La joven Jésica Emilia Uscamayta Curi fue a celebrar la llegada de 2016 a una casaquinta de Melchor Romero. No sabía, como los otros tres mil asistentes, que la fiesta se había prohibido. Entró a una pileta, donde no había guardavidas, y murió ahogada. El caso revela la desidia de los empresarios de la noche platense.
Por Juan Manuel Mannarino
Era de rasgos aindiados, flaca, de esas que no paran de contar lo que les pasa, lo que hacen y lo que harán; de las que tienen amigos y caen bien en todos lados; una estudiante de 28 años, con sonrisa amplia, de anteojos; que se sentía en deuda con el amor y la universidad. Que no prefería estar en pareja aunque solía enamorase fácilmente. A las amigas les confesaba ser mujer libre, antipatriarcal. Le gustaban el flaco Spinetta y el rock nacional –su último posteo de Facebook fue el tema “Teléfonos/white trash”, de Sumo- , las pinturas de Frida Kahlo y se había obsesionado por investigar sus raíces bolivianas.
Había ido en enero de 2015 a la tercera asunción de Evo Morales en Tiahuanaco y, siendo una de sus primeras experiencias periodísticas, entrevistó al vicepresidente Álvaro García Linera. “Un pueblo sin cultura no es pueblo”, le repetía en la mesa familiar su padre Juan, dirigente indígena. Aquella vez bailó en la ceremonia y se juró volver a la tierra de los ancestros aymara y quechua.
Días después volvió a La Plata. Y otra cosa le rondó en la cabeza.
A Jésica Emilia Uscamayta Curi le encantaba viajar como mochilera. A punto de recibirse como periodista, ya había conocido Brasil, Paraguay y la Patagonia. Tenía una visita pendiente a los mapuches en Chile. Pero, ahora, la tercera de siete hermanos –cuatro mujeres y tres varones- pensaba quedarse en la ciudad. “Quiero terminar la carrera”, se prometió, y las amigas no dudaban que, cuando se hacía un plan, lo cumplía. Confió, además, que no abandonaría la política. Había empezado a militar en la agrupación Jorge Ricardo Masetti, en la facultad de Periodismo y Comunicación Social.
La noche de fin de año, después del brindis familiar, decidió salir a una fiesta en Tolosa. Después, cerca de las cuatro de la madrugada, se encontró con su hermano Cristian, de 32 años. En el auto de una amiga se fueron a la casa de sus padres, en Melchor Romero. A pocas cuadras, en 520 entre 159 y 160, había una megafiesta en una casaquinta. No era normal que al barrio llegaran autos caros y jóvenes de clase media alta. Atraídos por la curiosidad, con los rayos de sol en la cara, los hermanos pagaron 200 pesos la entrada. Eran las siete de la mañana. Tres pistas de baile, gazebos, luces de colores, una pileta, un deck. La fiesta, que ninguno imaginó que era clandestina, prometía diversión hasta pasado el mediodía. En la barra pidieron un speed con vodka. Luego bailaron música electrónica y cumbia.
Alrededor de la pileta había un vip donde se cobraba un adicional de 100 pesos. Los patovicas custodiaban el lugar pero no quién se bañaba. Según el relato de Cristian, todo sucedió rápidamente. Cuando pusieron los pies en el agua, había pocas personas. En pocos minutos la pileta colapsó: había empujones, personas que se tiraban de a tres, otras que abrían un champagne. Cristian nadó hacia los dos metros de profundidad y vio cómo su hermana, precavida, ingresó por la escalera en la parte más baja porque no sabía nadar. Después la vio afuera del agua. Al rato unos hombres sacaron a un par de chicos que se habían metido vestidos. Estuvieron a punto de ahogarse.
Minutos más tarde, no la vio más. Pensó que habría encontrado alguna amiga o que, simplemente, se había vuelta a la casa de los padres. Cuando había gente Emilia era escurridiza y solía desaparecer. En la entrada de la quinta aún había una avalancha de jóvenes. El “after” explotaba.
