Nota principal: Dichos, hechos y la verdad que no emerge
¿Qué une a un jubilado, un médico policial, un odontólogo forense y un vecino de nacionalidad paraguaya de Ringuelet? Quizá nada. Quizá mucho. En principio son testigos que vienen declarando en sede judicial tras la inundación. Han aportado indicios sobre la posible existencia de víctimas menores de edad, en algunos casos, o de víctimas no computadas oficialmente por fuera de las 67 reconocidas por el fiscal Paolini.
1. El croquis de Ricardo. Ricardo Aquino tiene 44 años. Abandonó su Paraguay natal en busca de otro futuro, y ese sueño lo trajo hasta Ringuelet. Con mucho esfuerzo levantó una precaria vivienda, en 3 y 514, a metros del arroyo Del Gato. En la tarde noche del 2 de abril, vio cómo todo su empuje era devorado por una correntada de agua sucia que se llevaba todo a su paso para depositarlo en las arenas de Punta Lara. En la desesperación buscó un “lugar alto” para escapar de la tragedia. Según aseguró en sede judicial, desde el terraplén de las vías del ferrocarril Roca vio cuerpos de chicos flotando. Dos veces lo relató ante dos fiscales distintos. Primero fue ante Juan Cruz Condomí Alcorta (ya desplazado de la investigación) y luego ante Paolini.
En ambas exposiciones, Aquino sostuvo ver “chicos que se llevaba el agua”. Detalló que se trataba de tres, de entre 2 y 5 años de edad. “Yo vi que los chicos se fueron. Se los llevó el agua”, dijo. Para ilustrar a los investigadores dibujó un croquis a mano alzada, donde se indica el lugar donde estaba ubicado y por donde vio pasar los cuerpos.
2.Un nene entre los autos. Gustavo Lezama es un jubilado de 71 años. La inundación lo sorprendió al mando de su camioneta en 32 entre 16 y 17, una de las zonas más castigadas por la inédita caída de agua. El lugar se había transformado en un río. Lezama subió el vehículo a la rambla de la avenida e intentó buscar refugio a pie pero la fuerza del agua era tal que sólo pudo avanzar 50 metros. Cuando intentaba volver a su rodado vio que “sacaban el cuerpo de un chiquito de entre los autos” que estaban sobre la rambla. “El cuerpo estaba colgando, flácido”, manifestó, por lo que presume que se encontraba “fallecido.” Para el testigo, esa víctima “no pasaba los diez años” de edad.
3.El panorama en la morgue. Andrés Lamotta es médico y cumple funciones en la morgue policial. Ingresó a trabajar el 3 de abril a las 6 de la tarde, en un panorama dramático por la incertidumbre y falta de información oficial que reinaba de la reja de la morgue policial Prof. Dr. Roberto Ciafardo hacia dentro y hacia fuera. Lo poco que se conocía era por las redes sociales, desde donde se encontraba más confusión que certeza. El profesional relató en sede judicial la escena que predominaba en esos momentos en la dependencia oficial que funciona en el cementerio de La Plata, en 72 y 136, donde se realizaba la identificación de las víctimas fatales del temporal y adonde comenzaban a llegar familiares desesperados. Aseguró que en las “heladeras” había alrededor de “50 cuerpos” y que el resto de “los cadáveres estaban en bolsas negras uno al lado del otro en el garaje y en el pasillo que comunica” el sector de “heladeras con las salas de autopsias”.
Lamotta describió que el lugar cuenta con dos salas de autopsias, pero que una no se utiliza, por sus precarias condiciones. También recordó que “había cadáveres en la sala en desuso”.
Para llamar a declarar a este médico policial, la fiscalía de Paolini probablemente tuvo en cuenta el testimonio de un testigo de identidad reservada que esta revista dio a conocer el 7 de mayo. Se trataba de un testigo de identidad reservada, profesional, que compareció el 11 de abril ante Condomí Alcorta y habló de unos 10 cadáveres de adultos NN que estuvieron en la morgue después del temporal (y no estaban luego en ningún listado). El 4 de abril en la morgue vio una decena más de cuerpos que los anotados en el Libro de Registro de dicha dependencia policial, dijo, y el 5 ya no se numeraba a los cadáveres. Su declaración también expresa que oyó versiones sobre traslado de cuerpos del hospital San Martín al Naval, donde se habrían hecho certificados particulares. Y que sospecha de procedimientos irregulares tanto en el registro y el caratulado de los muertos como en las autopsias, que como ha publicado este medio han sido escasas ya para los cuerpos de las víctimas reconocidas oficialmente.
