Llegaron a juicio con prisión preventiva acusados de formar parte de una asociación ilícita y extorsión pero fueron absueltos. La defensa sostuvo que se trató de una causa armada por funcionarios del gobierno del exintendente Julio Garro que se valieron de ordenanzas derogadas y presunto espionaje ilegal. Radiografía de una trama oscura de la Justicia y la política platense.
Por Martín Soler
Fotos: AGLP
El 15 de diciembre de 2023 no fue un día más en la vida de Javier Huertas, Alicia Lauge, Estela Martínez, Claudia Monti, Jorge Fierro y Roberto Martínez. Ese viernes caluroso, denso y pesado (como el injusto encierro que sufrieron) previo a una de las peores tormentas que golpearon a La Plata, la justicia local los sobreseyó luego de un largo calvario que padecieron en prisión preventiva. Conocieron calabozos federales, celdas de cárceles bonaerenses y hasta sus viviendas se transformaron en un presidio. Para la mayoría fueron cinco años de prisión preventiva, pero resultaron inocentes en primera instancia. El fiscal de juicio ya apeló la absolución.
La historia se remonta al año 2018. La economía nacional del macrismo se empantanaba y había que salir a parar la olla. Miles de personas vieron en las ferias populares la posibilidad de sumar ingresos. En ese marco cientos de platenses ya lo hacían en distintas plazas y parques de la capital provincial.
Desde la gestión del ex intendente Julio Garro, con la excusa de “ordenar” el espacio público, solicitaron a los feriantes de Parque Saavedra que se organicen. Fue así que formaron la asociación civil Gazebos Blancos. Como toda entidad legal, tenía una comisión directiva legal.
Más tarde, quienes formaron parte de esa delegación fueron acusados de “asociación ilícita” y en el expediente fueron mencionados como “grupo de choque La Comisión”.
Las semanas pasaban y desde la administración municipal pedían más requisitos que los feriantes cumplieron. Se inscribieron en el monotributo social, confeccionaron puestos con una identidad visual para ordenar la feria, dejaron de lado las mantas en el suelo y contrataron un sereno para que cuide los puestos en las noches de fin de semana.
Más tarde, todos esos requisitos cumplidos fueron utilizados para acusarlos de “asociación ilícita y extorsión”.
LA GÉNESIS DEL HORROR
La causa se inició tras una denuncia penal presentada por funcionarios de la Municipalidad de La Plata. La acusación fue radicada por la Secretaría de Seguridad de la Comuna, en ese entonces a cargo de Darío Ganduglia, secundado por el actual fiscal Fernando Padován. Se dijo que estaba fundamentada en los reclamos de los propios feriantes. Resultó falso. Todos los feriantes que declararon en el juicio señalaron que el dinero que se aportaba a la Comisión era para solventar los gastos de la feria como traslado, armado y desmontaje de los puestos, alquiler de baños químicos y el pago al cuidador nocturno.
También los denunciantes Ganduglia y Padován (ambos abogados) aportaron “prueba documental” que consistía en ordenanzas que regulaban el funcionamiento de ferias a cielo abierto, pero esas normativas tenían un pequeño detalle: estaban vencidas.
Ambos declararon en el juicio oral. No recordaban nada de este caso. La acusación venía tambaleante, pero tras la declaración de estos funcionarios la causa se desplomó. Pero quedó en este expediente (entre otros) el aroma a persecución judicial y estigmatización en medios de comunicación, conocido como lawfare o guerra judicial.
LA DEFENSA
Durante el debate oral que duró dos meses la defensa hizo todo tipo de denuncias contra personal de la Policía Federal Argentina por presunto espionaje ilegal a una ex feriante que ahora es empleada municipal y contra exfuncionaros que declararon como testigos. Todas esas investigaciones están en marcha, la mayoría, en la justicia Federal de La Plata.
