Eduardo Montané López, querellante, explicó a La Pulseada que existe otra causa en la que se puede imputar a más funcionarios por administración fraudulenta de presupuestos por las obras que no se hicieron.
Por F. M.
Fotos G. H.
Nota principal > Lo que el agua no se llevó
Eduardo Luis Montané López es uno de los quince querellantes en la causa de la inundación que terminó con la condena a Lezana. Representó a la familia de Josué Gonzalo Suárez Zalazar, quien cuidaba un obrador de construcción de viviendas de la empresa Mandelbrot S. A., en 16 entre 517 y 518, cerca del hipermercado Carrefour de Ringuelet, cuando murió electrocutado por el ingreso de agua en la precaria casilla que habitaba. Su historia se cuenta en 2A. El naufragio de La Plata, de Josefina López Mac Kenzie y Martín Soler, y en La Pulseada Nº 125, de noviembre de 2014.
En diálogo con La Pulseada, Montané López destaca que a los querellantes que participaron en la causa por la que fue condenado Lezana “nos ha faltado autocrítica de asumir que debimos enrolarnos y tratar de fijar puntos comunes para llegar a un objetivo mucho más claro. De pronto cada uno de los particulares damnificados trabajó por su lado, por su sector, y no supimos, por ejemplo, darle la entidad a la pericia de las pericias que fue el informe de la UNLP”.
El profesional recordó que ese dictamen “ni más ni menos dice sintéticamente que el fenómeno fue de tal magnitud, fue tan extraordinario, que ni aún con las obras que están proyectadas y que se hubiesen hecho, se hubiese podido evitar la desgracia que sucedió. Con eso, jurídicamente, quedamos heridos de muerte”.
–Según la pericia entonces no hubo forma de evitar nada.
–Exacto, fue un hecho fortuito, una cuestión inevitable, y los dos únicos (imputados) que quedaron fueron estos dos.
–Esa pericia delimitó que haya sólo dos personas responsables, una de las cuales falleció.
–Definitivamente. Cuando nosotros tuvimos la posibilidad de discutir, ese espacio temporal, en esa etapa procesal, no generamos ese consenso. Decir «bueno, yo creo que acá nos están llevando al barranco». Era una cuestión de proponer una nueva pericia, proponer algún otro organismo que haga una nueva evaluación de la situación. Quieras o no, los peritos son gente del medio local, el tema de la imparcialidad lo podríamos controvertir. Hubiésemos tomado un cuerpo de peritos de otro lugar, de la UBA, por ejemplo, con una mirada más fría, y tratar de determinar desde el punto de vista científico si es que era así o no. Nos quedamos con esa espina. Eso evitó lo que pretendíamos: abrir responsabilidades a otros niveles de funcionarios públicos. Que hubo obras que no se hicieron, y que se debieron haber hecho: hay un informe, que sí se agregó con la pericia complementaria, y en el que hay que trabajar a partir de ahora que estableció que hubo partidas de dinero que no se afectaron o hubo obras que fueron subejecutadas. Esa situación sí debería profundizarse, en la causa de la fiscalía 8, donde se pueden hacer los planteos como para poder reflotar alguna cuestión vinculada a la responsabilidad de los funcionarios públicos de mayor rango. Ellos no pagaron ninguna consecuencia.
–¿Cómo mediríamos esa responsabilidad, sería una administración fraudulenta?
–Digamos que sí, desvío de fondos públicos, esa es una cuestión que puede llegar a ser muy interesante. Reitero que todos los que participamos como particular damnificado desde la solidaridad, de sacrificar tiempo, que sería prudente tratar que el esfuerzo que hacemos todos concentrarlo para llegar a mejores conclusiones.
–Desde el punto de vista jurídico.
–Es que discutir lo que discutíamos en las audiencias no tenía sentido jurídico en ese instante. No puedo hablar de responsabilidad política cuando yo sé que el marco de discusión de ese juicio oral y público estaba acotado a la materialidad ilícita que íbamos a discutir, no había más que eso. No tenía sentido hacerlo.
–No se podía hablar de Scioli, de Bruera.
–No había logicidad jurídica.
–Pero en algún momento del proceso se pensó que eso se podía lograr. Hubo denuncias, presentaciones.
–Esas presentaciones trataron de ampliar la responsabilidad. Pero esa pericia fue un dique de contención para avanzar sobre ello. Cuando se presentó esa pericia, era el momento para nosotros de sopesar con algún otro elemento que le quitara esa contundencia. Las conclusiones son muy categóricas.
–Habla de una lluvia de 390 milímetros…
–Dicen, en buen romance, que «no hay obra que aguante». Si pasa ahora otra desgracia de 390 milímetros, quizás nos pasara lo mismo. No pasaría lo mismo desde las labores de Defensa Civil y los cuerpos de evacuación que no estaban preparados. Lo que se criticó fue que no había un plan de contigencia, no había nada organizado. Hay cosas que se pudieron evitar, muertes que, de haberse organizado un cuerpo de rescate apropiadamente, hubiese podido ser el impacto menor desde esa óptica.
