El juez Arias tomará desde junio unas cien testimoniales, sobre todo a funcionarios, y revisa casos oficializados. El fiscal Paolini rastrea fallecimientos ocurridos en ocho localidades de la región y entrevista técnicos. Hay más testimonios en el rompecabezas. Y las víctimas subirían a 72.
Comenzó la citación de unas 100 personas para que declaren ante el juzgado en lo contencioso administrativo Nº 1, como había confirmado a La Pulseada el juez Luis Federico Arias, que entiende en la investigación sobre irregularidades en los registros sobre las muertes por la inundación.
“Estamos en etapa de producción prueba; estamos citando a unos 100 testigos y produciendo distintos pasos procesales”, dijo Arias. Estos testigos van a comparecer a declarar bajo juramento desde el 10 de junio en el juzgado a su cargo; muchos de ellos son funcionarios (del rango de directores, así como funcionarios policiales), y también médicos y familiares.
Ante los senadores, cuando expuso el 15 de mayo, el fiscal de delitos complejos Jorge Martín Paolini había dejado abierta la puerta para llamar a declarar como testigos a médicos que firmaron certificados. Y ayer ante senadores de la comisión de Derechos Humanos la jefa de los fiscales, María del Carmen Falbo, admitió que “hay certificados de defunción que podrían ser dudosos y se están investigando”.
Arias también se encuentra repasando procedimientos que se dieron en casos de fallecidos ya oficializados: lugar donde fueron encontradas las víctimas, circunstancias de llegada de los cuerpos a la morgue, certificados, causales de muerte, horarios, médicos que certificaron, autopsias, entre otras cuestiones. “Hay mucha desprolijidad en los datos consignados en su momento”, evaluó el juez en diálogo con este medio.
Como adelantamos el 10 de mayo, Arias secuestró para su análisis documentación de la morgue que se encontraba en manos de Policía Científica. Por el momento no surgen de ese cruce documental nuevas víctimas, pero sí irregularidades de tipo administrativo, sostuvo el juez.
“Esto va a ser lento. Vamos a estar tomando declaraciones hasta julio. Es arduo y tiene muchas derivaciones esta causa de habeas data. Luego se dictará la sentencia”, cuyo objeto procesal va a estar vinculado a la existencia de irregularidades y la corrección de los registros públicos, como los del Registro de las Personas, explicó Arias.
Desde su fuero, Arias busca coordinar las actuaciones con el fiscal Paolini, para que sus líneas de trabajo no se superpongan. Arias como juez debe ocuparse de irregularidades (y por lo tanto, de la polémica cantidad de víctimas fatales), mientras Paolini como fiscal (parte acusadora) debe entender en materia de responsabilidades penales, sin competencia sobre la cantidad de víctimas fatales. En pocas palabras, a Arias le incumben las consecuencias y a Paolini, las causas: “El que causare incendio, explosión o inundación…”, dice el Código Penal para «estrago».
Fuentes judiciales oficiosas aseguran que la lista de víctimas fatales que se maneja en la Justicia tiene 72 casos en este momento.
Citan expertos y amplían la búsqueda de cuerpos
En los últimos días, el fiscal de delitos complejos Paolini libró un oficio a la Directora Provincial del Registro de las Personas, Claudia Corrado, para pedirle “copia autenticada de las actas de defunción con los correspondientes formularios de constatación de fallecimientos” ocurridos en abril en Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Brandsen, Magdalena, Chascomús, Almirante Brown y Avellaneda.
Paolini también ofició a funcionarios del Poder Ejecutivo municipal y provincial para que desde ambos estamentos le envíen información sobre la gestión de pedidos de obras de infraestructura y mantenimiento para La Plata, una cuestión que motiva cruces permanentes entre Daniel Scioli y Pablo Bruera desde un comienzo.
Por el momento no se conocen imputaciones. El fiscal ya había adelantado en su turno de exposición ante los senadores —antes de que fuera apartado y multado el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y todo lo penal quedara en sus manos— que “los tiempos judiciales no son los políticos” . En sintonía con Arias, considera que es una tarea que llevará tiempo.
