La problemática adolescente y la incapacidad de los adultos frente a ella siguen siendo asuntos de “seguridad pública”. Desde septiembre, cuatro autos oficiales conducidos por policías escanean la cuadrícula platense para abordar conflictos juveniles, con la mediación de operadores de Desarrollo Social. Su marco de acción es un misterio.

El hermetismo del gobierno. Lo que piensan los chicos que viven en la calle y los grandes que militan por la niñez. Y los terrores que despierta una Policía que sigue “cagando a palos”, torturando y matando, sobre la maqueta del sistema integral de promoción y protección de los derechos de chicos y adolescentes.

Por Josefina López Mac Kenzie

“¡¡¡Zona peligrosa, zona peligrosa!!!”, taladra el GPS de un remís.

En el barrio que orilla el coche, el sol desnuda casas ordinarias,

veredas con chicos, un policía, un almacén, un súper chino y un locutorio.

Pero: “¡Zona peligrosa!”, insiste la brújula, quizá nutrida del “mapa

de la inseguridad” con que el diputado Francisco de Narváez estigmatizó

el territorio metropolitano. El retrovisor espeja una mueca

de inquietud y el coche del GPS “soplón” se aleja de un pique.

(Cualquier día, cualquier hora, cualquier barrio)

Después de unas fotos exprés junto a los móviles, el 1 de septiembre el gobernador y sus ministros de Seguridad y Desarrollo sacaron de gateras cuatro “Unidades de Prevención Juvenil” (UPJ) equipadas con GPS, radio policial, un agente de la Bonaerense “debidamente capacitado” y un funcionario de Desarrollo Social como copiloto. Los nuevos dispositivos, se anunció, surcarían “los lugares más conflictivos” de La Plata para detectar contravenciones o delitos cometidos por menores de 18 años, intervenir y llevarlos “a su seno familiar o adonde la Secretaría del Menor indique”.

La desconfianza creció entre las organizaciones y los actores judiciales que trabajan a favor de la niñez en el ámbito municipal. Es que las “patrullas juveniles” se lanzaron cuando el Estado aún adeuda implementar muchos dispositivos establecidos por el sistema integral de protección de la niñez vigente. Y comenzaron a circular poco después de que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires respaldó la prohibición −fijada en 2008 por un fallo del juez en lo contencioso administrativo Luis F. Arias− de que la Policía detenga menores de manera arbitraria.

El gobierno provincial apeló dicho fallo, pero anuncia patrullas juveniles como una medida de “protección” (“porque el riesgo de que un menor pase de una estadística de vulnerabilidad a una criminal es muy próximo”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal). Como “un cambio cualitativo” en la relación del Estado con los adolescentes. Aunque se trate de un dispositivo mitad Policía-mitad civil y se mezquine la información oficial sobre el asunto (ver “Razones de la desconfianza”).

Aparte del opaco marco de acción de las UPJ, quienes trabajan en favor de la niñez en el plano local señalan la inutilidad del patrullaje juvenil si no se diferencia del accionar policial común y su ilegalidad si no acompaña el sentido de la ley 13.298, “De promoción y protección integral de los derechos de los niños”, que dispone tratar a los chicos como chicos, recurrir a lo penal sólo en última instancia, y crear una red de actores para restituir derechos. Para incluir.

Mientras, hay patrullas en acción. Por 47, por 50, por 8, por las diagonales 74 y 80. No se sabe mucho más. Algunos chicos que viven o trabajan en la calle las llaman, simplemente, “la yuta”. Otros sí la distinguen de “la Policía común”, porque son “más piolas”. Por ejemplo, no los despiertan con métodos como el vaso de agua helada en la cara, o les sugieren que si antes de pernoctar en una plaza van a jalar nafta o emborracharse, se oculten.

“¡Recatate, es la Juvenil!”

