La insoportable resistencia del Patronato

La Pulseada nació en tiempos de profundos debates y peleas por modificar las leyes de infancia y juventud regidas en aquel tiempo por el llamado paradigma del “Patronato”. Veinte años después varias de esas normas efectivamente se cambiaron, pero referentes sociales y operadores judiciales advierten que siguen agazapadas demasiadas viejas prácticas bajo los nuevos ropajes.

Hace veinte años, el primer número de La Pulseada que vio la calle invitaba a leer con la enorme risa de la Negri desde su tapa. Al abrirla, sopapeaba desde su informe central con un título duro: “Marcados para morir”, sobre la represión policial, asesinatos y encierro de jóvenes en barrios bonaerenses.

Fue el título que eligió el propio Carlos Cajade de una cita de Juan Pablo II en Brasilia, la que volvería varias veces en discursos y editoriales (aquel Sumo Pontífice tampoco le ofrecía un repertorio mucho más amplio): “No puede ni debe haber chicas ni chicos en la calle, ni amontonados en orfanatos y correccionales (…) No puede ni debe haber chicos asesinados, eliminados con el pretexto de prevenir el crimen. Chicos marcados para morir”.

La denuncia de la represión y el encierro, de la desocupación y el hambre, eran agenda obligada en una publicación nacida de un Hogar cuyo referente decía con claridad que su mayor anhelo era no ser más necesario. “Que por más buenos que seamos, nunca vamos a ser mejores que estar en casa con mamá y papá, trayendo el pan ganado con sus propias manos”. En consecuencia, desde la revista se produjo fuerte desde el principio en esa línea: entrevistas con pibes presos, en la calle y hogares, historias de desamparos pero también de organización y solidaridad.

Apareció un tema que sonaba más técnico y frío: leyes. Una ley de avanzada para cambiar el abordaje social y penal de niñez y adolescencia en la provincia llevaba años aprobada en la Legislatura, pero estaba suspendida por resistencias políticas y judiciales. Desde el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, la CTA y luego -al conformarse en 2004- el Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, Cajade fue un activo militante por su aplicación. Y la revista, una vez más, una herramienta en consecuencia.

Así nos fuimos metiendo en un debate que no era fácil de explicar y difundir: la institución del Patronato. En ese sistema bajo la órbita de los Juzgados de Menores de entonces confluían todos los aspectos de la niñez y adolescencia en riesgo. Un juez todopoderoso podía disponer institucionalizaciones hasta a cientos de kilómetros de las familias, ya fuera por conflictos con la ley penal como por situaciones de pobreza y desprotección, sin más plazos ni parámetros que su criterio. Esto regía a nivel nacional por la llamada “Ley Agote” de 1919, y en la provincia por decreto de la dictadura 10.067, ambas en franca contradicción con la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, en nuestra Constitución desde 1994.

Entonces parte de la pelea era por dividir aguas: que el Poder Judicial limitara su intervención a conflictos con la ley -con abordajes especializados y acordes a la edad, en contraposición a la línea de mano dura y baja de imputabilidad- y las políticas sociales se implementaran sin que medie una judicialización. A su vez, esas políticas sociales debían repensarse bajo un nuevo paradigma con efectores en cada barrio, servicios locales y consejos con participación de la comunidad, entre otros dispositivos.

La Pulseada entrevistó, investigó y fue un medio de referencia en el tema, con notas e informes que generaban repercusiones, respuestas, aplausos y enojos en protagonistas, organismos e instituciones. Con el tiempo se lograron dos normas en esa línea que hoy rigen en la Provincia.

Sobre Promoción y Protección de Derechos, en diciembre de 2004 se sancionó la 13.298 disponiendo la creación de un entramado de organismos y políticas sociales con participación de la provincia y los municipios. Al año siguiente fue sancionada a nivel nacional la “Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” 26.061, derogando a la oxidada “Ley Agote”.

