La tarde que el Concejo Deliberante platense avalaba la creación de la Policía local había sol y hacía calorcito. Bajo un árbol, frente a Gobernación, un grupo de chicos y chicas contaba un cuento. En el pasto de la plaza San Martín, entre rayuelas, saltos de soga, juegos de circo, cinchadas, chocolatada, tizas, hip hop y cumbia nacía la “Campaña por los derechos humanos de las pibas y los pibes”, contra la emergencia en seguridad decretada por Scioli y Bruera en abril.

Por Javier Sahade

Producción periodística Javier Sahade y Martín Luna

“¿De qué seguridad habla Scioli?, ¿aparece contenida la niñez en sus políticas públicas?, ¿cuáles son los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes que garantiza la provincia de Buenos Aires?, ¿qué pasa con el presupuesto provincial, en qué se invierte y cómo?, ¿a quiénes afecta?, ¿por qué se habla de “seguridad” y no de Justicia Social?, ¿qué pasa con la aplicación de la ley 13.298 de Promoción y Protección de los derechos de niños y niñas?”.

Con esos interrogantes se lanzó la “Campaña por los derechos humanos de las pibas y los pibes”, integrada por hogares, casas de día, centros comunitarios, servicios estatales, programas universitarios de extensión, docentes organizados  gremialmente, organizaciones con trabajo barrial o con chicos en situación de calle, organismos contra la violencia institucional, bibliotecas populares y clubes de barrio. Según se explicó, el objetivo de la campaña es mantener acciones en el tiempo, disputar conceptos de “inseguridad” y “emergencia”, y advertir sobre las consecuencias de las políticas represivas que el gobernador Daniel Scioli utiliza como vidriera para las elecciones de 2015.

La campaña denuncia el “abandono” de la infancia y la juventud, el incremento millonario del presupuesto para Seguridad, el vaciamiento de Desarrollo Social y Niñez, la falta de recursos para hogares conveniados que subsisten con becas de $60 diarios por pibe, las permanentes deudas en el pago de esas becas, la precarización laboral, el no reconocimiento de los laburantes de las organizaciones que sobreviven gracias a voluntariados, la crisis del sistema de Promoción y Protección y los casos de gatillo fácil como única respuesta del Estado para los chicos con derechos vulnerados. La primera acción de denuncia fue una jornada artística y recreativa, con juegos, talleres y música, que se hizo el 20 de agosto con el lema “A jugar frente a la casa de Scioli”. Participaron pibes de distintos puntos de la Provincia.

Según cuentan los integrantes de la Campaña, las reuniones comenzaron a desarrollarse después de la movilización que encabezó la Obra de Cajade en marzo de este año para reclamarle a la Provincia el pago de la deuda que había obligado al cierre de sus cuatro centros de día (La Pulseada 118). Sin embargo, la idea de este espacio plural es darles continuidad a encuentros que, con interrupciones, se llevan adelante desde hace años, y unir fuerzas en disputas de fondo que no estén atadas únicamente a pedir por becas adeudadas. “Los derechos humanos de lxs pibxs — explica la Campaña— incluyen el derecho a una vivienda digna, a ir a la escuela en condiciones edilicias humanas, a una salud de calidad, a ser libres, a reírse, jugar, disfrutar, comer…”.

La pregunta de Franco

Su voz de rapero llega del barrio Hipódromo y suena junto a una pista de hip hop a través del celular de Sandra. Franco era amigo de Omar Cigarán, asesinado cuando tenía 17 años en febrero de 2013. Lo mató el “sicario uniformado Diego Walter Flores”, según explica su mamá, Sandra, antes de acercar su teléfono al micrófono de la radio abierta que acompañó la jornada de lanzamiento de la Campaña. Ella integra el espacio junto al Colectivo Contra el Gatillo Fácil. Sandra pone “play” y el rapero del Hipódromo dispara: “¿Cómo todo esto te tuvo que pasar?”

La pregunta que se hace Franco en la canción dedicada a su amigo es la que intentan responder las organizaciones que participan de la Campaña, cuya principal denuncia es contra “el abandono y la persecución”.