Un uniformado azul y un civil con pechera verde flúo les hablan desde el auto que dice “Prevención Juvenil”. A. y B., de 14 y 15 años, los escuchan sentados en la vereda platense donde cuidan y limpian autos. La retirada del patrullero abre paso a la charla, mientras la noche se desenrolla sobre nosotros:

A−Antes vinieron los policías comunes, nos vieron, nos revisaron, todo, nos tiraron la birra y nos dijeron “ahora va a venir la…”

B−La patrulla juvenil.

-¿Y qué les dijeron los de la Juvenil?

A−Que tomemos la última pero cuando no haya gente.

-¿Y en estos autos siempre va un policía y uno que no es policía?

B−Sí, el policía sería el que maneja y el otro es el que nos habla a nosotros.

-¿Notan alguna diferencia entre cuando viene la Policía común y cuando viene la Juvenil o es más o menos lo mismo?

A−No es más o menos lo mismo: es más mejor. La Juvenil es más piola. Te cagan a pedos, pero “corte” que te dicen “si vas a tomar andá donde nadie te vea… de última si querés tomarte una birra andá al Bosque que allá no pasa nada”, así.

B−Si está la Policía sola y no está la juvenil nos agarran y nos cagan a palos.

-¿Y ahora están pegando mucho?

B−Ahora no. Pero ponele, en la jurisdicción 9na o 2da, donde no están las juveniles, nos agarran y nos cagan a palos. Porque nos conocen. Las Juveniles andan dando vueltas. También aparecen cuando pasa algo. Porque los handies que tienen los de las juveniles escuchan lo mismo que la Policía. “Corte” que son los mismos handies. Tienen la misma radio y si pasa algo, pum, se enteran de toque y vienen…

No tan distintos

Su lanzamiento fue grandilocuente. Pero cuando un defensor oficial y un juez pidieron información específica sobre las patrullas, los ministros de Desarrollo Social, Baldomero Álvarez de Olivera, y de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, pusieron el grito en el cielo (bueno, en la Suprema Corte de Justicia). En un escrito que le elevaron para justificar su derecho al silencio, los funcionarios distinguieron, como si fueran agua y aceite, el “Programa de Prevención y Asistencia Juvenil en la Ciudad de La Plata” (las nuevas patrullas), de la discusión, iniciada en 2008 por el “fallo Arias”, sobre si la Policía puede detener a menores de 18 por figuras como “averiguación de identidad” o “entrega del menor”, sin hipótesis de comisión de un delito ni orden judicial. Dicho de otro modo: para el Ejecutivo, idear patrullas hemipoliciales dedicadas especialmente a tratar con adolescentes (y negarse a informar los pormenores de dicha política pública) no tiene nada que ver con maniobrar para que la Policía pueda volver a detener adolescentes, a su antojo, en el mismo territorio.

En sus pliegues, la cotidianidad es algo más enmarañada. En el centro como en los barrios, hay requisas a menores hechas por policías, policías confundidos (algunos ignoran la existencia de las juveniles; otros las conocen pero no saben quién debe hacer qué y cuándo), y policías fastidiados (“siempre nos tiran el fardo: nos piden que los llevemos a la comisaría cuando sabemos que las organizaciones de DDHH nos dicen que no podemos”, admiten algunos).

Junto a la olla popular que sostienen los martes en la plaza San Martín, Carola e Isabel, integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez (APDN), recuerdan un hecho reciente (que también difundió Indymedia): “Un viernes a la noche nos avisa un conocido que desde un micro veía a un montón de chicos contra una pared. Los estaban requisando. Era en la escuela 84, de 7 entre 75 y 76. Fuimos. Quedaban pocos chicos y tres patrulleros comunes. Las patrullas juveniles se habían ido a llevar a sus casas a los ‘chicos buenos’ (sic), los que ‘no habían hecho nada’ y le dejaron a la Policía uno de 13 años que en teoría había cometido un delito. El conflicto era que, de vuelta de un partido de Gimnasia, en un micro un chico supuestamente le había robado un gorrito a otro. Los habían bajado a todos y llamado a la Policía, que a la vez llamó a las juveniles. Les dijimos que era una detención ilegal, que la Policía no se puede hacer cargo de ningún menor. Están obligados a llamar a un 0800 de la Dirección de Niñez para hablar todo ese tipo de cuestiones con operadores de calle o en todo caso a las defensorías y fiscalías de turno”.