La parte judicial costó más: en 2007 se aprobó la ley 13.634, que desagregó la omnipresente competencia de aquellos Juzgados de Menores en los actuales Fueros de Responsabilidad Penal Juvenil y de Familia, sacando de sus órbitas las problemáticas sociales, a ser receptadas por el Sistema de Promoción y Protección. Pasó otro año y medio hasta que se conformaron los nuevos juzgados, cargos y roles, y que el nuevo sistema procesal comenzó a funcionar en la provincia. Sin embargo la ley nacional sobre la que hasta hoy deben hacerse esos procesos sigue siendo el Régimen Penal Juvenil de 1980 firmado por Jorge Rafael Videla.

A 20 años de aquel nacimiento signado por estos debates, La Pulseada volvió a consultar entre sus impulsores e impulsoras para compartir un balance del camino recorrido. Las respuestas son diversas, con algo en común: nadie duda de los avances normativos que significaron estas leyes, pero tampoco de que la realidad dista mucho de reflejarlos. En lo referido a las políticas sociales hablan de falta de integralidad y financiamiento, esfuerzos dispersos, etapas de avances y retrocesos. En el aspecto penal, dicen directamente que hay un retroceso, verificable en los escalofriantes índices de encierro muy superiores a los tiempos del Patronato.

El juego de la Oca

Rosario Hasperué es periodista, militante de la CTA Autónoma y coordinadora nacional del Foro por los Derechos de la Niñez. Como primer balance valora el camino recorrido, y lo ejemplifica poniendo en perspectiva las tres consignas fundacionales del Foro en 2004: “La primera era derogar el Patronato, después una ley adecuada a la Convención Internacional y la tercera, una asignación por hijo/a”. Ese punteo da tres sobre tres cumplidas.

La ley nunca fue acompañada con los recursos económicos. Entonces la Promoción de derechos no llega y la Protección queda en ir a apagar los incendios” (Rosario Hasperué, coordinadora del Foro por los Derechos de la Niñez)

Yendo a la implementación concreta de la 13.298, las dificultades se han sucedido, dice, no de manera lineal sino con idas y vueltas, muy ligadas a las voluntades de diferentes funcionarios/as y trabajadores/as en distintas áreas y etapas. Una vez, recuerda, lo graficaron con una publicación que representaba “El juego de la oca”. “Muchas veces lo que avanzamos después lo retrocedimos. Ni hablar en el gobierno macrista, pero también la gestión de Daniel Scioli fue muy mala. Hemos tenido que hacer marchas para que paguen las becas a los hogares, llegaron a pasar meses donde los pibes comían por voluntad de la comunidad y los trabajadores porque habían sacado cajas chicas para implementar un sistema de viandas, y los tiempos del Estado… Hay una lógica de cierta burocracia estatal que conspira contra la defensa de los derechos, y esa lógica no puede ir más”.

“Encontramos tanto en el Poder Judicial como en el Ejecutivo una resistencia muchas veces ideológica y otras veces cultural -afirma-. Eran necesarias más incorporaciones y una fuerte política de capacitaciones de los nuevos efectores y los que ya estaban. Esto no se hizo de manera ordenada sino paulatina, a veces por parche, con mucha presión de nuestras organizaciones. Muchas las terminamos haciendo desde el Foro”.

El otro punto clave, afirma, fue y es el financiamiento: “Nunca fue acompañada la ley con los recursos económicos que se necesitan en cuanto a trabajadores, estructura… entonces la Promoción de derechos no llega y la Protección queda en ir a apagar los incendios”.

Tampoco se consolida la “Interministerial”, espacio donde según la ley deberían articularse políticas coordinadas entre todas las áreas: “Necesitamos todos los ministerios trabajando a la par, no sólo el Organismo de Niñez. Necesitás los pibes en la escuela, garantizar la salud donde viven, actuar a tiempo y no cuando el pibe ya fue abusado y dejó el colegio… eso también es más tiempo, más recursos, más caro”, entiende Rosario.