Pasadas las 9.30, Cristian se retiró tranquilo. Lo único que le preocupó fue haber perdido el celular.
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Cerca del mediodía se sobresaltó de la cama. Recorrió las habitaciones y no encontró a su hermana. En la casa de 159 entre 516 y 517, donde él vive con su familia, los padres estaban despiertos. Tenían un pequeño almacén. Cristian se vistió con apuro y salió a la calle. En el camino se encontró con un policía. Apenas escuchó la frase “la muchacha se ahogó” miró el piso, luego el cielo, más tarde los árboles. Nunca a los ojos del oficial. Se había muerto en la fiesta, un par de horas antes, casi en el momento que Cristian se había ido. Emilia llegó sin vida al hospital. Vestía sandalias con plataformas, un short de jean, musculosa rosa y una malla negra a lunares blancos. Desesperado, fue corriendo hasta la casa quinta. Los zapatos y la musculosa estaban a un lado de la pileta. Los agarró y se los llevó a la casa. La fiesta seguía como si nada hubiera pasado.
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La investigación está en proceso de incorporación y relevo de pruebas: los primeros meses de una pesquisa, dicen los expertos, suelen ser los que definen el rumbo de un expediente. A cargo del fiscal Álvaro Garganta la causa está caratulada como “homicidio culposo” y “desobediencia”. Los imputados son cuatro. Dos de ellos son el propietario de la casaquinta, Carlos Federico Bellone y su socio-organizador Raúl Ismael “Peque” García –que en su Facebook se exhibía con la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri-. La Justicia ordenó las detenciones pero la Cámara aún no resolvió y están libres mientras la querella sospecha que se fugaron del país. Los otros dos son los organizadores de la fiesta, Gastón Haramboure y Santiago Piedrabuena, ambos con antecedentes penales. El primero volvió a estar detenido, pero por otro hecho. Habían sido condenados a diez años y ocho meses de prisión respectivamente por la muerte del joven Juan Andrés Maldonado, en 2009, frente al boliche Alcatraz. Haramboure cumplía prisión domiciliaria al momento de la fiesta: esa noche se creyó el anfitrión perfecto. Por incumplirla, ahora, regresó a la cárcel.
-Es injusto que nadie esté preso por mi hija. La responsabilidad es evidente, acá hubo coima –dice Juan Uscamayta, 67 años, padre de la joven víctima. Juan trabaja en el campo. Llegó a los 20 a Argentina y quiso estudiar ingeniería pero sus padres fallecieron y tuvo que salir a trabajar. En diálogo con La Pulseada, dice que no está solo: “Mi familia es muy unida, los vecinos me apoyan, el caso salió en el exterior. La vida continúa, no podemos dejar de trabajar porque necesitamos el alimento”.
El abogado de la familia, Adrián Rodríguez Artina, pedirá un cambio en la figura penal. “Lo que corresponde es homicidio simple con dolo eventual. No fue una accidente, acá pasó lo de Cromañón. Había riesgo creado. El municipio estaba avisado, era una fiesta privada pero pública”, explica el letrado a esta revista. Y aclara: “No fue negligencia. Con dos clausuras previas, la fiesta se hizo igual. El lugar estaba prohibido”.
La querella apunta a develar una trama de corrupción. Antes de la fiesta de fin de año, en la casaquinta habían ocurrido dos eventos. En uno de ellos los vecinos escucharon gritos por una pelea y junto al delegado de Melchor Romero, Adrián Zamudio, pidieron controles. “Los inspectores armaron una puesta en escena pero en realidad liberaron la zona. Las actas de clausura que se labraron no están firmadas por nadie. El municipio está tapando porque está involucrado”, piensa el abogado.
