«La Iglesia primero abusa, luego difama y al final persigue»

Los denunciantes del cura Eduardo Lorenzo advirtieron que la institución católica busca frenar la investigación demorando la entrega de pruebas. Pedido de informes de la Legislatura bonaerense al Servicio Penitenciario y a Educación 

Texto Carlos Gassmann
Fotos Gabriela Hernández

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El Arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, continúa sin entregar a la justicia la documentación del procedimiento canónico que hace más de diez años se abrió contra el cura Eduardo Lorenzo, acusado de abuso sexual agravado, y el mencionado sacerdote no renunció a principios de abril pasado a su cargo de Capellán General del Servicio Penitenciario Bonaerense, como se había anunciado en un principio, sino que se acogió al beneficio jubilatorio, con lo cual sigue cobrando del erario público una elevada suma sin ya siquiera tener que trabajar.

Esas son algunas de las precisiones obtenidas en una conferencia de prensa convocada ayer, jueves 6 de junio, en uno de los salones ubicados en el primer subsuelo del Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense por la familia adoptiva de León –pseudónimo que hasta el momento se emplea para proteger la identidad del denunciante de Lorenzo– y el diputado provincial Guillermo Kane, representante del Frente de la Izquierda y de los Trabajadores por la tercera sección electoral.

Julio Frutos y su esposa Adriana, padrinos de León, resumieron la historia de la víctima y volvieron a proporcionar detalles de lo que le tocó padecer. “Lorenzo dice que no se trata de un asunto de interés público pero no es así de ninguna manera –dijo Julio–: la comunidad necesita saber si existen casos de abuso para que no se repitan”.

También aclaró que se le negó el sobreseimiento y la causa fue reabierta. “Nos encontramos –añadió– en plena etapa de evacuación de la prueba, en general, y de recepción de testimonios, en particular. La última en hacerlo fue otra víctima que declaró más de 4 horas. Hemos ido encontrando nuevos afectados en todas las comunidades por las que fue pasando Lorenzo”.

Señaló que “a veces el dolor que provoca la incredulidad ante la denuncia es peor que el sufrimiento que causa el propio abuso”.

Al informar que las autoridades de la diócesis local no han entregado los expedientes de la causa canónica, como les fue requerido, Frutos expresó que “el Arzobispado está comprometido con una tarea de encubrimiento y exculpación de Lorenzo. Los tribunales eclesiásticos, que constituyen una rémora del medioevo, no están en absoluto al servicio de la verdad. Vale como paralelo imaginarse qué hubiera ocurrido con los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura si su juzgamiento hubiera quedado a cargo de un fuero militar”. Julio, quien sigue definiéndose como un hombre de fe, concluyó que “la Iglesia –en referencia a la jerarquía eclesiástica– primero abusa, luego difama y al final persigue”.

Una pericia demorada

También tomaron la palabra Alejandro Disalvo y su esposa, Roxana Vega, padres de tres hijos que asistieron o asisten al Colegio Vaticano II de Gonnet, también dependiente de la parroquia a cargo de Lorenzo.

En un llamativo episodio –ya difundido periodísticamente–, Alejandro y Roxana, luego de plantear, el 26 de mayo de 2009, en una reunión de padres de la escuela, la conveniencia de conversar sobre el hecho de que el sacerdote que estaba y todavía continúa al frente del establecimiento “tenía una denuncia penal” y de intercambiar mails al respecto, recibieron un carta documento firmada por Lorenzo pidiéndoles “ratificar o rectificar” sus dichos en aquel encuentro con otros progenitores y pocos días después, el 9 de junio de 2009, sufrieron el allanamiento de su casa por fuerzas conjuntas de las policías federal y bonaerense que secuestraron su computadora doméstica porque, según la denuncia del cura, desde ella se habrían enviado correos “de tonos extorsivos y amenazantes”.

Transcurridos diez años, la justicia no efectuó nunca las pericias correspondientes sobre la PC, que además –pese a los insistentes reclamos de sus propietarios– jamás les fue devuelta. “Ahora parece que por fin, el lunes que viene (por el lunes 10 de junio), nuestra computadora será periciada”, informó Alejandro. Se sobrentiende que la reactivación, una década después, de esta causa abierta por Lorenzo por considerarse calumniado e injuriado forma parte de las estrategias de amedrentamiento y de otros modos de “apriete” con las que el acusado intenta contratacar en momentos en los que se siente acorralado.

Pedidos de informes

Por su parte, el diputado provincial Guillermo Kane, dio a conocer que, con los números 1389 y 1390, presentó sendos “pedidos de informes”, aprobados unánimemente por representantes de todos los partidos políticos que integran la legislatura, dirigidos respectivamente al Servicio Penitenciario Bonaerense y a la Dirección General de Cultura y Educación provincial.