El abogado Ignacio Fernández Camillo es uno de los defensores. Señaló que durante el año 2017 «Javier Huertas y Estela Martínez instalaron junto a un grupo de personas algunos puestos de feria en el Parque Saavedra de forma precaria, pero legal. En un inicio el nuevo grupo de feriantes no superó los 20 puestos, para la instalación y atendiendo requerimientos municipales, se proveyeron de distintos servicios como el armado, desarmado, cuidado, traslado y guardado de los gazebos los que se sostenían con un aporte solidario que en la medida de sus posibilidades realizaban los feriantes que decidían ser parte de esta organización. Además, existían otras organizaciones de feriantes en el Parque o incluso quienes simplemente iban y ponían la manta o el puesto sin más».
Ya en el año 2018 el crecimiento de la feria «fue exponencial, por un lado, por la posibilidad cierta de obtener ganancias, pero también por la prolija organización que ese grupo que iniciara junto con algunas personas que se sumaron, pudo dar. Esto impuso mayores responsabilidades, tanto frente a las autoridades, como para con esa naciente organización».
Según el defensor fue así que se constituyó una asociación civil que se llama «Feria Parque Saavedra Gazebos Blancos Asociación Civil». Luego «se contactó a una contadora que pudiera cumplimentar la obligación que el Municipio imponía de que todas las personas que pusieran un puesto tuvieran monotributo social», requisito establecido en una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante. Además, «se cumplió con el requisito de que todas las personas tuvieran su puesto en una carpa o gazebo blanco, todo lo realizado fue buscando la regularización permanente por parte de este nuevo grupo de feriantes».
La tarea llevada adelante por esta comisión directiva, una cooperativa de trabajo de hecho, no se reducía a todo lo dicho, sino que realizaban un trabajo social buscando paliar la dura crisis, brindando comida (siempre que se armaba la feria) a quienes se acercaban, personas en situación de calle o a los propios feriantes que querían compartir o era su único plato de comida en el día. Asimismo durante los días que no había feria se realizaba una olla comunitaria en el barrio de Altos de San Lorenzo, «donde se ubicaba la vivienda de Estela Martínez y Javier Huertas».
LA PALABRA DE LOS INOCENTES
El juicio oral comenzó el 11 de octubre. Ese día declararon cuatro de los acusados. Sus relatos fueron desgarradores y generaron consecuencias judiciales que están en pleno proceso de investigación y por el que se esperan resultados concretos.
La primera en declarar fue Estela Martínez, secretaria de la asociación civil «Feria Parque Saavedra Gazebos Blancos», entidad que nucleaba a un grupo de feriantes. La mujer dijo que toda la vida se dedicó a esa actividad, que es hija de feriantes. En 2015 empezó como “mantera” en Parque Saavedra. Según dijo, con el tiempo desde la Comuna pidieron que los feriantes se ordenen con mesas y gazebos. “Nosotros acatamos las órdenes del Municipio”, declaró
“Durante meses trabajamos en conjunto con el Municipio, jamás hubo problemas, armamos la ONG, en un momento llegamos a ser más de 400 feriantes, jamás intervino la policía, nunca lastimamos a nadie, nunca apretamos a nadie”, señaló la mujer que estuvo con arresto domiciliario y tratamiento psicológico y psiquiátrico.
Martínez señaló que cada fin de semana recaudaban unos 100 mil pesos que se utilizaban para el mantenimiento, el armado y el traslado de los puestos de venta y los baños. Y con el excedente sostenían una olla popular y merendero que funcionaban en su casa de Altos de San Lorenzo, una de las barriadas más populosas y carecientes del Gran La Plata.
Además, refirió que los feriantes la eligieron a ella y a su esposo para ser el nexo con las autoridades municipales. Se realizó una asamblea en el Parque, se labró un acta y se confeccionó un poder de representación firmado ante un escribano público.
