Desde la central de emergencias respondieron que las llamadas se dejaron de grabar porque no tenían luz ni teléfono pero que en la tormenta el 911 nunca dejó de funcionar. Desde el Ministerio, que trabajan para “recuperar” audios pero es “materialmente imposible” entregarlos todos. Y el juez debió declarar hoy ante el fiscal penal por algo que dijo en televisión.
La central de atención telefónica de emergencias 911 no se avino a entregarle al juez Luis Arias el registro de las llamadas recibidas en esa entidad entre el 2 y el 3 de abril. Unas 15.000 habrían entrado al 911 desde toda la provincia de Buenos Aires en fechas cercanas a la inundación, de las cuales unas 9.000 corresponderían al Gran La Plata. Dicho material (los audios y las anotaciones, que se conocen como “cartas de llamadas”), clave para la investigación sobre las víctimas de la inundación, fue solicitado por Arias entre las pruebas que busca sumar a su expediente. Le respondieron de manera negativa desde la central de llamadas, que depende del Subsecretario de Política Criminal e Investigaciones Judiciales, César Albarracín, y desde el propio Ministerio de Justicia y Seguridad. Los argumentos son, en principio curiosos, y ponen en el centro de la escena a la distribuidora de energía Edelap y a Telefónica:
“Debido a los efectos climáticos que son de público conocimiento (…) se ocasionaron aproximadamente a partir de las 19.30 diversos cortes de energía que afectaron las líneas de suministro eléctrico de este edificio”, dice la respuesta fechada 11 de junio que le elevó César Fernando Valerga, oficial subinspector, del área de Supervisión Técnica del 911, al nuevo director de la central. Su nombre es Carlos Costa. Y es contador.
Esa respuesta obra en el expediente que se acumula en varios cuerpos y anexos en el juzgado de Arias y continúa así: “Si bien en forma automatizada se encendió el grupo electrógeno se produjeron microcortes reiterados que afectaron al equipamiento informático” de la plataforma del 911. «Uno de los equipos afectados es la Grabadora Audiolog, que (…) por cuestiones técnicas del equipamiento que se desconocen, dejó de grabar”, explica Valerga. Y avanza narrando que en esos momentos se intentó poner en marcha el servicio “en forma manual” reiteradamente “sin lograr una respuesta satisfactoria”, por lo que se hizo el reclamo correspondiente “a la empresa prestataria del servicio de mantenimiento, el cual tramitó mediante el número 1-4458262, del día 2 de abril a las 23.10hs”.
No sólo Edelap aparece como responsables de la supuesta imposibilidad de registrar llamadas al 911 según esta respuesta oficial, sino también Telefónica: “Otro de los inconvenientes surgidos (…) es que se detectó la caída de las tramas (sic) de ingreso de llamadas 911 a este organismo de la empresa Telefónica de Argentina, realizando el correspondiente reclamo ante la prestataria con el número 18078090”.
Pese a todo esto, el 911 señala: “Cabe aclarar que a pesar de la multiplicidad de factores externos la central telefónica y la atención de llamadas al 911 nunca dejó de prestar el correspondiente servicio».
El 17 de junio, el director provincial de Investigaciones Judiciales del ministerio de Justicia y Seguridad, Roberto Falcone, se dirigió a Arias en respuesta a un oficio de éste fechado diez días antes, para explicarle por qué “resulta materialmente imposible” brindarle la totalidad de los datos de las llamadas que pide. En el mismo escrito afirma que “se están realizando todas las operaciones técnicas viables para la recuperación de la mayor cantidad de audios de llamadas posibles”. Y promete entregar “en dos días, si fuera ordenado”, el registro de las cartas de llamada: es decir, los PDFs donde los empleados del 911 anotan el contenido de las conversaciones mientras atienden.
La pregunta es por qué esto no se remitió en primera instancia, a principios de junio, y en cambio se sigue dilatando. Lo mismo ocurre con las cámaras de vigilancia del municipal MOPU, que dirige Juan José Rivademar.
Fuentes policiales señalaron a este medio que llama la atención la versión de que los registros del 911 “desaparecieron” y la respuesta negativa al pedido del juez, porque se trata de datos “difíciles de borrar de los discos”.
La respuesta de Falcone a Arias también afirma que el primer fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, ordenó y coordinó “todos los rastrillajes” en el marco de la investigación. Algo sobre lo que el juez Arias tiene dudas.
El juez declaró ante el fiscal
En el marco de la fuerte disputa política y judicial, hoy el fiscal Jorge Martín Paolini, de Delitos Complejos, que entiende en materia de responsabilidades por la inundación, le tomó declaración testimonial al juez Arias (que estudia irregularidades en el registro oficial de las víctimas), en su juzgado. Dos horas estuvo Paolini trabajando en la testimonial de Arias. ¿El motivo? Declaraciones del juez en un programa de televisión, vinculadas al rol de la Suprema Corte bonaerense en el sorteo de los juzgados cuando la competencia de Arias estuvo cuestionada, en los primeros tramos de la investigación por las inundaciones de abril.
No avanzaron las denuncias realizadas por Arias a funcionarios, como por ejemplo al comisario general Pablo Daniel Vázquez, superintendente de Científica, que en su momento impidió la entrada de Arias a la morgue policial. Tampoco las que tramitan contra el fiscal Condomí Alcorta. Ni se conocen por el momento citaciones de Paolini a funcionarios que podrían tener responsabilidades ante un presunto estrago.
