Los discursos de los principales candidatos presidenciales se endurecen cuando hablan de combatir las drogas, pero no distinguen matices ni niveles de responsabilidad. Las consecuencias de la represión suelen ser más nocivas que el mal que dice combatir. El resultado es otra forma de control y represión sobre un universo identificable de la población: varones y mujeres jóvenes y pobres que mueren o son encarcelados. Los fracasos de las denominadas “guerras contra el narco”.

Por Sebastián Ortega

Las drogas como causa de la inseguridad, proyectos para aumentar las penas e involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, la discusión sobre cómo tratar a los adictos. El narcotráfico se coló de lleno en la campaña electoral y lo hizo desde su costado más reaccionario: el de la guerra contra las drogas, un paradigma que demostró su fracaso y es severamente cuestionado por especialistas y jefes de Estado de la región. Un discurso de mano dura que esconde una cruda realidad: la sistemática violación a los derechos de jóvenes, varones y mujeres pobres y consumidores.

“En la campaña se pone énfasis en el narcotráfico, asociando el tema de las drogas a cuestiones de inseguridad y violencia. No se escuchan discursos que propongan un cambio, la única dirección en la que se avanza es en seguir haciendo más de lo mismo, profundizando la ilusión de que la respuesta punitiva es la única posible”, explicó a La Pulseada la trabajadora social y especialista en Ciencias Sociales y Salud Graciela Touzé, presidenta de la Asociación Civil Intercambios, creada en 1995 para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas.

Con mayor o menor insistencia, los tres candidatos presidenciales más votados en las PASO pusieron el acento sobre la cuestión de las drogas. El referente de Una Nueva Alternativa (UNA), Sergio Massa, ha sido el más insistente, al punto de convertir su “plan integral de seguridad” en su caballo de batalla electoral. Tiene motivos para creer en él: con sus propuestas de mano dura logró dos años atrás vencer al Frente para la Victoria (FpV) en la provincia de Buenos Aires, el distrito más populoso del país.

En plan de seducir a sectores más progresistas de la sociedad, Mauricio Macri y Daniel Scioli moderaron su discurso. Si hace no más de dos años proponían, al igual que Massa, que las Fuerzas Armadas se involucraran en la seguridad interior para combatir el narcotráfico, hoy plantean la necesidad de “estudiar” el tema, sin mostrar propuestas concretas. Sin embargo, en su discurso se trasluce una posición clara: la necesidad de distinguir a los grandes narcotraficantes a los que hay que combatir sin miramientos, de los adictos que deben ser sometidos a tratamientos de salud. En estas dos grandes categorizaciones, ninguno de los candidatos contempla matices: la venta minorista y el tráfico a pequeña escala (mulas y soldaditos), la posibilidad de que existan usuarios de drogas sin consumos problemáticos o la diferenciación entre distintas sustancias.

En una entrevista con el diario Página 12 al día siguiente de las elecciones en las que obtuvo más del 38 por ciento de los votos, Scioli fue consultado por “el tema del narcotráfico y la despenalización de la droga”. Con cierta habilidad, el candidato oficialista evitó dar una definición precisa. “Hay que tener cuidado con el mensaje que se da, ver la experiencia en otros países, las características de la sociedad. Pero hay que separar el narcotráfico, que es un crimen organizado y un tema de seguridad pública, del adicto, que es un enfermo y es un tema de salud, y como tal hay que tratarlo”, dijo.

Para Touzé, “este es el otro lado de la misma moneda: no poder reconocer que hay distintos tipos de consumo, que no todos los consumos de sustancias tienen carácter problemático y necesitan atención terapéutica. La imagen que se impone permanentemente es la imagen del consumidor como adicto”.

Guerra fracasada

A lo largo de toda su campaña, Sergio Massa reafirmó su compromiso de endurecer las penas para “limitar a los jueces garantistas” que “no creen en la cárcel ni en el castigo”. Su propuesta es sencilla y efectista: “declararle la guerra al narcotráfico y la inseguridad”.

“Me da tristeza ver que en la Argentina no se caiga una idea”, sostuvo el candidato de UNA cuando presentó en Rosario su proyecto de reforma del Código Penal de la Nación. Sus ideas en materia de seguridad se articulan en tres ejes: “Para los narcos, prisión perpetua”, involucrar a las Fuerzas Armadas en la “guerra contra el narcotráfico y bajar la edad de imputabilidad a los 14 años”.

Incorporar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior es un viejo anhelo de los sectores más reaccionarios de la política argentina. Algo expresamente prohibido por la ley 23.554 de Defensa Nacional. “Sugerir esa idea es una respuesta facilista, que no se piensa, que no tiene fundamento, y que se dice sin haberla analizado previamente”, respondió hace algunos meses el ministro de Defensa Agustín Rossi, cuando se lo consultó sobre el tema.

