La Pulseada publicó en 2009 la historia de una mujer que acampaba en el centro de La Plata para exigirle al gobernador que la protegiera de los desguazadores de autos robados del Conurbano sur que la asedian hace veinte años. Este mes, en un hecho inédito del mundo poliladri, un tribunal empezó a juzgar en su reino a Elvio Fernández, el gran reducidor. También a su esposa, su madre y su padrastro.
En 2001, Elvio Fernández dijo ante una cámara oculta de Telenoche: “Yo soy el rey del corte”. Se refería a su actividad principal: regentear el emporio de la reducción y venta ilegal de autos robados, que se entrevera en barrios y villas pobres del sur bonaerense para cubrirlas de inseguridad y estigmas.
Aquella prueba periodística sirvió para que confluyeran algunas investigaciones sobre ese rentable negocio que existían dispersas, y el caso se volvió paradigmático del rubro desarmaderos y de lo difícil que es desarmar los negocios que cobija la Policía Bonaerense.
La causa judicial por el delito de “jefe de asociación ilícita” es una de las que enfrenta Fernández y llegó a juicio una década después. El fiscal del juicio, Jorge Ariel Bettini Sansoni, expresó: “En mi conocimiento, es la primera vez que se llega a un juicio oral por desarmaderos”.
El proceso estuvo plagado de privilegios procesales para el rey, que llegó al juicio en libertad por sus años de prisión preventiva pero en todo este tiempo ha protagonizado varios capítulos de ésos de entrar por una puerta y salir por la otra. Gozó de morigeraciones y excarcelaciones que le impedían “trabajar” de lo mismo, aunque Cristina Valiente —vecina de Elvio, víctima de los desarmaderos que tomaron su cuadra de Wilde durante años, blanco de amenazas, golpizas y otros ataques, y ahora testigo principal en el juicio— asegura que él siempre siguió haciendo lo que quería.
En 2009, cuando Valiente acampó en la plaza San Martín de La Plata para suplicar protección (hechos volcados en otra causa) La Pulseada la entrevistó. En esa nota decíamos que el juicio contra el autoproclamado “rey del corte” estaba frenado. Ahora, en su declaración testimonial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 10 de Lomas de Zamora, Valiente ratificó sus denuncias sobre el accionar y la impunidad de Fernández, que “se jactaba de la protección” de la que gozaba para operar.
La testigo se cansó de decir que Elvio “seguía desguazando autos en Wilde y decía ¡ser estudiante!”. Que: “Tenía gente que robaba autos para él y cobraba según se tratara de trabajar con una ganzúa un coche estacionado o hacerse de él ‘a caño’. Tenía inventarios elaborados. Al negocio le entraban 300.000 por día. Se localizaron cuentas con testaferros”.
El juicio
Los jueces del TOC 10, José Polizza, Daniel Mazzini y Susana Silvestrini, juzgan a Elvio Fernández (por los delitos de jefe de asociación ilícita, encubrimiento agravado y supresión de numeración registrable), y como partícipes secundarios a su pareja (Gabriela Sáenz), su madre (Bertha Romero) y su padrastro (Julio Mayor), entre otros. También está imputada una persona sospechada de haber facilitado una cuenta bancaria para lavar el dinero que dejaba la venta de las autopartes robadas. La causa llegó a tener 100 imputados, cifra que se fue deshilachando mediante juicios abreviados.
El fiscal desmintió en diálogo con La Pulseada que haya estado imputado Ricardo Szelagowski (fiscal de Estado bonaerense hace 25 años, cuya detención había sido pedida por fiscales en 2003, en el fragor de la causa, según publicó esta revista en 2009). Pero sí hay un imputado de ese organismo —adonde llegan, por ejemplo, autos secuestrados por orden judicial—. Es Alberto Valenti, ex Director de Compras de la Fiscalía de Estado, sospechado de usar su puesto de funcionario para blanquear las autopartes robadas.
Se prevé que pasen por el estrado unos 150 testigos y el proceso oral dure dos meses. Aunque nunca se sabe: el primer día del juicio Rubén Reznik, defensor de Elvio Fernández, recusó al tribunal y el debate debió pasar a un cuarto intermedio.
