En 2004, en Carmen de Patagones, mató a tres compañeros e hirió a otros cinco. Tenía 15 años. Como nadie sabía qué hacer con él, pasó meses en celdas de la Prefectura Naval y terminó confinado en un lejano centro de máxima seguridad, sin estar procesado. Uno de los autores de Juniors. La historia silenciada del autor de la primera masacre escolar de Latinoamérica, rastrea el derrotero de Rafael Juniors Solich en una década bajo tutela estatal.

Por Pablo Morosi

Cuando el 28 de septiembre de 2004 un adolescente de 15 años ingresó armado al aula de la Escuela de Enseñanza Media N° 202 Islas Malvinas de Carmen de Patagones, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y mató a tres de sus compañeros e hirió a otros cinco, inauguró las masacres escolares en la Argentina.

Hasta entonces, episodios semejantes sólo registraban antecedentes en sociedades lejanas. En Littleton, una ciudad del estado de Colorado, Estados Unidos, se produjo una de las masacres más difundidas en todo el mundo: allí, el 20 de abril de 1999, dos estudiantes de Columbine High School mataron a 13 personas, hirieron a otras 24 y luego se suicidaron. Desde entonces hubo decenas en diferentes puntos del planeta. Aquí no había antecedentes de un crimen múltiple dentro de una escuela. Algunos hechos, empero, pueden mencionarse como señales previas: en mayo de 1997, Leonardo Aguirre, de 14 años, le robó el arma reglamentaria de la Gendarmería Nacional a su padre con la que mató a su compañero Cristian Fernández, en un salón de la Escuela Media N° 2 de Burzaco. Luego, en agosto de 2000, se produjo el caso del tristemente recordado “Pantriste”, tal como apodaban a Javier Romero, de 19 años, que, harto de las burlas de sus compañeros, descerrajó un tiro sobre la cabeza de Mauricio Salvador, de 16 años, a pocos metros de la Escuela de Enseñanza Media Nº 9 del barrio San José de Rafael Calzada, en Almirante Brown. Aguirre resultó sobreseído por su edad; Romero fue declarado inimputable durante un juicio oral en el que los peritos concluyeron que sufrió un “episodio psicótico breve” como consecuencia de su personalidad esquizoide.

Juniors también fue sobreseído a las pocas horas de cometer el múltiple crimen. La jueza de Menores Nº 2 de Bahía Blanca, Alicia Ramallo, a cargo originalmente del caso dispuso que, “atento a las constancias de autos y resultando el DNI que tengo ante mí vista, que el joven Rafael Juniors Solich, argentino, soltero, instruido, nacido en la ciudad de Viedma el día 27 del mes de octubre de 1988, contaba con menos de dieciséis años a la fecha de la comisión del delito que se le imputa, de conformidad con lo que establece el artículo 1° de la ley  22278 –texto ley 22803— se resuelve: 1° declarar la inimputabilidad por razones de edad del joven Rafael Juniors Solich. 2° A los efectos del trámite procesal se decreta el sobreseimiento definitivo del nombrado”, tal como puede leerse en el expediente judicial Nº 29.975, caratulado “Solich; Rafael Juniors. Triple homicidio y lesiones graves en Patagones”.

Como no sabían qué hacer con él, durante los tres meses que siguieron a la tragedia Juniors estuvo recluido en las celdas de la sede de Prefectura Naval de Ingeniero White, Bahía Blanca. El 29 de noviembre de 2004, la jueza Ramallo ordenó a la por entonces subsecretaria de Minoridad bonaerense, Cristina Tabolaro, el traslado del chico a “un establecimiento acorde”. Tabolaro ofreció derivarlo al instituto El Dique, en Ensenada, un centro de detención considerado “modelo”, inaugurado en marzo de 2003 con capacidad para 30 internos y un método de tratamiento inusual de seguimiento personalizado en casos de chicos involucrados en delitos graves.

Para conseguir el cupo se adoptó una medida extraordinaria ya que la ley vigente en aquel momento Nº 10.067 –que daba vida al hoy derogado Patronato de Menores— establecía que sólo podían ser alojados bajo régimen cerrado los adolescentes imputados por delitos graves de entre 16 y 18 años. Juniors había cumplido 16 el 27 de octubre de 2004 y tenía 15 cuando protagonizó la masacre escolar. Es decir, sin estar procesado en causa penal alguna fue confinado a un centro de detención de máxima seguridad.

