La Plata fue, por varias razones, uno de los mayores bastiones para los ladrones de bebés de la dictadura. Desde febrero y hasta fin de año, un juicio indagará historias de criminales que saquearon vientres y robaron criaturas recién nacidas, heroínas que las buscaron décadas enteras sin desfallecer, y la parábola formidable de los nietos que hoy los acusan y alguna vez fueron Felipe o Marcela.
Por Laureano Barrera
“Esta es tu última oportunidad. Después, ya no podrás echarte atrás.
Si tomas la pastilla azul, fin de la historia.
Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer.
Si tomas la roja, te quedas en el País de las Maravillas
y te enseñaré qué tan profunda es la madriguera del conejo.
Recuerda, todo lo que te estoy ofreciendo es la verdad, nada más”.
The Matrix
El 4 de agosto de 2006 fue una jornada perentoria: con la condena a un ex policía federal se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad. Desde aquella tarde hasta hoy, se enjuiciaron decenas de oficiales, coroneles y generales retirados del Ejército. Gendarmes y mandamases ancianos de la Fuerza Aérea. Policías, federales y provinciales, de todos los estamentos del escalafón. Está a punto de condenarse a la primera tanda de marinos por las atrocidades cometidas en la Esma. Hasta se logró enjuiciar a civiles: médicos que regularon la picana o falsearon partidas de nacimiento, jueces que tomaron testimonios en sótanos de tortura, curas que en nombre de Dios alentaron a hombres y mujeres engrilladas a confesar pecados terrenales: dónde se esconde tu referente, cuál es tu próxima cita. De todos, sólo el Tribunal Oral de La Plata proclamó que los crímenes habían sido cometidos en “el marco de un genocidio”.
Sin embargo, nunca hasta ahora se había juzgado un plan. Desde el 28 de febrero sí: se debatirá si existió un designio criminal de las cúpulas militares de robar los hijos de los secuestrados. La Plata, por más de un motivo, fue uno de los centros neurálgicos de aquella infamia. Y lo es también del juicio: doce de los treinta y cuatro casos ocurrieron en centros clandestinos manejados por la policía de Ramón Camps.
“Hay dos pruebas del juicio que son fundamentales: los chicos apropiados –varios fueron restituidos pero la mayoría no- y las Abuelas: ellas mismas son la prueba fehaciente del Plan Sistemático de robo de bebés”, opina Germán Kexel, uno de los tres abogados de Abuelas La Plata.
El juicio es para ellas un jalón importante, pero no el fin de la historia: quedan varios casos resueltos por juzgar y unos 400 jóvenes que aunque no lo sepan, siguen viviendo en cautiverio. Después de todo, “las viejas” nunca simpatizaron con el destino: han vivido queriendo cambiarlo.
Los burócratas del cautiverio
Cuando viaja desde La Plata a la sede central de Abuelas, Estela de la Cuadra es simplemente Estelita. Evita confusiones con la presidenta Estela Carlotto, y es además una prueba de afecto hacia la hija de Alicia Zubasnábar de la Cuadra, o simplemente Licha, una de las dos batalladoras platenses que fundaron la Institución. El diminutivo es, por último, una verdad fisonómica: Estelita es una mujer pequeñísima. Tiene la voz tenue, el rostro anguloso y hasta su pelo fino parece frágil, pero se agiganta cuando habla de su tragedia familiar. A la zaga de su madre –que murió en agosto de 2008, con 92 años-, se convirtió en sus años de sobreviviente en una tenaz investigadora. No sólo de la desaparición de su sobrina, a quien sigue buscando, sino de la de muchos nietos apropiados.
“Las Madres y las Abuelas no siempre se ajustan al cliché de mujeres que pasaron de lavar los platos a buscar a sus hijos: Esther Careaga venía escapada de Paraguay, era del PC. Había otra madre que era partera del ERP”, explica Estelita a La Pulseada.