“Tuvimos que cerrar un turno porque no podemos sostener la actividad de la tarde”, cuenta a la radio abierta Anabel Sosa, coordinadora de la Casa del Niño Arco Iris, de Villa Elisa.

“Nos pagaron en febrero la última beca de la UDI (Unidad de Desarrollo Infantil) —agrega una de las educadoras de la Fundación Che Pibe, de Villa Fiorito—. Por la falta de recursos se dificulta la continuidad de los educadores… Nos preocupa la cantidad de plata que se va en policías”.

Cerca del monumento central de la plaza San Martín escucha el padre Luis Farinello. Los centros de día de la fundación que conduce hace cuatro décadas no cobran las becas hace dos bimestres. No pueden pagar los sueldos de los educadores, tuvieron que suspender los almuerzos y ahora sólo brindan desayuno y merienda.

“Vemos que en toda la Provincia está pasando lo mismo que en La Plata —reflexiona Gustavo García, director del Hogar Don Bosco y miembro de la Red de Hogares y Centros de Día de la Provincia (RedBa)—.  Todas las organizaciones presentes, hogares, clubes de barrios, bibliotecas populares, centros de días, Unidades de Desarrollo Infantil, partidos políticos; perciben exactamente lo mismo: la desprotección y el abandono sistemático que viene desde hace años realizando la Provincia. Se supone que la ley 13.298, de Promoción y Protección de los derechos del Niño, que vino a reemplazar la ley de Patronato, es muy buena, pero sin recursos no funciona. El Hogar Don Bosco se sostiene como podemos, viviendo mucho de lo que es el voluntariado y de las donaciones que nos acerca la gente”.

La hermana Renza Bono, directora del hogar Madre Teresa, de Quilmes, describe un panorama similar: “A pesar de los palos que nos ponen en la rueda, seguimos luchando para que los pibes tengan un futuro y un presente mejor. Nuestra asociación hace 26 años trabaja con los pibes y las pibas de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. En los tres municipios no hay servicios locales y la gente recurre a nosotros para hacer denuncias e intentar resolver ciertas situaciones muy complicadas de los chicos. Muchos de ellos ya llegan a nosotros muy destruidos, después de un recorrido por distintos lugares. Hoy hay planes, hay ayudas pero no hay coordinación seria que enfrente las situaciones reales de los pibes. Están faltando recursos materiales y humanos capacitados, preparados para poder enfrentar ciertas situaciones y sobre todo la voluntad de querer. Y no se quiere. La ley es muy buena, pero sin recursos no se puede enfrentar la situación de los pibes de la provincia. Y el porqué de la falta de recursos es una pregunta que hay que hacerles al señor Gobernador, a los legisladores y a los intendentes…”.

“Los chicos tienen la posibilidad de salir adelante si se les brindan las herramientas”, dice Adrián, del centro comunitario Belén, del barrio San Atilio de José C. Paz, una organización que trabaja con chicos hasta 18 años. Surgió hace 27, con ollas populares, y hoy cuenta con la Biblioteca Popular Paulo Freire y la FM Tinkunacu. “Estamos en un distrito dormitorio, porque los padres laburan la mayoría fuera y entonces hay chicos que quedan todo el día solos. Esos chicos sin los centros comunitarios estarían o en las calles o solos en la casa”.

“Preocupa que venimos reclamando lo mismo desde hace cuatro años y el gobierno provincial no da respuestas  —se queja Matías Ferraris, de la Fundación Che Pibe de Villa Fiorito, Lomas de Zamora—. Seguimos cobrando el mismo monto de becas que hace un par de años y hay demoras en los pagos. Formamos parte del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y planteamos la consigna ‘el hambre es un crimen’, que no es sólo hambre de comida, sino hambre de salud, de trabajo y de vivienda. Seguimos levantando esa bandera, porque mientras estemos dentro del sistema capitalista, son cuestiones que van a seguir pasando”.