Según declaró en la causa Jonathan Emanuel Leyes, inspector de Control Urbano, el 30 de diciembre mandó una patrulla a inhabilitar la casaquinta, conocida como “San Cayetano”. Al día siguiente, sin embargo, los organizadores seguían bajando sillones y gazebos. La patrulla volvió a clausurar la fiesta por segunda vez. En las actas se dice que los dueños -Bellone y García- habían dado el consentimiento de que “deberían abstenerse de realizar eventos sin contar con el permiso municipal”.
El evento se había viralizado en redes sociales como “La fiesta de la Frontera, el límite lo ponés vos”. La preventa tenía un costo de 150 pesos y prometía, a partir de las 2 de la mañana, “trasnoche más after, pileta, banda en vivo, dj´s, regalos, show de luces”. Los organizadores hablaban de la fiesta “más larga del año”.
“Vení y rompé todo”, concluía la invitación.
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¿Por qué, si hubo dos clausuras previas, la casaquinta abrió las puertas?
Desde Control Urbano dicen que “se enteraron” que, a las dos de la mañana del 1 de enero, la fiesta había empezado. Los vecinos y el delegado municipal volvieron a denunciar ruidos molestos y autos estacionados en las veredas.
Los inspectores fueron hacia la fiesta y desde adentro les “arrojaron cosas”. Comprobaron que se estaban vendiendo entradas. “Hicimos una clausura preventiva pero no se pudo desalojar porque había mucha gente. Para conservar nuestra integridad, abandonamos la calle”, dijo Leyes. Según testigos, hubo cerca de dos y tres mil personas en la fiesta. “Se les escapó de las manos. Había más gente afuera que adentro”, dijo uno de ellos.
“Se colocarán cinco fajas de clausura al finalizar el evento por carecer de apoyo policial”, notificó el agente Galarraga. Pero los policías nunca fueron convocados. A las seis de la mañana intentaron colocar una faja aunque no se efectivizó porque “la fiesta se estaba realizando” y había “gran cantidad de concurrentes en la vía pública”. De acuerdo a Control Urbano, se notificó de la clausura a Carlos Bellone.
Bellone había alquilado el lugar a Santiago Piedrabuena, que a su vez tenía a Gastón Haramboure como socio –ambos tienen 39 años y habían trabajado juntos en el boliche “737”-. El “Peque” García, empresario de turismo, fue el enlace. Se involucró, además, con la contratación de personal. A Piedrabuena se lo vio contando billetes en la barra. Estaban eufóricos: habían fracasado en organizar fiestas para nochebuena y ahora se sentían los reyes de la noche.
El furor parecía eterno hasta que un empleado se acercó corriendo a la barra.
-Boludo, se ahogó una mina –le dijo a su jefe. Se bajó la música, pero el show debía continuar.
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Dentro y fuera del expediente se habla de una protección política a los imputados. El delegado de Melchor Romero declaró ante el fiscal que un tal Walter, “director de tránsito”, le dijo que la fiesta estaba arreglada por el “equipo del actual intendente Julio Garro”. Además, el abogado Rodríguez Atina pidió que “la Justicia investigue los presuntos sobornos que recibió un funcionario municipal”, según la denuncia pública que hizo el juez César Melazo en sus twetts –que luego, sorpresivamente, borró-. Allí dijo que no fue Control Urbano el que recibió “la coima”: señaló al subsecretario de Gobierno del municipio, Juan Manuel Martínez Garmendia, hijo de la jueza Marcela Garmendia. “El delegado Zamudio también habló de Garmendia como el que operó el arreglo. Se calcula que los empresarios ganaron tres millones de pesos en la fiesta. Los mismos organizadores mencionaron en una imagen de pantalla en las redes sociales que habían pagado 20 mil pesos para hacerla y eso tampoco está siendo investigado por el fiscal, que es primo segundo del intendente Garro”, denunció Rodríguez Atina.