Sus padres tenían una matriz radical yrigoyenista, y la guerra civil española campeaba en las conversaciones de sobremesa. Tuvieron sus cinco hijos en Sauce, Corrientes, un pueblo del litoral de 4.000 habitantes regido con mano de hierro por un comisario fascista. Todavía recuerda que su padre salía a pintar los puentes de los caminos rurales con la consigna “Viva la libertad” y Licha –como la conocían todos-, esperaba con un revólver cargado en la falda y el auto en marcha.
Cuando la familia emigró a La Plata, la prole se dejó envolver por la convulsión y la esperanza que se respiraba en aquellos años ’70 en la capital de la provincia y se incorporaron a diversas militancias.
Los milicos respondieron con el único dialecto que hablaban: la violencia. Promediando 1977, la familia de la Cuadra había sido arrasada. Estela guardada. Luis Eduardo y Soledad, empujados al destierro. Roberto José, delegado de YPF, secuestrado el 2 de septiembre de 1976 por veinte tipos pintados para la guerra, con medias de nylon, pelucas y armas largas. En febrero de 1977 le había tocado a Elena, embarazada de cinco meses, junto a su pareja Héctor Baratti. Sus padres supieron más tarde, por cartas precarias, visitas furtivas y llamados anónimos, que el 16 de junio de 1977 había dado a luz una niña –muy presumiblemente- en la comisaría 5ta., a la que habían bautizado como su mayor anhelo: Ana Libertad. Pesaba 3,600 kilos, y al segundo o tercer día se la llevaron.
En agosto, a través de un liberado que había compartido su cautiverio, llegó un mensaje desesperado de Héctor Baratti: “busquen a mi hija”.
Los de la Cuadra eran una familia de tradición católica y como casi todas, en tiempos en que la justicia estaba subordinada al poder dictatorial, empezaron a rastrear por la curia. Hubo muchos curas valientes que se jugaron la vida y la perdieron. Otros dieron respuestas todavía más atroces que la incertidumbre.
Monseñor Emilio Graselli, secretario del Vicariato Castrense, le dijo a Licha en la segunda entrevista: “Señora, usted no me dijo que Elena estaba embarazada”. No se lo había dicho, pero Graselli tenía buenos informantes. En esa misma cita le aclaró que Elena estaba “en las afueras de La Plata” y que lo de Roberto José “era muy viejo” y no podía hacer nada.
En octubre del ’77, Roberto Luis de la Cuadra –el esposo de Licha- llegó al despacho Obispo Auxiliar de La Plata, Mario Picchi, con una carta de recomendación de Jorge Mario Bergoglio, el capo de los jesuitas (carta por la que debía responder, al cierre de este número, como testigo del juicio). Picchi, mano derecha de Monseñor Plaza –a quien algunos ex detenidos aseguran haber escuchado en los centros clandestinos-, no tuvo inconvenientes para ver al subjefe de la Policía, Reynaldo Tabernero. Cuando volvieron a encontrarse, le transmitió la respuesta de Tabernero: “Sí, es cierto, la chica tuvo una nena pero fue dada a un matrimonio que no puede tener hijos”, le dijo a Picchi, aclarando que se trataba de “un buen matrimonio”.
Mucho más transparente fue el arrebato de Christian Von Wernich en una discusión con Héctor Baratti –relatado por un liberado-, cuando evangelizaba sus cautiverios. “Si nosotros somos subversivos, explique a la nena de qué la acusan”, le dijo el “Bara”. El capellán contestó con voz grave: “Los hijos pagan por la culpa de sus padres”.
“La Iglesia funcionó como ‘contenedor’ de los familiares de los desaparecidos que empezaban a moverse, llevándolos hacia un lugar: la desinformación”, concluyó Estela en el juicio contra el capellán condenado. Razones no le faltan.
La niña de la mantilla blanca
María Isabel Chorobik de Mariani remueve con parsimonia el té. Confiesa, con cierto pesar, que intenta contar su historia cada vez menos. Pero la mañana silenciosa del jueves santo, a la luz de este juicio vital, la repasa por enésima vez con La Pulseada. “Cuando las fuerzas cívico militares se llevaron a Clara Anahí, yo creía que era la única criatura desaparecida”.