“En Fiorito estamos dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo, que alcanza a 14 municipios de la Provincia —agrega Ferraris—. Hace un tiempo comenzamos a observar un alto grado de plomo en sangre en los pibes y en los adultos. De todo esto el responsable es el Estado y es el que tiene que dar soluciones, pero también es algo que a toda la sociedad debería preocupar. Una sociedad que no se hace cargo de esos pibes, está perdida. ¿Qué futuro tenemos si no abrazamos a nuestros hijos?”.

“La lucha no es solo por nuestros pibes —concluye—. Nuestra lucha es también por los pibes que están fuera de nuestras organizaciones, por esos pibes que mata el gatillo fácil, que se mueren por el Paco, por el hambre, por situaciones familiares y por aquellos pibes que están detenidos y sufren situaciones aberrantes. Hay una canción que al principio decía ‘el hambre es un crimen, lo tienen que parar’. Los pibes la cambiaron por ‘el hambre es un crimen, lo vamos a cambiar.’ Porque hasta que el Estado no se haga cargo de sus responsabilidad, lo vamos a hacer nosotros, porque no podemos dejar que los pibes se sigan muriendo”.

“El gobierno concentra los recursos en el plan de seguridad. Estas cosas desde los medios se silencian o se ocultan salvo ciertas excepciones”, opina el psicólogo social Pablo González, director del Centro de Tratamiento Ambulatorio Integral (CTAI), un centro de día estatal para jóvenes con derechos vulnerados, donde sus trabajadores denuncian desde hace meses el intento de vaciamiento del servicio por parte de la Secretaria de Niñez de la Provincia. “Omar Cigarán es un pibe con el cual nosotros nos vinculamos —recuerda González—. Vinimos a esta plaza porque en esta plaza sucedió un hecho significativo que está enganchado con su vida (Nota de la Revista: Omar solía estar con los chicos que vivían en la plaza San Martín, demonizados mediáticamente como ‘la banda de la frazada’ y golpeados por un grupo parapolicial en julio de 2008). Yo te puedo asegurar que si los recursos y estos espacios, como los que hoy están acá, llegan a tiempo, podemos revertir la situación de muchos pibes y evitar que terminen como Omar. El Estado resuelve todos los problemas a  través de la mano represiva”.

“Más colores, menos armas”

Las banderas y los cartones pintados chamuyaron en la tarde de plaza San Martín: “Scioli, menos policía, más educación y alimento. Los pibes no se tocan”. También habló el piberío, en la radio abierta, copada por nuestro programa. Edgar y Rosa, del Hogar Don Bosco, saludaron llevando su mensaje: “Los niños hoy son excluidos por temor a lo que puedan convertirse”.

La palabra de jóvenes privados de la libertad se sumó a través de testimonios grabados por el trabajo de un Proyecto de Extensión de la Universidad Nacional de La Plata:

—Soy Manuel Benitez, de Morón. Estoy en la 45 de Melchor Romero Aguante Rosario Central.

—Soy Jesús y tengo 17 años. Me gusta andar de gira, ir a los bailes, andar con mi familia. Estoy privado de la libertad. Me gustaría cambiar para ser alguien.

—Soy Lucas, de San Miguel. Tengo 19 años y soy del barrio Santa Brígida, Zona Norte. Estamos acá con los pibes.

—Rubén, 17 años. De San Martín. Estamos privados de nuestra libertad.

Tampoco se callaron Luna, Celeste, Rocío, Inti y Lucila; pibitos del Centro Deportivo y Recreativo Villa Arguello de Berisso. Luna cuenta que juega de 4 en la categoría 2001, porque Arguello es el único club que permite el fútbol mixto.

Darío tiene 14 años y dice que viene de Florencio Varela. Cuenta que hizo algunos talleres de radio.

Rogelio se acerca con la cara pintada y la sonrisa dibujada. Participa de los talleres infantiles del centro cultural Mansión Obrera, en el corazón de la histórica calle Nueva York, de Berisso. Lo acompañan los “chicos charlatanes”, que hacen radio en La Charlatana, FM 98.50, que sale desde Mansión. Rogelio se pone a cantar “La cumbia de la inseguridad”, del grupo Monte Catinga.

