A partir de una medida solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, un fallo judicial ordenó la intervención de la Dirección Asociada de Psiquiatría del hospital Alejandro Korn y la formación de una mesa intersectorial que ponga en marcha un plan de trabajo para revertir las condiciones de alojamiento.
Por Milva Benitez
El hospital para personas con padecimientos mentales Dr. Alejandro Korn, ubicado en Melchor Romero, La Plata, será intervenido judicialmente por las pésimas condiciones en las que viven los hombres y mujeres allí alojados. Viven rodeados de excrementos de ratas y en habitaciones con olor a orina, con moscas, con paredes descascaradas y pocas aberturas. Reciben escasa comida, hay dificultades con los medicamentos y tienen escasas (o nulas) opciones de acceder a un tratamiento interdisciplinario adecuado a lo que fija como derecho en la ley nacional de Salud Mental.
La medida tomada por la justicia contencioso administrativa platense se tomó en respuesta a una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se condene a la provincia de Buenos Aires a sustituir el dispositivo monovalente que funciona en el hospital por dispositivos de salud mental comunitarios, de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional sancionada en 2011 y a la que la provincia adhirió a principios de este año.
La sentencia del juez Luis Arias determina que un equipo de profesionales con incumbencias en las áreas de medicina clínica, psiquiatría, psicología y trabajo social será convocado para avanzar en esta mesa interventora apuntada a la adecuación y a que en lo inmediato cese la vulneración de los derechos de las personas actualmente allí internadas, como si se tratara de un “depósito”, según la definición del CELS. En cumplimiento con el mandato de intersectorialidad de la ley, el juez habilita la participación de organizaciones de usuarios y familiares, organizaciones de derechos humanos y grupos que mantienen allí un trabajo territorial.
En total son 750 las personas que viven en el hospital Alejandro Korn en estado prácticamente de abandono, según lo relevado por los operadores judiciales en dos inspecciones realizadas al lugar, entre octubre y noviembre pasado. En ambos casos, existen indicios de que los directivos de la institución fueron anoticiados con antelación.
En el fallo, el juez señaló que al llegar al lugar representantes gremiales les informaron que “los empleados no se tenían que tomar el día”, que “había que limpiar y cortar el pasto”, y que al personal de limpieza le duplicaron las horas de trabajo de 6 a 12 horas continuas”.
En el Servicio de Atención en Crisis (SAC)destinado a tratar las urgencias y que efectúa –junto con la Guardia Psiquiátrica- las admisiones al hospital neuropsiquiátrico, la situación se tornó grave. En dos habitaciones las puertas estaban “soldadas con chapones y con pintura fresca”. Según los enfermeros, las mismas debieron ser clausuradas por “fallas de infraestructura y de mantenimiento”.
Esto derivó en una nueva inspección en la que se determinó que el lugar no está en condiciones para funcionar. En ese servicio una persona no puede estar más de 20 días; pero de los registros relevados surgió el dato: “la mayoría de los pacientes exceden el mes de permanencia en la sala”, dos de ellos están ingresados como N.N. y, en los últimos dos años, hubo dos suicidios allí.
El cierre del SAC
El 29 de octubre pasado estaba lloviendo y, cuando el personal del juzgado se presentó en el Servicio de Atención en Crisis “gran caudal de agua” caía desde el techo en los pasillos internos. Veinte días antes la jefa de la sala, Emma Guano, había pedido el cierre del servicio a la dirección de Psiquiatría del hospital. La transcripción del contenido de esa nota revela en pocas líneas la extrema gravedad que puede significar para una persona atravesar una crisis en estas condiciones:
“Hay evidencia de ratas, faltan ventanas, colchones en muy mal estado, llenos de piojos que son visibles en ropas y nosotros mismos, muy pocas almohadas y en estado deplorable, sucias y rotas, insuficiente ropa de cama que si bien se han repuesto, faltan por razones desconocidas, no hay toallas [se secan con sabanas cuando hay], se inunda en días de lluvia y rebalsan los desagües pluviales, se caen los revestimientos a pedazos etc. […] Baños en estado de conservación incompatible con la dignidad humana […] Si bien estamos centrados en reclamos básicos, no deben dejarse de atender otras cuestiones que afectan el bienestar en esta instancia de internación (situación de por sí estresante), como que no hay puertas, cortinas, mesas, roperos, lugares de recreación, etc…”, enumeró Guano.
Finalmente, afirmó: “Nuestras demandas de reparación han sido reiteradas. Las respuestas nunca satisficieron los requerimientos […] Nadie se ha mostrado sensible a estas carencias y el tiempo pasa inexorablemente, provocando violaciones a los derechos de las personas. En síntesis, creemos que el Servicio de Atención en Crisis no se encuentra en condiciones de prestar asistencia a personas. Solicitamos que se cierre sin más, hasta poder generar una asistencia digna a quienes la necesiten. Así, la ley de salud mental será tenida en cuenta en la vida real y no sólo en el discurso”. Cuatro días después del reconocimiento judicial, el 3 de noviembre, el director del hospital Egidio Melia cerró el servicio por el lapso de seis meses para la realización de obras de refacción.
Sola
La comitiva que recorrió el hospital encontró a N.B. sola en una sala por una medida de aislamiento. A disgusto, el director de la sala, el doctor Sánchez los dejó llegar allí, no sin antes contarles que N “es travesti”, que “tiene HIV”, que “días antes había mordido a una enfermera” y que “siendo hombre, no tiene que estar con mujeres”.
La violencia de sus palabras no contrastó con la situación en la que los operadores judiciales encontraron a N. Estaba tirada en un rincón, sobre un colchón de gomaespuma roto, sin sabanas. Dormía y cuando el perito psiquiatra la quiso entrevistar apenas si podía sostenerse, ni se le entendía lo que quería decir.
“Presentaba una delgadez extrema, la boca inflamada y ausencia de varias piezas dentales. Señalando sus encías balbuceó que no podía comer. Se pudo advertir que estaba muy medicada. El citado perito la ayudó a recostarse”, apuntó el juez en la cautelar. La vida de N., como la de otras personas internadas, corre riesgo en el Melchor Romero y su estancia allí está lejos de responder a los parámetros fijados en la Ley nacional de Salud Mental y a un ápice de “constituir trato cruel, inhumano o degradante, como la sujeción física (ataduras); el aislamiento y el uso abusivo de la medicación con fines de control social”. En este cuadro de situación se inscribe en un alarmante número de muertes que no son investigadas: 53, en nueve meses, de enero a octubre de 2013.
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