Uno de los tres funcionarios imputados en la causa penal por la catástrofe hídrica que causó el desborde del río Salado en 2003 pide la prescripción. Pero las organizaciones de inundados que pelean hace diez años esperan que este año se dicte sentencia de una vez. Además, aseguran que van a “volver a la carga”: quieren que una nueva instrucción incluya al ex gobernador Reutemann. ¿El futuro de La Plata? /. /
Por Josefina López Mac Kenzie
Pasaron 10 años, cuatro jueces de instrucción penal y un sinfín de dilaciones. Hubo diversas denuncias civiles y líos con las reparaciones económicas. Se formaron organizaciones de damnificados y les quedaron compañeros en el camino. Pero están de pie y el 29, no de abril sino de cada mes, se manifiestan: “La impunidad se quiebra con constancia, con insistencia”, sintetiza Claudia Albornoz, referente de la agrupación Carpa Negra por la Dignidad, y cuenta que a Carlos Reutemann lo corrió varias veces “a huevazos” por el centro de Santa Fe.
Al igual que ocurre hoy en La Plata, no hay acuerdo en la cifra de muertos que dejó en 2003 la peor inundación de la historia de Santa Fe. Para el gobierno de esa provincia (al mando de Carlos Reutemann en ese momento) la tragedia de aquel 29 de abril dejó 23 víctimas; para la Justicia, 18; y para las organizaciones sociales —que utilizan un criterio sanitarista amplio e incluyen las muertes causadas por secuelas del anegamiento— las víctimas fatales fueron 158. Esos nombres, sumados a los de los tres fallecidos en la inundación santafesina de 2007, están listados en el libro Verdades locas contra impunes mentiras (2011), de Jorge H. Castro.
Los imputados por la Justicia penal de Santa Fe en la causa por “estrago culposo, agravado por la muerte de 18 personas” (o causa “Inundación 2003”) son el entonces intendente, Marcelo Álvarez; el ex ministro de Obras Públicas de la provincia, Edgardo Berli; y el ex director de Hidráulica de la provincia, Ricardo Fratti. La imputación de los ex gobernadores Carlos Reutemann y Jorge Obeid es un viejo reclamo de las organizaciones de inundados que no ha tenido eco por el momento.
A diez años, la investigación, que en el libro de Castro se describe como “tan manoseada”, se encaminaría al dictado de una sentencia. Pero en agosto pasado la defensa del ex intendente Álvarez pidió la prescripción de las acciones (penales, no civiles) en su contra y el magistrado a cargo, el juez de Sentencia Gustavo Urdiales, suspendió el trámite principal para analizar dicho pedido.
La defensa de Álvarez plantea para solicitar la prescripción que la pena máxima del delito de “estrago culposo agravado” es de cinco años y el proceso judicial duplica ese plazo, y que también pasaron cinco años desde los últimos movimientos de la causa vinculados a su elevación a juicio. Por el contrario, los fiscales, Jorge Andrés y Mariela Jiménez, sostienen que como los tres imputados eran y son funcionarios la acción penal no está prescripta. “En 2003, Álvarez, Berli y Fratti eran funcionarios políticos y empleados públicos con licencia, así que después de la catástrofe del Salado volvieron a sus cargos de planta permanente”, explica el sitio AgenciaFe.com.
Castro, militante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y “actor civil” en la causa (una figura más restringida que la de “querellante»), evalúa en diálogo con La Pulseada que “Álvarez, el ex intendente, que está hasta las manos porque dice por la radio de la Universidad del Litoral que los barrios no se van a inundar, no puede ser no culpable”. Por eso el juez “está entre la espada y la pared, entre qué puerta abre y cuál cierra —y agrega—: Tiene todos los elementos técnicos para entender por qué se inundó Santa Fe y quiénes son los responsables”.
La causa “tramita con el Código Penal viejo… prácticamente la Inquisición —critica Castro—; todos los jueces que han pasado han construido impunidad”. El sistema santafesino tiene una parte de Instrucción y otra de Sentencia. Un sistema judicial nuevo debería ponerse en marcha desde 2014.
En la última etapa, cuenta Castro, pasaron 36 testigos que “dejaron tan evidente esto, que las tres defensas de los funcionarios abandonaron la estrategia de las dilaciones que caracterizó los últimos años. Una estrategia convenida con los jueces, en no ir contra los dos gobernadores: Jorge Obeid, que inauguró una obra inconclusa, y Carlos Reutemann, que debió haber dado la orden de evacuación de la ciudad. Y de echar abajo la pericia técnicas de los tres peritos elegido por la propia justicia santafesina”.
El ex gobernador y hoy senador nacional por Santa Fe recién fue citado por la Justicia, como testigo, este año. Pero tiene la facultad de responder un cuestionario por escrito elaborado por estos actores civiles. “Ellos pueden dictar la prescripción sobre Álvarez. Pero vamos a acusarlo a Reutemann. Vamos a volver a la carga”, continúa Castro, que tiene el apoyo de organizaciones de inundados y como actor civil, con su mujer, Milagros Demiryi, son “punta de lanza” para lograr avances judiciales. Los santafesinos esperan que después de una sentencia en esta primera causa, que anhelan se concrete antes de fin de año, se abra una nueva instrucción donde pueda ser imputado.
Albornoz, de la Carpa Negra por la Dignidad, una de las organizaciones surgidas a partir de la inundación, le contó a La Pulseada: “Nos cuesta muchísimo: estamos peleando contra un Poder Judicial puesto estratégicamente por quien nos inundó: Reutemann. Yo lo he corrido a huevazos más de una vez: no puede caminar por Santa Fe, por la costanera, donde andaba muy displicentemente con sus amigotes —asegura—. No puede hacer campaña. Le es muy difícil caminar la provincia. Lo mismo pasa con Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte santafesina, que es primo de Reutemann”.
Con los medios ya no les cuesta tanto existir, cuenta Albornoz. Algunos diarios de la ciudad “nos sacaban cuando le convenía… Todo depende a quien puteamos, como puteamos parejito a todos… Ahora nos dan bola todos los medios. Es por nuestra constancia, lucha, coherencia…”, afirma.
“La impunidad se quiebra con constancia, con insistencia”, concluye Albornoz, que no tiene familiares fallecidos por la inundación pero su casa del barrio Chalet quedó “sumergida por 4 metros de agua”, recuerda.
“En la ciudad capital, la crisis envolvió a más de 140.000 personas afectadas directamente. Más de 28.000 familias. Produciendo un amplio conglomerado humano con pérdidas totales, y con un alto saldo de ciudadanos muertos y arruinados, en todas sus posibilidades materiales y expectativas de vida —reconstruye el libro de Castro, que habla de crimen hídrico—. Ante la catarata de versiones e interpretaciones posteriores, incluidas las falsedades e impunidades, que se han volcado aquí ante este fenómeno, desde el poder del Estado Provincial, para beneficio de todo un arco político corporativo. Debemos decir una vez más y sin dejar de acusar y contradecir hasta el cansancio, un cúmulo de ideas confusas y maltrechas, con que han sido bombardeadas sin pausa, la razón de centenares de miles de santafesinos con el claro afán de desviar y simplificar las causas de estos fenómenos tan dolorosos y que han dejado una marca imborrable en sus vidas”.
