El debate oral que se desarrolla en los tribunales platenses desde hace más de un mes por el caso de la joven que murió ahogada durante una fiesta clandestina tiene a cuatro empresarios en el banquillo de los acusados. Ahora se conocieron testimonios de un ex delegado comunal y de un inspector que le dieron musculatura a una posible historia de encubrimiento que involucra a funcionarios y una gestión opaca en el caso.
Por Martín Soler
El juicio oral por la muerte de la estudiante de Periodismo Emilia Uscamayta Curi, ahogada durante una fiesta clandestina de fin de año en la madrugada del 1 de enero de 2016, sacó a escena un sombrío entramado de presunta connivencia política entre los organizadores de la fiesta y funcionarios de la administración municipal del intendente Julio Garro. La declaración de un ex delegado municipal es una de las claves de esa trama velada desde los medios de comunicación de La Plata.
Por el caso son juzgados Carlos Bellone (dueño de la quinta de Melchor Romero donde se realizó la fiesta ilegal) junto a los empresarios Raúl «Peque» García, Gastón Haramboure y Santiago Piedrabuena. Están acusados de «homicidio simple por dolo eventual» que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión. El debate comenzó el 28 de junio pasado y se desarrolla ante el Tribunal Oral Criminal III de La Plata.
Ese día los jueces Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, escucharon el desgarrador pedido de justicia de Eugenia Fernández Curi, la mamá de la Emilia: «Lo único que pido es justicia por mi hija. Perder un hijo es el dolor más grande que un ser humano puede sentir». Tras declarar y al cierre de esa jornada, en un contacto breve con medios de comunicación señaló: «Siete años esperamos y hoy llegó el día que tanto queríamos, hoy me tocó contar la historia de Emilia, quién era y cómo en dos horas se fue su vida en una fiesta que no tenía que hacerse», expresó Eugenia y agregó: «Confío y tengo fe en que esto saldrá, tienen que condenar a los empresarios».
La trama al desnudo
Entre esas primeras audiencias declaró el entonces delegado municipal de Melchor Romero Adrián Zamudio, que ingresó a la sala de juicio caminando de manera pausada mientras acomodaba papeles y con su teléfono celular entre las manos. Se sentó con serenidad frente a los jueces y contó todo. El ex funcionario de Garro dio un testimonio revelador.
Entonces, a principios de 2016, hacía pocos días que Zamudio había sido designado municipal de la mano del recientemente electo intendente. Vive frente a la casaquinta de la tragedia, ubicada en avenida 520 entre 159 y 160, donde se desarrolló la fiesta clandestina bajo la consigna “La frontera, donde el límite lo pones vos”. Su versión de los hechos no tiene desperdicio.
“Una semana antes de la fiesta empezaron los movimientos en la quinta que es propiedad de Carlos Bellone”, empezó su testimonio y en apenas 18 palabras confirmó dos datos centrales: ya se sabía sobre esa fiesta y quién es el propietario del inmueble. “Intenté por todos los medios que no se haga, avisé a Control Urbano, hablé con el comisario de entonces (Juan Ramón Verón, retirado), hicimos dos reuniones en la delegación”, recordó. Y luego narró el final de la historia, cuando un empleado le dijo por teléfono que no se podía suspender la fiesta: “Eso ya está hablado, yo no puedo hacer nada, esto viene de arriba”, le dijeron. En el medio denunció la realización de la fiesta clandestina al entonces secretario de Gobierno, Nelson Marino. Tampoco obtuvo un aval para suspenderla.
El testigo recordó también que durante la fiesta vio al entonces jefe de Control Urbano, Roberto Di Grazzia, salir de la quinta junto a Bellone que “me miró de manera sobradora, yo volaba de la calentura”, expresó todavía con gestos de bronca en su rostro y voz.
En la mañana del 1 de enero de 2016, tras enterarse de la muerte de Emilia fue de inmediato al hospital de la localidad de Melchor Romero donde vio el cuerpo en la guardia. Al regresar a su casa tuvo un altercado con el fiscal Álvaro Garganta que se presentó en la escena de la muerte. Luego de identificarse se puso a disposición para colaborar. Aportó un pen drive con información que había recabado en los días previos a la fiesta y luego fue a declarar en sede judicial y sumó nombres de funcionarios municipales.
Durante su testimonio en el juicio oral refirió que “la fiesta estaba arreglada por Garmendia” en relación al actual concejal Juan Martínez Garmendia, hijo de la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia (titular del Juzgado de Garantías 5 de La Plata), y entonces funcionario de ejecutivo municipal. Tampoco dudó en sostener que se enteró que los organizadores pagaron un soborno de 20 mil pesos, unos 1500 dólares a la cotización de esa época.
Luego de su declaración durante la etapa de investigación de la causa lo llamó “un abogado de la Municipalidad de La Plata para que cambie mi declaración, yo me negué, a partir de ahí mi trabajo (en la comuna) empezó a ser distinto, me querían desplazar y al año del hecho de la pileta me reemplazaron”. Para esa fecha en el cuerpo de abogados municipales era habitual la presencia de Rubén Darío Ganduglia (precandidato a concejal del oficialismo) y del ahora fiscal de delitos culposos, Fernando Padován.