“Siempre tuvimos contacto con Pablo Álvarez”, dijo en relación a un funcionario municipal. La mujer aseveró que la Municipalidad de La Plata proveyó baños químicos para el funcionamiento de la feria.
La historia de Claudia Monti generó repercusiones tras su declaración. La mujer, madre de tres hijos, colaboró durante dos meses como cocinera en el merendero y la olla popular de Huertas y Martínez a cambio de alimentos para su familia. Su marido estaba enfermo y ella se puso al frente como jefa de hogar. También cantaba en eventos y trabajaba en dos boliches.
En la tarde del 14 de diciembre de 2018 llegó hasta el comedor para preparar la merienda de esa jornada para los chicos, pero se encontró con la zona repleta de policías que estaban allanando el lugar. Tras identificarse fue llevada a empujones dentro de la vivienda y de allí a una comisaría. Estuvo presa siete meses.
Durante ese tiempo fue quemada con agua caliente y obligada a bañarse delante de personal policial masculino. Luego la trasladaron a la Alcaidía de Melchor Romero donde fue golpeada por mujeres penitenciarias y encerrada en celdas de castigo, en la jerga carcelaria conocidas como “buzón”, donde se vive el peor de los confinamientos. “Me decían por la mirilla de la puerta que podían hacer lo que querían conmigo”, relató.
Mientras estuvo detenida contrajo una bacteria. Tardaron dos meses en trasladarla para la atención médica y quedó con secuelas sanitarias para toda la vida. Además, tuvo que comenzar el tratamiento psicológico, pero lo abandonó poque no podía pagarlo. La mujer nunca trabajó en la feria, jamás tuvo un puesto, solo iba al comedor a cocinar.
Tras escuchar este testimonio el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia solicitó que se extraigan copias del testimonio y se remitan a una fiscalía para que se abra la investigación correspondiente debido al calvario sufrido por la mujer. Además en su alegato desistió de acusarla y fue sobreseída.
Alicia Lauge es feriante hace más de 27 años. Tuvo puestos en varios lugares de La Plata. Era una de las integrantes de la asociación civil. De lunes a viernes trabaja como cuidadora domiciliaria y los fines de semana montaba su puesto. Es jefa de familia con cuatro hijos y una nieta.
Ella feriaba en la plaza de 1 y 38. Cuando ese lugar se desalojó “la Municipalidad de La Plata otorgaba cupos en la feria de Parque Saavedra”, señaló la acusada, que se dedicaba a la venta de medias y repasadores.
Cuando la feria del Parque comenzó a normalizarse se buscó los servicios de una contadora para los trámites del monotributo social. Ella era la encargada de recolectar el dinero y llevarlo al estudio de la profesional para los pagos del impuesto. Ese fue uno de los argumentos para su detención.
“Yo tenía mi contadora, yo ya era monotributista, la contratación de la contadora fue voluntaria, me ofrecí a ayudar con esa tarea de llevarle el dinero” explicó y se largó a llorar al momento de relatar el allanamiento a su vivienda y su posterior detención: “En mi lote hay dos casas, la mía y la de mis hijos, la orden de allanamiento era para una sola vivienda, pero requisaron las dos”.
Alicia estuvo siete meses detenida en una comisaría en una misma celda con hombres. “Me trataban como a una delincuente, hasta se negaban a llevarme al baño”. Le otorgaron el arresto domiciliario por problemas de salud. Desde que salió de la cárcel está bajo tratamiento psicológico y además tiene ataques de pánico.
Javier Huerta es padre de tres hijas. Es “silletero”, pintor profesional especializado en grandes superficies de altura. En su piel lleva tatuado imágenes que aluden al club de sus amores, Gimnasia y Esgrima La Plata. Su madre era feriante en la tradicional “feria hippie” de Plaza Italia. En el año 2016, cuando comenzó a faltar el trabajo durante el gobierno de Cambiemos, sumaba ingresos como “mantero” en Parque Saavedra.
