El nuevo gobierno llevaba poco más de 100 días cuando llegó el octavo aniversario del golpe de Estado, en 1984. Climas, tensiones, hechos, decisiones, cuestionamientos, ausencias y el rol del periodismo en esos primeros instantes de vida democrática y de análisis del pasado inmediato.

Por Germán Ferrari 

“El 24 de marzo de 1977, a un año del golpe, Rodolfo Walsh redactó esta carta, la envió al general Videla e hizo llegar copias al presidente norteamericano Jimmy Carter y a la prensa internacional. Al día siguiente, tropas del Ejército lo sacaron de su casa en Buenos Aires y nunca más se supo de él. Rodolfo Walsh no necesita ser presentado, pero si alguien nunca oyó hablar de él, leyendo esta carta sabrá quién y cómo era”. En su edición de la segunda quincena de marzo de 1984, la revista Humor, una de las más leídas por entonces, presentaba de esta manera —con algunos datos erróneos— la emblemática Carta abierta de un escritor a la Junta Militar.

Hoy ese texto es un clásico, conocido por los estudiantes del secundario, pero en aquellos fascinantes y turbulentos primeros días de democracia recuperada era un rescate, un trabajo desconocido para la inmensa mayoría de los argentinos. Difundir esa denuncia de Walsh iba más allá de la reivindicación histórica y la función pedagógica del periodismo post dictadura. Humor había decidido publicar la Carta… en las tres páginas finales de una sección inaugurada con esa edición: “Miseria de la prensa del Proceso”. Así, la solvencia de Walsh triunfaba frente a los dobleces del periodismo durante el régimen cívico-militar, acumulados en una investigación en la que desfilaban Bernardo Neustadt y Mariano Grondona y las revistas Gente, La Semana y Radiolandia 2000. Luego, en ese mismo año, la Carta… comenzó a integrar, como agregado final, los ejemplares de Operación masacre de Ediciones de la Flor.

1984

La presencia de aquella Carta… en Humor se liga a la conmemoración de aquel 24 de marzo, el primer aniversario del golpe que se transitaba en democracia, y que los caprichos de la historia hicieron caer a poco de cumplirse 100 días de la asunción del nuevo gobierno, de Raúl Alfonsín. La ronda de las Madres del jueves 22 de marzo de ese año se transformó en una manifestación que unió la Plaza de Mayo con el Obelisco para exigir “nunca más una dictadura militar”. “Permitir la impunidad de los delitos cometidos es preparar el camino para el retorno de los culpables y de su siniestro aparato de represión política que debe ser totalmente erradicado ya”, afirmaba Hebe de Bonafini en nombre de los ocho organismos de derechos humanos (Madres, Abuelas, Servicio de Paz y Justicia, Centro de Estudios Legales y Sociales, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos). Al documento leído adhirieron la CGT Unificada, el Encuentro Nacional de los Trabajadores y el Centro de Ex Soldados Combatientes en las Malvinas. El sábado 24 de marzo, las Madres publicaron una solicitada en Clarín en la que ratificaban su postura frente a la política del gobierno sobre el terrorismo de Estado:

*declaración de la desaparición forzada de personas como delito de lesa humanidad

*actuación de una Comisión Bicameral investigadora

*tramitación de las causas en la Justicia civil y no en tribunales militares

Ese mismo día, el Movimiento de Juventudes Políticas (Mojupo), integrado por radicales, peronistas, comunistas, intransigentes, socialistas y de otros partidos, alertó sobre intentos golpistas y opinó que esas maniobras continuarían hasta que no fuera “liquidada su base material: una estructura económica y social injusta, atrasada y dependiente”. También se comprometió a “enfrentar las maniobras desestabilizadoras del imperialismo, la oligarquía y la patria financiera”. En un comunicado, el Mojupo expresó que “nuestro enemigos” son quienes “provocan las estampidas de los precios y aconsejan desoír los reclamos de la justicia social, los que intentan, en definitiva, entregar a la Nación atada de pies y manos a la voracidad de la banca internacional”. Días después, las autoridades prohibieron un acto frente a la ESMA y obligaron a los manifestantes a trasladarse a las Barrancas de Belgrano, tras montar un descomunal operativo policial. Poco antes, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) había presentado a la Justicia federal denuncias y testimonios recolectados hasta el momento sobre esa dependencia de la Marina como uno de los centros clandestinos de detención montados por el terrorismo de Estado.

El periodismo post dictadura

El 18 de marzo se había cumplido la fecha exacta de “los primeros 100 días de democracia”, según el eslogan acuñado por el gobierno de Raúl Alfonsín, que decidió convocar a un acto en la Plaza de Mayo para cinco días más tarde, en las vísperas del octavo aniversario del golpe de 1976.

Entre 50.000 y 150.000 personas, según el diario o la revista que se consulte, escucharon al presidente hablar desde los balcones de la Casa Rosada, y millones lo siguieron por radio y televisión en cadena nacional. Condenó los conflictos Este-Oeste y Norte-Sur y la división internacional del trabajo, las “hegemonías y dependencias” y “el juego dialéctico que se realiza entre los materialistas de izquierda y de derecha, que pretenden segar las fuentes de la actividad creadora del hombre, sin considerar las fuerzas del espíritu como fundamentales para esa acción”; cuestionó el “endeudamiento abrumador” de la Argentina y de otras naciones americanas; detalló la “crisis tremenda” que dejó la dictadura y provocó una “pobreza extrema”; calificó de “actitud suicida irresponsable” a la “apertura irrestricta de la economía” fomentada por el régimen; abogó por la unidad latinoamericana; y destacó los aportes al país del radicalismo, el peronismo, el socialismo, la democracia cristiana y el “liberalismo político”.

