El fiscal que debe investigar las responsabilidades políticas de la catástrofe de abril apunta a las tareas desplegadas por Defensa Civil en la emergencia. También profundiza con dos casos la “pista sanitaria” anticipada por esta revista. Y citará a empleados del Cementerio.
La investigación penal abierta tras la catástrofe que el pasado 2 de abril dejó sumergida a media ciudad de La Plata sumó esta corta semana al menos siete nuevas medidas de producción de prueba que marcan un eje: el rol desplegado por el Municipio ante la emergencia. Además, la investigación del fiscal Jorge Martín Paolini meterá al ruedo a médicos legistas para determinar las causas de muerte de dos mujeres internadas en el hospital Español que fallecieron a los días de ser trasladas desde allí, como contó esta revista.
La inédita lluvia dejó varias enseñanzas y heridas abiertas en la ciudad. El agua que transformó a gran parte del casco urbano y la periferia en ríos de dolor también desnudó a una Municipalidad con falencias en materia operativa. En esa línea, Paolini envió dos oficios a la Dirección de Defensa Civil municipal, que integró el Comité de Emergencia que debió ejecutar el protocolo para la ocasión. El primer oficio nunca fue contestado. Por eso en la reiteración el fiscal recordó a los funcionarios que es “obligación” colaborar con el requerimiento de información solicitado por uno de los poderes del Estado.
¿Qué pretenden de Defensa Civil los investigadores? Quieren que les respondan por escrito “hora en qué comenzaron las tareas de asistencia a los damnificados” el 2 y 3 de abril y “cantidad de personal dispuesto para la emergencia y responsable de coordinación de las tareas”, según se desprende del oficio judicial enviado a Sergio Ariel Lezana, funcionario responsable de Defensa Civil municipal. Ahora, Lezana fue emplazado a responder antes del próximo miércoles, 26 de junio. Caso contrario, una de las posibilidades es que el fiscal allane dependencias municipales.
En las primeras horas post desastre, uno de los reclamos más escuchados fue “¡¿dónde estaba Defensa Civil?!”. La frase la repitieron hasta el hartazgo damnificados de distintos barrios, pero sobre todo los de Tolosa y Ringuelet. Meses antes, mediante el sistema de Presupuesto Participativo, la comuna había informado sobre la compra de gomones y equipos de salvataje para actuar en la emergencia. Pero según relatan muchas víctimas, éstos “nunca aparecieron”.
La representación de Defensa Civil estaba pedida en la Comisión Especial creada por decreto en el ámbito del Concejo Deliberante para determinar las causas de la catástrofe y evaluar el desarrollo del plan de emergencia. Pero el funcionario a cargo —como muchísimos otros, comenzando por Pablo Bruera— no asistió a exponer.
Historias clínicas y traslados, forenses y certificados
El relato oficial niega cortes de luz en nosocomios (lo negó Scioli en conferencia de prensa y ante pedidos de información realizados por esta revista). Pero sobran testimonios que prueban que la luz se cortó y, como adelantó La Pulseada, se están investigando varios casos de pacientes que por corte de luz fallecieron, ya sea en el Español o luego de ser trasladados a otros centros médicos.
Aparte del de Guillermo Piombino, los casos de Alicia Shimizu y Analía Peña encabezan la libreta de apuntes de Paolini. Es que uno de los aspectos centrales de la investigación que tramita en la fiscalía de Delitos Complejos es determinar qué paso puertas adentro de los hospitales ubicados en zonas inundadas. Por eso enviaron oficios a los hospitales Español e Italiano para pedir “copias certificadas de las historias clínicas de Alicia Shimizu y Analía Peña”. Además, en esa línea el fiscal pidió a la Procuración la colaboración de un médico legista para que dictamine sobre si las causas de muerte en estos casos —y otros que están en carpeta— tienen relación con los cortes de luz registrados tras las inundaciones.
Mientras espera esa información, Paolini y su equipo analizan varias pruebas documentales. Entre ellas se destacan las copias certificadas de las actas de defunción con los correspondientes formularios de constatación de fallecimientos ocurridos en abril en Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Brandsen, Magdalena, Chascomús, Almirante Brown y Avellaneda que le habían pedido a la directora del Registro de las Personas, Claudia Corrado, como anticipó esta revista.
En los días posteriores al desastre la puerta de la morgue platense se transformó en un desfiladero de personas desesperadas que buscaban información sobre familiares y amigos desaparecidos. Y las calles platenses siguen pobladas de fábulas sobre lo ocurrido tras la reja blanca que separa a los vivos de los muertos, donde se concentró toda la actividad forense aunque podría haberse usado también la morgue de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia, que tiene 24 heladeras.
En la policial, a dos meses del desastre, el 3 de junio pasado hubo una escena que pinta la disputa política y judicial que tiene esta trama desde un comienzo. Los dos investigadores del caso confluyeron, en un doble allanamiento, en ese punto de secreto ubicado en 72 y 136.
El primero en llegar fue el juez Luis Federico Arias, que indaga sobre eventuales irregularidades en la confección de certificados de defunción, manejo de cuerpos y procedimientos oficiales para el conteo de víctimas fatales. En ese momento, Arias estaba tras la pista de 8 inhumaciones dudosas en el sector Niños del cementerio. Por estas horas descartó el vínculo de casi todas con la inudación y sólo le falta evaluar dos casos.
Cuando el magistrado realizaba su procedimiento llegó el fiscal, acompañado de una decena de policías, e incautó libros de registro. Buscaba determinar si esas anotaciones de los fallecidos por el temporal coinciden con las del Registro de las Personas. Toda esa documentación ya fue girada el juez Arias para que la analice y avance en su investigación.
El personal de guardia del cementerio de La Plata deberá testimoniar ahora ante el fiscal, que pidió que le envíen copia certificada del libro de inhumaciones registradas durante todo abril en esa necrópolis. Luego será el turno de cruzar datos, compararlos con las declaraciones de los empleados y determinar si se necesitan más pruebas para solicitar eventuales llamados a declaraciones indagatorias de funcionarios.
Sobre el cierre de la semana judicial se supo que el Servicio de Inteligencia Del Estado (SIDE) envió al fiscal tres oficios de carácter “reservado”. Su contenido no trascendió más allá del funcionario y su estrecho grupo de colaboradores, salvo por un dato: “Las dos investigaciones son seguidas muy de cerca desde el gobierno nacional”.
Nadie rinde cuentas
La resistencia del Poder Ejecutivo municipal y provincial a colaborar con la investigación —la de Paolini en el fuero penal, la de Arias en el contencioso administrativo y aquellas desarrolladas en ámbitos legislativos— se está transformando en una constante. Las respuestas que no llegan de Defensa Civil, las filmaciones “borradas” del centro de Monitoreo Urbano Público (MOPU) y las llamadas “¿no grabadas?” -algo casi escandaloso- del 911 aparecen como los grandes botines del secreto en los últimos días.
Además, ni el titular de Defensa Civil ni el del MOPU expusieron en la Comisión Especial del Concejo Deliberante –creada tras una bochornosa sesión a mediados de abril y ahora dispuesta a emitir dictamen en aproximadamente una semana-. Para no señalar que el pedido de que Pablo Bruera asista al Concejo y a la Legislatura se agotó en un mero cruce de declaraciones entre oficialistas y opositores, en esta previa electoral.
