El equipo de la fiscalía que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura intenta explicar el rompecabezas de juicios y causas desparramadas por todo el país. “Si ponés todo lo que pasó en un mapa, con zonas, eran los mismos culpables”. Sin embargo, cada caso se tramitó por separado y entonces “hay que juntar lo que la justicia desarmó”. En diálogo con La Pulseada, tres funcionarios hablan de los desafíos actuales de estos trabajos judiciales que empiezan a tocar a las empresas que impulsaron a la dictadura.
Los entrevistados son tres y forman un grupo de trabajo. El nombre es largo y difícil; casi un trabalenguas: “Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, del Ministerio Público Fiscal”. Pero ante el panorama de las demoradas investigaciones de aquellos delitos de lesa humanidad, esa denominación es apenas un juego de palabras.
Desde su creación en 2007, la Unidad Fiscal de Coordinación reclama una política para el “reordenamiento procesal” de más de 1000 causas que están vinculadas, pero se tramitaron en forma atomizada.
Lisandro Pellegrini, Pablo Parenti y Jorge Eduardo Auat. La Pulseada habló con los tres y encontró las miradas complementarias de quienes forman un equipo aceitado.
A Pellegrini, Prosecretario Letrado de la Unidad, su trabajo lo inquieta y apasiona. Ceba un mate y se expresa con afán pedagógico, casi obsesivo… Sabe que el diccionario del mundo judicial genera una barrera contraproducente cuando se quiere dar a conocer este tiempo histórico para el juzgamiento de los genocidas.
Pablo Parenti coordina la Unidad. Su hablar es técnico, práctico; cortito y al pie. El chaqueño Jorge Eduardo Auat es el Fiscal General; toma la palabra para razonar lo estructural, los motivos que llevaron a esta dispersión de las causas a lo largo y ancho del país.
Por la atomización en las investigaciones en Jujuy encontraron, en promedio, una causa por cada 1,3 víctimas. Víctimas y victimarios van muriendo sin justicia. Por eso la Unidad Fiscal viene demandando medidas urgentes de parte del Poder Judicial. Entre tanto reclamo este año lograron, por fin, el reemplazo del juez que trababa los juicios en Jujuy, y la creación de una oficina de derechos humanos del Ministerio Público para esa provincia. El equipo espera que ahora sí se reviertan los déficits que tiene la instrucción de estas causas.
-Jujuy es la más atrasada en el inicio de los juicios, pero la más adelantada en juzgar un civil de peso actual como Pedro Blaquier…
Pablo Parenti: -Costó tanto avanzar que se generó una olla a presión de varios años. Hace tres que denunciamos a Olivera Pastor. Lo atípico es que cuando esto explota uno de los primeros pasos sea indagar a Blaquier, es decir se avanza sobre la responsabilidad civil.
Lisandro Pellegrini: -En el esquema general de los delitos del terrorismo de Estado que se va delineando con el avance de las investigaciones uno podría ubicar en el centro a los crímenes de las Fuerzas y en la periferia a los de los empresarios. Ello, claro, según el orden en el que fueron ingresando al proceso de juzgamiento. Los hechos que hoy se le imputan a Ledesma tienen las características de los hechos centrales de nuestro proceso de juzgamiento, las de aquéllos que fueron capturados primeramente por el sistema. Según indican los testigos, cortaron la luz, aportaron camiones para los secuestros: son hechos burdos.
P. P.: –¿Por qué secuestran a esas personas? ¿Cuál es la única explicación razonable? Porque le molestan a la empresa.
–Las relaciones de continuidad, ¿impiden el normal desarrollo judicial?
P. P.: –Por un lado nunca perdieron el poder y, por otro, el juzgamiento a civiles es un tema que está en agenda.
L. P.: -El camino es largo, recién estamos empezando. Iniciamos juicios en una jurisdicción emblemática.
-Amalita Fortabat murió este año en medio del juicio por el secuestro y asesinato de un abogado de los trabajadores de Loma Negra. Y Blaquier tiene 84 años. Ese es un límite real…
Jorge Auat: –El tema de la edad no es sólo de los imputados sino de las víctimas. Esa es la otra cara de la impunidad. Olga Arédez murió sin llegar a juicio; la víctima que estuvo 35 años dando vuelta a la plaza muere antes del juicio. La impunidad tiene costos que son irreparables. Hay estructuras de funcionarios que fueron funcionales a esto. Es una provincia de tipo feudal y no sólo por su propia estructura económica, sino de clases acomodadas que vienen ejerciendo el poder económico y social históricamente.
P. P.: -Hay que ponerle nombre y apellido a esos responsables, sino es como un mero engranaje anónimo que funciona mal porque le falta aceite.
