El equipo del Programa de Niñez y Derechos Humanos de la UNLP, que hace cinco años presentó un amparo por los pibes que sobrevivían en la plaza San Martín y el mes pasado representó a unas 50 organizaciones en una medida cautelar contra la Provincia, dialogó en exclusiva con La Pulseada. El derecho como instrumento del poder, la baja de la edad de punibilidad, las deudas de la democracia y la democratización de la Justicia, el sistema de Promoción y Protección que no arranca, y las toneladas de papel que hay que generar para defender lo obvio: que los chicos son la prioridad.
Por Daniel Badenes
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“La mayoría de los niños que estaban en la glorieta de la plaza San Martín terminaron muertos o en la cárcel. Era evitable. Cuando introdujimos el amparo y el Estado se anotició, todos esos niños tenían hermanos y todos han empeorado sus condiciones de vida”, dice Carola Bianco con dureza y calidez al mismo tiempo. La abogada y profesora universitaria que coordina el programa de extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dedicado a los derechos de la niñez combina firmeza, precisión y ternura aun ante las situaciones más irritantes. Así se ganó la confianza de los militantes sociales que se convocaban en la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez (APDN) a mediados de 2008, tras la represión parapolicial que sufrieron aquellos pibes estigmatizados como “la banda de la frazada” (La Pulseada 63). Y así construyó un grupo interdisciplinario que acaba de representar a decenas de hogares, comedores y casas de día del territorio bonaerense en una medida cautelar contra el gobierno de Daniel Scioli entregada por los propios niños en el fuero en lo contencioso administrativo.
“Hoy las organizaciones de niñez no están pudiendo dar respuesta ni al 1% de lo que tendrían que estando dando respuesta… Terminás gastando más energía en responsabilizar a las instituciones que deberían hacerse cargo. La sensación es de un desahucio total”, afirma Lucía Belauzarán, trabajadora social del hogar del padre Cajade y una de las seis personas que integran el Programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas. Tres están formadas en derecho, dos en sociología y ella en trabajo social. La mayoría son mujeres. La mayoría nacieron durante el período de legalidad constitucional que está por cumplir 30 años, cuyas deudas señalan.
“No es un problema de recursos. En el primer proceso que iniciamos, en 2008, el Estado no pudo poner dos autos para trasladar a los pibes. Pero constatamos que la Provincia tiene 10.000 autos oficiales”, precisa Martín Menestrina, uno de los abogados del equipo, el más cuidadoso y riguroso con las palabras: “La pregunta es qué lugar ocupa la niñez para nuestros funcionarios. La ley dice que merece la protección más importante del Estado, incluso lo obliga a disponer prioritariamente de recursos económicos. Si quisieran, podrían modificar partidas o endeudarse, sin necesidad de una ley especial”.
Paula Talamonti asiente. Es socióloga y en los últimos meses mantuvo el contacto con las decenas de organizaciones que firmaron el último reclamo judicial elaborado desde el Programa: una medida cautelar presentada en resguardo de centenares de pibes atendidos por hogares, centros de día y comedores de la Provincia de Buenos Aires, hoy asfixiados por la demora en el pago de becas que –además- están congeladas hace años y tienen montos irrisorios. “El Programa labura y construye conocimiento de manera interdisciplinaria”, remarca: “Yo no soy abogada pero sé mucho más de derecho de lo que sabía hace tres años. Y mis compañeros no son sociólogos pero saben mucho más de sociología de lo que sabían antes. Tareas hay muchísimas. Con Damián (Lambusta, el otro sociólogo del grupo) hacemos trabajo de oficina, trabajamos en la sistematización de la información que circula y en la elaboración de documentos internos y para afuera, y en los talleres que hemos organizado con organizaciones sociales y con trabajadores estatales”. Otra pata importante del Programa, además del patrocinio en las causas judiciales, es la democratización del conocimiento. Porque como decía José Martí, los derechos se tienen cuando se ejercen.
Un lenguaje para disputar
—Hay un temor reverencial hacia al derecho —dice Carola—. No pensamos que haya que prescindir de los abogados, ni que sobran abogados, si no que hay que pensar los problemas desde una perspectiva crítica y de derechos humanos. El derecho plantea relaciones sociales y lo consideramos parte de una estrategia, que siempre es más amplia. Pero tiene un rol clave porque es el lenguaje que utiliza no sólo el Estado: el poder. Muchas veces las formas jurídicas se usan para evitar el acceso a los derechos humanos, y hay que disputar su interpretación. Por ejemplo: si uno piensa el derecho a la vivienda desde una perspectiva de derechos humanos, permite al Estado y a quienes lo integran regular el mercado inmobiliario. Están habilitados para eso. Todo depende de interpretaciones. Y estamos dispuestos a dar batalla.
—¿Cómo trabajan para ese objetivo?
