizarse en Argentina exploraciones para detectar yacimientos de petróleo y gas no convencionales. La técnica de la fractura hidráulica es cuestionada por su riesgo ambiental y porque insume demasiada agua que es mezclada con químicos. El acuerdo secreto YPF- Chevron y las críticas de los ambientalistas en un debate no saldado.

Por Daiana Melón

La fractura hidráulica, hoy más conocida como fracking, es una técnica experimental de extracción de petróleo y gas diferente de la que se ha llevado adelante durante los últimos 180 años, consistente en la inyección de agua a alta presión, arenas y compuestos químicos que fracturan la roca y liberan los combustibles fósiles de los poros en los que se encuentran asentados.

En Argentina esta técnica experimental se está realizando en las provincias de Neuquén —especialmente en el yacimiento Vaca Muerta, en los alrededores de la localidad de Añelo— y Río Negro —sobre todo en la zona de Allen—, y se han realizado pozos exploratorios en Mendoza, Chubut y Santa Cruz. Una de las cuestiones que han generado controversia son los miles de litros de agua que se utilizan para esta técnica y no pueden ser reutilizados.

El ingeniero en Petróleo Eduardo D’ Elía, integrante de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos y de la Asociación Santacruceña de Energías Renovables, explica que con esta técnica “se rompe la roca a través de la inyección de agua, productos químicos y arena a gran presión, y estalla como si fuera un vidrio, que cuando se rompe genera fracturas que van comunicando los poros. La arena no deja que las fracturas se cierren y así el petróleo y el gas se comunican y pueden dirigirse hacia el pozo que se perforó”.

La permeabilidad de los yacimientos, que se mide según el valor mini Darcy, es lo que indica la capacidad de circulación del petróleo y el gas. En los pozos convencionales la permeabilidad es alta, lo que implica que el petróleo es más fácil de extraer, a diferencia de los no convencionales, donde la permeabilidad es más baja. “En un yacimiento convencional el valor de permeabilidad es de 0,1 mini Darcy y en un no convencional es de 0,09 mini Darcy. Que exista esa sutil diferencia es casi imposible de garantizar, no lo puede hacer con exactitud una compañía petrolera y mucho menos, dados los costos, lo puede hacer el Estado. El petróleo sacado en esas condiciones cuesta entre dos y seis veces más, así que es muy probable que las compañías fuercen los ensayos para que terminen siendo no convencionales”, precisa D’ Elía.

La maldición del oro negro

El agua que se usa para esta técnica se mezcla con productos químicos, por lo cual es imposible reutilizarla. Según el especialista, otro de los perjuicios que pueden ocasionarse se debe a “la posibilidad de que una fractura comunique un yacimiento de petróleo con una formación de agua; si esto sucede toda el agua de esa formación va a contaminarse y no va a poder utilizarse nunca. Ya ha pasado con fallas y errores que se han cometido en este tipo de explotación en Estados Unidos. No es fácil detectarlos y pueden producirse incluso después de que el pozo haya sido cerrado, la compañía petrolera se retiró y los responsables políticos ni siquiera estén”.

Por su parte, el periodista Hernán Scandizzo, integrante del Observatorio Petrolero Sur, advierte que “las extracciones no convencionales exigen aumentar la cantidad de pozos; eso genera mayor ocupación territorial, implica desplazamientos de comunidades indígenas y campesinas e incrementa además el impacto sobre la biodiversidad. Durante la inyección de esa sopa química, si hay problemas de cementación puede filtrarse a las napas o llegar a través de fallas a los acuíferos. El riesgo de que se produzcan este tipo de problemas está siempre latente”.

El área en la cual está emplazada Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo no convencional más grande del país, es un territorio donde viven las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, que a causa de la actividad petrolera han denunciado casos de contaminación y de destrucción de sus hogares y tierras. Estas comunidades vienen resistiendo al avance del fracking mediante movilizaciones y tomas de pozos.

En Allen, Río Negro, ciudad conocida como la capital nacional de la pera, existe la extracción de gas no convencional. “Se empezaron a realizar pozos de gas en las chacras de perales y manzanas y ese fue un fenómeno visualmente impactante —se percibían las torres de perforación en medio de los árboles— y también importante a nivel del daño ambiental. Las personas están ahora expuestas a los venteos. Hace algunos meses, por ejemplo, se prendió fuego un pozo cerca de una chacra y el hombre que la cuida estuvo expuesto, además de a la contaminación que se genera para perforar, para hacer pozos de gas, también al fuego y a otra serie de factores”, afirma Giulio Olahuer, integrante de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Neuquén.

Frente a esta situación se conformó una asamblea vecinal que comenzó a luchar para la aprobación de una regulación para el fracking. Así, a partir de la movilización, se logró que en agosto de 2013 se sancionara una ordenanza municipal que prohibía la extracción de gas y petróleo no convencionales en el ejido urbano. Pero poco tiempo después el Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro la declaró inconstitucional.