-¿Cuáles son los límites de la actuación de la justicia penal?
P. P.: –La justicia penal busca responsables de delitos concretos. Puede haber muchas otras cosas fuera del proceso penal. Por ejemplo: ¿hay que pedirles que indemnicen o realicen actos de desagravio como condición para que sigan operando estas empresas? ¿O nos conviene que sigan operando y entonces no exigimos nada de esto? Lo que queremos decir es que no todos los aspectos vinculados a un régimen autoritario entran necesariamente en la esfera del derecho penal. El derecho penal dice “están prohibidos los cuadrados, los triángulos y los redondeles”. Los fiscales y los jueces buscan cuadrados, triángulos y redondeles.
L. P.: –Sólo entran en la cajita judicial esas figuras.
P. P.: –Quizás a veces se les piden respuestas al actor equivocado.
-¿Qué impacto social tiene el juzgamiento?
J. A.: -Cuando lo que está en el centro es un crimen de lesa humanidad, toda la sociedad es la víctima de las secuelas, por ejemplo del sometimiento perverso al que se expone al trabajador que teme perder el empleo si se expresa.
P. P.: -Además la empresa se ve forzada a hablar. De hecho las defensas no son buenas. Si se quedan callados pierden la batalla mediática. Si tiene una condena social muy fuerte es difícil que un juez pueda dar una sentencia desfavorable.
-¿Para qué sirve que haya justicia, después de tantos años?
P. P.: -Pone las cosas en su lugar. Es decir, se recomponen los roles, el imputado es imputado y la víctima es víctima. Y Blaquier tiene que declarar porque está imputado.
L. P.: -Además es difícil que la justicia sea confiable en un crimen cualquiera si toda la sociedad sabe que anda suelto alguien que fue parte de un genocidio.
-En otros casos de responsabilidad empresaria como la Mercedes Benz o la Ford, ¿cómo se rastrea a los imputables? ¿Son más difíciles de ubicar que Blaquier?
J. A.: -La Ford tiene un directorio en Argentina y la central de Estados Unidos sabe todo lo que hace la sucursal. La responsabilidad a la que podemos llegar nosotros es a Ford Argentina… Pero la dictadura tuvo un proyecto económico que había que viabilizar. ¿Por qué en Ledesma los destinatarios fueron sindicalistas? El apagón generó oscuridad pero no ceguera. Se sabía contra quiénes había que ir. Las víctimas fueron luchadores sociales.
-Con el secuestro de Luis Arédez, único intendente que por primera vez le cobra impuestos a Ledesma, queda en evidencia el objetivo económico…
L. P.: -La particularidad de Blaquier es que él conjuga mucho: era amigo de Martínez de Hoz… Su figura habla del rol de los empresarios que pretendían la imposición de un determinado modelo económico a través de la dictadura y, a su vez, de las empresas que intervinieron directamente en la comisión de crímenes contra la humanidad.
J. A.: -En el caso de Ford es cierto que se beneficiaron con la venta del Ford Falcon pero también es cierto que tenían estructuras sindicales que les molestaban. ¿Quién permitió que entraran? Alguien tuvo la posibilidad y pudo evitarlo en todo caso.
P. P.: –La dificultad a veces es poder probar un acto concreto de una persona determinada; eso es necesario para poder acusar penalmente.
-¿Con qué lógica se ordenan las causas para estos juicios?
P. P.: -Insistimos con la política de acumulación de causas. No puede haber mil, no es lógico. Si ponés todo lo que pasó en un mapa, con zonas, eran los mismos culpables. En causas donde los testimonios compartieron centros clandestinos de detención conviene que declaren en la misma causa porque las pruebas se robustecen. Para Jujuy pensamos en cinco grupos para ordenar la atomización: “Penal de Villa Gorriti”, “Mina El Aguilar”, “Ingenio Ledesma”, “Casos pre1976”, “Casos sin clasificar aún”. El objetivo es llegar a la menor cantidad de juicios posibles y lo más abarcadores posibles.
L. P.: -El proyecto de acumulación de causas (por grupos) de 2008 que hicimos desde la Unidad nunca llegó a concretarse. Desde que asumió Poviña hubo avance de las causas pero hace lo que puede. Las que están siendo juzgadas son cinco causas que en los hechos fueron tomadas de manera unificada este año por el tribunal oral, pero en instancia de instrucción se tramitan por separado… Si conociera la maraña de la justicia federal de Jujuy… Muchas veces las jurisdicciones se mueven cuando llegan jueces o fiscales de otros lugares porque se rompe la endogamia. Es más difícil rearmar lo desparramado que empezar de cero.
P. P.: -Hay que juntar lo que la justicia desarmó.
Verona Demaestri y Josefina Garzillo