La noción de que su desgracia era colectiva surgió pocos días después del ataque. Chicha -como la conocen todos-, “por los hilos que nos mueven”, durmió esa noche en casa de sus padres. La mañana siguiente escuchó en el informativo la crónica del desastre. Volvió inmediatamente a su casa y la encontró desvalijada. Habían sido las fuerzas conjuntas, dijeron sus vecinos. En medio del aturdimiento, sonó el teléfono que había subsistido al saqueo debajo de una pila de libros. “Era una amiga que quería verme urgente”.
La cita fue, con el mayor de los sigilos, en un sótano de Obras Sanitarias. Estaban muertas de miedo. La mujer le dijo que su jefe era amigo del comisario Osvaldo Sertorio, y le había dicho que la nena estaba viva. Chicha no pensó en peligros y se fue a verlo personalmente. “Su nieta está viva, la va a reconocer por la ropa porque seguramente ya le cambiaron la identidad”, pronosticó el hombre de uniforme, que ya no vive para contarlo.
“Eso me hizo pensar que había más”, afirma Chicha. Una asesora de menores le corroboró un año después que otra señora de la ciudad y una de Capital también buscaban nietos. “Me fui a la casa de Licha de la Cuadra y le pedí que trabajáramos juntas porque íbamos a tener más respuestas que por separado”. Era el germen, aunque entonces no lo supieran, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Después de negar su presencia durante un tiempo, los secuestradores dijeron que Clara Anahí había muerto bajo el fuego. Chicha buscaba la verdad “detrás de las mentiras de los milicos”, junto con las demás Abuelas. Cuando dejó la institución, siguió sola: consiguió cada prueba, dice, arañando la tierra.
El secuestro fue el 24 de noviembre de 1976. A las 12:45, se atravesaron dos autos claros frente a la casa de calle 30. Ahí funcionaba la imprenta más importante de Montoneros disimulada como un criadero de conejos. Enseguida llegaron camiones del Regimiento y varios tanques que Chicha oyó desde su casa, como un desfile patrio, y unos 200 efectivos que rodearon la manzana y ocuparon los techos. Camps era la voz de mando. Atacaron hasta las 17:30. Cinco militantes murieron en el bombardeo, incluida su nuera Diana Teruggi. “Tres testigos coincidieron, a lo largo de los años, en que un hombre grandote metió en uno de los autos un bulto pequeño envuelto en una mantilla blanca”. Lejos de las balas, su hijo Daniel Mariani almorzaba con compañeros de trabajo en la fonda porteña de un vasco. Fue asesinado ocho meses más tarde.
La causa judicial por el Plan Sistemático se abrió el 30 de diciembre de 1996, a pesar de las leyes de impunidad, por una presentación de seis Abuelas -entre las que se contaban Chicha Mariani y Estela Carlotto- que denunciaban la desaparición de 280 niños, aunque sólo se traten ahora 34 casos. “Yo no termino de entender por qué, habiendo tantos y tan probados. Qué mejor prueba que los nietos recuperados”, se pregunta. Ni el requerimiento fiscal ni la elevación a juicio lo aclaran.
Chicha pidió declarar antes de que empezaran las audiencias “por los achaques de la edad”. Pero no hay más rastros de senectud que el sosiego de su voz cansada después de un rato de conversación. Quienes la quieren le impusieron internación domiciliaria. Ella aceptó las enfermeras con la única condición de que no fueran a peinarla y lavarle los anteojos, sino a leerle –a veces la jornada entera- los libros, las noticias y la correspondencia que le imposibilita una vieja y progresiva ceguera.
“Fue muy lenta la labor de la justicia –se queja Chicha-. Siempre basada en lo que yo aporto. Y yo qué soy: una mujer buscando a su nieta, nada más”.
