Emergencia de sinceridad

Editorial del Nº 119 de La Pulseada/

Hace falta sincerar las palabras…

¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad?

¿Quiénes tienen derecho a la vida?

¿Para qué universo es lo universal?

¿Los presuntos autores de qué delitos son considerados delincuentes?

¿Qué y quiénes están en emergencia?

Hoy, aquí, ahora, hay pibes que no están seguros de si van a comer.

Hoy, aquí, ahora, hay pibes que no están seguros de si los matará la bala del narco o la del policía.

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Hace un mes, escoltado por su gabinete y los jefes policiales, el gobernador Daniel Scioli anunció una “emergencia en materia de seguridad pública” por un año para “resguardar la vida y los bienes de las personas”. La decisión permite endeudar a la Provincia para utilizar recursos no previstos en el presupuesto. También habilita la reincorporación de miles de efectivos retirados de la Policía y del Servicio Penitenciario. Y promueve una coordinación con las agencias privadas de seguridad como “auxiliares de las fuerzas”.

Emergen las preguntas:

¿Qué garantías nos da la Policía que conocemos?

¿Qué empresa de seguridad privada quiere que se acabe el miedo?

¿Por qué nunca hubo ni hay una “emergencia en materia de protección de la niñez”?

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En estos días cumplen 10 años las “Leyes Blumberg”: una batería de medidas propias de una demagogia punitiva, basadas en el “miedo a la inseguridad”. El 5 de mayo de 2004 se modificó el Código Penal para incrementar las penas por ciertos delitos. Desde entonces, la población de las cárceles de la provincia prácticamente se duplicó.

Tras una década de leyes endurecidas, ninguna “inseguridad” ha desaparecido. La demagogia tampoco.

Hace diez años, Carlitos Cajade escribía en estas páginas:

“El neoliberalismo escandaloso por los países de América Latina (…) ha hecho que muchísimos de nuestros niños no tengan ningún tipo de seguridad. Muchos mueren víctimas del hambre y la desnutrición (…) Otros son judicializados y encerrados en cárceles para niñez, únicamente por el hecho de haber nacido pobres y no tienen ningún de defensa ni de seguridad. Otros pierden la escolaridad antes de ponerse el guardapolvo y, por lo tanto, no tienen ningún tipo de seguridad para el futuro”.

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Uno de los últimos puntos del decreto de Scioli encomienda a las autoridades competentes “el diseño de estrategias y programas tendientes al desarrollo de acciones de inclusión social, cultural y educativa, composición vecinal, protección integral de los niños, niñas y adolescentes, estableciendo canales de participación comunitaria a tal efecto”.

La inclusión de la inclusión no es inocente. La emergencia fue firmada el 4 de abril, poco después de la multitudinaria movilización convocada por la Obra de Cajade, tras la cual se logró cobrar parte de la deuda que había llevado al cierre temporal de los centros de día, y un pequeño aumento (20%) en el monto de las becas que estaba congelado hacía cinco años. Nuestra Obra y las organizaciones que marcharon en marzo siguen atentos al abandono del sistema de protección de la niñez, expresado en montos –todavía escuetos- de las becas, retrasos en los pagos y teléfonos que no atienden.

Los números son más son sinceros. La “emergencia” incluye una inyección de 600 millones de pesos destinados a la “seguridad”. El objetivo es comprar móviles y contratar más efectivos. La cifra es seis veces lo que destina cada mes el Estado provincial a la alimentación, la salud, la educación y el afecto que cientos de miles de chicos y chicas reciben en hogares y centros de día que forman parte del sistema de protección integral de la niñez.

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En La Plata, el intendente Pablo Bruera se arrodilló ante la “emergencia” y declaró la propia. Decidió que “toda la tasa de capitalidad que reciba la ciudad este año” irá para “más patrulleros, más cámaras, más policías”…

El informe de tapa de esta edición muestra un fragmento importante de la ciudad, Villa Elvira, que cotidianamente sufre la insuficiencia del servicio local de niñez, los centros de salud, el transporte, las instituciones educativas y la recolección de basura, por lo que nadie ha declarado una “emergencia”.

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Releemos una y otra vez la editorial de La Pulseada de mayo de 2004. Pasaron diez años y las palabras sinceras del cura tienen plena vigencia. Cambia el nombre del gobernador, la medida demagógica, el nombre de la última víctima y la cifra de la infamia. Las preguntas son las mismas:

“¿De qué país estamos hablando cuando hablamos de seguridad? (…) ¿La muerte injusta, no es una desgracia para todos los hijos que han nacido en este querido país, o hay muertes de primera y muertes de segunda? (…) ¿Nos dimos cuenta de que en los últimos años hemos aumentado todas las leyes represivas y el delito no disminuyó?”

“Tengamos la sensatez de ampliar el concepto de seguridad a todas las dimensiones de la vida”, reclamaba Cajade. Es recién entonces cuando deberíamos declarar la emergencia.