Carola: En primer lugar tenemos un consultorio jurídico gratuito donde trabajamos casos individuales. Asesoramos y tratamos de hacer conocer a cada persona sus derechos humanos fundamentales, sobre todo cuando hay chicos involucrados. Se trata de cambiar nuestras propias cabezas y las de quienes vienen acá, porque es el primer obstáculo para que los niños dejen de ser tratados como objetos, de sus padres o del Estado. No son pertenencia de nadie, dicen las leyes, pero todavía eso en la práctica no lo vemos plasmado. Ni siquiera en nuestras familias. Lo segundo es que esos casos individuales nos sirvan para pensar condiciones estructurales y después impactar, a través de presentaciones judiciales colectivas, en esas estructuras.
La primera acción colectiva fue el amparo que dio origen al Programa, en 2008. Caratulada “Asociación Miguel Bru y otros contra Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia…”, reclamaba por los derechos de los pibes que vivían a la intemperie en torno a la glorieta de la plaza San Martín de La Plata (La Pulseada 66). La firmaban incluso dos madres de chicos vulnerados y denunciaba que las agencias estatales previstas por la ley 13.298, que creó el Sistema de Protección y Promoción Integral de los Derechos del Niño, ni siquiera estaban constituidas.
—¿Qué pasó con esa demanda?
Martín: Primero tuvo una sentencia favorable del doctor Luis Arias, que dispuso una serie de medidas, como crear un parador con un equipo interdisciplinario especializado (abogados, psicólogos, sociólogos, médicos, psiquiatras). Ese parador todavía no existe. Se ordenó también crear un servicio hospitalario para atender adicciones y salud mental. Ese amparo fue un proceso de conocimiento: permitió probar, a través de la declaración de médicos del hospital de Niños, que no estaban en condiciones de sostener un tratamiento para los pibes. Estamos hablando de la capital de la Provincia: no había un lugar para abordar esas problemáticas a largo plazo… También se ordenó disponer autos para trasladar a los pibes, crear una línea de atención telefónica y afectar el 25% de los recursos que la Provincia destina a publicidad oficial, a promover derechos y garantías de los pibes. Esto último y lo del servicio hospitalario están en la Suprema Corte bonaerense, con un recurso extraordinario, porque Provincia y Municipalidad apelaron. No están dispuestas a hacerlo voluntariamente.
—¿Y lo que no apelaron? La medida está firme pero no hay parador…
Carola: El Estado nunca contesta que no hay un parador. Por eso el derecho no es para nada una cosa de “se cumple” o “no se cumple”. Es una disputa. El Estado dice que está cumpliendo y nosotros decimos que no. El tema es demostrarlo. En el fuero en lo contencioso administrativo, en primera y segunda instancia, se comprobó que el sistema de promoción y protección no está en marcha. Con la inundación eso se corroboró una vez más, porque en los barrios no apareció ese actor clave para articular a las familias y, sobre todo, resguardar a los chicos: el Servicio Local. Tampoco apareció la autoridad de aplicación de la ley, que es el Servicio Zonal y la secretaría de Niñez en la Provincia.
Martín: A partir de la inundación pedimos la ejecución de lo que estaba firme, porque advertimos, por el laburo de las organizaciones y denuncias que llegaban, que todavía el sistema de promoción y protección de la niñez no daba respuestas: se visibilizó la no ejecución de esos puntos. Es un camino largo, porque los abogados de la Provincia y de la Municipalidad interponen trabas formales todo el tiempo. El amparo tiene más de 25 cuerpos, cada uno de 200 fojas… toneladas de papel. Todas las apelaciones que han hecho son por cuestiones formales: hablan de plazos, de momentos más o menos oportunos, pero no pueden decir que los pibes no tienen derechos vulnerados. O sea: nunca desconocen la realidad que se denuncia en el expediente.
Carola: Aparece siempre una interpretación favorable a una idea de Estado que debe cuidar su patrimonio, y una idea contraria al sistema de derechos humanos, sobre todo al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Está muy arraigada la ilegalidad con relación a esos derechos… Persiste la aplicación de una noción restringida a determinados sectores y problemáticas sociales, absolutamente absurda en términos legales pero no en términos históricos. El gran desafío de la democracia es poder ver como violaciones a los derechos humanos las muertes actuales y los daños irreparables que se generan a cientos de miles de pibes pobres y no pobres, los que también viven en sus casas y son violentados porque siguen siendo vistos como objetos, a pesar de que las normas digan lo contrario (ver “El problema de los chicos sin pobreza”). El garante de esos derechos no puede permitir que el niño tenga que demandar a sus padres por violaciones, o a su maestro, o al ministerio de Trabajo si su padre no tiene trabajo. En derechos humanos, el Estado se obliga a generar políticas públicas y el consenso necesario para que toda la ciudadanía esté a favor de una utilización de los recursos en beneficio de quienes más lo necesitan primero, y después, de todos. Y cuando se trata de niños lo debe hacer de manera prioritaria y no puede jamás hablar de falta de recursos. Muchísimos funcionarios públicos están omitiendo políticas de derechos humanos para la niñez y no son juzgados aunque están cometiendo delitos cuando se desvían los fondos, por ejemplo.
