Las crudezas que descubrió el agua, en palabras de Marina Cappello, una de las impulsoras del primer relevamiento sociosanitario en barrios inundados en nuestra región en abril. La encuesta, cuyos datos están en proceso, incluyó un anexo para registrar datos sobre personas fallecidas y desaparecidas.
Por Milva Benitez
A la vera del arroyo Pérez, que establece el límite entre Los Hornos y San Carlos, un hombre lamentó haber sido arrastrado por la corriente: “Me tendría que haber subido al techo, pero me quedé. Estoy cansado, pero ve… Soy duro, acá estoy”, le dijo a la trabajadora social Marina Cappello mientras al invitaba a pasar al rancho que se había vuelto a inundar. «Como las otras veces, perdí todo”, resumió. El hombre, que estaba cansado, tiene poco más de 35 años.
“Esa situación, dramática, estaba antes, no la produce la inundación. La agudiza ―explicó a La Pulseada Copello, una de las impulsoras del primer y único relevamiento de información sociosanitaria en 25 de los barrios afectados por la inundación el pasado 2 y 3 de abril en La Plata y Berisso―. Esto estaba a la vista: estas familias viven en condiciones infrahumanas hace años. La catástrofe lo puso en jaque: cuando el agua se fue todo se agravó y quedaron al descubierto las condiciones de pobreza, hambre y falta de salud que muchas familias ya padecían”, explica.
El trabajo encarado por el Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires implicó el recorrido del 20% del territorio de esos agrupamientos urbanos y el registro del testimonio de más de 3.500 familias afectadas. La estrategia contó con la colaboración de 1.600 voluntarios que, cuestionario en mano y en equipos, salieron a recorrer los barrios. Gran parte de los recursos para esta tarea los aportaron los alumnos del último año de la carrera de Trabajo Social, que donaron los $30.000 que tenían recaudados para un viaje de estudios.
Entre otras cosas, los encuestadores preguntaron las familias afectadas hasta dónde llegó el agua y a qué hora, y cuál fue la primera asistencia y de manos de quién la recibieron (durante la inundación y después). Cappello advierte que la primera asistencia vino de algún vecino: de los lazos y la organización barrial. “El registro de la presencia del Estado de una manera organizada es escaso —precisó y ejemplificó—: En Altos de San Lorenzo hay unas cuadras en las que son todos albañiles y cuando el agua empezó a subir, espontáneamente, ataron todas sus sogas y rescataron a sus vecinos”.
En el arroyo Maldonado, cuando preguntaron a los cartoneros hasta dónde llegó el agua “señalaron los árboles” y contaron que la corriente “se llevó todo: ‘Perdí mi carrito, perdí mi caballo’, nos decían. Y supimos que algunos fallecieron intentando salvarlo”, recordó Cappello tras hurgar en relatos que para ella tienen rostro.
En el relevamiento también se incorporó un anexo para registrar los datos de fallecidos y personas con paradero desconocido. “Tenemos datos de gente que estaba en el listado, gente que no estaba en el listado y los rumores más truculentos que terminan llevándote a una pista. Es una aporte a la investigación sobre los muertes”, precisó Cappello. Hasta el cierre de esta nota, los informes del Colegio no fueron requeridos por el fiscal Jorge Martín Paolini, que investiga responsabilidades penales en la catástrofe.
Sin embargo, una primera parte, con datos sobre la situación de 25 familias de los barrios El Dique, Altos de San Lorenzo, Villa Elvira, Villa Montoro, San Carlos, La Granja y El Carmen (de Berisso) permitió a la asesora de incapaces Ida Scherman presentar tres recursos de amparo para pedir que los pobladores fueran inmediatamente asistidos. El juez en lo contencioso adminsitrativo Luis Arias, que investiga irregularidades y errores en el registro de víctimas por la inundación de abril les dio curso y ordenó al Ejecutivo bonaerense y a los municipios de Berisso y La Plata atender “las necesidades colectivas más urgentes y básicas de los pobladores afectados por la inundación”, específicamente aquellos que tenían poco y nada y tras el temporal lo perdieron todo. Arias también requirió al gobierno provincial la información sobre el plan de relocalización de 700 familias que habitan en asentamientos a la vera del arroyo Del Gato.
En el escrito judicial, Scherman señaló que la mayoría de los grupos familiares atraviesan una situación extrema, cuentan con escasos o eventuales ingresos y “padecen serios problemas de salud, de discapacidad, de infraestructura habitacional y de escolaridad y, además, resultaron ser víctimas del temporal perdiendo lo poco que tenían, incluso sus casas, debiendo reubicarse y hacinarse en casa de vecinos”.
Hasta ahora, éste es el único relevamiento sistemático de perfil sociosanitario sobre la catástrofe que afectó a los platenses. Según adelantaron desde el Colegio, es posible que durante julio se terminen de procesar los datos y se den a conocer los resultados definitivos.