Pero a horas de un nuevo aniversario de la usurpación del poder por parte de Videla-Massera-Agosti el jefe de Estado no mencionó ni insinuó absolutamente nada sobre uno de los principales temas del momento: las secuelas del terrorismo de Estado y las políticas públicas sobre derechos humanos.

Por esos días, integrantes de la Conadep (en algunas medios se la mencionaba como “Codep”) inspeccionaron los ex centros clandestino de detención Monte Peloni, La Perla y ESMA. Y mientras la Justicia civil recibía decenas de denuncias contra integrantes de las Fuerzas Armadas, la Justicia militar demoraba sus actuaciones en torno a las causas que llevaba por la represión ilegal. Además, la situación de más de un centenar de presos políticos aún encarcelados provocaba cruces entre funcionarios del gobierno, legisladores y familiares. Las exhumaciones de cadáveres sin identificar en distintos cementerios del país impactaban a la sociedad.

Dos revistas muy distintas se posicionaron sobre el fenómeno que se producía en el periodismo post dictadura. La primera, El Porteño, tituló “El show del horror” y escribió: “Periodiscidio. ¿Quién se beneficia con el tráfico de cadáveres? Parece humor negro pero no lo es. Ni más ni menos es la vera traducción gráfica de cuanto está ocurriendo en la mayoría de los medios de comunicación. Primero se mercantilizó con la pavada que proponía la dictadura, después con los traseros, hasta ayer nomás con la efervescencia pre-eleccionaria. Hoy, el negocio está en la industria del cadáver ajeno”.

La segunda revista, Satiricón, tituló y “El show de los N.N.” y avanzó: “Una cabalgata desaforada, podrida, violenta y muy superficial, que sólo consigue abrumar y confundir a la gente, haciéndole creer que ya se destapó una cloaca que ni siquiera ha sido tocada ni se sabe realmente dónde está”.

Políticas y demonios

En abril de 1984, la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación editó el cuadernillo Los primeros 100 días de la democracia, que sintetiza la acción de gobierno durante ese período en las distintas áreas, y como final incluyó el discurso que Alfonsín dio aquel 23 de marzo. En materia de derechos humanos, la publicación destaca la “derogación de la llamada Ley de Amnistía”, la sanción de la “Ley de Protección del Orden Constitucional y de la Vida Democrática”, el “desmantelamiento del aparato represivo existente”, la “modificación del Código de Justicia Militar”, la “derogación del cuerpo de leyes de facto que regulan el procedimiento contra el terrorismo” y la “reestructuración de los planes de estudio de los aspirantes a oficiales de la Policía Federal”. Además, resalta la “aprobación de distintos pactos sobre derechos humanos promovidos por la Organización de Estados Americanos, en especial el Pacto de San José de Costa Rica”, la “derogación de la pena de muerte” y la “visita, por primera vez, a la Casa de Gobierno, de los representantes de ocho entidades de derechos humanos que fueron recibidos por el presidente Raúl Alfonsín”.

Una mención aparte merece la creación de la Conadep, “integrada por 16 personalidades de diferente extracción política y presidida por Ernesto Sábato que, en un lapso de 180 días, deberá elevar al Presidente de la Nación un detallado informe de lo investigado en relación al destino de personas desaparecidas”.

Los párrafos dedicados a los decretos 157 y 158, de diciembre de 1983, por los que se pedía la captura y el juicio a los integrantes de las organizaciones guerrilleras y a las juntas militares, evidencian la “teoría de los dos demonios”, no sólo desde lo ideológico sino en la elección de las palabras: “promoción por decreto de la prosecución de las causas penales contra jefes político-militares de organizaciones terroristas (Montoneros y ERP) por homicidio, asociación ilícita, instigación pública a cometer delitos, apología del delito y otras causas que pudieran surgir”; “promoción por decreto de la prosecución de las causas penales contra los integrantes de las tres primeras juntas militares, quienes son procesados por la responsabilidad que les cupo en los cursos de acción elegidos para reprimir a la subversión”. Así como el informe destaca la “detención de Mario Firmenich, en Río de Janeiro, Brasil, donde ya se giró el correspondiente pedido de extradición”, se subraya la “detención y prisión preventiva al general (RE) Ramón Camps y al vicealmirante (R) Joaquín Chamorro”. El ex jefe de la Policía bonaerense era acusado “‘prima facie’ como responsable de haber planeado y dirigido un siniestro aparato de terror, con el fin alegado de combatir al igualmente siniestro terrorismo de signo opuesto”.

La misma Humor que difundió la Carta… de Walsh publicaba un “adelanto interesante” del libro de Pablo Giussani Montoneros: la soberbia armada. En su presentación, la revista advierte que el ensayo “habrá de provocar, seguramente, apoyos y rechazos”. Y anticipa que en su trabajo el periodista “analiza con conocimiento de causa el origen, el desarrollo y el fin de ‘Montoneros’”. El debate sobre nuestro pasado inmediato recién comenzaba.

Sobre el autor

Germán Ferrari es periodista y docente, y publicó el libro 1983. El año de la democracia, en 2013, a 30 años de ese punto emblemático de nuestra historia reciente. Mediante entrevistas con protagonistas de diversos sectores sociales y políticos y material de archivo, reconstruye en ese trabajo un año donde todo parecía posible: derechos humanos, exiliados, la cuestión militar, la cuestión sindical, los deportistas, la literatura, las elecciones, los medios, las ilusiones, la frustración… Antes publicó Símbolos y fantasmas. Las víctimas de la guerrilla: de la “amnistía” a la “justicia para todos” (donde estudia una reverdecida “teoría de los dos demonios” tras la derogación de las leyes de “Obediencia debida” y “Punto final”), Raúl González Tuñón periodista y Rabindranath Tagore: soñador de esperanzas.