Circuito cerrado
El fiscal Paolini sostiene que todos estos testimonios se han tenido en cuenta y que ante cada dato él mismo se hace presente en el lugar para tratar de corroborar lo aportado por los testigos. “No queremos dejar ningún punto flaco en la investigación”, sostuvo en su presentación ante la comisión de Derechos Humanos del Senado el 15 de mayo, cuando habló en público y respondió muchas preguntas. En ese momento deslindaba muchas cuestiones en su par Condomí Alcorta, a quien le quedaban pocas horas a cargo de esta pesquisa.
Paolini contó ante los senadores que “el faltante de menores es discusión constante en la fiscalía”, y también admitió que el hecho de que no se hayan encontrado niños le “llama la atención también”. Sobre certificados de defunción y horarios de muerte, un legislador le manifestó al fiscal: “Es de cuarta dejar que un médico llene un formulario como si fueran caramelos”. El fiscal dejó abierta la puerta: “Habrá que ver si esos médicos pueden venir a declarar a nuestra causa” como testigos, planteó.
Otros pasos que podrían haber formado parte del circuito de corroboración de estos testimonios en la prolongada etapa Condomí y en la actual, según apuntan fuentes técnicas (judiciales y policiales), serían: llamar a declarar de nuevo a personal del Registro de las Personas (por el libro de fallecidos que alberga la dependencia situada en 1 y 59); de la dirección de Antecedentes (del Ministerio de Justicia Seguridad: dactilógrafos, por ejemplo); de las morgues de la ciudad y las aledañas; de los cementerios de la ciudad; y médicos que certificaron. También a peritos fotógrafos (de la Policía Científica), teniendo en cuenta que el testigo reservado afirma contar con fotografías propias tomadas de los cuerpos que habría visto y éstas podrían ser contrastadas con las oficiales.
No obstante, La Pulseada pudo averiguar que en la dirección de Antecedentes, donde se cotejan huellas dactilares, no habría quedado ningún cadáver de esos días sin identificar ni hubo “ingresos posteriores” a sus heladeras. “No había lugar”, describen, y señalan que los procedimientos fueron transparentes, “sin ocultamiento”, aunque se haya dado “un circuito muy veloz” de ingreso, registro y entrega.
“Rutinariamente hay personas NN. Una persona en situación de calle, por ejemplo. Luego se la identifica o no: se la entierra como tal”, agregan fuentes técnicas de la dependencia.
Así las cosas, los cuerpos NN referidos por el testigo reservado podrían resultar de la observación de “un instante”, un momento, en un panorama caótico, ajetreado, hermético y sobrecargado de cadáveres en la morgue policial. Los 10 cuerpos que enuncia el testigo, según Antecedentes, ya no serían NN. ¿Pero quiénes son? ¿Dónde fueron enterrados o cremados y registrados? ¿Se corrigieron las fojas del libro de la morgue donde fueron incluidos como NN?
No se habrían usado las instalaciones de la morgue de la asesoría pericial de la Suprema Corte, ubicada tras el Hipódromo y destinada habitualmente a muertes judicializadas, para trabajar serenamente con los numerosos cadáveres de la inundación en autopisas a cargo de médicos de la Corte o policiales y equipos de contención para los familiares. A la capacidad de la morgue del cementerio se podrían haber sumado los 24 freezers que tiene la de la Asesoría (en cada uno entran 2 cuerpos) en su predio, para desplegar la tarea de tratamiento de los cuerpos profesional y serenamente. Pero una fuente judicial implicada aseguró que no se usaron estas instalaciones. Y dos fuentes desde esa morgue completan: “No había lugar igual si hubieran querido traer cuerpos acá”. No entró ningún cuerpo extra esos días, cuentan, aunque insisten en que a juzgar por lo que se sigue diciendo en los barrios donde viven, los muertos “son muchos más”.
Desde la Dirección de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad, Alejandro Inchaurregui, el funcionario que el 5 de abril había elevado un memo al jefe de gabinete de asesores del ministro Casal para sugerir cómo dar un tratamiento profesional a la situación del conteo de víctimas (que estaba disparando rumores por toda la ciudad) expresa: “Yo nunca hubiera dejado de hacer una sola autopsia aunque fuera una catástrofe, que no era tan inmanejable en lo que al número de víctimas se refiere. No era un volcán, Chernobyl, Hiroshima, un crash aéreo o las Torres Gemelas” (Ver columna: “Sobre el tratamiento de los cuerpos en emergencias”).