Aseguró que el funcionario municipal Pablo Álvarez ayudó a en la organización y que mantuvieron reuniones con funcionarios como Darío Ganduglia (denunciante en esta causa), Emanuel Reyes y Roberto Di Grazia. “Nos pedían que nos organicemos, fue así que empezamos a instalar gazebos, mesas, percheros” para dejar de lado el sistema de mantero, recordó.
“Yo soy peronista, la feria y los feriantes somos una familia y nos abrazamos entre nosotros”, explicó el acusado de ser el líder de la presunta empresa criminal. Huerta aseveró que cumplieron con cada paso que le pedían desde la Municipalidad de La Plata para poder funcionar como feria a la espera de una reubicación en un predio cerrado, para salir del espacio público.
Además, aportó como prueba los permisos que la propia comuna les entregaba para funcionar y una medida cautelar que los avalaba para seguir con la actividad, dictada por un juzgado Contencioso Administrativo de La Plata.
En relación al cobro de un canon dijo que no era compulsivo y que se podía trabajar sin pagar. Además, los que pagaban podían hacerlo con dinero o con mercadería que luego era destinada para el mantenimiento del comedor barrial. Al igual que su pareja aseveró que el dinero recaudado era para el mantenimiento de los stands, su traslado, el armado al inicio de la feria y el desarmado al finalizar.
A preguntas del fiscal reconoció que no entregaban ningún recibo, pero llevaban anotaciones en un cuaderno que fue secuestrado en el allanamiento. «También se llevaron el chanchito con los ahorros de mi hija para su cumpleaños de 15», se quejó el acusado al recordar el operativo.
RUMBO A CASACIÓN
Tras la resolución absolutoria, el fiscal de juicio recurrió el veredicto ante el Tribunal de Casación bonaerense. Sostiene que el juez no valoró las pruebas de manera correcta. Para el representante del Ministerio público el juez incurrió en una “arbitraria apreciación del plexo convictivo, y de modo extenso e indiscriminado ha relativizado y descontextualizando los testimonios” de algunos de los feriantes que declararon en el debate. “para desvalorar los testimonios (…) el sentenciante recurrió a medios que han importado, a criterio de esta parte, un quebrantamiento de las reglas de la lógica”, se quejó el fiscal.
El expediente viajará cumbo a Casación que deberá analizar el planteo del funcionario judicial. Uno de los escenarios posibles es que se dicte la nulidad del debate y se vuelva a realizar. Otro posible es que se ordene al juez dictar un nuevo veredicto, pero la defensa confía en que se confirme la resolución.
ESTRADOS Y PROTAGONISTAS
El debate oral estuvo a cargo del juez Emir Caputo Tartara integrante del Tribunal Oral en lo Criminal IV de La Plata. La acusación fue del fiscal Caniggia y la defensa la encabezaron de los letrados Fernández Camillo, Solange Barnetche, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Noetzly, Juan Manuel Combi y Federico Ravina, quien fuera el defensor de Fernando Carrera, el acusado por la recordada Masacre de Pompeya de la que resultó absuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa historia llegó al cine bajo el título “Rati horror show”.
Todas las personas que atravesaron el proceso judicial carecían de antecedentes condenatorios o investigaciones abiertas previas. Sin embargo, todos llegaron a juicio con un largo período de encierro: Javier Huertas, Alicia Lauge, Estela Martínez y Claudia Monti estuvieron privados de su libertad casi 5 años, mientras Jorge Fierro llegó a los 4 años y Roberto Martínez superó los 2.
Gran parte de este juicio fue grabado y filmado. El objetivo es confeccionar un informe audiovisual para mostrar cómo se puede armar una causa penal para encarcelar personas sin pruebas, entre otros tópicos del trabajo que está en su etapa inicial y no tiene fecha de presentación.
Para este proceso fueron aceptados como veedores representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y del Ministerio de Justicia de la Nación.