En Che Pibe, los chicos de los centros de día tienen delegados. Uno de ellos se le anima al micrófono: “Jugamos a la pelota, nos enseñan matemáticas, lengua, percusión, murga, computación. Mi hermano no vino porque se portó mal ayer”. Lo miran y se ríen Priscila y Juan.

“Hicimos una calavera y un ataúd porque están matando los derechos de los niños”, cuenta Nerea, una nena de nueve años. Junto a ella, otra bandera que chamuya: “Más colores, menos armas”. Y otra más: “No maten nuestra niñez”.

Una educadora levanta la voz: “Los chicos del turno mañana escribieron: ‘Scioli, queremos que pague todo lo que tienen que pagar. Queremos una pelota nueva y que arreglen la escuela. Y seños jóvenes, no viejas. Que salga más fuerte el agua de la escuela y los caños de la calle. Y para nosotros, arcos y red para los arcos’”.

Luana, Julieta y Sonia vienen de la Fundación Farinello. Ellas también tienen un mensaje, un reclamo: “Una mano para los niños y las niñas”. Después, cuentan que en su organización tienen “apoyo escolar, juegos, nos ayudan a hacer la tarea, tenemos sala de computación”.

Suena la cumbia de Alto Aguante, el grupo de Los Robles, un barrio que pelea por el derecho a la vivienda. Suena la guitarra y el acordeón de Yuyi y Ricky de Cajale Cazazo. Rapea VGH, el grupo de Hip Hop del Hogar de Cajade, con Néstor, Samuel y Mariano, que sobre el final se emociona mirando al cielo: “Para el padre Cajade, para Don Juan Acuña (un educador que se nos fue), Luciano Arruga, Rodrigo Simonetti, Ponce de León, Mugica, toda esa gente que nos defiende desde el cielo. Son nuestros santos. Gracias”.

Se acerca alguien de la Casa del Niño Aro Iris y celebra: “Los pibes corriendo por ahí, en la calle, en nuestra calle… Jugando, aprendiendo, enseñando… Por una ciudad con menos rejas y menos policías, por más lugares de encuentro, por volver a poner la silla en la vereda, por más calles dibujadas, por más barriletes y rayuelas, por todo eso trabajamos… Porque estamos convencidos de que ellos lo merecen, que necesitamos más canciones y juegos, no mas Control Urbano y seguridad para crecer en libertad y con dignidad…”.

La inseguridad de la seguridad

Poco antes del lanzamiento de la Campaña, la Comisión provincial por la Memoria (CpM) se presentó ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para plantear la inconstitucionalidad del decreto Nº 220/2014, que el gobernador firmó en abril para declarar la emergencia en materia de seguridad; inmediatamente hizo lo propio el intendente de La Plata, Pablo Bruera. La CpM, que adhiere a la Campaña, presentó además un informe en la Legislatura para advertir sobre las consecuencias del plan de emergencia que permite la reasignación de partidas presupuestarias para gastos millonarios en patrulleros y armas, la reincorporación de policías en retiro activo y de penitenciarios retirados y el apoyo en las empresas de seguridad privada como auxiliares de las fuerzas, y que se tradujo en la rehabilitación de calabozos de comisarías clausurados y en la creación de la policía local. Según la CpM, “las modificaciones que introducen estos instrumentos en materia de seguridad constituyen una profundización en la vulneración de derechos” y violan garantías reconocidas por la Constitución Nacional y la Provincial.

En agosto Scioli buscó difundir un primer balance del plan y celebró la cantidad de delincuentes “abatidos”. Según datos difundidos a la prensa por su ministro de Seguridad, Alejandro Granados, en cuatro meses la “exitosa experiencia” importada desde el municipio de Ezeiza fue pura “operatividad” y determinó “394 enfrentamientos policiales” donde fueron heridos 137 “delincuentes” y “abatidos” 85. No se consignan datos sobre bajas de uniformados ni sobre el artículo 10 del decreto que declaró la emergencia, que prometía: “Encomendar a las autoridades provinciales competentes el diseño de estrategias y programas tendientes al desarrollo de acciones de inclusión social, cultural y educativa, composición vecinal, protección integral de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo canales de participación comunitaria a tal efecto”.