Integrantes de asambleas barriales y Familiares de Víctimas exigen que el Gobernador los reciba y escuche. En tanto, este martes irán a la Cámara en lo contencioso administrativo, de cuya resolución depende la continuidad de Luis Arias al frente de la causa, para apoyar al juez.
Por segunda vez, Daniel Scioli postergó la reunión que iba a tener con representantes de las asambleas de damnificados y familiares de víctimas fatales. El encuentro, pedido por las organizaciones de inundados hace tres meses, había sido pospuesto por el Ejecutivo primero para este jueves, pero ayer se les informó a los asambleístas que el Gobernador los recibirá el lunes 26 de agosto.
Según le contaron a La Pulseada integrantes de Familiares de Víctimas de la Inundación del 2 de abril, desde el ministerio de Infraestructura les explicaron que el Gobernador necesita interiorizarse de lo avanzado en la materia por el ministro Alejandro Arlía, que si bien suspendió algunos encuentros pautados luego los recibió. En diálogo con esta revista, el familiar de una víctima fatal del listado oficial resumió: “Todavía después de cuatro meses no está al tanto de nada… ¡una tomada de pelo!”.
“Nos informaron que la nueva suspensión se debió a falta de tiempo del Gobernador para preparar las respuestas a los reclamos presentados el 2 de mayo pasado. Le reclamamos que nos preste debida atención. Que cuatro meses ha sido tiempo suficiente para responder estas demandas. Que no continúe dilatando los reclamos que de quienes sufrimos la desgracia de sufrir la pérdida de nuestros familiares, ni la de miles de ciudadanos que perdimos años de esfuerzo de nuestros apreciados bienes familiares. No somos ciudadanos expectantes de promesas electorales ni ciudadanos de segunda. Le pedimos respeto y que no juegue con nuestros reclamos, son los mismos que el domingo expresó el pueblo en las urnas”, comunicó el colectivo de los Familiares de Víctimas y las asambleas barriales.
El Ejecutivo provincial mantiene un perfil bajo en el tema, casi silencioso, tras la conferencia de prensa del 8 de abril cuando, con la tragedia en caliente, Scioli dio por cerrado el Comité de Crisis, construyó el “cambio de etapa” y anunció una lista de muertos “definitiva” (aunque con 37 “fallecidos “por otras causas”).
Pasó el tiempo, la causa judicial por las responsabilidades políticas no tiene imputados y la causa no penal (por el registro de fallecidos) encuentra trabas, al igual que la reparación económica a los familiares de víctimas. Por eso los damnificados exigen ser recibidos por el Gobernador. Sus reclamos más importantes, que llevan a la marcha que realizan cada mes, son: esclarecimiento de la cantidad de víctimas fatales, medidas para evitar una nueva catástrofe, revisión del Código de Ordenamiento Urbano y participación de las organizaciones de inundados en el control de las acciones de gobierno.
Como contó esta revista, si la Cámara en lo Contencioso Administrativo hace lugar a un reciente planteo de la Fiscalía de Estado, la causa en la que el juez Luis Arias estudia irregularidades en el registro y conteo de víctimas fatales podría terminar en manos de otro, el voluminoso expediente podría volver casi a foja cero. Ante esa posibilidad, los asambleístas se concentrarán para apoyar al magistrado este martes, 20 de agosto. “A las 10.30, todos estaremos en la Cámara del fuero contencioso administrativo (calle 45 n° 725)”, anticiparon.
Desplazados y no por el agua
La inundación produjo padecimientos psicológicos que continúan (en muchos familiares de víctimas fatales, principalmente) pero no determinó recambio de funcionarios con responsabilidades en la emergencia, cosa que sí produjeron, de manera «extemporánea», la campaña y el escrutinio. Dos de ellos ocurrieron en el ministerio de Justicia y Seguridad.
Uno es el pase a retiro del comisario general Jorge Omar Nasrala, superintendente de Investigaciones en Función Judicial (su nombre no fue reemplazado al cierre de esta nota en la web oficial pero fuentes del Ministerio confirmaron el cambio). Lo relevaría un hombre del área de Seguridad Vial, de confianza del jefe de la Policía, comisario general Hugo Matzkin. Durante la catástrofe de abril, Nasrala cumplió funciones importantes en el operativo: de la Superintendencia que tenía a cargo dependen las Direcciones Departamentales de Investigación en Función Judicial. Este policía revistó en Tigre, por lo que suele ser referido en los medios como “el preferido de Massa”, y de acuerdo con una nota publicada ayer en La Nación conocía el episodio del robo a la casa del intendente de Tigre y candidato a diputado Sergio Massa, y se guardó ese secreto.
Otro es Marcelo Leonel “Chubito” Leguizamón, candidato a diputado provincial por el Frente Renovador (Massa). Durante la inundación, este funcionario, jefe de Gabinete de asesores en el Ministerio de Justicia y Seguridad, “participó activamente, a partir de las 7 de la tarde” (junto con Gabriel Bruera y Luciano Timerman) del ajetreado Comité de Crisis. Así lo contó el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, en su exposición en la Legislatura por la inundación.
En días posteriores al anegamiento, «Chubito» también fue noticia por ser el destinatario de un memo interno del Ministerio donde otro funcionario disentía con el tratamiento de las víctimas de la inundación y sugería un tratamiento profesional de los cadáveres para poner fin a las habladurías urbanas sobre la cifra de fallecidos. Ese memo no fue respondido.
Y en el caos del 2 de abril también lo ubicó a Leguizamón el jefe de Gabinete de la municipalidad de La Plata, Santiago Martorelli (al exponer ante la comisión de concejales que debía investigar las causas de la inundación y el operativo desplegado para su abordaje); justo al responder a una intervención del concejal y ahora candidato del massismo José Ramón Arteaga.
