En un contexto donde se agudizan los problemas producto de guerras y hambrunas que generan la huída desesperada de cientos de miles de personas, Europa decide endurecer su política migratoria. España es uno de los países que mayor presupuesto recibe de la Unión Europea para controlar el ingreso de extranjeros.
Texto y fotos Daiana Melón
En los últimos tiempos, las fronteras y la migración comenzaron a ocupar un lugar central en la agenda política y mediática, permeando incluso en las campañas electorales en las que se multiplican consignas que proponen un endurecimiento de la legislación relativa a la migración. En Europa, el control de la movilidad irregular se ha convertido en un objetivo clave de las políticas comunes y se destina gran parte del presupuesto a contener los flujos migratorios provenientes sobre todo de Asia y África.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 68,5 millones de personas en el mundo fueron expulsadas a la fuerza de sus hogares. Además, existen en la actualidad 25,4 millones de refugiados –de los cuales más de la mitad son menores de edad– y 3,1 millones de solicitantes de asilo. Los países con mayor cantidad de expulsiones forzadas son Sudán del Sur, Afganistán, República Árabe Siria, Myanmar y Somalia. Las migraciones tienen numerosas causas: guerras, hambrunas, problemas de índole económico, de libertad o explotación sexual, persecuciones políticas y religiosas, catástrofes naturales, entre muchas otras.
La Unión Europea (UE) ha puesto gran parte de su interés y recursos en el control de sus fronteras, sobre todo después del estallido de la crisis económica de 2008. Las principales rutas de acceso a Europa son tres: la de Marruecos a España, la de Libia a Italia y la de Libia a Grecia. En lo que va de 2018, 82.201 personas han intentado llegar a Europa a través de las vías marítimas, de las que 1.719 murieron ahogadas. Por vía terrestre, se calcula un arribo de 5.162 personas.
En marzo de 2016, la UE firmó un acuerdo con Turquía para contener los flujos migratorios que ingresaban por la ruta de los Balcanes. El acuerdo habilitó a la organización a retornar a Turquía a cualquier migrante que arribe a través de las islas griegas; a cambio se comprometía a activar un procedimiento más ambicioso de acogida de refugiados sirios. Luego de un año de aprobado el acuerdo, la ONG Médicos sin Fronteras denunció que un 59% más de refugiados y migrantes viven en los campos de la ruta de los Balcanes.
En mayo de este año la Comisión Europea presentó una propuesta para el presupuesto de la UE en el período que va desde 2021 hasta 2027. En ese plan se propuso triplicar la partida destinada a la protección de fronteras, inmigración y asilo, pasando de los 13 mil millones de euros que se destinan en la actualidad a 33 mil millones. A su vez, postuló ampliar la cantidad de guardias fronterizos de Frontex, la guardia costera de la UE.
En la actualidad, existen 304 campamentos de refugiados en Europa, 65 en África y 29 en las zonas de Asia más cercanas a la UE. Con el correr del tiempo, numerosas ONGs que brindan ayuda en los campamentos han comenzado a difundir denuncias e informes en torno a las condiciones en las cuales deben vivir los refugiados, en muchos casos sin acceso a cuidados médicos, alimentos adecuados, higiene y agua caliente. Incluso, en 2017, ACNUR constató 622 casos de violencia contra mujeres, de los cuales el 28% eran casos de violaciones y abusos.
Tapón de una frontera
“Una de las dos Españas ha de helarte el corazón”
Antonio Machado
España, en conjunto con Grecia e Italia, son los principales pasos fronterizos de ingreso a Europa, ya sea a través de las vías marítimas o terrestres. En el año 2017, se calcula que más de 22.400 personas han llegado a España, principalmente a través de las rutas que atraviesan el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán. La educadora social e integrante del movimiento Stop Deportación, Ainhoa Nadia Douhaibi plantea que “cuando España se ve desbordada o quiere jugar con Europa y con otra serie de políticas, la migración es como su moneda de cambio, si hace su frontera más porosa, más posibilidad tiene a la hora de presionar a Europa, es una negociación que juega con la vida y muerte de las personas”.
