Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, contó que desde la reforma a la Ley de Estupefacientes de 2005, que desfederalizó la competencia, hay más detenidas por ese delito, y que todas comparten un perfil: mujeres de barrio con hijos a cargo, que acceden a vender estupefacientes como una estrategia de supervivencia.

Entrevista Leopoldo Coda

Laurana Malacalza tiene un hablar pausado, aunque incesante, y no escasea datos precisos. Hace años que trabaja en el tema de la violencia carcelaria y hace un tiempo, desde el Observatorio de Violencia Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo bonaerense coordina dos proyectos sobres mujeres y cárceles. El primero es sobre el ejercicio de la maternidad en las unidades penales de la provincia de Buenos Aires (que involucra a un colectivo compuesto por decenas de detenidas que conviven en cautiverio con sus hijos menores de 5 años). El segundo estudia los constantes traslados intercarcelarios de las mujeres “como una situación que condensa significados para explicar otros, porque se conjugan un montón de violencias y mecanismos institucionales que habilitan el ejercicio de la violencia por parte de los agentes estatales”, explicó Malacalza a La Pulseada.

En esta entrevista, reflexionó sobre ambos programas y profundizó sobre las dificultades que tienen las mujeres presas para acceder a la justicia.

-¿Cómo es la situación de las mujeres en las cárceles de la provincia?

-El impacto de encarcelamiento de mujeres es evidente a partir de la reforma de la Ley de Estupefacientes (Nº 23.737), de 2005. Eso también fue acompañado por una política criminal que concentró la persecución y la lucha contra el narcotráfico en el menudeo (venta directa). La reforma de la norma provocó que la política criminal se concentrara en perseguir a mujeres que venden drogas directamente. Algunas instancias dicen que ellas son los últimos eslabones de una cadena delictiva. Yo creo que ni siquiera entran en la categoría de eslabón de una organización criminal más grande, sino que tienen que ver con una estrategia de supervivencia que se han dado las mujeres más pobres en las zonas más excluidas. A partir de ahí, ellas contactan a los últimos eslabones. Dentro de esta estrategia de supervivencia son mujeres muy arraigadas a sus barrios, con muchas personas a cargo —y no solamente hijos—; su ámbito de vida se desarrolla en el barrio y en el espacio doméstico. Entonces, es una estrategia muy fácil para poder mantener el cuidado y poder desarrollarlo desde el lugar que casi obligatoriamente tienen que habitar. Si esta es la definición política por la que pasa la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, hay poca tela para desentrañar. Esta reforma tuvo un impacto muy fuerte y casi duplicó el número de presas porque pasamos de tener casi 600 mujeres detenidas en 2005/6 a 1.250 en la actualidad.

-¿Y qué pasó con la población masculina? ¿Aumentó?

–No. Esto es lo novedoso, porque parece que no tiene nada que ver con cuestiones de género pero en su aplicación la Ley tiene un claro impacto en términos de criminalizar más a mujeres que a hombres. Esto tiene que ver con una definición política criminal porque enfatiza hacia dónde se van a dirigir los esfuerzos del estado punitivo: si se va a dirigir a investigar las organizaciones criminales y cómo se distribuye la venta de drogas o si se va a dedicar a detener a personas que están implicadas en la venta directa. En la zona roja de La Plata, mujeres trans, travestis, están directamente implicadas en la venta de drogas para el consumo y la investigación criminal se termina ahí. No avanza en quienes las proveen ni se está pensando en cómo las organizaciones criminales se distribuyen el territorio.

-¿Cuál es la relación entre estas mujeres y la Policía?

–En el barrio son mujeres que no han pactado con la Policía o esos pactos se han roto (en términos de que las dejen o no vender droga) y también han quedado por fuera de las redes comunitarias y son vistas como peligrosas porque venden drogas a los niños y jóvenes en el barrio. Están muy expuestas frente al poder punitivo del Estado: te larga el brazo la policía y te larga el brazo el barrio (porque no tenés redes de contención), entonces es muy fácil que te caigan los allanamientos en esos lugares y no en otros.

-¿Qué impacto tiene en la niñez este incremento de la población carcelaria de las mujeres?

–Son mujeres que van a prisión por mucho tiempo, ya que la mayoría firma juicios abreviados. Es decir, son impulsadas por la defensa pública y oficial a decir que ‘es preferible que te hagas cargo del delito, que pagues una condena de cuatro años, en vez de estar esperando 2 años y medio un juicio que quizá te lleve a cumplir 5 años de pena’. Entonces la mayoría de ellas cumple mucho tiempo de condena y eso tiene como un impacto claramente muy perjudicial para las redes familiares y para el lugar de cuidadoras que venían ocupando.