La ley también asigna un rol a los Municipios, que pasaron a tener más responsabilidad directa sobre la vulneración de derechos en sus territorios, y a quienes se les coparticipa al efecto parte del presupuesto. Pero la realidad varía mucho de distrito a distrito según los gobiernos y sus responsables de Niñez. Los “Consejos locales”, espacios para la participación de organizaciones e instituciones en las políticas, en algunos distritos existen, en otros no, y en otros se impulsan desde “Juntas promotoras” con suerte diversa. Desde la página del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia se fomenta su creación con cuadernillos que alientan a impulsar esas Juntas Promotoras, si desde la autoridad municipal no se ha convocado formalmente.

Todavía sigue habiendo institutos de menores, y no es reconocido con claridad en el sistema el rol que cumplen las organizaciones comunitarias de niñez” (Claudia Bernazza, ex legisladora)

Patronato vs crianza comunitaria

Claudia Bernazza es cofundadora del Movimiento de los Chicos del Pueblo que lideraron Cajade y Alberto Morlachetti, referente de Organizaciones de Chicxs del Pueblo en la actualidad, del Hogar “Lugar del Sol” de Berazategui y ex legisladora nacional. Respecto a las etapas no tiene dudas en demarcar claramente que “como pueblo vivimos con la niñez y adolescencia una década que también fue ganada para ellos. Políticas universales como la Asignación por Hijo, pensiones de discapacidad, todo lo derivado de más trabajo, recordando que Carlitos Cajade siempre decía la mejor política de niñez es dar trabajo a los padres”.

Y enumera: “Todo esto hizo que el escenario de la infancia cambiara entre el 2003 y el 2015, con acceso a espacios de recreación, netbooks para hacer los deberes a partir de Conectar Igualdad, el FINES para la terminalidad secundaria, familias que pudieron convertir casas precarias en casas de material, acceso a la primera moto o al primer vehículo, todo eso se notó en lo que llamamos la década ganada”. “Sin embargo –pone en perspectiva– no podemos dejar de decir que la implementación de sistema de Promoción y Protección, si bien trató de organizar un sistema basado en derechos, muchas veces se encontró con sedes administrativas y judiciales donde el Patronato era cultura”.

Cuando se lanzó en 2008 todos éramos lo mismo, juez, fiscal, defensor… pero en los hechos después los defensores quedamos rezagados y pasamos a ser la Cenicienta del sistema” (Julián Axat, exDefensor)

Desde su rol de legisladora, Bernazza impulsó diferentes leyes para el reconocimiento del trabajo sociocomunitario de educadores e instituciones y defiende la “crianza familiar comunitaria”, modelo desde el que trabajan las organizaciones de Chicxs del Pueblo y sobre los que ha desarrollado análisis y publicaciones. Parte de las huellas presentes del Patronato, asegura, se ven en que “todavía sigue habiendo institutos de menores, y no es reconocido con claridad en el sistema el rol que cumplen las organizaciones comunitarias de niñez, que a veces se asimilan como si lo que allí hubiera fueran ‘plazas’, del mismo modo que las de un instituto asistencial donde los adultos no viven con los chicos”.

Al considerar tanto institutos y organizaciones comunitarias convivenciales como “medidas excepcionales», entiende Bernazza “experiencias como Pelota de Trapo o el Hogar de Cajade se reinterpretan como instituciones de viejo cuño. Así, estas iniciativas surgidas como respuesta al Patronato quedan atrapadas en una mirada sobre ellas de la que es muy difícil escapar”. “La convivencia necesita de personas adultas que pongan el cuerpo y compartan destino con los ‘hijos del pueblo’”, concluye.

“Nos espera un largo camino de transformaciones porque la pandemia no hizo más que desnudar la crueldad del sistema. Una modificación de las leyes vigentes o su mejor interpretación por parte de sedes administrativas y judiciales dará mejores chances a la crianza comunitaria, más habitual de lo que muchos están dispuestos a reconocer. Si el andamiaje institucional del Estado se predispone a favor de la vida en comunidad, desterraremos para siempre un Patronato que, derogado en la letra, aún recorre sus pasillos”.