Por otro lado, Paolini tomó testimonio a tres profesionales técnicos (ingenieros, docentes, dueños de consultoras que asesoraron a municipios bonaerenses o realizaron obras para éstos). Todos coincidieron en lo inédito de la lluvia de abril pero también señalaron la falta de obras.
La principal causa de la inundación identificada por una de estas fuentes técnicas fue la lluvia extraordinaria, histórica. La segunda, el retraso en la adecuación de la red de desagües pluviales de la ciudad para una ciudad mucho más grande y poblada, como es La Plata hoy, así como la falta de espacios verdes y la deficiente urbanización por la cual el agua no corre ni escurre. La tercera causa apuntada, que en la región no haya sistemas de información en tiempo real para predecir desde variables hidrológicas (pluviometría, evaporación, velocidad, dirección y sentido del viento, radiación solar, infiltración) un fenómeno como el del 2 de abril.
La otra novedad en la trama es la recorrida de personal de la fiscalía a principios de esta semana por 11 y 530 a partir de los dichos de un testigo de identidad reservada sobre el cuerpo de un nene que habría visto flotar en esa esquina. Vecinos de la zona no pudieron confirmarles a los agentes judiciales la versión sobre ese cuerpo en esa esquina, donde el agua se desagotaba con furia por un hueco, de forma arremolinada. Una de las vecinas más antiguas del lugar dijo que ahí hay un desagote pluvial en desuso.
El testimonio se suma al de Ricardo, que dos veces contó que en Ringuelet vio “cuerpos de chicos flotando”, y al de Gustavo, que vio que “sacaban el cuerpo de un chiquito de entre los autos” por 32, entre 16 y 17, y a testimonios de bomberos que no habrían podido rescatar cuerpos porque estaban abocados a rescatar personas vivas.
“El faltante de menores es discusión constante en la fiscalía”, había anticipado Paolini el 15 de mayo, ante los senadores. Que no se hayan encontrado niños le llama la atención, contó, y aseguró que ante cada testimonio se hace presente en el lugar para intentar corroborar lo declarado.
Otros testimonios
También se firmó en la fiscalía de Paolini el testimonio de una mujer que vive en Ringuelet y se inundó. En el caos, con el agua al pecho, subió a un colectivo TALP y alrededor de las 5.20 AM escuchó gritos que afirmaban: “¡Se están ahogando!”. La testigo, que también aportó fotos, contó que vio que dos muchachos se habían tirado al agua en 520 casi 14. Que ya había visto antes que venían cruzando en diagonal desde calle 15 y 520 hacía 520, entre 13 y 14, para subir la lomada del distribuidor y guarecerse (había 1,60 metro de agua). Que venían adelante una chica y un muchacho y a un costado un poco más atrás un señor mayor con una mujer también mayor a caballito en la espalda. Y que los que gritaban “¡se ahogan!”, supo después, eran una de las hijas, de Raimundo Eliseo Aguirre e Irene del Carmen Arias Burgos (víctimas que integran el listado oficial) con su novio y la hija de ambos. Y que nadie lo podía creer cuando murieron ni hubo ayuda efectiva da gendarmes que trabajaban en la zona llevando personas hasta el hospital de Gonnet u otros lugares La declaración también habla del estado de los arroyos y de la falta de obras.
Todos estos pasos investigativos de Paolini y Arias para desenredar causas y consecuencias resultan significativos si se piensa en un protocolo para zanjar el rompecabezas de pistas y cabos.
Por ejemplo, aún no se dilucidó qué habría pasado con 10 cuerpos NN que un testigo de identidad reservada declaró el 11 de abril ante Condomí haber visto el 4 de abril en la morgue policial. No habrían pasado ni por la Dirección de Antecedentes ni por la morgue de la Asesoría Pericial de la Corte, como reconstruyó esta revista. Es probable que el profesional que hizo esta declaración sea citado nuevamente.
