En pocos meses se dictaron tres condenas significativas por maltratos y torturas a detenidos en cárceles federales, pero también por la vista gorda o el aval de estas aberraciones. Avances y dificultades. Y otras 26 investigaciones en marcha.

Por Josefina López Mac Kenzie

Al cierre de esta edición se resolvieron en Salta cuatro condenas por delitos que suelen permanecer invisibles: las distintas formas de violencia penitenciaria y su encubrimiento entre los muros. Por la golpiza que le dieron a un preso en 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa provincia acaba de condenar a cuatro agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en un fallo que la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) calificó como “indudablemente emblemático para la región del NOA y el país”. Constituye “un hito histórico para contribuir a la prevención y sanción de las prácticas de torturas y malos tratos a detenidos en cárceles federales”, enfatizaron desde ese organismo creado para proteger los derechos de los detenidos y controlar la actuación del SPF.

Los hechos, denunciados inicialmente por la PPN, ocurrieron en el Complejo Federal Penitenciario Noroeste Argentino, ubicado en la ciudad de General Güemes, cuando el detenido Luis Alfredo Aguilar, que estaba en huelga de hambre, se negó a incorporarse para ser pesado en una balanza en el Servicio de Asistencia Médica y al menos tres penitenciarios lo golpearon con patadas, puños y palos, lo sacaron de la celda del cuello y lo arrastraron escaleras abajo. Quedó desvanecido y con todo tipo de lesiones, aunque éstas no fueron asentadas en la historia clínica del penal.

Los jueces —Marta Snopek, Federico Díaz y Mario Juárez Almaraz— condenaron a tres de los imputados (Jorge Medina Escobar, Hernán Bogado y Ricardo Rojas, jefes de área, turno y requisa, respectivamente), por “severidades agravadas y lesiones”, a penas de tres años y seis meses, y tres años y tres meses de prisión. Al cuarto acusado, Javier Corregidor, celador del pabellón, lo condenaron a tres años de prisión en suspenso, por “encubrimiento” de la paliza.

Aguilar sobrevivió al ataque y pudo conocer este veredicto, igual que pasó en junio con Brian Núñez, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín condenó a cuatro funcionarios del SPF, tanto por las torturas que le aplicaron en 2011 en el complejo de jóvenes adultos de Marcos Paz (provincia de Buenos Aires), como por la “omisión de denunciar” ese delito dentro de las 24 horas. Brian ganó ese juicio mientras seguía preso y padeciendo “un maltrato silencioso” —según contó Julia Dominzain en la nota “La vida de Brian en la cárcel sigue siendo una tortura”, publicada en el sitio web cosecharoja.org—. Además, después de esa sentencia el joven quedó libre, porque para la justicia las torturas que sufrió —recibió golpes en todo el cuerpo, esposado; intentaron introducirle un bastón en el ano; lo quemaron, desnudaron, ducharon con agua fría y amenazaron— atenúan la pena por la que estaba encerrado.

Un tercer fallo reciente sobre violencia en cárceles federales lo dictó en junio la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que cambió un veredicto absolutorio de un tribunal oral y condenó a un jefe de turno por “imposición de vejámenes a presos” durante una virulenta “bienvenida” a nuevos internos en 2007 en la cárcel federal II de Marcos Paz. Si bien no se acreditó que Maximiliano Barresi haya sido el autor de los golpes, los jueces le impusieron una pena de dos años y seis meses de prisión porque, como superior, consintió la práctica; surge de los fundamentos del fallo que incluso se reía, miraba y hacía preguntas a los recién llegados.

Los camaristas (Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Ana María Figueroa) plantearon que la falta de identificación de los agresores —una de las trabas comunes en el encierro— no puede conducir, de por sí, a desvincularlos de los hechos. Por ejemplo, durante esa recepción con golpes e insultos en Marcos Paz, las víctimas habían sido obligadas a mirar hacia abajo o a la pared. Además, remarcaron la complejidad de este tipo de casos, donde se enfrentan versiones de penitenciarios con las de presos (víctimas o testigos) que tienen a cargo; uno de los grandes problemas de este tipo de causas. Para la PPN, esta resolución también es “de gran trascendencia contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos en contextos de encierro”, porque establece “nuevos estándares probatorios y de atribución de responsabilidades”. Inicialmente, Barresi había sido absuelto en un fallo luego revocado por la Corte, que ordenó un nuevo pronunciamiento a Casación.

Patrones

En documentación de la PPN a la que accedió La Pulseada, el organismo identifica algunas constantes de la estrategia penitenciaria ante denuncias por violaciones a los derechos humanos; una de ellas es “la construcción de relatos mendaces sobre los hechos en los sumarios de prevención y en los registros internos (es normal el uso de la hipótesis de la autolesión por parte de las víctimas, y/o la caracterización del accionar ilegal de los agentes como fuerza mínima e indispensable), en lo que constituyen prácticas deliberadas para contaminar las evidencias y, por ende, asegurar la impunidad”.