La juvenil, “que en teoría era para todos estos casos, evidentemente era para el resto de los chicos. Y para el chico acusado del robo de gorrito era la Policía”, completan, mientras unos veinte jóvenes hacen trencito alrededor de la glorieta. “Algunos chicos las respetan porque les dicen ‘no consuman porque va a venir la Policía’, y porque quizá no tienen la agresividad que puede generar un policía, pero sus funciones aparecen con el mismo sentido represivo. Por eso consideramos indispensable hacer una lectura de la ley vigente, en tanto se asienta en la obligación del Estado de generar una política integral donde el sistema penal es subsidiario de medidas previas que debe tomar el  Poder  Ejecutivo pero éste está impedido de tomar cualquier medida restrictiva de derechos de los jóvenes si no la justifica expresamente y la implementa por el menor tiempo posible”.

…Y omisión

“Hay un sistema de protección e inclusión para niños con derechos vulnerados, pero la práctica sigue siendo más o menos la misma −continúan Carola e Isabel −. El Estado sigue ofreciendo como primera y única intervención con relación a la problemática de los jóvenes  la Policía,  en lugar de poner en marcha medidas alternativas. No observamos la intención de solucionar el problema concretamente, porque la Policía no lo puede resolver, y muchas veces lo empeora. Cuando un joven entra en conflicto con otro, con las instituciones o con la propiedad, o le generan un daño a él, hay que desentrañar las causas y el Estado debe trabajar con operadores de calle, la familia y  la comunidad, porque lo que está manifestando ese joven es que fallaron los adultos. Está claro desde la normativa”.

“Hay muchas medidas no represivas que se deben tomar si uno ve un chico consumiendo. Tratar de empezar a vincularse −ejemplifican−. Ése es el trabajo del operador de calle con alguien que necesita ayuda. La patrulla juvenil es una cosa inútil si no hace este trabajo de revinculación de los jóvenes con sus derechos y sus familias, en sus comunidades”.

Las noches a la intemperie de chicos con adicciones −que a veces ni las ambulancias quieren subir− exponen de manera paradigmática la falta de red de la niñez y lo mucho que falta para que la vigencia de la legislación sea plena. Y cuatro patrullas misteriosas más una línea telefónica inaccesible desde muchos teléfonos celulares (el 0800-666-1772, de la Dirección de Niñez de La Plata) no son ni un buen parche.

“Uno entiende que la ley es una herramienta para irse acercando y que el proceso es lento. Pero las medidas que está tomando la Provincia con relación a los jóvenes no sólo no van a favor de la ley sino en su contra. Son para dejar tranquila a una parte de la ciudadanía. Se habla en clave de seguridad ciudadana”, concluyen desde la APDN.

Cabe sospechar de un gobierno que motorizó un Código Contravencional entregado a sospechas policiales y se deshace en piruetas para que la Policía pueda volver a detener menores arbitrariamente, mientras exhibe como un guiño las patrullas juveniles. Un artículo de temporada que en un abrir y cerrar de ojos apuntalará el sensible cruce “inseguridad-juventud” de su “Plan Verano”. Caliente verano 2011.

Razones de la desconfianza

Vacío. La ley provincial 13.298, de protección integral, promulgada en 2005, implica un cambio profundo en la relación del Estado con sus niñas, niños y jóvenes. Pero no están en marcha ni programas suficientes con lugares especiales donde llevar a los chicos vulnerables, por ejemplo, ni todos los organismos previstos para monitorear que se cumpla la ley, tales como el “observatorio social”, el “defensor del joven” o la “comisión interministerial”. “Casi lo único que está es el consejo local, que es el único organismo que podía ser creado por las organizaciones sociales si el Estado no lo hacía en un periodo de tiempo determinado”, explican desde la APDN.

