Junto a las asambleas barriales, marcharán por segunda vez para pedir justicia y verdad, reconocimiento oficial, claridad sobre las muertes e injerencia en el control de obras, a cuatro meses del desastre. La reparación económica para los familiares de fallecidos sigue pendiente y muestra trazos desprolijos.
Con la pérdida en caliente, las semanas posteriores al 2 de abril unieron a familiares de fallecidos en la inundación. Ellos cruzaron teléfonos y direcciones de mail. Se hicieron amigos en las redes sociales. Y desde ese mundo virtual comenzaron a difundir sus actividades mientras intentaban volver a sus hogares y empezar a hacer un duelo de lo más difícil. A fines de junio se constituyeron con mayor formalidad y el 2 de julio ya estuvieron como organización a la cabeza de la marcha por el tercer aniversario de la catástrofe. Hoy son “Familiares de Víctimas de la Inundación del 2 de abril”.
En diálogo con La Pulseada, Gabriel Colautti, que perdió a su papá, Jorge Pío, de 78 años (computado en la lista oficial del Gobierno), contó: “Nos estamos juntando algunos, es todo muy reciente, hay mucha gente que aún está en shock”. Explicó que como familiares se integran la asamblea de asambleas de inundados porque “aunque desde un lugar más doloroso” buscan lo mismo: “Que esto no le pase más a nadie». Con respecto a la cifra de víctimas, expresó: “Nos interesa saber quiénes, no cuántos. Porque mi papá no era un número sino una persona”. Y agregó: “Esto no fue una lluvia, la lluvia no mata, mata la desidia de los funcionarios”.
Se hizo cuesta arriba. Perdieron a un padre, una madre, un hijo o un hermano por un diluvio en una ciudad no preparada. En la tormenta no los ayudó nadie pero su reflujo trajo una secuencia agotadora de visitas y llamados, más o menos formales, de voceros y asistentes de cuanto funcionario interesado en “existir” en la tragedia hubo. De Desarrollo Social, de la Asistencia a la Víctima municipal, de la Anses, del Ministerio de Justicia, de la Presidencia… reuniones con el intendente Pablo Bruera y con abogados del Municipio dejaron promesas, planillas y tarjetas personales a la mayoría de los familiares del primer listado “oficial” de víctimas fatales. Después, algunas familias recibieron eficientes brigadas de trabajadores municipales para pintar sus casas del casco urbano, otras oyeron promesas jugosas de dinero y terrenos, y algunos familiares no vieron más que el “gráfico de precipitaciones” del intendente. Por ese desorden y por muchas otras cosas, desde fines de junio los familiares se reúnen en distintos lugares de La Plata para coordinar acciones.
Objetivos del colectivo de familiares
“Queremos saber la verdad de lo que ocurrió y que se hagan las obras de infraestructura necesaria para que no vuelva a pasar”, coincidieron los familiares consultados, en sintonía con el petitorio de las asambleas barriales, que también pide formar una comisión vecinal para controlar la ejecución de las obras prometidas tras la aprobación del endeudamiento provincial de 1.973 millones de pesos autorizado por la Legislatura bonaerense.
Otro de los proyectos que están en la mesa de encuentros de Familiares es la creación de una ONG para asistencia ciudadana, pero la iniciativa está en estado embrionario. Apuntan a contar con reconocimiento del Estado y poder lograr un grado de representatividad mayor en la ciudadanía.
Los familiares fueron recibidos por el intendente Bruera y de esas reuniones y cafés se llevaron promesas. También intentaron reunirse con el gobernador Daniel Scioli, pero no encontraron “diálogo” ni “consenso”. El último contacto público de Scioli con inundados fue su visita a Tolosa en los días posteriores al diluvio, donde fue increpado por vecinos en el barrio de Ofelia Wilhem, madre de la Presidenta, y su auto debió escabullirse entre los voluntarios a toda velocidad.
El ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, les suspendió algunos encuentros pautados y por eso en junio algunos familiares cortaron la avenida 7. Desplegaron banderas y recibieron como apoyo las bocinas de muchos automovilistas.
La reparación económica
Cuanto más se agrande la lista oficial de víctimas fatales (que para la Provincia se estancó en 52 adultos pero ronda las 80), más deberá recaudar el Municipio para cumplir con la ordenanza que los concejales sancionaron a principios de mayo para reparar económicamente a quienes perdieron un familiar.
Este “Fondo Especial para la Reconstrucción y Asistencia” se debe afectar “prioritariamente” a “un subsidio especial para cada derechohabiente de cada víctima fatal identificada en el listado oficial emitido por las autoridades competentes de la provincia de Buenos Aires”. Por el momento nadie lo cobró, y los familiares inicialmente oficializados se encuentran cumpliendo con la entrega de papeles para que después no surjan “herederos imprevistos”.
El Fondo se debe nutrir, según el texto de la norma, de contribuciones de 57 empresas, de “todos aquellos contribuyentes que tributen por la actividad de Servicios de la Banca Minorista” y de “un incremento del 50% de los Derechos por Emplazamiento y por Verificación de Emplazamiento de Estructuras y/o Elementos de Soporte de Antenas y Equipos Complementarios”.