-Ahí hay una doble condición, porque están las mujeres que tienen el cuidado de sus hijos dentro de las cárceles y los niños que se encuentran extramuros. ¿Aumentó la cantidad de mujeres embarazadas o con hijos en comisarías?.

–Por regulaciones propias del Estado provincial, ni las mujeres embarazadas ni las que tienen hijos deberían estar en dependencias policiales. De hecho, las mujeres deberían estar muy poco tiempo en una dependencia policial porque deberían pasar directamente a las alcaidías. Lo que sí ocurre es que esos tiempos se prolongan por no haber cupos en las alcaidías y ahí se da una instancia de mujeres que están en un período de amamantamiento que tienen que establecer horarios para realizarlo mientras están en comisarías. Suele aparecer, y eso ha sido denunciado, que algunas mujeres ingresan a los chicos porque no tienen una red social ni familiar que pueda cuidarlos. En esos casos, comúnmente, ante cualquier denuncia, rápidamente son alojadas en unidades penales porque (los policías) saben que van a tener un problema por cuanto vulneran todas las situaciones de derecho. Por lo tanto, los comisarios generan rápidamente un cupo en alcaidías o en unidades penales. No pueden estar en comisarías y en los casos que están deben ser resueltos lo antes posible para que no sea denunciado porque no tienen las condiciones para estar ahí.

-Entonces el número de mujeres que está en comisarías se ha reducido…

–En términos oficiales sí, por la creación de las alcaidías, que vienen a ocupar un lugar intermedio entre la aprehensión que hace la policía y la cárcel. En ellas no pueden estar más de 30 días (aunque esto a veces se prolonga y genera malestar y situaciones de vulnerabilidad frente a un régimen de mucho aislamiento) y no pueden estar con sus hijos. Entonces se produce un cuello de botella y es necesario rápidamente distribuirlas a las unidades penales. No es la situación de 2006, 2007, 2008, donde incluso las Comisarías de la Mujer y la Familia alojaban mujeres; pero a partir de la gestión de (el ministro de Seguridad, Alejandro) Granados se empiezan a habilitar otra vez las comisarías para alojar detenidos.

-Hablabas de los juicios abreviados, pero la mayoría de las mujeres está presa sin condena firme.

–Muchas de las que tienen condenas firmes es a consecuencia de los juicios abreviados y esto demuestra las dificultades que tienen para el acceso a la justicia. Son los obstáculos que encuentran las mujeres para acceder a la justicia en términos de la tramitación de sus procesos judiciales. La mayoría de ellas tienen defensores oficiales que no van a las unidades carcelarias a visitarlas. El acceso a esos defensores se da a partir de pedidos de comparendo, en donde luego son trasladadas en condiciones vulneradoras de derechos y muy violentas. Desde la Unidad 52 de Azul al Departamento Judicial de Lomas de Zamora se puede demorar entre 12 y 14 horas en una camión de traslado, donde las mujeres ocupan el lugar de una ‘lata’ de dos por un metro, donde hay capacidad para dos mujeres y se traslada a cuatro o seis, muchas veces embarazadas o con niños. Por eso denunciamos las condiciones de traslados porque no sólo generan violencia sino que impiden el acceso a la Justicia, impiden que una mujer pida un comparendo para que su juez o defensor la reciba después de viajar 14 horas en esas condiciones. Eso hace que muchas mujeres opten por no pedir esos comparendos.

-El OVG de la Defensoría del Pueblo denuncia entre las violencias a la violencia sexual durante los traslados. ¿Es común ese tipo de violencia?

–Fueron los casos en que recibimos denuncias, no puedo dar cuenta de una generalidad. Ese tipo de violencia sucede con tanta generalidad como las denuncias que receptamos, pero sí es regular el marco de discrecionalidad y de arbitrariedad con que se maneja el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) al momento de trasladar mujeres: que no las denuncien no quiere decir que no hayan ocurrido. Eso en términos de pensar en un paradigma de Derechos Humanos y con una perspectiva de género es completamente vulneradora de derechos, porque estás generando un escenario donde puede existir y promoverse cualquier tipo de situaciones de violencia y el Estado tiene la responsabilidad de evitar esas instancias.

-¿Qué opciones ves como posibles para evitar esas situaciones?