Para evitar esta contradicción con la legislación, Massa propone una reforma de la ley que apunte hacia el concepto de “seguridad multidimensional o ampliada” que implicaría que las fuerzas de Seguridad y Defensa trabajen en coordinación en el control de las fronteras, el espacio aéreo y otros aspectos como la recuperación “de barrios captados por los narcos”.

La idea de Massa no es original. Responde al paradigma “punitivista” que imperó en la región desde la década del setenta, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon inventó el concepto de “guerra contras las drogas”.

“Seguir hablando con ese lenguaje demuestra que está fuera de foco”, planteó Touzé. “Existe un consenso -ya no solo entre organizaciones, sino entre gobiernos de los países de la región- de que la guerra contra las drogas ha fracasado. Y no solo desde el punto de vista de las violaciones a los derechos humanos, también desde el punto de vista pragmático. El resultado ha sido el incremento del mercado, de la producción, el consumo y la violencia”.

La especialista citó el llamado “Informe Insulza” que presentó la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2013. El documento de 400 páginas -que toma el nombre del entonces secretario general del organismo, José Miguel Insulza– refiere al «Problema de las drogas en las Américas» y propone la necesidad de abrir el debate y plantear nuevas soluciones que tengan en cuenta un enfoque desde la salud pública que sea múltiple y flexible.

Mano de obra

El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, sostuvo que “las consecuencias de la guerra a las drogas son mucho más nocivas que las drogas”. Lo hizo durante la apertura del seminario internacional «Drogas: de la prohibición a la regulación”, que organizó el organismo que dirige junto con la Universidad Torcuato Di Tella.

El periodista habló del “flagelo de la represión” que se utiliza con el pretexto del “combate a las drogas”. “Estamos en un momento electoral y este tema es un arma arrojadiza que cada candidato arroja contra el otro”, sostuvo. Y agregó: “El tema del narcotráfico es uno de los argumentos con los cuales las distintas policías manejan la relación con los jóvenes varones de los barrios pobres. Cuando algún adolescente o algún joven es detenido con un cigarrillo inmediatamente se le plantea la alternativa: o cárcel o trabajás para nosotros”.

Perpetua para Fernando

La propuesta del massismo de “perpetua a los narcos” no responde algunos interrogantes básicos: a quiénes se considera “narcotraficantes”, qué los diferencia de quienes se dedican al narcomenudeo o al comercio ocasional y -sobre todas las cosas- qué los distingue de los consumidores.

Según el último informe la Procuraduría contra la Narcocriminalidad (Procunar), publicado en abril de 2014, de un total de 24.599 investigaciones abiertas en todas las fiscalías federales del país, 9.414 eran por violaciones al artículo 14 de la ley de drogas que pena la tenencia “para uso personal”. Es decir que el 38 por ciento de las investigaciones apuntaron al último eslabón de la cadena de producción y comercialización de estupefacientes: el consumidor.

El año pasado el fiscal federal porteño Federico Delgado elaboró otro informe que luego envió a la Procunar y al Congreso Nacional. El funcionario judicial analizó las causas abiertas en su Fiscalía durante 15 días de turno. Del total de expedientes por violación a la ley de drogas, el 71 por ciento fueron por tenencia para consumo y apenas poco más del 3 por ciento apuntaron al contrabando de estupefacientes.

La mayoría de las causas por consumo suelen terminar archivadas. Los jueces aplican el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 2009 declaró inconstucional el artículo 14 de la ley de drogas. Según el fiscal Delgado, el informe deja en evidencia “los recursos humanos y económicos que implica para el Estado la persecución de una conducta que, en la mayoría de los casos, terminará en la nada”.

Estos datos demuestran, por un lado, la resistencia a cumplir con el fallo de la Corte por parte de las fuerzas de seguridad, que siguen engordando las estadísticas del combate al narcotráfico con la detención de perejiles. Por otro lado, deja en claro cuáles son las prioridades de las Justicia: apuntar a los eslabones más débiles y no a las grandes organizaciones delictivas.

“Mal que nos pese, hay muchísimos consumidores privados de su libertad”, explicó en diálogo con La Pulseada el juez de Necochea Mario Juliano, miembro de la Asociación Pensamiento Penal. “Este tipo de casos los vemos todos los días, sobre todo en el interior. Personas que son detenidas con bagullos de dos o tres gramos de marihuana. Esto demuestra claramente que la persecución está orientada a los consumidores”, planteó.