Fuentes de la Agencia Platense de Recaudación indicaron de manera extraoficial esta semana que llevan recaudados “$ 8 millones” y que recaudan $4 millones por mes en torno a esta ordenanza. Se supone que el Municipio va reservando un porcentaje por si crece la lista de víctimas. Que efectivamente crece.
Entrevistado por esta revista Bruera había abordado con prudencia la cuestión de los montos de la reparación que esperan los familiares: “Dependerá de cuánto se recaude”, dijo, y sugirió que “sería bueno” que existieran otros fondos. A algunos familiares les dijeron que cobrarían “a fin de año”.
Promesas desprolijas
Mientras el Municipio espera que el “fondo de reparación” engorde más que la lista de víctimas oficiales, los familiares reciben atenciones desparejas y espasmódicas: alguna ayuda, algún arreglo, la refacción de alguna casa… y poca información clara.
La hija de un fallecido describió que se encuentra juntando los papeles requeridos para tramitar la indemnización pero no sabe cuánto dinero les van a dar ni en cuántas cuotas. El hijo de otra víctima contó, enojado con el Municipio, que le prometieron cobrar a fin de año pero que ya no le atienden el teléfono en Ayuda a la Víctima, e incluso que un funcionario le había prometido unos terrenos para reubicarse… Y el hijo de otra víctima resumió: “Intenté comunicarme con la empleada municipal a cargo al celular que me dejó cuando nos vimos en la Municipalidad pero me dijo que estaba muy ocupada… Nadie nos dio un mango —y evaluó—: La verdadera reparación es la que me toca hacer en mi casa y mi premio es la resurrección de las plantas que parecían perdidas”.
En tanto, hay quienes recibieron dinero de Presidencia (obtuvo un depósito de $40.000, contó el familiar de unas víctimas) y quienes rumorean que otros familiares recibieron de Nación una suma mucho más abultada. Aún no se completó el pago en tandas de las becas de la Universidad para damnificados a través del Banco Nación (de $3.000 por única vez). Y todo el universo de subsidios, créditos y reparaciones en general es poco claro. El diputado provincial Gonzalo Atanasof le dijo a esta revista que “el Banco Provincia no contestó el pedido de informes por los créditos otorgados a las damnificados por la inundación» y que «el gobierno bonaerense no contesta los pedidos de informes: ¡los usan de posavasos!”.
Con respecto a los impuestos, varios familiares consultados contaron que efectivamente fueron beneficiados con eximiciones en tasas municipales y en ARBA (a algunos, sólo en el impuesto Inmobiliario, cuando debería incluir para algunos perfiles el Automotor e Ingresos Brutos).
El esquema completo de “contención fiscal” a nivel municipio se encuentra publicado en la web de la Agencia Platense de Recaudación. Las zonas alcanzadas por estos «beneficios» surgen del “plano de afectación” que elaboró la Secretaría de Gestión Pública y conforma el Anexo 1 de la ordenanza 11.019
Esa ordenanza, del 16 de abril, incluye “exceptuar, durante el ejercicio fiscal en curso, del pago de los Derechos de Cementerio por los servicios que se soliciten respecto de «víctimas mortales del trágico temporal», «de conformidad con el listado oficial publicado por las Autoridades Competentes del Gobierno Provincial»…
La lista de víctimas debería cerrarse cuando el juez Arias dicte sentencia, aunque el plazo para hacerlo es prorrogable y aún hay muchas pruebas para procesar y muchas fojas para andar. Los dos expedientes que crecen en el juzgado tienen más de 10 cuerpos.
La Procuradora, María del Carmen Falbo, y el fiscal a cargo de la investigación sobre las responsabilidades políticas, Jorge Paolini, hablaron de 67 víctimas al exponer en una comisión de la Legislatura. Y la lista de Gobernación, que nunca se movió de 52, es un reflejo del abordaje policial del desastre (la toma de datos en el lugar de los hechos y en las comisarías) y el manejo del ministerio de Seguridad después. Sexos, edades, direcciones y parentescos son sólo algunos de los maltratos a las víctimas por los que el gobierno provincial aún no reparó.
Marcha y suelta de barquitos
Este viernes, a las 18, asambleas de inundados, Familiares de Víctimas de la Inundación y organizaciones barriales conmemorarán este cuarto aniversario en el centro de La Plata con la consigna “verdad, memoria y justicia” y el petitorio que vienen sosteniendo desde abril.
La actividad comenzará con un acto en la plaza Moreno, frente a la Municipalidad, donde leerán una serie de comunicados con sus reclamos. Seguirán con una suelta de miles de barquitos de papel. Y cerrarán con una marcha hacia la Gobernación.
Sus reclamos más importantes son el esclarecimiento de la cantidad de víctimas fatales, medidas urgentes para evitar una nueva catástrofe, revisión del Código de Ordenamiento Urbano y participación de las organizaciones de inundados en el control de las acciones de gobierno. La Asamblea de Tolosa comunicó que obtuvo el compromiso del ministro de Infraestructura, Arlía, para que la ciudad cuente con un plan integral anti inundaciones y se permita la participación de las organizaciones en la formulación y ejecución de dichas obras.