–Una manera de evitarlo sería generar un mecanismo de traslado propio y exclusivo para mujeres con personal femenino, con móviles acondicionados para que puedan ir al baño y trasladarse con un niño. Pensar en la cantidad de denuncias no excusa al Estado de cumplir con eso. Se han dado muchísimas situaciones que hemos podido relevar a partir de denuncias que se hacen indagando sobre eso, pero a las mujeres no les resulta gratis presentar una denuncia.

-Existe una tensión muy fuerte entre el desarraigo con la madre detenida y el crecimiento del niño dentro de un penal. ¿Cómo es la vida para un niño dentro de la cárcel?

–Los niños que están dentro de las unidades penales tienen dificultades para el acceso a la salud, la educación. Es absurdo pensar el desarrollo integral de un niño dentro de una unidad carcelaria y es absurdo de parte del Estado tener un paradigma de Derechos Humanos y de la niñez como el que tiene en términos legislativos y que los niños sigan viviendo en estas condiciones dentro de las unidades carcelarias.

-A los 4 años los niños que crecieron dentro de las unidades penitenciarias son desprendidos de sus madres, generando un nuevo trauma para los chicos y para esas mujeres detenidas…

–Para el SPB y la Justicia las mujeres usan a los chicos para obtener beneficios dentro de las unidades: un régimen más abierto, comer mejor, menos pautas represivas… es parte de la lógica de mercantilización de derechos que tiene el Servicio Penitenciario. Sin embargo, esto no tiene que ver con las condiciones en las que una mujer decide ingresar un chico a una unidad carcelaria. El momento del allanamiento es traumático y no tienen opciones respecto de la tenencia de los hijos. No pueden decidir dejárselo a la vecina, a la madre. La opción de llevárselo a la cárcel es porque entre las mínimas posibilidades de elección que tuvieron no hubo nadie que los pudiese cuidar, porque ninguna mujer quiere que su hijo se coma la cana con ella. En el reducido margen que tuvieron para decidir sobre el cuidado de su hijo, es su propia línea familiar la que se queda a cargo de su hijo. Sin embargo son familias que no reciben ningún tipo de apoyo de parte del Estado, que no tienen ningún tipo de atención privilegiada de parte de los organismos zonales de acuerdo a cómo pudieron reacomodar el cuidado de esos pibes.

-¿Cuál es la respuesta del Estado ante estas problemáticas?

-La Secretaría de Niñez de la Provincia dice que actúa si hay vulneración de derechos. Pero ¿dónde queda el rol de promotores de derechos? Cuando una madre está en prisión quedan sus hijos sin alguien responsable ni recursos económicos para abordar el acceso a la educación y la salud, y el Estado se desentiende de eso. Por lo tanto, la mujer decide ingresar con hijos a la unidad porque la familia no tiene recursos para mantenerlos y, por lo menos, ahí come. Los niños van a los jardines que están fuera de las unidades penales, llevados y traídos por un móvil penitenciario, con muy poca participación de las mujeres en el acompañamiento del proceso educativo; y con todas las características que puede tener el encierro en el desarrollo evolutivo en un niño hasta los 4 años. La falacia que tiene el Estado es que habilita a que las mujeres se queden con sus hijos en las unidades penitenciarias pero no define ningún tipo de política pública. Los chicos están bajo un régimen de salud penitenciaria. Comparten los jardines maternales junto a los hijos de las penitenciarias.

-Decías que una de las alternativas para darle una salida a esta situación es la prisión domiciliaria rodeada de otras medidas.

-Hay muchas dificultades para acceder a un arresto domiciliario pero además hay muchos problemas para sostener ese arresto en las condiciones en que los jueces lo están otorgando porque no se establecen las pautas de ese arresto domiciliario para una mujer que tiene hijos a cargo: llevarlo a la escuela, asistir a un acto, salir a un hospital, trabajar para mantener la estructura familiar. Las mujeres con arresto domiciliario no pueden denunciar situaciones de violencia familiar porque no tienen un domicilio alternativo: si denuncio la situación de violencia que me produce mi pareja, ¿adónde voy? ¿Vuelvo a la cárcel con mi hijo?

La Corte y el monitoreo electrónico

A fines del año pasado, la Suprema Corte de la Provincia dictó una resolución en la que solicita a los magistrados que privilegien el otorgamiento de las unidades disponibles del sistema de monitoreo electrónico a “mujeres embarazadas y/o con hijos menores de 5 años, los adultos mayores de 50 años y personas con padecimientos de enfermedades graves y la situación de aquellos detenidos/as con prisión preventiva prolongada siempre atendiendo a los delitos en juego”. Para Malacalza, es “un pequeño paso, para sentir que el horizonte se va ampliando”.