Al menos cuatro presentaciones judiciales fueron realizadas ante la Justicia Federal de Mar del Plata para impedir que se inicie la exploración del fondo marino en busca de petróleo frente a las costas bonaerenses. La actividad fue aprobada oficialmente en los últimos días de diciembre y generó el rechazo social instantáneo. Asambleas, organizaciones ambientalistas y las comunidades de la costa atlántica en alerta.
Por M. Soledad Vampa
Fotos: Greenpeace
El 30 de diciembre de 2021 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación aprobó, a través de la resolución 436/2021, la exploración sísmica frente a las costas de la provincia de Buenos Aires. Esto se realizaría en 3 bloques frente a la costa bonaerense: Mar del Plata y otras localidades costeras del sudeste de la provincia de Buenos Aires que dependen del turismo y la pesca. Que el proyecto avance es el primer paso para una futura explotación petrolífera en el Mar Argentino. La empresa noruega Equinor logra así luz verde para localizar pozos de petróleo en el fondo marino con la técnica exploraciones sísmicas junto a Shell e YPF.
La comunidad de la Costa Atlántica ya estaba alerta desde principio de año, diversas organizaciones, vecinos y vecinas estaban juntándose en asambleas y encuentros para informarse sobre el tema y prevenir lo que definen como “un ecocidio”.
“Venimos conversando desde principio de 2021 en relación a esta situación cuando comenzaron los rumores de avance de este proyecto. En un momento estuvo un poco estancado porque uno hubiera pensado que esta política que nació con el gobierno de Mauricio Macri con un decreto que instruyó a la Secretaría para que adhiriera a la convocatoria y adjudicara estos espacios de exploración y explotación iba a ser suspendida por el actual gobierno. Evidentemente, en base a la continuidad que se da para el extractivismo y para el uso y abuso de los bienes colectivos y los recursos naturales, esto no conoce de grietas ni de bandería políticas, sino que es una política ya no sólo de gobierno si no de estado”, analiza el abogado Gonzalo Vergez. Él integra la Organización MAR y es uno de los cuatro integrantes del equipo jurídico que presentó el amparo en representación de esa y otras ocho organizaciones que abarcan espacios como Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
El decreto los sorprendió. Desde cada uno de sus espacios habían participado en julio de una audiencia pública que debieron reclamar para que se ponga en consideración de la ciudadanía la documentación relativa a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto sobre adquisición sísmica offshore presentado por Equinor. Para muchos fue difícil sostener la participación durante los tres días que duró la audiencia que se realizó de forma virtual. Cada orador debía estar frente a la computadora al momento de su turno y varias de las localidades donde residen tienen problemas habituales de conectividad. Aún así definen esa instancia como “histórica”, participaron más de 360 personas y el 90% se expresó claramente por el NO.
“Presumimos que en el año 2021 esto no iba a tener avance, y lo que nos pasó es que el 30 de diciembre nos dieron muchísimas ganas de llorar, terminamos el año muy tristes”, señala Vergez. Aunque tenían un as bajo la manga, de a poco habían empezado a trabajar en una acción de amparo para usarla oportunamente. “Se conversó con muchos colectivos, se trabajó abriendo la convocatoria y cada grupo decidía si se sumaba o no porque a la larga todas las acciones que se presentaran se iban a unir, las acciones colectivas están registradas y después se alinean en un mismo frente”, explica el abogado.
Y hubo que usarla. De hecho esta acción se sumó a al menos otras tres que se iniciaron solicitando que se abra la feria judicial: una fue impulsada de manera particular, otra por otro grupo de ambientalistas y la tercera desde la intendencia del municipio. Vergez ve con buenos ojos esta diversidad ya que cada sector enfocó en distintas partes y consecuencias del problema. “Desde ese decreto del gobierno de Macri que instruyó a la secretaría de energía para que abra concurso y adjudique zonas, toda la secuencia está viciada por una innumerable cantidad de defectos formales administrativos y la afectación a la información pública, a la participación ciudadana y hasta a acuerdos internacionales”, describe.
“Esto por la ubicación, por la profundidad de lo que se va a dar acá la afectación va a ser inminente en Mar del Plata pero en el mediano plazo un daño incalculable. Las acciones locales tienen consecuencias globales eso ya está súper comprobado y queríamos encararlo de ese lado: la afectación de las generaciones presentes y futuras, la afectación sistémica. No somos unos locos ambientalistas, los argumentos para oponernos sobran lo que falta es quienes quieran escuchar”, concluye. Por eso lo que buscan es que el Poder Judicial declare la “inconstitucionalidad” y “nulidad” de la resolución de diciembre y de la cadena de decisiones gubernamentales que la preceden.
El dictamen de la fiscalía fue favorable para las organizaciones, las habilitó y acompañó el criterio de que los acuerdos climáticos que la Argentina tiene suscritos no deben ser pasados por alto por una política de apertura en hidrocarburos. Ahora en las calles siguen atentos y movilizados, cada uno desde su lugar y a la espera de la resolución judicial.
