Desoyendo múltiples ordenanzas municipales y fallos judiciales el Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto de ley que reduce el límite de fumigación a sólo diez metros de los hogares. La iniciativa que ahora se debate en Diputados coincide con la promesa que hizo al asumir, el Ministro de Agroindustria y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís
Por Daiana Melón
Ilustraciones Carolina “Desqui” Marder
Muchos municipios de la Provincia han sancionado ordenanzas que regulan distancias de fumigación mucho mayores a las que propone el proyecto de ley que presentó en abril de este año en la Cámara de Senadores el legislador del bloque Peronismo Bonaerense y presidente de la Comisión de Ambiente Alfonso Coll Areco. La iniciativa busca regular la utilización y aplicación de productos agroquímicos y en julio ya recibió media sanción. Actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados para su tratamiento.
De ser sancionado, las localidades que lograron imponer distancias más seguras deberán adaptarse a los parámetros provinciales. Tal es el caso de lugares como San Andrés de Giles y Luján (que incluso prohibieron las aplicaciones mediante el método aéreo), Ramallo, General Pueyrredón, Olavarría, Trenque Lauquén, Pergamino, Cañuelas, Rivadavia, Saladillo y Tandil, entre otros.
En diálogo con La Pulseada, Coll Areco afirma que la distancia es lo menos importante del proyecto. “Incluso algunos me preguntaban si a mí me parecería bien poner distancias más restrictivas, me parece que sí, no iría en contra de la esencia del proyecto de ley”. Pero la abogada ambientalista integrante de la Red de Abogados de Pueblos Fumigados y de la Asamblea Ambiental por la ciudad de Buenos Aires, María Sol Dellamea, explica que “las leyes ambientales son dictadas por normas de presupuestos mínimos nacionales pero le confieren a las provincias que las completen a ese piso mínimo sin que interfieran en sus jurisdicciones locales, con eso habilita a que sean más protectorios que ese piso mínimo. Este proyecto de ley se vuelve regresivo e inconstitucional al pretender que el municipio se adhiera a diez metros cuando hay localidades que legislaron por encima”.
Además de las ordenanzas municipales, en el año 2012 la Suprema Corte bonaerense falló a favor de un amparo presentado por vecinos de la localidad de Alberti, que se veían afectados por las constantes fumigaciones con glifosato, atrazina y cirpermetrina que se efectuaban en un predio sembrado con soja genéticamente modificada lindero a sus viviendas. El fallo estableció una distancia de mil metros con respecto al ejido urbano en los que se prohibía la fumigación.
Buenos Aires fumigada
En la Provincia la legislación vigente en materia de agroquímicos, la Ley 10.699, data de inicios de la década del ’90 y no específica distancias de prohibición para fumigar con respecto a las áreas periurbanas. El no contar con una ley adaptada al contexto actual es una de las razones que habilita a Coll Areco a promover la nueva ley. “La motivación para impulsar este proyecto fue que muchos productores y aplicadores estaban realmente descontrolados en la aplicación de agroquímicos, no había controles exigentes, no se protegían bien ni los poblados, por lo que me vi en la necesidad de proponer una ley provincial que ordenara estas aplicaciones que podían tener y tenían riesgo de causar daños a la salud de las personas que vivían en las zonas periurbanas”, argumenta el senador.
Los agroquímicos se dividen en bandas según su nivel de toxicidad establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Esta clasificación los divide en aquellos incluidos en la “banda roja” (o Ia y Ib) que son sumamente peligrosos; en “banda amarilla” (II) que comprende los clasificados como moderadamente peligrosos o nocivos; en la “banda azul” (III) que son poco peligrosos pero se deben manipular con cuidado y aquellos que normalmente no ofrecen peligro o de “banda verde” (IV), que igualmente requieren de cuidado.
Agrotóxicos como el glifosato, la atrazina, el cloripirifos y el 2,4-D se incluyen entre los de clase III y IV (banda azul y verde), o sea que son considerados inocuos por entidades gubernamentales a pesar de que la literatura científica ha puesto esta clasificación en tela de juicio. Diversos estudios comprueban los efectos nocivos de estos pesticidas en la salud de las poblaciones y también cuestionan el método utilizado para determinar su toxicidad, la Dosis Letal 50, que tiene en cuenta sólo la exposición aguda pero no la crónica. Es decir, la que produce daño o muerte por exposición repetida.
