El ajuste en el presupuesto destinado al sector, la falta de acuerdos salariales y hasta la disolución del Ministerio de Salud de la Nación llevan a la agonía del sistema público sanitario. Profesionales y trabajadores se pasan al sistema privado o se ven empujados al pluriempleo.
Por Lucas Román
Subnota > Entrevista: “Más gente se cae del sistema”
El sistema de salud pública afronta una crisis aguda desde hace algunos años que se profundiza como consecuencia de las medidas del gobierno nacional que conllevan ajuste en un ámbito muy sensible para la sociedad. La eliminación del Ministerio de Salud de la Nación representa un paso más del desprecio del gobierno por la salud pública, generando una reducción del presupuesto, achicamiento de estructuras y bajas inversiones en materia sanitaria.
Desde el Hospital de Niños Sor María Ludovica, trabajadores profesionales nucleados en el gremio CICOP plantean la necesidad de una reapertura de paritarias de manera inmediata, ya que los acuerdos alcanzados a principios de 2018 quedaron por debajo de la inflación acumulada hasta el momento. En tal sentido, Pedro Gómez, bioquímico y dirigente de la CICOP, quien trabaja hace más de 20 años en la guardia del Laboratorio afirma que “estos números hoy nos llevan a un certificado de pobreza sin ninguna duda”.
Los trabajadores de la Salud reclaman en primer lugar por un salario acorde a la canasta básica, tratando de equipararlo con la inflación, que hoy supera ampliamente el valor alcanzado en la paritaria del sector. Pero también el reclamo consiste en mejorar las condiciones de infraestructura de los hospitales y los centros de salud, ante la falta de mantenimiento, y por los insumos y recursos humanos necesarios para brindar una mejor calidad de atención a los miles de pacientes.
Sumado a los bajos salarios, los trabajadores se ven empujados al pluriempleo, es decir a buscar más de un trabajo para poder solventar los costos cotidianos. Esto produce, en el caso de los profesionales, una fuga del sistema público hacia el sector privado, que a priori es mejor remunerado, descuidando así la atención en los hospitales y centros de salud.
En diálogo con La Pulseada, Gómez explica que “no queda otra que recurrir a la presión gremial, a las movilizaciones, porque tenés conflicto con el afuera y el adentro también”, respecto de los trastornos que generan las medidas de fuerza tanto para los pacientes como para los trabajadores hospitalarios.
Más pacientes, menos presupuesto
Como consecuencia de esta crisis desde el Hospital de Niños reconocen que ha aumentado la cantidad de pacientes que concurren para ser atendidos. “Son aquellos que se caen del sistema, porque los padres pierden el trabajo y como consecuencia la cobertura social de atención. Entonces concurren al hospital”, explica Gómez. Esto choca con la difícil situación de las instituciones públicas, que no cuentan con los recursos suficientes para una atención adecuada para todos.
Todo parece indicar que para el gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires la salud pública es un gasto. “El objetivo es bajar el gasto primario entonces volvemos a lo más conservador de épocas anteriores, donde Salud y Educación no eran considerados una inversión”, considera Gómez.
En relación a los problemas de infraestructura el Niños se encuentra en obra, pero corresponde a gestiones de la anterior dirección. Se están realizando modificaciones en una sala de Neonatología y continúa en arreglo una sala para trasplante de médula. Todo este proyecto venía siendo financiado en parte por el presupuesto del Ministerio de Salud, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dinero ya asignado a la gestión anterior y ejecutado por la actual dirección. Según Pedro Gómez, a pesar de todos los problemas “en general el hospital es bastante mimado por el estado” por tratarse del único pediátrico de alta complejidad de la provincia de Buenos Aires.
Actualmente, el Niños cuenta con 750 profesionales médicos, 150 residentes y unos 1400 trabajadores entre técnicos y administrativos. “Hay becarios que están hace ya un tiempo a quienes todavía no los han pasado a planta permanente, como también hay profesionales de la ley 10.471 que están esperando para ingresar a planta, un reclamo que estamos llevando adelante de manera conjunta con ATE. Hay trabajadores que tienen salario y obra social, pero como no están en planta permanente no les reconocen antigüedad”.
El gobierno de María Eugenia Vidal pautó un presupuesto de 5,7% del total del gasto público para 2019, el más bajo en toda la historia democrática
En 2016 el presidente Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia que creaba el CUS, la Cobertura Universal de Salud que funciona como un seguro. Cubre una determinada cantidad de prestaciones, pero no toda la demanda, lo que provoca que la salud pública se termine privatizando.