Quienes se resisten a esta técnica se basan en el conocimiento de lo que ha generado en algunas regiones de los Estados Unidos, donde las filtraciones de los pozos han contaminado napas y, por ende, el agua que consumen las personas que viven en las cercanías. “Esta técnica es experimental, de antemano no se puede saber la cantidad de hidrocarburos que existen en un pozo ni hacia dónde va a ir la fractura, lo que hace que cada pozo que se realice sea una experiencia distinta y no algo que se pueda predecir. Si una de estas fracturas supera a estas formaciones el impacto es monumental e irreversible. No hay una llave o una canilla que se pueda cerrar para evitar que estas formaciones de gas y petróleo se comuniquen con las formaciones que están más arriba”, resalta D’Elía.

Frente a las consecuencias que este tipo de extracción puede generar, desde fines de 2012, a partir de que se empezó a difundir la intención del Estado de apostar a la extracción de no convencionales, se han comenzado a generar a lo largo del país focos de resistencia en diversas localidades para impulsar la sanción de ordenanzas que prohíban la fractura hidráulica en sus regiones.

Enrique Viale, cofundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra, precisa que “hay 40 municipios en el país, distribuidos algunos en la Patagonia, en Entre Ríos y en la provincia de Buenos Aires, con ordenanzas municipales que prohíben el fracking. Hay un embate muy fuerte de la industria petrolera para establecer que los municipios no tienen competencia. Pero son precisamente ellas, las competencias locales, las que están en mejores condiciones para determinar el ordenamiento de sus territorios”.

En numerosas localidades de Entre Ríos, Río Negro, Mendoza, Buenos Aires, Chubut y Neuquén la movilización popular ha logrado que se sancionen este tipo de ordenanzas. “Lo peor ocurrió en Allen, Río Negro. Lamentablemente no se ha logrado que el municipio apele esa sentencia. Creíamos que si se apelaba y llegaba a la Corte Suprema se iba a obtener una respuesta positiva. Las torres de petróleo están cada vez más cerca del ejido municipal, de las chacras y del propio centro de la ciudad”, añade Viale.

El impulso con YPF

A partir de la nacionalización del 51% de las acciones de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a mediados de 2012, y tras el agravamiento del déficit energético del país, el CEO de YPF, Miguel Galuccio, presentó un Plan Estratégico 2013/17 con el objetivo de lograr el autoabastecimiento y la exportación de excedentes, lo que requiere una inversión aproximada de 37.000 millones de dólares.

En julio de 2013 se sancionó el decreto N° 929, que crea un Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos y brinda a empresas privadas beneficios y liberalidades cuando se trate de proyectos que superen los mil millones de dólares, con el objetivo de atraer inversiones para desarrollar técnicas de fractura hidráulica en los yacimientos detectados desde 2008. Además, permite a las compañías extranjeras que a partir del quinto año de inicio de la explotación puedan exportar el 20% de la producción o venderla en el mercado interno a precio internacional.

En este contexto legal, YPF firmó un acuerdo con la trasnacional norteamericana Chevron, considerada culpable del delito de contaminación ambiental en Ecuador, país en el que afectó, bajo el nombre de Texaco Petroleum Company, las formaciones de agua de un bosque nativo como consecuencia del derrame de 103 millones de litros de petróleo. Por esta causa está condenada a pagar 19.000 millones de dólares. Esa alianza con Chevron activó un debate, incluso dentro del kirchnerismo y otros sectores defensores de la gestión estatal de YPF; una discusión vigente y jamás saldada sobre el modelo energético, similar a la que se da sobre el modelo productivo, la megaminería y los agronegocios.

“El acuerdo con Chevron es secreto. El Estado nacional y la propia YPF están comprometidos a no divulgarlo. Incluso negaron su conocimiento a senadores nacionales que han emprendido acciones judiciales y a los propios legisladores de la provincia de Neuquén, que votaron los efectos de ese acuerdo sin conocer sus términos, es decir que votaron a ciegas. Sin embargo han trascendido algunas de las cláusulas que evidencian por qué no las querían mostrar: porque se caía todo el relato de la soberanía hidrocarburífera, de la vuelta al autoabastecimiento energético, porque este acuerdo es realmente escandaloso”, afirma el abogado Viale.

En efecto, a pesar del carácter secreto del acuerdo han trascendido algunas cláusulas. Una de ellas es la que otorga indemnidad ambiental para Chevron, de modo que de producirse algún tipo de impacto o contaminación, YPF es la única que se hará cargo de los pasivos ambientales. Por otro lado, el acuerdo le garantiza a Chevron continuar obteniendo regalías aún habiéndose retirado del negocio y, de existir controversias, recurre a la legislación aplicable en Nueva York y a los Tribunales de París.