Según la jueza, la determinación de trasladarlo al centro de régimen cerrado y máxima seguridad ubicado a 900 kilómetros de su casa buscó “contener la presión social de los familiares de las víctimas, sin descuidar el proceso de rehabilitación”. Si bien Ramallo reconoció que hubiera preferido un centro de salud mental, en ese momento la provincia no contaba con disponibilidades en una institución de esas características pese a la gravedad y repercusiones del caso.

El 30 de diciembre de 2004, Juniors fue ingresado en El Dique. Los celadores y maestros lo recuerdan retraído pero muy respetuoso y obediente. Entre los chicos detenidos allí la figura de Juniors atrajo la curiosidad de todos y adquirió un halo singular que le reportaba, a un mismo tiempo, una suerte de admiración casi reverencial y riesgosas enemistades. Con el tiempo el encierro se le hizo intolerable. “Se integra con dificultad, no establece lazo social con el resto de los jóvenes quienes, además, se muestran hostiles con Juniors. Asimismo expresa permanentemente su disconformidad con la medida tutelar de permanecer en esta institución”, se señaló en uno de los constantes informes elevados a las autoridades.

En El Dique Juniors fue sometido reiteradamente a entrevistas psicopatológicas, pero los profesionales que lo atendieron no llegaron a un diagnóstico certero. Sobre todo, no pudieron ponerse de acuerdo sobre la real situación que presentaba el paciente. No lograron determinar si el chico constituía un riesgo para sí o para terceros y eso extendió los tratamientos psiquiátricos y psicológicos. La principal preocupación compartida por las autoridades del área de Minoridad sobre las que recaía la tutela del adolescente y por la jueza de Menores consistía en arribar a un dictamen médico-psiquiátrico que permitiera, de una vez por todas, encauzar un tratamiento para observar reacciones y progresos y, de ese modo, poder determinar la verdadera peligrosidad de Juniors.

El agobio del joven por el encierro era tal que llegó a autoagredirse como forma de reclamar un traslado. Así la jueza Ramallo ordenó sacarlo del instituto y derivarlo a una clínica neuropsiquiátrica. El 7 de junio de 2005, tras permanecer cinco meses en El Dique, fue llevado a la clínica Santa Clara de San Martín, en el conurbano bonaerense, donde recibió atención psicológica y se le prescribió un plan psicofarmacológico. Los expertos consideraban que el “esquema medicamentoso” que, en rigor, se venía aplicando desde la internación en el instituto, resultaba adecuado para el abordaje de las manifestaciones clínicas especificadas. En varios de los informes se puntualiza que por su forma de expresarse, de observar y de moverse era notorio que estaba bajo el efecto de remedios que le venían siendo suministrados desde que ocurrió la tragedia.

Sin que los profesionales consignaran avances significativos en su evolución, el chico siguió bajo tratamiento tras cumplir la mayoría de edad. Entonces, la causa de Menores fue archivada y se abrió un expediente en el juzgado de Familia Nº 4 de La Plata, a cargo de Silvia Mendilaharzo. Hoy, con 25 años, Juniors lleva adelante un régimen que lo obliga a concurrir a una clínica con regularidad y cumplir con las pautas establecidas por el juzgado a cargo de su seguimiento.

Sobre el libro

Juniors. La historia silenciada del autor de la primera masacre escolar de Latinoamérica retrata a Juniors, hurga en su infancia y su familia, y recrea el clima y las situaciones que rodearon al luctuoso hecho; el seguimiento guiado por los expedientes judiciales abiertos permite, asimismo, rastrear el derrotero del joven bajo la tutela del Estado. El intento de comprender la raíz de lo ocurrido y observar sus secuelas implica humanizar a su autor y evitar una demonización. Desde ese imperativo ético hicimos este trabajo con respeto por todas las víctimas, incluyendo en ese plano a Juniors y a su familia.

Pensamos que la matanza escolar de Patagones constituye, fundamentalmente, una marca brutal e indisimulable del deterioro alcanzado por las relaciones humanas, expresadas en el territorio donde se mueven los actores decididamente más vulnerables del espectro social: los adolescentes. El desprecio por la vida, la falta de horizontes y de contención, la incomprensión, la discriminación, el drama de la violencia social y familiar y su naturalización se conjugaron con la particular personalidad de Juniors para engendrar los fragmentos que componen esta historia con su infausto desenlace y sus desatendidas secuelas.

Estamos convencidos de que ésta es, ante todo, una historia plagada de cosas dichas a medias o directamente silenciadas; como ocurre frente a toda tragedia humana, es preciso que quede en la memoria colectiva para que pueda impedirse su repetición.

 Pablo Morosi y Miguel Braillard