El proyecto que ahora se debate y se cuestiona establece una distancia de fumigación del ejido urbano de 500 metros para la técnica de aplicación aérea, y de 100 metros para la terrestre cuando se utilicen productos comprendidos en las bandas de mayor toxicidad (roja y amarilla), y de 10 metros para los de clases III y IV como el glifosato. En el caso de escuelas rurales se establecen las mismas distancias, y con respecto a los cuerpos de agua serán de 50 metros tratándose de aplicaciones aéreas o terrestres de agrotóxicos comprendidos en las bandas roja y amarilla, y de 25 metros para aplicaciones que comprendan aquellos considerados como de banda azul o verde.
Algunos sectores buscan que se reduzcan aún más estas distancias, que ya son altamente cuestionadas por asambleas vecinales y organizaciones sociales en defensa del medio ambiente y la salud. El mismo Coll Areco afirma que “el ministro de Agroindustria quiere cambiar algunas cosas del proyecto, quiere hacer un poco más blandos los controles. Nos mandaron un mail con algunas modificaciones que quieren realizarle, en general yo no estoy de acuerdo, proponen que haya menos nivel de control sobre las aplicaciones y sobre las zonas de aplicaciones, a mi me parece que tiene que haber más nivel de control”.
Fuera de control
Al analizar el proyecto, el ingeniero agrónomo, productor agroecológico e integrante de la organización Ecos de Saladillo, Gabriel Arisnabarreta, cuestiona la mirada urbana que posee, dado que busca alejar las fumigaciones del ejido urbano sin tener en cuenta que los campos se encuentran habitados, por lo que la iniciativa promovería el éxodo rural hacia las ciudades. “Este proyecto es la legitimación de las llamadas ‘buenas prácticas’ que viene proponiendo el agronegocio que pretende hacerle creer a la población que el peligro es la mala aplicación de los agrotóxicos y ocultar que el verdadero problema es el modelo que usa casi 400 millones de litros de venenos por año y que está fuera de control”.
A pedido del Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires se realizó, durante 2012 y 2013, un estudio con investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que detectó la presencia de Endosulfanes, Dieldrin y DDTs en el suelo, y Endosulfanes y Clorpirifos en el aire. Al analizar la leche materna también encontraron altas dosis de DDTs, Bifenilos policlorados, hexaclorociclohexanos y clordanos. En ese informe los investigadores manifiestan: “Este trabajo muestra que algunos modelos de producción, predominantes en algunos cultivos, son intrínsecamente peligrosos, lo que señala la posibilidad de un riesgo potencial a la salud humana y daño al ambiente en aquellas zonas o regiones con mayor proporción de estos sistemas”.
Esto también es parte de esa vasta literatura científica que comprueba que los agroquímicos utilizados no son inocuos y tienen un efecto nocivo en aquellas personas que se ven expuestas a su aplicación. Además la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por su sigla en inglés) ha afirmado que el glifosato –el herbicida más utilizado en el país– es “probable cancerígeno”.
La búsqueda de reducir distancias por ley y avanzar por sobre los derechos de las poblaciones que viven en los campos provinciales o en las zonas adyacentes, va en total violación de la ley general del ambiente y del artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Una convivencia imposible
Una gran cantidad de productores agrarios impulsan en sus campos otro tipo de producción distinta al modelo agrario industrial imperante. Este otro tipo de agricultura reúne conocimientos que no provienen sólo del campo de la agronomía, sino también de la ecología y la sociología, recuperando saberes ancestrales sobre los modos de trabajar la tierra, desde una visión holística y sustentable, que produzca alimentos sanos sin la utilización de agroquímicos.