“Estamos asociándonos a una empresa prófuga de la Justicia justamente por contaminación ambiental. Estamos además frente a una técnica experimental que ya ha sido prohibida en dos países, en varios estados y respecto de la cual Alemania ha establecido una moratoria de ocho años. Estamos con una compañía petrolera estatal que no tiene experiencia en esta técnica frente a una empresa que sí la tiene. Estamos, por último, recurriendo a algo que no es necesario, porque tenemos fuentes de energías limpias y renovables que pueden perfectamente suplantar ésta y mucha más energía de la que se pretende obtener a través del fracking”, resalta D’Elía.

Por otro lado, en septiembre de 2014 se modificó la legislación vigente en materia hidrocarburífera, a partir de un acuerdo entre el gobierno nacional y las provincias que poseen reservas de petróleo y gas. La modificación de esta Ley apunta a reglamentar los beneficios que se habían brindado a Chevron: reduce de 1000 a 250 millones de dólares el monto de inversión para recibir beneficios, amplía las concesiones a 35 años (eran por 20) y establece prórrogas de 10 años, sin límite.

La ley fue reglamentada además sin previa consulta popular, desconociendo los tratados internacionales que garantizan la consulta previa de las comunidades indígenas que puedan verse afectadas. “Garantiza la estabilidad fiscal, pone topes a los impuestos que se pueden cobrar a las empresas, genera estándares para beneficiar al sector privado. Lo que hace es renovar la confianza que en los ´90 se puso en el capital trasnacional. Vuelve sobre la lógica de que el sector trasnacional va a garantizar con competitividad la puesta en producción de los yacimientos, porque si bien el Estado nacional compró el 51% de las acciones de YPF, ésta representa sólo alrededor del 30 o 35% de la producción total de hidrocarburos, el resto está en manos de empresas privadas”, dice Scandizzo.

Viale subraya que “es una de las normas más problemáticas que se han votado en los últimos años. Es una ley exprés sólo negociada con algunos gobernadores, pero gestada totalmente a espaldas de la sociedad, que no ha podido debatir democráticamente lo que significaba y que ata a las próximas generaciones”.

Para el abogado, “es una legislación de entrega, de saqueo, consolida los beneficios y liberalidades que se le dieron a Chevron, pero ahora de forma generalizada. Es un modelo de ‘desarrollo’ que se decide de arriba hacia abajo, sin ningún tipo de licencia social, ni de participación de la sociedad”.

Fracking y terremotos

Esta técnica no es polémica solamente por la probable contaminación de los acuíferos sino también porque pueda inducir movimientos sísmicos. El debate científico al respecto se agitó a principios de este año, cuando el Boletín de la Sociedad Sismológica Americana dio a conocer estudios que demostraban que el fracking había provocado sismos en la región de Poland, en el Estado de Ohio, en los Estados Unidos, que alcanzaron a medir 3 en la escala de Richter. Según el informe de los expertos, la actividad de perforación no causó una nueva falla tectónica sino que activó una ya existente, desconocida hasta entonces.

Entre nosotros, el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, que defiende las explotaciones no convencionales, consideró en un comunicado que, al afirmar que “el fracking causó un terremoto”, los diarios contribuían a “generar una alarma injustificada en los lectores”. La entidad señaló que si “por ‘terremoto’ se entiende todo sismo que por su magnitud e intensidad ha causado daños materiales y/o víctimas” los acaecidos en la localidad de Poland fueron “microsismos de una magnitud apenas perceptible para los seres humanos que comprenden niveles de energía miles de veces menores que los sismos que podrían causar algún tipo de daño”. Según la institución “no existe antecedente de que la fractura hidráulica, pese a su uso intensivo en todo tipo de terrenos y subsuelos desde hace casi 70 años, haya causado jamás terremoto alguno”.

Al respecto, el Ingeniero en Petróleo Eduardo D’Elía afirma: “Cuando las fallas geológicas son mojadas se lubrican como si se lubricaran con aceite y esto provoca el desplazamiento de una falla con la otra, estos desplazamientos repercuten en la superficie y son los terremotos a los cuales se los relaciona con el fracking, pero no es el fracking lo que lo provoca sino la inyección de agua asociada a esta práctica en pozos llamados pozos sumideros o pozos inyectores”.

Apostar por otra matriz energética

“Hoy la matriz energética primaria requiere un 52% de la combustión de gas natural, si se suma la combustión de gasoil supera el 60%. Esto podría ser suplido con energía hidráulica, mareomotriz, solar y eólica. También deberíamos hacer un cambio en la matriz de consumo. Es irracional que en un país con la extensión del nuestro el principal medio de transporte siga siendo todavía el camión” (Eduardo D’ Elía, ingeniero en petróleo).

“Argentina tiene el potencial para poder desarrollar otras fuentes de energía y tiene la necesidad imperiosa de hacerlo. Un país que tiene una matriz energética tan poco diversificada está en una situación de vulnerabilidad permanente. En Argentina se consume de manera directa el gas como si tuvieran las reservas que tiene Rusia, que son horizontes de 40 o 50 años, cuando aquí existe un horizonte de reservas de ocho años” (Hernán Scandizzo, periodista, Observatorio Petrolero Sur).