Durante los primeros años de la década de los 2000, el ingreso a Europa a través de España no resultaba tan complejo. La situación económica favorable y la implosión del mercado inmobiliario hacía necesario el ingreso de población migrante “no por una cuestión de derechos humanos, ni de reconocimiento a la movilidad, sino por los beneficios que generaba al mercado de capital, por la aportación de mano de obra barata”, resalta Douhaibi. Pero tras el estallido de la crisis del año 2008 las políticas migratorias comenzaron a endurecerse y la frontera comenzó a plantearse menos permeable al ingreso de los flujos migratorios.
La Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, más conocida como la Ley de Extranjería, fue sancionada el 11 de enero de 2000. Esta legislación es sumamente contradictoria, dado que prohíbe a los migrantes regularizarse en el período de los tres primeros años, pero a su vez prevé sanciones para quienes no se regularicen: detención, encierro en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), expulsión o prohibición de ingreso en el país por una determinada cantidad de años. La educadora afirma: “La ley al obligarte a estar tres años en la clandestinidad, te condena a estar expuesto a la deportación, a todas las violencias que significa vivir en la supuesta clandestinidad, que es que no puedes acceder a un contrato de trabajo y que por eso no puedes acceder a muchos servicios ni derechos, porque tú no deberías estar aquí”.
La ley de extranjería plantea que un extranjero o extranjera puede solicitar su regularización por la vía del arraigo tras demostrar una estancia irregular de tres años en el país (ya sea con una factura, servicio, credencial o algo similar), a su vez, debe presentar un contrato de trabajo de cuarenta horas por un plazo de un año y no poseer antecedentes penales. Cumplir con ello implica que quien haya extendido el contrato de trabajo tenga la posibilidad de esperar los plazos burocráticos que plantea presentar los papeles y el otorgamiento de la tarjeta de residencia por el plazo de un año. Al cabo de ese año, la persona tiene que presentarse nuevamente y comprobar que ha cotizado como mínimo la mitad del tiempo planteado en el contrato (seis meses), para la renovación es necesario mantener el contrato de trabajo o presentar uno nuevo. De esta forma el estado español le otorga una tarjeta por dos años. El proceso continúa con una tarjeta permanente por cinco años. Tras diez años y si la persona no ha cometido ningún delito puede solicitar la nacionalidad. “La ley de extranjería reproduce los roles de género dominantes, reproduce los usos del espacio dominantes, heteronormativos y de dominación racial, reproduce la idea de la división del trabajo y de la mano de obra racializada, obliga a la población migrante a mantenerse en espacios de trabajo violentos o invisibles”, subraya Douhaibi.
Deportación y CIE
La legislación española establece varias figuras de deportación. En primer lugar las denegaciones de entrada y los rechazos en frontera, que serían dos formas que se dan antes de que la persona haya cruzado la frontera o justo en el momento de hacerlo. Luego están las devoluciones que se hacen cuando una persona pretende entrar de manera ilegal al país o cuando una persona ha sido expulsada e intenta ingresar nuevamente. Por último, las expulsiones que pueden ser de dos tipos: porque el migrante ha cometido una infracción administrativa, o porque ha sido condenado por un delito doloso cuya pena este dada por una privación de la libertad superior a un año.
Más allá de lo que la norma establece, en la Frontera Sur española se ha disparado la práctica de lo que se conoce como “devoluciones en caliente”. Esta práctica se da sobre todo en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde las fuerzas de seguridad llevan adelante una entrega sumaria –sin procedimiento alguno– a las autoridades marroquíes de ciudadanos que han interceptado en zonas de soberanía española. Por no tratarse de una devolución mediante proceso jurídico no existen números reales de la cantidad de devoluciones de este tipo que se llevan adelante cada año.
