A principios de noviembre, en el Senado bonaerense se utilizó por primera vez el mecanismo de la audiencia pública. Fue para “tratar aspectos vinculados al nuevo Código Contravencional” de la Provincia. Hubo casi 70 oradores. Ninguno apoyó el proyecto de reforma lanzado por el gobierno de Scioli.
Por Santiago Galar
En capítulos anteriores…
Carlos Stornelli y Daniel Scioli leyeron las encuestas y coincidieron: dadas las limitaciones de su jurisdicción, si los vecinos piden más poder para la Policía había que reforzar las aristas represivas del Código Contravencional. Este tipo de códigos se encargan de sancionar comportamientos que, sin ser delitos, atentan contra el orden público; orden definido desde los intereses representados por el Estado e impuesto en la calle por las fuerzas de seguridad, las cuales embanderan así su intervención de tintes moralistas, correctivos y reencauzantes, que se traducen en represión directa. Las consecuencias de un orden social excluyente −y de las desviaciones a la norma moral− se resuelven con este tipo de herramientas, mediante la fuerza y desde arriba, para disciplinar el espacio público y de esta manera recrear la seguridad perdida.
Sabiendo las verdaderas implicancias de la reforma del Código Contravencional, desde fines de 2009 muchas organizaciones sociales se unieron para frenar la iniciativa oficial. A comienzos de 2010, la reforma parecía abortada, no sólo por la resistencia desde el campo popular sino también por la falta de consenso incluso dentro del partido gobernante. Sin embargo, con Ricardo Casal a la cabeza del superministerio de Justicia y Seguridad, la propuesta del Gobernador para enfrentar al delito volvió (aunque maquillada) con un nuevo capítulo, en el marco de una inédita audiencia pública que se realizó el 3 de noviembre.
Pico de rating
La audiencia fue la primera de estas características que se realiza desde la aprobación de la ley que implanta este mecanismo en la Provincia (ley Nº 13.569, de 2006). Lo cierto es que el pasado 3 de noviembre, muchas personas que hicieron y hacen política desde hace años conocieron por dentro la Cámara Alta bonaerense. Es que hay voces que no suelen ser escuchadas a menos que sean encuestadas por la calle y traducidas en categorías. Ese día, en medio de la incertidumbre sobre los objetivos de la maniobra política, diversas organizaciones sociales se movilizaron una vez más en contra de la reforma, conscientes, más allá de las dudas, de las concretas posibilidades de lograr visivilización y enterrar la iniciativa.
El escenario
Adentro, a las 10 de la mañana comenzaba una serie de intervenciones -limitadas a cinco minutos y sin posibilidad de “debate” o “respuesta”- que tendrían como oradores a más de 60 representantes de sindicatos, colegios profesionales, ONGs, entidades de bien público, universidades, organizaciones de Derechos Humanos y representantes de los tres poderes del Estado (ver “Quienes participaron”). Los expositores se ubicaron en las bancas, los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el centro del Recinto y la prensa y público en los balcones. El Senado recibía visitas y el escenario cotidiano se transformaba rotundamente.
Afuera, manifestantes cortaban Avenida 7 con instalaciones, muestras de fotos, títeres, gomas ardiendo, pic nics y radio abierta por donde se podía escuchar los discursos como producto del esfuerzo técnico de quienes sí pudieron entrar al recinto.
Adentro, aire acondicionado; afuera, calor agobiante. Adentro, silencio y orden; afuera, canciones y protesta. Y podrían seguir las dicotomías. Quienes pudieron entrar y salir, notaron los climas diferentes y seguramente sintieron en ese momento el aislamiento crónico sufrido, pero seguramente buscado, por el poder político institucional.
El guión
¿Cuántas organizaciones o “personas físicas” se acercaron para hablar de las bondades del proyecto de reforma del Código Contravencional de la Provincia? Ninguna. El primer orador anotado para hablar era un representante del ministerio de Justicia, pero cuando fue llamado a exponer, estaba ausente. Las intervenciones realizadas por académicos, expertos, militantes de base, ciudadanos de a pie, incluso funcionarios, sirvieron para construir un amplio abanico de argumentos en contra del borrador en discusión.
Los argumento que se presentaron durante las seis horas que duró la audiencia apuntaron a cuestionamientos ideológicos (centrados en que el proyecto controlaría aún más a los sectores populares), técnicos jurídicos (basados en que el proyecto es anticonstitucional y violatorio de tratados internacionales) y técnicos sociales/criminológicos (alrededor de que el código no sirve para dominar a la inseguridad, más bien la acrecienta).
En pocas palabras, se dijo que la pretendida reforma estigmatiza, persigue y ataca a quienes sufren las consecuencias de un Estado social abandónico, que (como si esto fuera poco) la reforma no podría aplicarse por cuestiones de derecho internacional, y que (como si lo anterior siguiera siendo insuficiente) la reforma no ataca el problema de la (in)seguridad, definida en aquel recinto sólo como el delito común, urbano o callejero.
Escenas del próximo capítulo…
El rechazo generalizado no se centró solamente en el proyecto de reforma presentado por el ejecutivo bonaerense, también hubo un unánime pedido para que se derogue el código contravencional vigente, impuesto por la dictadura de Onganía. El Código actual permite a la policía actuar con discrecionalidad -la libertad de juzgar y decidir- en la supuesta búsqueda de resolución de problemas sociales, que en realidad es la búsqueda implícita de acallar, ocultar y, si es posible, eliminar las consecuencias sociales que no quieren ser vistas, y menos aún resueltas. Además, la figura “contravención”, implica un “obrar en contra de lo que está mandado”, es decir, son mandatos sostenidos por preceptos morales impuestos.
En definitiva, las intervenciones se orientaron a la necesidad de aprovechar la ocasión como inicio de un proceso que, a partir de un debate amplio, pueda comenzar la redacción de un Código de Convivencia que deje de lado la esencia inquisitiva del “contravencional o de faltas” y que sea producto de una construcción colectiva. Un puntapié inicial para la búsqueda sincera de formas de resolución de problemas, donde la conciliación y la moderación tomen un lugar preponderante en desmedro de mecanismos que evidentemente vulneran los derechos más básicos de los habitantes de la provincia, y donde las cuestiones no-delictivas (como las contravencionales) sean trabajadas a través de programas que no sean ni judiciales, ni policiales. Continuará…