Eugenia Curi, la madre de Jésica Emilia, dijo que, además, hubo abandono de persona: acusó que a su hija se la “dejó tirada” en la vereda. Antes de llegar inconsciente al hospital en un taxi, intentaron reanimarla pero hay versiones cruzadas sobre si no la atendieron a tiempo mientras aún tenía pulso. Algunos testigos indicaron que desde la organización “entorpecieron” la reanimación. El causal de muerte fue asfixia por inmersión. La joven no estaba alcoholizada.
Lo que aún no se reconstruyó es la escena de muerte. ¿Hubo un descontrol y una posible pelea en la pileta antes de que Emilia se ahogara? Por los dichos de testigos, nadie organizó el acceso a la pileta. La sensación es que podrían haber sido varios los ahogados. “La causa está congelada, hay que ver si se cayó, si la empujaron, qué pasó realmente”, dice Cristian Uscamayta.
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El fiscal Garganta acusó –hasta el cierre de esta nota- a los organizadores por “llevar a cabo la fiesta en un predio con pileta de grandes dimensiones a la que se permitió el acceso masivo infringiendo deberes como la contratación de un médico y un servicio de urgencias masivas con un guardavidas”. En la posición de Álvaro Garganta, la ausencia de un marco preventivo –aún con conocimiento de las clausuras de Control Urbano- creó un riesgo que fue el principal factor de la muerte de Emilia. Las responsabilidades políticas y de los funcionarios municipales, sin embargo, todavía no fueron profundizadas. El enfoque sobre las posibles complicidades, en efecto, es un capítulo ausente.
“Emilia era joven, boliviana, pobre y mujer y no son las que aparecen en los medios”, dice Zulema Enríquez, docente que le dio clases en la facultad de Periodismo. La decana Florencia Saintout y otros docentes se sumaron a las movilizaciones, que también acompaña Rosa Bru. ”Seguimos buscando testigos para demostrar la cadena de responsables. El Peque García y los otros imputados son amigos del poder”, denuncia la madre de Miguel.
Y dice, acongojada: “Emilia había accedido a la Universidad con esfuerzo. Y la ilusión trunca es demasiado golpe para su familia”. Los familiares buscan testimonios en redes sociales en el grupo de Facebook “Justicia por Emilia Uscamayta”. “El fiscal debe acelerar la investigación apuntando hacia arriba. Sospechamos de la intervención del comisario retirado Daniel Piqué –actual secretario de Seguridad del municipio- para liberar la zona”, sospecha el abogado Rodríguez Artina.
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Jésica Emilia vivía con una amiga en un departamento del barrio La Loma. Vendía sus artesanías en macramé en las ferias. Parece ser que tenía esa alegría de vivir que podía iluminar los peores días de lluvia. Su hermano Edgar, dos años mayor, fue su socio en un local de artículos de librería. En los días nublados iba a comprar una harina y hacía una torta.
-Hacía una merienda rica de la nada. No te podías aburrir con ella.
Los amigos dicen que también era reservada. Que se ponía seria cuando hablaba de política. “Se identificaba con la descendencia –dice Edgar-. Con mi viejo militó en la agrupación Árbol (Asociación de Residentes Bolivianos)”. En la Facultad solía pedir que la llamaran Emilia. “Jésica es un nombre muy común”, explicaba. Los hermanos le decían “negra” o “petisa”. “Es horrible y duele en la sangre, pero no vamos a parar hasta encontrar justicia”, dice su otro hermano Cristian.
Emilia contagiaba una energía descomunal. Tocaba el charango, hacía un taller de canto en el centro cultural “Olga Vázquez”, bailaba danzas originarias y daba clases de audiovisual en un barrio de quinteros. “Era una trotamundos, de una inteligencia increíble. Quería presentar proyectos en la embajada para que los bolivianos vuelvan a su país. Sabía que la inmigración era dolorosa. Y vivía austeramente y era feliz”, dice Julieta, una de sus mejores amigas.
Una de las frases que más repetía era «mi casa el mundo, mi techo el cielo», de la cantante peruana Robertha. Entre rebelde, fugitiva y soñadora. Así la siguen recordando en su círculo íntimo.