Al SPB se le requiere que aclare cuál es la actual situación de revista de Lorenzo y qué vínculos mantiene aún con la institución. A la cartera educativa se le solicita que, a través de la Dirección de Educación de Gestión Privada que de ella depende, notifique si el cura sospechado sigue siendo director del Colegio Vaticano II de Gonnet y cuáles son las tareas concretas que actualmente desempeña en ese establecimiento. Obviamente lo demandado se relaciona con la preocupación que genera que alguien denunciado por abuso de menores siga eventualmente en contacto diario con niños y adolescentes.

Kane resaltó –y celebró– haber contado en esta oportunidad con el respaldo de sus pares de todas las fuerzas partidarias pero advirtió también que “somos conscientes de que muchos de estos pedidos de informes no son jamás contestados”.

El proceso judicial 

Ante la imposibilidad de llegar a tiempo a la conferencia del abogado Juan Pablo Gallego, quien representa actualmente a León, La Pulseada le pidió a Frutos que resumiera los avances que en estos últimos meses ha tenido el proceso contra Lorenzo.

“La causa –respondió Julio– se halla en plena actividad. La aparición de Gallego fue providencial. Porque Lorenzo con el apoyo del arzobispo Fernández ya había avanzado en el reclamo del sobreseimiento. Eso quedó descartado al lograrse el desarchivo. Contar con la participación de un profesional como Gallego –quien logró la condena del cura Julio César Grassi por delitos muy similares– es fundamental por su experiencia para manejarse con dos corporaciones como la jurídica y la eclesiástica”.

Frutos dio cuenta de las dificultades que presenta avanzar en este tipo de procesos cuando relató que “ya hay un primer juez de garantías que, aunque en principio parecía dispuesto a intervenir, terminó excusándose con el argumento de que había asistido a misas oficiadas por Lorenzo y era feligrés de la parroquia de Gonnet. De manera que debió ser remplazado por un nuevo juez de garantías”.

“En cualquier caso –prosiguió Julio–, el fiscal general reafirmó que debían seguirse todos los pasos del debido proceso. Ahora nos encontramos atravesando una etapa tan crucial como es la instancia pericial. Todavía no llegó el momento, que será fundamental, en el que los profesionales competentes apliquen su batería de test para establecer si el denunciante dice la verdad o miente y que los psiquiatras evalúen si el de Lorenzo se corresponde con el perfil de un pederasta”.

Frutos insistió en que, respecto de la etapa documental, sigue sin haber respuesta favorable de parte del Arzobispado en cuanto al pedido de que entregue a la justicia civil toda la documentación que obra en la causa canónica.

Por último, Julio manifestó que “el día en el que por fin llegue la sentencia no será para nosotros una jornada de felicidad sino uno de los días más tristes de nuestras vidas: habremos comprobado que se trata de un abusador. El único motivo por el que hacemos todo esto es para que los lobos disfrazados de Caperucita, como Lorenzo, no puedan cobrarse nuevas víctimas”.

Además, Julieta Añazco, fundadora de la Red Argentina de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico –aunque ya no pertenece más a la organización–, dijo que “los niños no mienten cuando hablan de abuso. Sería imposible que pudieran sostener una mentira de ese tipo a lo largo del tiempo. Los que sí mienten son los abusadores. Por eso, hay que creerles a los que denuncian y actuar en consecuencia. Más teniendo en cuenta que, como alguna vez nos dijo el ex juez Carlos Rozanski, sólo uno de cada mil niños que cuentan haber sido abusados se encuentran con que les creen y consiguen que se haga justicia”.

Lorenzo quiso impedir la conferencia de prensa

La actividad se llevó adelante pese a todos los intentos que realizó el cura sospechado de pederastia para evitar que se concrete. En efecto, 48 horas antes Lorenzo hizo llegar una nota a quien se encuentra a cargo de la Presidencia de la Cámara, diputada Marisol Merquel, solicitándole que prohíba la conferencia de prensa por considerar que su intención era “calumniarme, mancillarme y difamarme con motivo de hechos falsos”.

Quien continúa siendo párroco de la Iglesia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet manifiesta en la misiva ser objeto de “una campaña de desprestigio” y que ahora, con intenciones electoralistas, se estaría buscando darle mayor promoción a “una denuncia falsa vinculada a acciones personales que de manera alguna afectan los intereses públicos”.

El prelado falta a la verdad en su escrito cuando dice que la denuncia presentada en 2008 fue en su momento archivada y ahora está pendiente de resolución un pedido de reapertura, cuando en realidad la fiscalía correspondiente ya la ha desarchivado.

Tras reiterar que es “inocente” y pedir que “no se me afecte en mi intimidad, honra, honor y honorabilidad” (SIC), el denunciado amenaza con “accionar judicialmente contra todos aquellos que han participado de esta oprobiosa campaña de desprestigio”.