Hecha la ley y las trampas

Cuando en 2008 arrancaron los nuevos Fueros penales juveniles en la provincia La Pulseada ya iba por su sexto año, y para su número 64 reunió, en un bar frente a los juzgados de calle 8, a casi todo el plantel de flamantes defensores y fiscales juveniles de La Plata pronto a entrar en funciones. Algunos habían sido activos militantes por la instauración del nuevo paradigma que ahora iban a protagonizar.

Eran llamativamente jóvenes y destacaban al principio de la nota que “en La Plata, el cambio de paradigma vino acompañado del recambio generacional”, a la vez que resaltaban que “si el sistema de Protección local y zonal funciona, nosotros casi no tendríamos por qué intervenir”. La charla terminó prolongándose casi dos horas cargadas de contrapuntos, expectativas y debates.

Catorce años después nos reencontramos, por separado, con dos: Raquel Ponzinibbio, que continúa ejerciendo como defensora del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata; y Julián Axat, que renunció en 2014 y se desempeña en la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) de la Procuración nacional. A la hora del balance tienen miradas distintas sobre varios temas, pero coinciden en algo: el sistema penal juvenil terminó copiando lo peor del sistema de adultos.

“La gran crítica que le hacíamos al Patronato –reconstruye Axat–, era que el juez tutelar tuviera menores a disposición porque sí, porque era un buen padre familia y los tenía como objetos a su cuidado en el Instituto. Pero también los iba a ver, sabía los nombres y apellidos de todos… eso se perdió. Se perdió esa aura del Juez de Menores. El juez penal juvenil se transformó en una persona que mira el expediente y tiene ya no pequeños elencos de tutelados, sino grandes elencos de pibes presos a los que les dicta preventivas, detenciones, medidas de seguridad, despersonalizando la privación de la libertad”.

“Yo no te estoy defendiendo el viejo sistema, eh –aclara–. Pero también veo cómo esto trajo la burocracia penal, el desentendimiento del problema a través del expediente, todos los vicios del sistema de adultos. La ley en sí no está mal, el problema son las personas que la aplican todos los días, con honrosísimas excepciones, la cultura judicial que la pone en ejercicio”.

El exdefensor platense apunta dos elementos más. El primero, “la debilidad de la Defensa Pública. Yo me quejaba mucho de eso, no tenía recursos para trabajar. Era hostigado cuando quería hacer planteos como habeas corpus colectivos, se nos iniciaban sumarios. Los fiscales se sintieron siempre con mucho más margen para acusar, y los defensores con muchas limitaciones frente a la exigencia de la demagogia punitiva, desde el poder político y los medios de comunicación. Cuando se lanzó en 2008 todos éramos lo mismo, juez, fiscal, defensor… pero en los hechos después los defensores quedamos rezagados y pasamos a ser la Cenicienta del sistema”.

El otro, a su juicio fundamental, es lo que se denomina la “flagrancia”, término que alude a las detenciones señaladas como in fraganti mientras se está cometiendo un delito.“A partir de ahí nace un conjunto de plazos muy breves, se establece una audiencia donde ya se resuelve la prisión preventiva, o la probation (medida alternativa a la prisión a veces aplicada si no hay antecedentes), o el juicio abreviado, incluso poniendo una condena inmediatamente”.

“El Poder Judicial trabaja en el 80% flagrancia –observa Axat–, al ritmo de una policía que marca a la gente, recluta muchas veces en el delito, hace caja, controles de territorio. Entonces cuando la policía me traía los pibes que detuvieron un fin de semana, avisando que en cinco días es la audiencia ¿Qué margen me das para discutir si realmente lo agarraron cometiendo un delito o le armaron la causa, le plantaron los testigos…?”.

Esta situación “casi siempre termina en un juicio abreviado porque ya está detenida la persona, el sumario con testigos, todo empaquetado. O vas a probation si la persona no tiene antecedentes. Pero no discutís los hechos, negociás la pena. Entonces no hay juicios orales. La vulnerabilidad que el pibe trae, todo lo que hay para desmadejar, no llega nunca a un juicio oral donde podríamos discutir qué hay debajo. El fiscal le dice que lo va a acusar en juicio por 20 años, y los defensores cierran una pena de tres o cuatro. Para un pibe de 18 que sale a los 22 no es mal negocio pareciera, pero está medio año en el Almafuerte y ya pasa a Olmos. Entonces la flagrancia es el mecanismo del fracaso porque se comió todo”.

