Hoy declaran ante el juez Arias funcionarios del Registro de las Personas, después de que lo hicieron empleados de esa dependencia y dos jefes de Policía Científica. Crece la pista de que hubo una orden para disponer de muertes traumáticas sin escala judicial. La lista de víctimas fatales ya sumaría entre 75 y 78 casos.
Testigos clave declararán esta mañana ante Luis Federico Arias. Se trata de funcionarios del Registro provincial de las Personas, una dependencia que el juez en lo contencioso administrativo tiene en la mira desde el comienzo de la investigación por las víctimas fatales de la inundación de abril. En el marco de los aproximadamente 100 testimonios de este tipo que recibirá, ya declararon bajo juramento desde el lunes varios empleados de dicho Registro, así como los jefes de Policía Científica Carlos Jaime y Pablo Daniel Vázquez. En tanto, fuentes judiciales señalaron a esta revista que la lista de víctimas fatales asociadas a la inundación continúa creciendo, con casos «prácticamente confirmados» que elevarían la cifra a «entre 75 y 78». También se estudian varios otros casos, de relación aún incierta con el anegamiento.
El Registro de las Personas, que dirige Claudia Corrado, es una dependencia neurálgica en la investigación de Arias, que se concentra en irregularidades en el manejo y el registro de las muertes. Cuestiones detectadas inicialmente en el registro de algunos casos y testimonios recibidos luego permitieron conjeturar sobre un eventual mandato para proceder con los cuerpos sin escala judicial. Ahora, los nuevos testimonios que recibe Arias consolidarían la hipótesis de que hubo una orden técnica, desde la cúpula del Registro y desde la Policía, para inscribir muertes traumáticas sin oficio judicial.
Ante toda muerte que se presuma traumática debe mediar un oficio, pero la investigación de Arias apuntaría a desentrañar que hubo una lógica de entrega de cuerpos sin mediación judicial. “En general los testimonios corroboran lo que veníamos observando: que todas las actuaciones por el cómputo de víctimas y el rescate las dirigió la Policía” que conduce Hugo Matzkin, resumió el juez Arias consultado por La Pulseada.
Las consecuencias de un proceder de este tipo son graves: por ejemplo, un cuerpo puede ser —irreversiblemente— cremado a sugerencia de un policía o de un médico particular. Justamente una de las características que tuvo el tratamiento de los cuerpos a partir del 2 de abril es que hubo demasiadas cremaciones —por abordar (y certificar) muertes traumáticas como si no lo fueran— y pocas autopsias, cuando no era necesaria tanta premura.
Las declaraciones que tomó al jefe de la Policía Científica de La Plata, comisario inspector Carlos Jaime, y al comisario general Pablo Daniel Vázquez, superintendente de Científica —dependencia que integró el comité de crisis convocado por el ministro Ricardo Casal ante la catástrofe de abril— apuntaron a dilucidar entre otras cosas de dónde emanó la orden que pretendía impedir a este juez ingresar en la morgue en un momento de esta trama judicial, u obtener registros documentales de dicha dependencia ubicada en el cementerio municipal.
En tanto, el juez Arias sigue recibiendo testimonios espontáneos sobre víctimas fatales y avanzando con otras diligencias. De las inhumaciones de Niños en el cementerio municipal posteriores al 2 de abril que analizaba, el juez sostuvo que sólo trabaja en 2 casos para descartar o probar un vínculo entre estas muertes y el anegamiento. De los 8 que inicialmente evaluaba, primero descartó 3 y luego otros 3. Esta pista surgió después de la detección de datos llamativos en el registro burocrático de esas muertes.
El Director de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Seguridad, Alejandro Inchaurregui, que en abril había alertado a su jefe de Gabinete de Ministros, Marcelo “Chubito” Legizamón, sobre cómo proceder de manera profesional para poner fin a los rumores sobre la cantidad de víctimas, sintetizó para esta revista un protocolo de actuación ante desastres como atentados, volcanes, terremotos, tsunamis… e inundaciones. Situaciones donde la prioridad es rescatar a los vivos pero no se debe soslayar la recuperación de los cadáveres.
Esa madrugada, en las cámaras
Ya están en manos de Arias los registros de cámaras de seguridad del Monitoreo Público Urbano (MOPU) que había solicitado como parte de otras diligencias de prueba. Sin embargo, el juez sostuvo en diálogo con esta revista que el material lo recibió en forma parcial: había pedido el registro completo correspondiente al 2 y al 3 de abril y recibió, aunque de todas las cámaras, sólo 2 horas: desde las 3.30 hasta las 5.30 del 2 de abril. En esas condiciones, la prueba no sería de gran utilidad.
Antes de cumplir con el pedido del juez, voceros del Municipio se habían anticipado: “Allí donde se cortó la luz, las cámaras sobrevivieron con una batería de autonomía que cubre desde media hora hasta dos horas, pero esto sirve para tomar dimensión de la tormenta”. El recelo con el material del MOPU, que dirige Juan José Rivademar, fue una de las expresiones de la disputa judicial y política por las “inundaciones” en la semana que pasó. “Algunos parece que pretenden que ese material llegue a la televisión”, habían ensayado desde la Municipalidad.
El accionar del MOPU durante la inundación motivó también un pedido en el Concejo Deliberante. El bloque del Frente Amplio Progresista (FAP) solicitó conocer cómo funcionó esta dependencia municipal de vigilancia urbana, con qué personal y con qué articulación con el resto de los actores involucrados en la emergencia. También requirió la presencia de Rivademar en la Comisión Especial Investigadora por la que pasaron varios funcionarios.
En su exposición ante los concejales de dicha comisión para reconstruir el accionar oficial durante la catástrofe, el jefe de Gabinete, Santiago Martorelli, había ponderado al MOPU entre las herramientas del Municipio: «Nosotros a partir del registro que muestran las cámaras también nos nutrimos de información para determinar la situación que se está viviendo en distintas zonas de la ciudad».