El fiscal resumió que en este juicio —que continúa tras el rechazo de la recusación— “se juzga a gente que robaba autos, los desarmaba y luego conseguía documentación de la fiscalía de Estado”. La particularidad de esta historia, señaló, “es que se llegó a juzgar a todos pero siempre surgía algún artilugio legal para que se cayera la causa. Los abogados defensores buscan por todos los medios evitar que se produzca la prueba”.
Valiente —una de las pocas personas que denunciaron en la Justicia los desarmaderos ilegales, que suelen denunciarse mediante el 911— coincidió: “Lo de la defensa es más de lo mismo. No podíamos esperar otra cosa viniendo de este tipo de abogado. Intentó impedir el juicio en muchas oportunidades porque se ven comprometidos. (El defensor) es de la barra brava de Independiente, bastante denso”. Pese a este traspié, Valiente evaluó: “El inicio del juicio fue muy bueno, el fiscal abrió el debate con filmaciones, grabaciones. Las pruebas son abrumadoras”.
La fiscalía no adelantó qué pena va a solicitar para el rey del Corte Fernández. Habrá que esperar que se exponga la prueba. Pero en principio podrían caberle penas de entre 10 y 15 años.
En cuanto a la seguridad de la familia de la principal testigo contra Fernández, el fiscal sostuvo que “está a cargo de quienes ella quiso que la protejan”. Este asunto no es menor para una familia que dijo haber vivido en “un infierno” por la vecindad al rey del corte (les llegaron a secuestrar a un hijo al que le sellaron la boca con la gotita y le reventaron el oído a patadas aun teniendo custodia policial), Valiente dijo: “Tenemos protección, nos reforzaron la custodia con horas extra. Dependemos de custodia de Lomas de Zamora”.
El gran reducidor
Parece un tipo común, de edad y estatura medianas. Anda de zapatillas, visita a su madre y tiene suegro. Las denuncias de vecinos, los allanamientos espasmódicos y el patrimonio que dicen que tiene no le han impedido mostrarse en pleno desguace, cortando febrilmente autos robados, ni serpentear su reino de lujo y chapa al volante de una Ferrari. Así lo retrata Cristina Valiente, su vecina.
Antes de que se decidiera la fecha del juicio oral, un agente fiscal de Avellaneda le dijo a La Pulseada que este personaje, prácticamente de película, está “arruinado pero relajado”. “Tiene mucha guita pero vive en overol, engrasado. Es inteligente. Tiene calle. Cuando lo indagan se sienta a esperar que le imputen el delito. Cuando revisa el expediente (donde constan capturas de la cámara oculta) sólo le importa que no se le impute nada que ya se le haya imputado. Quiere hacer caer esta causa”.
Fernández llegó a tener muchísimos galpones propios, donde los vehículos se desarmaban en fast-forward, de día o cuando la luna se acuesta en los chaperíos. Es hace veinte años la cabeza de una de las mayores telarañas delictivas del Conurbano. Un mercado pirata caliente, ligado al robo automotor, a los homicidios en ocasión de robo en una región donde hay cada vez más autos, y a legisladores y gobernadores a la caza de buena prensa ante “la ola de inseguridad”. Aunque sus discursos o proyectos de ley rara vez nombran al engranaje neurálgico de este mundo “incontrolable”: la Policía.
“Hay una suerte de división estratificada de la corrupción; a determinados estratos bajos les tocan los pibes chorros y los manejos de algunas actividades flojitas de papeles en el territorio; a determinados sectores medios y de supervisión les corresponde la recaudación tradicional; y al grueso de la conducción de policía le tocan las cuatro actividades más rentables en este momento: narcotráfico, corte de autos y venta de autopartes, trata de personas para la explotación sexual y fútbol. Eso es caja grande, manejada a nivel de jefes departamentales y regionales”, le decía Marcelo Saín a La Pulseada en mayo de 2010, para encuadrar el lugar de los desarmaderos en el podio de los negocios donde participa la Policía Bonaerense.