La continuidad de los padres
Ramón Camps, el general que admiraba a San Martín y tenía “algunas coincidencias” con Hitler, fue uno de los hijos dilectos de Jorge Rafael Videla. La bonaerense, bajo su mando y con sede en La Plata, fue responsable del secuestro de al menos cuarenta jóvenes embarazadas. En un famoso reportaje al diario “Tiempo” de Madrid, ante la pregunta del robo de niños, Camps dio la razón más cruda: “Yo personalmente no eliminé a ningún niño. Lo que hice fue entregar a algunos de ellos a organismos de beneficencia para que les encontraran nuevos padres. Los padres subversivos educan a sus hijos para la subversión. Eso hay que impedirlo”.
“Yo fui un elemento en aquel momento. Pero el conocimiento de todo esto me generó una conciencia política. Es muy paradójico que todos estos hechos que se cometieron en pos de que esto no suceda, son los que hicieron que esto suceda”, dice una de las ciento dos pruebas vivientes del juicio. Hace unas semanas, Leonardo Fosatti -33 años, cara redonda, rulos castaños y pupilas negras de carbón- declaró ante el TOF 6 por primera vez, y saldó “una deuda” consigo mismo.
Repasando junto a La Pulseada, Leo se recuerda en el invierno de los ’90, sideralmente ajeno a los sueños juveniles de Inés y Rubén, al amparo de una estufa hogar. No solamente le habían impedido ser hijo de sus padres; lo habían obligado -como casi al resto de su generación- a ser hijo de su derrota: un presunto escéptico que hacía política repitiendo lo impúdico que era mancharse con ella.
Entonces se decía “neutral”. Uno tiende a pensar la neutralidad como un punto de equilibrio entre un extremo y otro. Ahora sabe que las palabras son engañosas: “Para mí es otro extremo de un triángulo. En ciertas situaciones, ser neutral es tomar una posición fuerte. Es decir: ‘está bien, yo no secuestro. Pero tampoco denuncio ni me hago cargo de lo que estoy viendo’. Mucha gente con esa neutralidad también hizo su negocio”.
Los secuestros, las torturas y el robo de los niños ya han sido probados judicialmente. “Los hechos son irrefutables. Si tenés libertad de pensamiento no hay otra manera de verlos”, afirma Leo, y repite para que no queden dudas: los hechos son irrefutables. “Cuando estás condicionado por otros intereses, perdés el sentido común. Por eso no me sorprende nada el caso de Marcela y Felipe, o de tantos nietos que pasaron por eso y ahora están en Abuelas”, explica el nieto restituido.
“Matrix es una película fabulosa para explicar muchas cosas de estas –concluye Fosatti-: cuando a vos te ponen las dos pastillitas, la roja y la azul, y te muestran todo el panorama, ya no podés ser neutral: o te hacés el boludo, o te involucrás”.
Él fue “neutral” hasta marzo de 2004, cuando llegó con dudas a la filial de Abuelas La Plata: “quería saber, pero con la condición de que no hubiera consecuencias legales con mi familia de crianza”, cuenta. En Abuelas le mostraron ambas píldoras: si los análisis daban positivo, la Justicia investigaría a su entorno. Si no, podía volver a su cama y aprender a vivir con la astilla. “La decisión de firmar o no era mía y decidí seguir adelante porque confiaba en lo que me habían dicho”. En agosto de 2005 los análisis confirmaron quién era: hijo de Rubén Fosatti y de Inés Ortega. No hallaron vínculos de su familia de crianza con las Fuerzas Armadas.
En una inspección ocular por el juicio, Leonardo conoció la comisaría 5ta.: el “lugar monstruoso” donde los vieron por última vez y donde, encapuchada y sujeta a una mesada, su madre lo trajo al mundo. “El tamaño de las celda en la que estuvo mi vieja es el de un canil de perro”, dice Leo, y aclara que tomó la experiencia como un paso más en su reconstrucción.
Por eso, agrega, no le da lo mismo que Videla o el Tigre Acosta sean juzgados con o sin él. Es su apellido el que fue mutilado; sus viejos, los que no tienen una tumba en el camposanto.
Qué estúpidamente despistado andaba el general Camps. La verdad puede ser etérea, pero es fulminante. Leonardo, al igual que un centenar de nietos, eligió la píldora roja. Más temprano que tarde le seguirán los demás.
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