–La sentencia fija la responsabilidad, a Lezana le convenía un juicio abreviado porque era una pena menor…
–¡No! Contra lo que tú piensas, le dieron el máximo de la pena. Si se hubiese celebrado el debate y aplicado las pautas de mensuración quizás la sentencia condenatoria hubiese sido menor. Porque si tú te pones como defensor a pelear, por las reglas del 40 y el 41 del Código Penal, el flaco era primario, no tenía antecedentes, el tema fue un colapso climático impensado, podía caerle ni siquiera los 12.500 pesos, hubiese sido más ridícula la sanción. Quizás lo hubiesen sancionado 6 meses y a pagar cinco lucas de multa. Lo que no se quiso fue exponerlo mediáticamente, que desfilen los testigos, teníamos un mes y medio de juicio oral, para llegar a lo mismo. Yo me aventuro a creer que fue el mejor camino, pensando en el capítulo dos: porque si los peritos, que hablaron del hecho excepcional, hubiesen ido, confirmado la pericia, no hubiesen dado resquicio a un debate científico en cuanto a sus conclusiones, medio que estábamos fuera de combate. Acá no podíamos ofrecer peritos de otras áreas, que pudieran controvertir, aunque no era el juicio oral el marco, dejarlo planteado ahí. Pero no tenía sentido si está la otra causa en la fiscalía 8, donde se puede pedir la investigación del informe que dice que las sumas de dinero no fueron aplicadas como se debe y ello a generar una grave responsabilidad sí a funcionarios de primera línea.
–¿Dónde está esa causa?
–En Delitos Complejos, pero ese informe se dio en esta causa (la del juicio oral) en la instrucción suplementaria. Está en estado de investigación, se está instruyendo.
–Esa podría ser una salida.
–¡Es la salida! Es el marco. Se puede pedir en instrucción que se discutan otros medios de prueba, mediatizar el tema a morir si quieres. Hay que tener compromiso de trabajo y mucha energía para meterle a esa causa.
–Fue un evento climático que oficialmente dejó 89 muertos. La sensación es que, si bien la justicia no debería tomarse como una revancha, es una causa que termina en forma abrupta.
–Hay una sensación de vacío que es la que tenemos todos. Pero jurídicamente esa causa no podía terminar de otra manera. Era Lezana el que estaba siendo juzgado como funcionario de Defensa Civil, no se debatía si Scioli o Bruera tenían algún tipo de responsabilidad. Esa fue una cuestión que fue mal instalada en la población. Desde hace dos años y medio la imputación fue para ellos dos (por Lezana y Di Lorenzo, fallecido el año pasado). El objeto procesal era ese. Si hay alguna posibilidad de ampliar el espectro de responsabilidad lo podemos conseguir en la IPP que tramita en Delitos Complejos. A partir de ahí, hay que ponerle energía. Después no te puedes rasgar las vestiduras y hacerte el Supermán cuando la tribuna no es la que corresponde.
–Para la sociedad platense puede ser una lección para pensar que hay que unirse, juntarse, pensar más.
–Definitivamente. La suma del esfuerzo, del criterio, pudieron habernos llevado a otro tipo de conclusión o de sanciones para las personas que inequívocamente tuvieron algún tipo de responsabilidad. Parece medio mucho el darle a la pericia toda la significación que se le dio. Pero si no la controvertimos tenía toda la significación que le da la Justicia. No hay al frente algo que lo controvierte: el juez es un tercero imparcial, tiene que evaluar situaciones que le traen las partes. Y nosotros como parte no le llevamos una conclusión pericial distinta que diga ‘no señor, si acá hubiese habido obras, no hubiesen muerto 89, hubiesen muerto 20 personas’. 
Yo te digo porqué murió Josué: el murió por un defecto en las instalaciones eléctricas del obrador, que no eran las apropiadas. No murió porqué se ahogó. Se electrocutó. Bruera por ahí es responsable por no veritifcar el estado de los obradores de toda la Ciudad. Las responsabilidades son muchas, es cierto que en muchas áreas a veces se hace la vista gorda de cosas que son evidentes. Quién no sabe que muchas empresas tienen obradores clandestinos donde trabaja gente en negro y en condiciones que no corresponde. El Ministerio de Trabajo no les hace actas a todos.
–Tenemos un gran déficit de prevención. Uno va leyendo la sentencia que dice que en Defensa Civil tenían dos botes, que estaban prestados, dos sogas, y que leían mails y que a la noche no había nadie.
–Esa es la imputación: que como jefe de Defensa Civil de la Provincia y de la Municipalidad de La Plata, teniendo delegada esas facultades por ley de organización de esos planes de contingencia no se hicieron nunca ¿Tenés que esperar que lluevan 300 milímetros y que se te mueran 90 personas para ahora tener la cantidad de botes que se tienen?
