Junto a integrantes de asambleas barriales constituidas tras la inundación, los Familiares se concentran este martes en la sede de la Cámara en lo contencioso administrativo, de cuya resolución depende la continuidad de Luis Arias al frente de la causa, para apoyar al juez. Además, exigen que el Gobernador los reciba y escuche.
«Marchamos por justicia y verdad, a cinco meses, y por la situación en la que está la causa», le contó Rocío Aguirre, hija de dos fallecidos de la lista oficial de víctimas, a La Pulseada. La concentración es hoy a las 10.30 en la Cámara del fuero en lo contencioso administrativo (calle 45 n° 725).
Como contó esta revista, si esa Cámara hace lugar a un reciente planteo de la Fiscalía de Estado, la causa en la que el juez Luis Arias estudia irregularidades en el registro y conteo de víctimas fatales podría terminar en manos de otro y el voluminoso expediente podría volver casi a foja cero.
En tanto, los asambleístas exigen que el Gobernador los reciba y escuche. Por segunda vez, Daniel Scioli postergó la semana pasada la reunión que iba a tener con representantes de las asambleas de damnificados y familiares de víctimas fatales. El encuentro, pedido por las organizaciones de inundados hace tres meses, había sido pospuesto por el Ejecutivo primero para el jueves pasado, pero ese día se les informó a los asambleístas que el Gobernador los recibirá el lunes 26 de agosto.
“Le pedimos respeto y que no juegue con nuestros reclamos, son los mismos que el domingo expresó el pueblo en las urnas”, comunicó el colectivo de los Familiares de Víctimas y las asambleas barriales la semana pasada.
El Ejecutivo provincial mantiene un perfil bajo en el tema, casi silencioso, tras la conferencia de prensa del 8 de abril cuando, con la tragedia en caliente, Scioli dio por cerrado el Comité de Crisis, construyó el “cambio de etapa” y anunció una lista de muertos “definitiva” (aunque con 37 “fallecidos “por otras causas”).
Pasó el tiempo, la causa judicial por las responsabilidades políticas no tiene imputados y la causa no penal (por el registro de fallecidos) encuentra trabas, al igual que la reparación económica a los familiares de víctimas. Por eso los damnificados exigen ser recibidos por el Gobernador. Sus reclamos más importantes, que llevan a la marcha que realizan cada mes, son: esclarecimiento de la cantidad de víctimas fatales, medidas para evitar una nueva catástrofe, revisión del Código de Ordenamiento Urbano y participación de las organizaciones de inundados en el control de las acciones de gobierno.