—¿Eso podría tener consecuencias penales?
Carola: Totalmente… La política pública no se hace a través de la pena, porque la pena es personal y la política pública requiere de la coordinación de muchísimas personas e instituciones. Pero la pena muchas veces tiene un efecto, lamentablemente, promotor de conductas…
—No lo han usado por ahora…
Carola: En 2009, cuando la medida estaba firme aunque no había terminado el proceso, pedimos que el juez corriera vista al fiscal de delitos complejos por el delito de abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el incumplimiento de la medida cautelar a favor de los niños que estaban en situación de calle en la plaza. El juez lo hizo. Hace poco fuimos a ver la causa y no se había avanzado nada. Ni siquiera se había solicitado una medida de prueba.
– ¿En cuatro años no hubo ninguna medida de prueba?
Carola: No. En la causa por incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona, no. La Cámara también fue renuente: si bien confirmó todos los puntos de la cautelar, no confirmó las astreintes (N. de la R. Son las sanciones por la demora en el cumplimiento de una orden judicial) que estaban promovidas para los funcionarios de niñez de ese momento, el gobernador de la provincia y el intendente. El incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos cuando se trata de derechos humanos no es visto por el momento como violaciones a los derechos humanos, como no lo fueron en la década de los 70 las desapariciones de personas. Estamos ante esa gran dificultad de no ver en el presente, de naturalizar prácticas y de no ver violaciones a los derechos humanos cuando están al lado nuestro.
El abandono estructural
El desafío es hacer que esos crímenes sean vistos como tales aquí y ahora. Sin ingenuidad, conociendo la desigualdad de fuerzas, desde el Programa defienden la disputa que dan en el campo judicial, siguiendo sus reglas. “Esa lógica explica que la última demanda que presentamos tenga 200 páginas —explica Martín—. Decimos que los niños son el futuro de la sociedad y ahí hay que poner toda la energía… No debería llevarnos tanto espacio. Sin embargo, hay que hacerlo. Porque el Estado, el poder o algunos sujetos e instituciones buscan naturalizar lo contrario: que cada uno tiene que encontrar la forma de arreglárselas solo en este mundo”.
En el juzgado en lo contencioso administrativo Nº 3, adonde ingresó la demanda, sorprendió el caudal de documentación que incluía. Sólo con la denuncia se formó un expediente de once cuerpos. La medida tiene como antecedente una elaborada el año pasado por el Programa representando al Hogar Pelota de Trapo, de Avellaneda, y aglutina ahora a unas 50 organizaciones, entre ellas la Obra de Cajade. En lenguaje jurídico, sostiene que el Estado, con “sus actuaciones y omisiones”, “amenaza, desconoce y lesiona, en forma actual e inminente, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos constitucionales, individuales y colectivos, de niños, niñas y adolescentes, e instituciones dedicadas a la protección y promoción integral de los derechos de la niñez y adolescencia”. Afirma que “hace algunos años, y de manera más acentuada desde 2011, la Provincia demandada ha realizado en forma irregular y con meses de atraso el pago de las cuotas o becas a las organizaciones sociales conveniadas, negando en algunos casos el pago (…), contradiciendo el texto de los convenios suscriptos y la normativa vinculada a la niñez”. Reclama no sólo el pago inmediato de todas cuotas adeudadas, sino también la “adecuación del monto”. Y argumenta extensamente su “irrazonabilidad”.
“Cuando el Estado no paga esas becas lo que está haciendo es no implementar el sistema de promoción y protección —explica Paula—. No es que dice ‘no pagamos a las organizaciones pero lo garantizamos por otro lado’. A través de las organizaciones estamos pensando en los derechos de niños, niñas y adolescentes, y el objeto de la demanda es la política pública, no el interés privado de las organizaciones sociales”.
—¿Por qué consideran que no es razonable el monto de las becas?