Silencio. En qué tipo de conflictos intervienen las patrullas juveniles; qué zonas deben recorrer, en qué horarios, quiénes viajan en ellas y qué capacitación tienen, por ejemplo, son cosas que las autoridades no consideran legítimo responder. Al defensor del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Julián Axat, que pidió información específica, Ricardo Casal y Baldomero Álvarez le dedicaron una chicana judicial por no haber asistido a la presentación del programa de las patrullas, donde, dijeron, bien hubiera podido saciar su desatinada curiosidad.

No sorprende. Fiel al hermetismo de este gobierno sobre cualquier asunto, al cierre de este número la secretaría General de la Gobernación (autoridad de aplicación del marco legal vigente sobre acceso a la información pública en la Provincia) y la subsecretaría de Niñez y Adolescencia del ministerio de Desarrollo Social tampoco habían respondido preguntas de La Pulseada sobre los ítems antes apuntados, ni sobre la evaluación oficial, a la fecha, de las UPJ que ensayan en La Plata.

Sólo a principios de octubre, tras varias intimaciones judiciales, el Ejecutivo informó que al patrullaje juvenil están afectados los jóvenes oficiales Leandro Alberto Sparano; Pablo Barros; Jorge Antonio Molinari, Javier Andrés Zerda y Lucas Miguel; y el teniente Carlos Enrique Zendri. También existe en la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados un pedido de informes de Natalia Garadaschi (Coalición Cívica, titular de la comisión de Niñez) sobre las patrullas, que al cierre de este número no había sido tratado.

Métodos. Según la Procuración de la Suprema Corte bonaerense, en La Plata crecieron en los últimos meses las causas penales contra menores, con predominio de figuras como resistencia a la autoridad y daños. Esto coincide con la prohibición judicial de “levantar” menores por cosas como averiguación de antecedentes o faltas. María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), lo compara con algo que pasó en Buenos Aires “cuando por poquito tiempo quedó ‘vacante’ la cuestión contravencional, porque se habían derogado los edictos y la Legislatura tardó en dictar el Código. El comisario (Luis) Fernández (que fue jefe de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal), muy francamente, dijo: ‘Bueno, si no los podemos detener por contravenciones los detendremos por otras cosas’. Y en esos 6 meses crecieron en un mil por ciento las detenciones por averiguación de antecedentes”.

Métodos II. Por resistencia a la autoridad, personal de la comisaría 6° de La Plata (Tolosa) detuvo a un chico de 17 años al cierre de este número de La Pulseada. Cuando avisaron a la defensoría y a la fiscalía del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de turno, ya lo habían convertido en un hematoma de pies a cabeza. Tortura psicológica (“te vamos a tirar al río”, le dijeron) y física: en la seccional 6ta, una jauría de agentes le hizo sangrar los oídos y la boca a golpes. Y le dedicó una sesión de “submarino” seco y húmedo, para que firmara los papeles por resistencia a la autoridad. “Si denunciás, sos hombre muerto”, redondearon.

Prevenirse de la juventud

Difícil encontrar un concepto más represivo que “prevención juvenil”. María del Carmen Verdú lo analiza con La Pulseada: “A la vertiente de las políticas de control y disciplinamiento social que se descargan con predilección sobre la población joven y pobre la llamamos ‘represión preventiva’. ¿Por qué preventiva? Porque tiende a prevenir, a impedir la toma de consciencia, que es el paso previo, necesario a la organización. No es que previene a los chicos de daños. Previene al sistema capitalista de la confrontación que esos pibes pueden hacer. La represión preventiva se descarga sobre los sectores políticos que más razones objetivas tienen para decir “así no quiero vivir más, quiere cambiar las cosas”.

“La toma de consciencia se evita a través de señalar quién manda. El pendejo cuando va por la calle y se cruza con el patrullero baja la vista. Trata de que no lo vean. Porque sabe que lo pueden detener, le pueden pegar, lo pueden matar. Desde chiquito aprende quién manda. En realidad no es el que manda, es el que ejecuta en la primera línea de fuego lo que el verdadero dueño del poder lo manda a hacer”.