A determinados chicos de los barrios no es la Policía la que les pega, es la gente. La Policía es la mejor manera que tienen de pegarles sin ensuciarse las manos. Acá también hay que ver una sociedad cada vez menos tolerante”  (Raquel Ponzinibbio, defensora)

Raquel Ponzinibbio, en cambio, relativiza “esto de que el juicio pasa a ser algo pedagógico. En la realidad deja de serlo en el momento en que después le ponen más pena de lo que yo hubiera acordado con el fiscal, a ver… por más pedagógico que sea termina con una pena”. Explica que “con el fiscal podés firmar un mínimo de pena que en un juicio oral no te lo van a sostener, por lo que les significó hasta desde el laburo de ellos, llamar a todos… y además porque tienen la víctima ahí. En el juicio el chico escucha, es verdad, pero hay que escuchar a veces también a las víctimas ahí sentadas. Tiene un impacto, una inmediación el juicio oral, que con los jueces actuales después se refleja directo en la pena”.

Yendo al balance, Ponzinibbio rescata una primera etapa donde “empezamos con criterios restrictivos en privación de libertad y amplios en arresto domiciliario”, pero coincide en que “después cada vez más se fue ‘adultizando’ el sistema”. En La Plata, agrega, esto estuvo directamente relacionado con salidas y cambios de jueces. Pese a lo cual, comparativamente con otros lugares considera que “en lo que hace a recursos técnicos, personal, estamos bien. Hasta tenemos la suerte de que no nos han puesto, como en otros lados, a subrogar defensores de adultos. Lo que sí creo que cada vez más se necesita es algún cuerpo de investigadores nuestro. Porque también lo del juicio está relacionado con que uno pueda investigar distinto a la Fiscalía”.

También alerta sobre que “a veces a determinados chicos de los barrios no es la Policía la que les pega, es la gente. La Policía es la mejor manera que tienen de pegarles sin ensuciarse las manos. Acá también hay que ver una sociedad cada vez menos tolerante, y familias con cada vez menos recursos que no saben qué hacer con los chicos. Hay madres que en el momento te piden por favor que quede preso el chico. Porque no lo pueden manejar, porque se les va… es difícil”.

Sobre el Sistema de Promoción y Protección, la defensora considera que “nunca funcionó bien, te cuesta meses conseguir lugar para adicciones, los servicios locales hay algunos que funcionan, pero la realidad es que no te alcanza. Un servicio local en todo El Mercadito con un abogado, un psicólogo… es inabordable”. Entonces, subraya: “Esto también se relaciona con la reincidencia, uno busca que el chico pueda volver, lo logra, vuelve al barrio y si ahí no hay una contención, un seguimiento cuerpo a cuerpo, vuelve a caer… hoy tenemos una reincidencia en el orden del 80%”.

En ese sentido, Ponzinibbio sí rescata programas como “Barrio Adentro” del Organismo de Niñez, donde “los operadores que nos controlan las medidas alternativas están en el barrio, entonces sí hay otro vínculo, otro seguimiento”, y entiende que por ese lado “con más operadores, más cuerpo a cuerpo” debería ir la impronta del conjunto de las políticas sociales para llegar antes que la policía y el sistema penal//LP

En La Pulseada

En 20 años al menos una decena de tapas y otras tantas notas llevaron títulos vinculados al sistema de promoción y protección de derechos. Casos, juicios, trayectorias, experiencias con y sin final feliz. Además de estos tres números se pueden encontrar esas historias en La Pulseada: Número 87, “Ellos” con testimonios de pibes encerrados; el número 100 “Hojas de vida”, número 124 “Depósitos humanos”, número 139 “Último dique”, número 149 “Pibes con pena”, y número 158 «Fábrica de presos», entre otros.