El CUS tiene como finalidad desplazar a la salud como un derecho universal y lo va colocando como un servicio más al que acceden aquellas personas que pueden pagar por él. Pablo Maciel, médico de la CICOP del hospital San Martin, comenta: “Esto tiene que ver con un lineamiento para la salud que ha desarrollado el Banco Mundial y que ha avanzado en otros países de la región, como México, Colombia y Chile, y claramente representa para la Argentina un tremendo retroceso en materia de derechos”.
Maciel remarca el desgaste laboral y las malas condiciones que se viven en los hospitales. Denuncia que los trabajadores “estamos expuestos a situaciones de violencia”, como también los pacientes que “tienen que esperar hasta tres meses para conseguir un turno” para ver un especialista o retirar un medicamento para un tratamiento de una enfermedad crónica.
En relación a la degradación del Ministerio de Salud nacional en secretaria, Maciel advierte que esta situación va generando problemas, por ejemplo en la desarticulación de una determinada cantidad de programas destinados a los sectores más vulnerables y “la incapacidad de coordinar acciones y políticas de salud ante cada problema que vaya surgiendo”. Esto profundiza la fragmentación del sistema de salud en el país y las consecuencias serán el empeoramiento de todos los indicadores de salud de la población.
Por otro lado, el gobierno de María Eugenia Vidal ha sometido a la salud pública a un presupuesto de 5,7% del total del gasto público para 2019, el más bajo en toda la historia democrática. En primer lugar, este recorte se ve reflejado en los acuerdos salariales alcanzados por los profesionales de la salud (recibieron solo un 9,6% de aumento de bolsillo en lo que registra el 2018). Por falta de presupuesto, no se han desarrollado políticas integrales que contemplen la prevención de la salud, promoción y control de enfermedades crónicas no transmisibles, uno de los principales problemas que afecta a la población.
Todos estos reclamos fueron puestos de manifiesto el pasado 4 de octubre en la marcha federal en defensa de la salud pública, que tuvo como punto de encuentro el ya eliminado ministerio de salud nacional. Acompañaron a los trabajadores de la salud, diferentes movimientos sociales y políticos. // LP
Presupuestos devaluados
En los hospitales municipales bonaerenses, los profesionales aseguran que como consecuencia de la suba del dólar, los presupuestos aprobados por los diferentes concejos deliberantes “han quedado desdibujados”, aunque reconocen que los intendentes intentan destinar mayor cantidad de dinero para el sistema sanitario. Esta realidad provoca que se haga dificultoso la compra de equipamiento e insumos para brindar una mejor calidad de atención a los ciudadanos.
Esto quedó de manifiesto en el marco del segundo Encuentro de Hospitales Municipales Bonaerenses, en la localidad de 25 de Mayo en septiembre pasado, con la participación de diferentes comunas.
Por otro parte, pacientes portadores del virus de HIV, elevaron su reclamo ante la falta de medicamentos y otros insumos faltantes. Con la eliminación del Ministerio de Salud de la Nación se evidencia un recorte en las partidas presupuestarias para los programas de prevención, tratamiento y asistencia de enfermedades como el SIDA.
A esto se suma la renuncia del director del área, Sergio Maulen, quien venía denunciando el recorte de unos 800 millones de pesos para una nueva partida de medicamentos en 2019. Esto genera demoras en la compra de remedios para los pacientes, teniendo en cuenta también que como consecuencia de la disparada del dólar, subió el precio de esos medicamentos.
El refuerzo contra la meningitis
El ajuste se hizo presente en las vacunas para los chicos, luego de la decisión del gobierno de eliminar del calendario el refuerzo de los 11 años de la dosis contra el meningococo.
La medida es consecuencia del recorte de 9 mil millones de pesos dispuesto por el entonces Ministerio de Salud, que se destinaba para la provisión del programa nacional de vacunación y entrega de medicamentos.
Según lo indica el calendario obligatorio, la dosis contra la meningitis tiene cuatro aplicaciones, tres entre los 3 y los 15 meses y la última contemplada a los 11 años de edad.
La situación encendió alarmas luego de que falleciera un joven de 17 años en Rosario semanas atrás, producto de esa enfermedad.
Según fuentes sanitarias la decisión de postergar la última dosis responde a la escalada del dólar y a que la vacuna es importada.