Por ejemplo, en los registros de la cárcel de Salta se omitieron las lesiones que tenía la víctima y se consignó que se lastimó por “una caída de su cama”, y las defensas intentaron sostener que se lastimó adrede para conseguir lo que reclamaba: buscaba ser trasladado a un juzgado de menores de la ciudad de Tartagal —al norte de esa provincia— para averiguar el paradero de su hijo bebé, porque sospechaba que había sido abandonado, regalado o vendido. Por la huelga que sostenía cuando lo atacaron (la tercera en cinco meses) había perdido 11 kilos.

La tensión por el encuadre jurídico de este tipo de hechos en figuras más o menos indulgentes para los acusados es otra característica de la pulseada judicial. Para los autores de esa golpiza, por ejemplo, la PPN había pedido, como querellante, cinco años de prisión, y por el delito de “apremios ilegales agravados por violencia y amenazas”, mientras que para el cuarto penitenciario solicitaba volver a foja cero y revisar su posible participación como algo más que encubridor.

Y otra de las tensiones en la judicialización de estos casos es la de presentar los hechos como una excepción (estrategia penitenciaria) o plantearlos como una práctica regular dentro del encierro.

El mapa de la violencia

Aparte de estos tres juicios finalizados este año, la PPN impulsa 26 causas, que tienen distinto grado de avance y 54 agentes procesados. El número incluye, además de distintos tipos de malos tratos presuntamente cometidos por penitenciarios, denuncias por torturas seguidas de muertes de adultos y jóvenes en distintas cárceles argentinas, siempre del ámbito federal.

Varios de esos expedientes investigan hechos cometidos en las cárceles de Ezeiza. Uno de los más estremecedores es la causa de “la pila humana”: en junio de 2008, a raíz de un conflicto entre detenidos, integrantes del cuerpo de requisa con palos y armas obligaron a los presos a acostarse unos sobre otros en el piso, formando una asfixiante pirámide humana. En diciembre de 2012, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el procesamiento de 10 penitenciarios (ocho, por el delito de tortura, uno por omisión de denunciar la tortura y uno por omisión de evitarla). La causa está elevada a juicio oral y resta que un Tribunal Oral Federal de La Plata fije fecha de audiencia.

Otra causa por hechos ocurridos en Ezeiza, que está en la Sala II de la CFALP, tiene a 22 agentes del SPF procesados —por distintos delitos que incluyen tortura, instigación al suicidio y falsificación de documento público— investiga los tormentos físicos y psicológicos que padeció Walter Benítez, hasta aparecer muerto en 2001, colgado de una sábana atada al cuello y a la ventana de una celda. En julio pasado, ese tribunal rechazó el pedido de prescripción realizado por las defensas; el juez Leopoldo Schiffrin señaló que los imputados aún están en funciones y que se trata de un crimen que excede el interés de la sociedad argentina y penetra en el de la comunidad internacional.

Una tercera causa por hechos ocurridos en la cárcel de varones de Ezeiza tiene a cinco penitenciarios investigados por haber puesto en peligro la vida de un detenido que falleció en 2014. La PPN solicitó que se tenga en cuenta «el contexto de severidades impuestas a la totalidad del pabellón durante esa época, así como las torturas inflingidas a otros detenidos”.

Siguiendo con el mapa del juicio al peor de los castigos, también hay causas con decenas de penitenciarios federales procesados (por tortura; por omitir denunciar la tortura; por omitir evitar la tortura; por encubrir; por muertes; por falsedad ideológica de documento público, por apremios ilegales, entre otros delitos), por hechos ocurridos en cárceles de Neuquén, Rawson, Córdoba. Y también se pueden mencionar tres causas que involucran maltratos y muertes, durante incendios: una por hechos ocurridos en Marcos Paz, otra en la cárcel ubicada dentro del hospital Borda y una tercera en el Instituto Agote, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, donde murió Diego Iván Borjas en 2014. Se cree que estaba sancionado en una celda individual, en un subsuelo, sin acceso al agua, al baño y a la luz natural. En este último caso, la PPN –en conflicto con esa Secretaría por el monitoreo de las condiciones de encierro de niños, niñas y adolescentes–no fue aceptada aún como querellante.

“No sabía que había que denunciarlo”

Güemes, la ciudad salteña en la que fue atacado el preso Aguilar (ver nota central), es la misma en la que se filtraron videos escalofriantes de torturas practicadas en una comisaría. En la misma provincia, también se condenó a dos policías que torturaron con picana eléctrica a dos hombres para que confesaran un crimen.

Incluso, hace poco se reveló que el “crimen de las turistas francesas” (2011) también se había investigado con las peores armas, según registró el periodista Maximiliano Rodríguez en su libro “Doble crimen”. El año pasado, al declarar en el juicio, un hombre que fue torturado por policías dijo: “Yo no sabía que había que denunciar esto”.

Aún así, quienes lo torturaron a él y a otros cinco baqueanos de la villa turística San Lorenzo, todos capturados en un primer momento para resolver este crimen incómodo para el poder político local, integraron un paquete de 35 ascensos con el que el gobernador Juan Manuel Urtubey premió el “compromiso” para liquidar aquella investigación.

No fue hasta la mención de las torturas que relató ese testigo en la sala de Grandes Juicios, que seis policías resultaron procesados. Sin embargo, esas causas aún no avanzaron.