El cementerio y las cámaras de seguridad que vigilan la ciudad fueron los escenarios de la disputa política y judicial de la semana en la trama por la investigación de la catástrofe de abril. Y de la mano de la puja por la cantidad de víctimas fatales asoma la delicada reparación económica a los familiares.
El fiscal Jorge Martín Paolini ya recibió de la Universidad Nacional de La Plata el nuevo informe sobre la inundación elaborado a pedido del Gobierno nacional y se encontraría analizando también pliegos de licitaciones de obras en los arroyos que cruzan la capital bonaerense. En tanto, el titular del juzgado en lo contencioso administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Federico Arias, todavía no recibió del Municipio los registros de cámaras de seguridad del Monitoreo Público Urbano (MOPU) correspondientes a los días 2 y 3 de abril que pidió dos veces, según le confirmó a esta revista. Voceros del Municipio aseguraron que la entrega de dicho material por parte de la Dirección Legal estaba pautada para ayer, jueves, que eso está dentro de los plazos legales y que la demanda de Arias se responderá a la brevedad porque “se hace todo para que llegue a la Justicia”.
No está claro qué calidad podrían tener los registros de las cámaras que vigilan la vida cotidiana de la ciudad desde distintos puntos, por las condiciones meteorológicas y los cortes del suministro eléctrico en esas jornadas. “Allí donde se cortó la luz, las cámaras sobrevivieron con una batería de autonomía que cubre desde media hora hasta dos horas, pero esto sirve para tomar dimensión de la tormenta”, explicaron fuentes municipales.
El recelo con ese material que espera Arias fue una de las expresiones de la disputa judicial y política por las “inundaciones” en la semana que pasó. “Algunos parece que pretenden que ese material llegue a la televisión”, ensayan desde el Municipio.
En tanto, el juzgado continúa recibiendo testimonios y evaluando la situación de algunas inhumaciones ocurridas en el sector Niños del cementerio municipal a partir del 2 de abril y en los días cercanos. Inicialmente, como comunicó a la prensa, habría detectado algunos datos llamativos en el registro burocrático de esas muertes. Ahora serían 5 los casos que analiza teniendo en cuenta fecha de entierro y asiento en el Cementerio y en el Registro de las Personas. Pero por el momento no se ha podido probar ningún vínculo entre estas muertes de personas menores de edad y el anegamiento.
Fuentes técnicas consultadas por esta revista apuntan que las historias clínicas (la causa de muerte alegada, sobre todo), la jurisdicción de procedencia de las víctimas, los datos consignados en sus licencias de inhumación y, eventualmente, una exhumación —aunque poco probable en este caso— podrían ser pasos para dilucidar su relación con las inundaciones.
Este lunes 10 de junio comienzan a declarar bajo juramento los testigos que citó Arias, entre los cuales habrá, como se adelantó, funcionarios, médicos y familiares.
Punto penal
En la batería de medidas de prueba administrativas dictadas por el fiscal Paolini —que investiga las responsabilidades, las causas de lo ocurrido— se anotan dos pedidos de informes que fueron contestados por la Universidad Nacional de La Plata y por el Ejecutivo bonaerense. La facultad de Ingeniería le remitió el reporte sobre inundaciones solicitado por el Gobierno nacional y el ministerio de Infraestructura, dos expedientes en los que se detalla el pedido de obras en todos los arroyos del distrito gestionado por el Municipio.
El análisis de esos documentos podría resultar clave para arribar al estado de situación real de la capital bonaerense ante futuras lluvias de gran escala. También para establecer el nivel de responsabilidades por obras no ejecutadas. Dos preguntas están anotadas en las libretas de los investigadores:
¿La municipalidad de La Plata, gestionó las obras? Si las gestionó: ¿qué pasó con los pedidos? La línea de flotación política del intendente Pablo Bruera, por un lado, y la gestión del ministerio de Infraestructura del gobernador Daniel Scioli, por otro, en el ojo de la tormenta.
En esa línea, los instructores de la fiscalía de Delitos Complejos analizan dos expedientes. El primero corresponde al pedido de limpieza y mantenimiento de los arroyos Rodríguez, Don Carlos y Maldonado, obras que debería haber ejecutado la cooperativa “Los Kokitos Ltda.”. El segundo de los expedientes detalla el pedido de trabajados de saneamiento para los arroyos Carnaval, Martín, Azul, Pérez y El Pescado, tareas que deberían haber sido ejecutadas a la cooperativa “Argentina Resiste”.
Como contó esta revista, la búsqueda de cuerpos en una alcantarilla de Tolosa que se abrió en la esquina de 11 y 530 por socavación cuando las aguas comenzaron a escurrir hacia el río en la madrugada del 3 de abril fue el epicentro de una búsqueda iniciada tras el testimonio sobre el cuerpo de un niño. Bomberos bajaron por el túnel pero no encontraron nada, por lo cual la fiscalía solicitó a la Secretaría de Gestión Pública municipal que cemente el hueco.
Cifras en pugna y novedades municipales
En el ámbito municipal, las últimas novedades tienen que ver con el avance de la Comisión Especial del Concejo Deliberante (la semana que viene se empieza a revisar todo lo expuesto) y con la organización de la reparación para las víctimas (ordenanza 11.021, Fondo Especial de Ayuda a las víctimas), una cuestión no exenta de problemas que ya desencadenó una nueva reunión entre funcionarios y unos 30 familiares, ayer, en el Salón Blanco.
El “Fondo”, por ordenanza, se sustenta en los aportes de 57 grandes empresas (bancos, financieras, aseguradoras, supermercados, telefónicas, entre otras). El intendente le aseguró a esta revista que todas las víctimas que se oficialicen van a ser reparadas. “Vamos a hacer un depósito judicial en una cuenta específica con toda la plata que entre y que la Justicia sea la que lo entregue”. Pero la preocupación no sería ahora sólo que crezca la cifra oficial y cuánto se acumule en el Banco Provincia, sino el supuesto fantasma de falsos familiares de víctimas…
Bajo ese paraguas, el monto de la indemnización y la forma de pago comenzaron a ser planteados por asesores legales del Municipio a familiares. El depósito se hará contra declaratorias de herederos y sucesiones, y de lo que se vaya recaudando el Municipio iría reservando una parte por si crece la lista.
Por ahora, los grandes contribuyentes habrían puesto una primera cuota de un total de 5. Teniendo en cuenta la suma que se habría recaudado por ahora como contaron familiares, y el hecho de que las víctimas son al menos 72 según fuentes judiciales, el Municipio está por lo pronto bastante lejos de arribar a las cifras que habían trascendido extraoficialmente (cientos de miles de pesos por víctima). Además, la logística del Ejecutivo apostaría a retener, precavidamente, un 10% de lo recaudado, por si se oficializan más fallecidos. De cualquier modo, entrevistado por esta revista Bruera había abordado con prudencia y sin definiciones la cuestión de los montos: “Dependerá de cuánto se recaude”, dijo, y apeló a que existan otros fondos también: “Sería bueno”, auguró.