Todo esto forma parte de la trama política del caso que sacude al oficialismo municipal encabezado por el actual intendente Garro. Los abogados de la acusación particular ya tomaron nota de nombres, cargos y conductas para futuros planteos ante los estrados del fuero penal local.
Inspectores sin poder ni apoyo
Otro de los testimonios que dejaron tela para cortar en la trama política es el que brindó el coordinador de inspectores nocturnos del actual Control Ciudadano, Néstor Galarraga, quien fue uno de los funcionarios que firmó el acta en el que se dispuso la clausura de la fiesta clandestina, medida que no fue acatada por los organizadores.
“Las fiestas clandestinas son habituales todo el año, sobre todo los fines de semana”, disparó frente a los jueces, que con asombro tomaban nota al detalle de los dichos del funcionario que declaró bajo promesa de decir verdad. Sobre este punto el juez Paolini le preguntó cuáles eran los efectos sancionatorios posteriores a la clausura de una fiesta en una propiedad privada. La respuesta no tardó en llegar, pero dejó helada a la sala de audiencias por la brutal sinceridad: “Sólo el posible pago de una multa porque no tenemos poder para interrumpir la fiesta, no teníamos apoyo policial (en ese momento el ministro de Seguridad era Cristian Ritondo), no tenemos (en la actualidad) los medios necesarios”. En relación a la capacitación profesional sobre nocturnidad Galarraga confirmó que “la última la tuvimos hace cinco años o más, tal vez me quede corto”.
El juicio
El bloque acusatorio está conformado por la fiscal Silvina Langone, quien es acompañada por los abogados Adrián Rodríguez Antinao e Ignacio Fernández Camillo, en representación de la familia Uscamayta Curi que es la particular damnificada en el proceso. En tanto, las defensas están a cargo de los abogados Marcelo Peña (Haramboure), Alejandro Montone y Juan Di Nardo (Piedrabuena), Alfredo Gascón y Miguel Molina (Bellone y García).
Durante las audiencias declararon policías, inspectores municipales, peritos, familiares, la pareja de uno de los acusados y vendedores de tarjetas del evento. El bloque acusatorio denunció a varios testigos por “falso testimonio”. Sus versiones en el juicio fueron muy distintas a las aportadas durante la investigación penal preparatoria.
Los tarjeteros de boliches Agustín Saintout (sobrino de la funcionaria provincial) y Jonatan Medina fueron denunciados por los abogados de la familia Uscamayta. El requerimiento fue acompañado por la fiscal Langone. Durante la investigación los testigos identificaron a Piedrabuena y Haramboure como los organizadores de la fiesta ilegal, pero en el juicio oral, bajo declaración de decir verdad, alegaron no recordar nada. Durante el debate más testigos identificaron a los mencionados como los organizadores del evento. A tal punto llegó la tensión en la sala de audiencias que los jueces Domenech y Paolini les advirtieron en varias oportunidades a los testigos que estaban declarando bajo juramento de decir verdad además de recordarles el contenido de artículo del Código Penal que sanciona con prisión a quien mienta u oculte aquello que sabe. “No le leímos el artículo para que aprenda Derecho”, le dijo el juez Domenech a uno de los testigos.
Antes fue denunciada Marina Lorena Buffone, pareja de Bellone. Durante la investigación penal fue una de las primeras testigos en declarar. A las 15:00 horas de esa jornada de apertura de año la testigo dijo en relación a los organizadores de la fiesta: “Uno es Raúl García, que se dedica a organizar eventos, otro se llama Gastón, quien venía arreglando desde hace una semana atrás con mi novio para que la fiesta salga bien. Otro de los organizadores sé que se llama Santiago o Santino, no recuerdo bien, y a este me lo presentó hoy mi novio (….). Supuestamente ellos fueron los que se encargaron de traer todos los gazebos, bancos y sillones para poner en el parque de la quinta y al lado de la pileta. Creo que Raúl García se encargó de conseguir todas las bebidas en consignación, la que luego se vendieron en la fiesta”, según se detalla en la declaración a la que accedió este medio.
Para que no queden dudas, cuatro días después, el 5 de enero de 2016 a las 15.57, ratificó en sede judicial esa primera declaración, pero en el juicio dio otra versión. Sostuvo que no recordaba nada, que no sabe los nombres de los organizadores de la fiesta y que a la joven la sacaron con vida de la pileta. Alegó olvido por el paso de tiempo y argumentó que su primera declaración la hizo luego de estar 30 horas sin dormir y que lo único que quería era irse a su casa para descansar: «Firmé y me fui, solo quería dormir», se justificó.
Estas denuncias a testigos son otros de los puntos que deberán resolver los jueces en el desarrollo de su veredicto. La etapa de producción de prueba finalizó el lunes 7 de agosto y se abre un paréntesis hasta el martes 22 de agosto.
Ese día martes, a las 10:00 horas, comenzará la etapa de alegatos que cerrará el jueves 24, día en que los jueces pondrán fecha para dar a conocer el veredicto.