Si bien muchos funcionarios han subrayado la importancia de la convivencia de ambos modelos, el agroecológico y el agrario industrial, esta es prácticamente imposible. De sancionarse el proyecto de ley impulsado por Coll Areco, la subsistencia de las producciones agroecológicas se vería comprometida. “Si se convirtiera en ley este proyecto se haría muy difícil mantener la producción agroecológica, porque la deriva de los agrotóxicos, así como también el cruzamiento de transgénicos con especies o variedades locales, complicarían mucho a la producción agroecológica. Además, la enorme cantidad de agrotóxicos que usa el modelo del agronegocio termina con el equilibrio biológico y con la biodiversidad, factores que resultan indispensables en la producción natural”, afirma Gabriel Arisnabarreta, de la organización Ecos de Saladillo.
Se hace camino al andar
El Movimiento de Pequeños Productores y Productoras (MPP), surgido en el año 2014, es una organización que nuclea a 500 familias que trabajan y producen la tierra en el cordón frutihortícola ubicado en los alrededores de La Plata. Muchos están transitando un proceso hacia la agroecología, tratando de reducir la dependencia de químicos.
“El objetivo primordial con el que surgimos fue ver cómo salíamos de la situación que acogotaba a los productores y que aún hoy continúa, ya que no ser dueños de la tierra implica una complicación porque todos los meses arrancan con cinco, seis o siete mil pesos abajo”, relata Exequiel Manzolido, integrante del MPP. “En ese camino estamos, pero se hace cuesta arriba cuando no hay una política clara hacia el sector que produce el 90% de las verduras que se come en todo el país”, agrega.
EL MPP también le hace frente a las desigualdades en el circuito de comercialización y junto con el movimiento popular Patria Grande, desarrollaron la cooperativa de productores y Consumidores Pueblo a Pueblo con la que pueden realizar venta directa. “Los productores reciben menos del 15 o 20% del precio que se vende en las verdulerías o supermercados. Por ejemplo, un cajón de tomate se llega a pagar en la quinta 20 pesos y tiene 16 o 17 kilos, cuando en la verdulería esta 25 pesos el kilo, por lo que el productor es el que más riesgo pone y menos rédito económico se lleva”, subraya Manzolido.
Actualmente, la cooperativa está realizando entregas de bolsones (de entre cuatro y cinco kilos de verduras al precio de 115 pesos) en diversos puntos de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires.
El intento de patentar la vida
Desde hace años las grandes empresas vinculadas al agronegocio ejercen presión sobre los gobiernos con el objetivo de lograr la modificación de la ley de semillas. Ocurrió en los años 2012 y 2014, pero el gobierno dio marcha atrás. Este año el actual ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, a poco de asumir afirmó la intención del Gobierno de modificar el marco normativo que rige la propiedad sobre las semillas.
El proyecto de modificación ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación en septiembre y está siendo discutido en comisión. Busca limitar el uso propio de las semillas, instituir un sistema policial otorgándole la potestad de control al Instituto Nacional de Semillas y estableciendo sanciones para aquellos productores que no puedan comprobar la compra legal de las semillas.
Desde la Multisectorial NO a la Ley Monsanto de Semillas consideran como uno de los “principios irrenunciables para el abordaje de una Ley de Semillas en Argentina” el rechazo a toda forma de propiedad intelectual. “Las semillas agrícolas han sido y siguen siendo una creación colectiva de los pueblos y los intentos de apropiación y privatización a través de los derechos de obtentor, patentes o normas de calidad son una amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos”, aseguran.
Veneno en sangre
Con el objetivo de comprobar la permanencia de los agrotóxicos en las frutas y verduras que se consumen, la ONG Bios de Mar del Plata impulsó la campaña “Mala Sangre” en la que se analizó la sangre de un grupo de voluntarios que viven en ámbitos urbanos y no se encuentran expuesto a las fumigaciones.
Tras evaluar el plasma de los voluntarios se detectaron: DDD, Deltametrina, Endrín, Endosulfán sulfato y Endrin Cetona, utilizados para el control de plagas y vectores. Estos pesticidas son altamente persistentes, tanto en el ambiente como en los organismos, y poseen un elevado potencial de bioacumulación en la cadena alimentaria. El fue replicado en otras localidades y en todos los casos se encontraron algún tipo de agroquímicos en la sangre.