Uno de estos casos es el de Fernando Colombini, un albañil de 29 años que en 2014 fue condenado por la justicia penal de La Plata a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por tener plantas de marihuana en el fondo de su casa de Saladillo. A los funcionarios judiciales no les importó que la policía hubiera cortado las ocho plantas que el joven tenía en su casa para asegurar que eran 20. Tampoco tuvieron en cuenta que en la balanza habían colocado las raíces y hojas para acrecentar su peso. Mucho menos les interesó que no hubiera un solo indicio de que Fernando se dedicara a vender el producto. En su casa, la Policía no encontró prensas, balanzas u otra herramienta que permitiera siquiera sospechar que se tratara de comercialización. En cambio, incautaron elementos utilizados exclusivamente para el consumo, como pipas y un picador.

Antes de que le otorgaran la prisión domiciliaria, Fernando -que nunca antes había estado preso- pasó por los penales de Magdalena y Olmos. Si la propuesta de Massa prosperara -algo difícil dado los resultados de las PASO- Fernando podría ser uno de los “narcos” condenados a perpetua.

Una pena desproporcional

“Más allá de que se trate de narcotraficantes o consumidores, la prisión perpetua es inconstitucional”, explicó Mario Juliano. “Está en contradicción con la Constitución Nacional, que sostiene que la cárcel tiene un fin resocializador. Eso no puede cumplirse si una persona pasa toda su vida privada de la libertad. ¿En qué momento se va a revincular con la sociedad?”, planteó el juez, quien considera a la prisión perpetua como una “pena de muerte encubierta”.

“Hace algunos años el Código Penal consideraba que solo se podía dictar perpetua en casos de homicidio calificado y traición a la patria. Hoy no menos de 20 tipos de situaciones contemplan esta pena”, explicó el juez. Hasta el año 2004, cuando se incorporó al Código Penal un paquete de reformas conocidas como las “leyes Blumberg”, un preso podía obtener la libertad condicional tras pasar 20 años tras las rejas. El nuevo texto sostiene que “el condenado a reclusión o prisión perpetua” podrá obtener el beneficio una vez que “hubiere cumplido 35 años de condena”.

“Hay muchas conductas delictivas asociadas a la cadena de comercialización de drogas que no necesariamente están asociadas a conductas violentas. No pueden tener una pena más dura que un homicidio, tiene que existir una lógica en el poder punitivo del Estado”, planteó Touzé.

El Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, al que adhirió Argentina, establece una pena máxima de 30 años para los acusados de genocidio. “¿Cómo puede ser que un delito como el narcotráfico tenga una pena más alta que los delitos de lesa humanidad?”, criticó Juliano.

Un paradigma que fracasó en México

José Guevara es el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y miembro del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En su participación en un seminario en la Universidad Torcuato Di Tellale puso cifras al fracaso de este paradigma. La guerra contra el narco anunciada por el entonces presidente de México Felipe Calderón causó más daño que el de muchas dictaduras en América Latina: 70 mil asesinatos-ejecuciones extrajudiciales relacionados al tráfico de drogas, más de 25 mil desaparecidos, 281 mil desplazados, 27 crímenes de defensores de derechos humanos asesinados y casi cien periodistas asesinados o desaparecidos. Entre 2006 y 2014 la Procuraduría General de la República recibió 4 mil denuncias de torturas.

Junto con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, desde el comienzo de la guerra contra las drogas, el consumo en el país azteca aumentó de 450 a 550 mil personas. “México puede ser un caso de estudio en que se constata lo aberrante de esta política”, remató Guevara.

“El ejército no era la forma de combatir el narcotráfico”, explicó la periodista mexicana Marcela Turati, durante un acto de premiación por su libro “Fuego Cruzado. Las victimas atrapadas en la guerra del narco” en la Universidad de Harvard. “Felipe Calderón inició su presidencia con una sorpresiva declaración de guerra contra el narcotráfico y enviando a militares y a policías federales a combatir a los narcos en las calles. Y ellos obedecieron. Los narcos también salieron. Cada ejército mostró sus poderosas armas. Ellos convirtieron cualquier calle de cualquier ciudad en un campo de batalla, y dejaron miles de víctimas atrás. El sexenio terminó en tragedia. Es llamado “el sexenio de los muertos”, dijo la periodista.

“El país cambió y nos dejó sin opciones. De pronto, muchos periodistas nos volvimos corresponsales de guerra sin salir de nuestra tierra. Y repentinamente estábamos cubriendo masacres, reportando el hallazgo de fosas clandestinas, cubriendo el funeral de algún colega o reportando las historias de dolor y de injusticia que ocurren en toda guerra”, contó Turati.