Lucía: Es muy sencillo. Primero porque no todos están cobrando lo mismo; una interpretación de sentido común sería que algunos chicos valen más que otros. Segundo, hay que pensar qué actividad hace la institución. Si hablamos de los hogares, tenés que pensar que el pibe está ahí porque ese lugar es menos peor que su casa; si llegó es porque fracasó el sistema, no pudo atajar todo lo que había que atajar para que no se fuera de su núcleo familiar…. Un pibe tiene que estar en un hogar y vestido con la ropa que manda el ministerio de Desarrollo Social; todos iguales, con el buzo azul y el pantalón azul horrible, como si estuvieran presos… Si se quiere cortar como le gusta o como está la moda, no puede como otros pibes que están en sus casas…
Paula: Hay una idea muy de Susanita: que los pobres están acostumbrados a comer polenta. Que hay un grupo de población que tiene que agradecer que sobrevive. “Vos no merecés vida digna o el mejor presente que te podamos brindar, sino: aguantá que te estamos haciendo zafar”. Y cualquier tipo de marca que ejerza la omisión por parte del Estado es irreparable y debe ser inconcebible. Es un horizonte cultural al que tendríamos que aspirar: que ninguno de nosotros permita que un pibe la pase mal ahora. No importa que mañana se olvide. Pensar la infancia y la niñez en presente, no como “futuros sujetos peligrosos”, esa mirada aberrante que deshumaniza a la niñez.
Lucía: La demanda incluye a los centros de día, que en general garantizan al chico una comida diaria; a veces la única que recibe. Restituir derechos vulnerados implica conocer a las familias, pensar en una estrategia que se adapte al chico, y tener un grupo de trabajadores pensando cómo hacer que la historia que le está tocando atravesar a ese chico sea lo menos dolorosa posible. Cuando tenés un monto de becas muy reducido lo que tenés es trabajadores precarizados que no están pudiendo pensar con todas las luces cómo intervenir y manipular un montón de variables de por sí precarias… Por el otro, hay que pensar a qué va el chico al centro de día. No puede ir a mirar televisión. Un chico a un centro de día tiene que ir a hacer actividades. Si le gusta el deporte tiene que poder practicarlo; si le gusta tocar la guitarra tiene que poder aprender; y si le gusta mirar televisión tiene que tener un taller de cine-debate, por ejemplo. Pensar en las necesidades del pibe muchas veces implica disponer de un recurso que las instituciones que denuncian acá no tienen… Si el monto de las becas depende de la voluntad del funcionario de turno te estás arriesgando a que generaciones enteras la pasen mal. Y un montón de esos chicos después son de los que el Estado se ocupa cuando son mayores y cometen delitos… “Monto de una beca”: esas cuatro palabras están definiendo la historia de vida de un montón de chicos. Eso es lo que vamos a disputar.
Las vueltas de la punibilidad
En 2008, la primera audiencia entre las organizaciones que presentaron el pedido de amparo por los pibes de la Plaza y los representantes estatales, ocurrió el día posterior a que el gobernador anunciara su propuesta de reducir la edad de imputabilidad. Ahora, al reclamo de los hogares y casas de día le tocó el mismo clima de debate signado por la demagogia punitiva a la que abonaron candidatos del oficialismo y la oposición.
—Hay quienes desde posturas progresistas dicen “bueno, bajar la edad es garantizar el derecho a defensa”: ¿qué piensan de eso?
Carola: Que es ilegal, ineficaz y perverso bajar la edad de imputabilidad. Es absolutamente ilegal bajar la edad de imputabilidad bajo el ropaje que le quieran poner, de régimen especial o lo que sea. Si lo hacen, nosotros nos vamos a encargar de hacer una acción declarativa de inconstitucionalidad. No se puede ingresar al sistema penal a ningún pibe si antes no se comprueba que se ingresó al sistema de promoción y protección y ese sistema falló. Y entonces se requiere una intervención de tipo penal, que siempre va a tener que trabajar con el sistema de promoción y protección. La pena, cuando es un pibe menor de 18 años, nunca puede ser para castigo y reinserción, como puede ser tenida en cuenta para el caso de los adultos, aunque se diga que no es para castigo. En el caso de los jóvenes el encierro tiene que ser por el menor tiempo posible y controlado por el juez de Garantías; y si hay una alternativa en libertad debe ser tomada y llevada adelante por el sistema de protección, que todavía no se creó en su totalidad y por eso no funciona… Nosotros nos entrevistamos con los jueces de ejecución penal y nos dicen: ‘No tenemos a dónde mandarlos, los tenemos que encerrar porque cometieron un delito y no tenemos otro lugar’. Si la única herramienta que tenés es un martillo, todos los problemas se parecen a un clavo… Por otro lado, es una medida inefectiva. Los delitos que comete la franja etaria de 14 a 16, para la que se quiere generar un régimen penal especial, son ínfimos, como que te diga 0,2%. Y en todos los casos actuaron adultos, entregando las armas y usando a los pibes como eslabones de una cadena delictiva. Además, la baja de la edad no disminuye la cantidad de homicidios dolosos ni de delictividad. Finalmente, un chico a los 14 años no aprende que el daño es algo malo a través del encierro. Eso se aprende a través del amor, del trabajo constante, del lazo de solidaridad, del vínculo de todos los días. Por eso, en términos éticos y políticos, el planteo es absolutamente perverso.
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