“La funcionalidad de la política migratoria europea y la del Estado español está basada en el régimen de deportación, es decir yo te tengo controlado y voy a tener controlada tu vida, tus movimientos, cómo utilizas el espacio público, cómo te relacionas con el mercado laboral, etc., en base a una ley de extranjería que me permite amenazarte de deportación si tú no cumples”, afirma Douhaibi.
Una de las herramientas centrales de la política migratoria y de los procesos jurídicos que derivan en las formas de deportación son los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), lugares de carácter no penitenciario en donde se retiene a los extranjeros temporalmente por un período máximo de 60 días. Actualmente, en el estado español existen siete establecimientos (Tenerife, Las Palmas, Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia y Algeciras) y, a fines de 2017, la cárcel de Archidona, en Málaga, debió ser habilitada como CIE, ante la masiva llegada de migrantes a las costas de Andalucía y Murcia. “El CIE existe para materializar la deportación, no existe la deportación porque haya mucha gente en el CIE, sino al revés, el Estado calcula cuantas personas tiene y quiere deportar, y hace el uso del CIE que es la medida cautelar que permite que se puedan encerrar a las personas para tenerlas controladas, para efectuar su expulsión”, subraya la educadora social.
Un estudio realizado por el investigador de la Universidad de Cádiz, Diego Boza Martínez, determinó que en el 2016 del total de la cantidad de personas encerradas en los CIE 55% provenían de África subsahariana, 35% del Magreb y 10% de otros lugares.
A su vez, dado que los CIE no son considerados instituciones penitenciarias no rigen las mismas normas y controles que rigen a este tipo de instituciones. Así, se han realizado numerosas denuncias por la calidad de los alimentos que brindan, la ausencia de acceso a la salud, de menores de edad encerrados como adultos prevaleciendo su condición de extranjero o extranjera por sobre su condición de niño o niña. De esta forma, el CIE como herramienta para garantizar el control de los flujos migratorios y los procesos de deportación condena a las personas migrantes a la clandestinidad y a la irregularidad, y a todas las violencias que esta situación conlleva. “El migrante es considerado como alguien que desafía el poder del Estado, su soberanía, su supuesta capacidad de organizar un territorio”, destaca Douhaibi
Correr tras las mantas
En las calles céntricas de la capital española los manteros se acomodan uno al lado del otro. En algunas calles no queda un rincón libre. Las mantas blancas donde se acomodan los productos que venden están cruzadas por dos sogas que conectan las puntas en forma diagonal. Es un mecanismo que los trabajadores inventaron para salir corriendo más rápidamente cuando los persigue la policía.
En 2017, las intervenciones policiales contra las ventas ambulantes crecieron un 43% con respecto al año anterior, pasando de 8.274 a 11.840. Las corridas y las detenciones son prácticas diarias con las cuales tienen que convivir quienes trabajan como manteros, una actividad ampliamente racializada.
Mame Mbaye lo hacía desde hace 11 años. Nació en Senegal, pero desde mayo de 2006 vivía en Madrid, a donde llegó a través de un viaje en patera que demoró una semana, y después estuvo detenido durante tres días en un CIE. Murió el 15 de marzo pasado cuando huía junto a un compañero de la Policía Municipal. Sufrió un paro cardíaco. Tenía 35 años. Tras su muerte, se sucedieron marchas y movilizaciones en numerosos puntos del país al grito de “ningún ser humano es ilegal”.
En octubre de 2016, el Municipio de Madrid anunció el impulso de una Tarjeta de Vecindad que le facilitaría la vida a las personas sin papeles. Pero la medida nunca se implementó y Mame murió sin papeles.
Caza de indocumentados
En febrero del año 2009, se filtró un documento interno de la Policía Nacional en el que se planteaban directrices que fueron repartidas en la comisaría de Villa de Vallecas, Madrid, luego de una reunión celebrada el 12 de noviembre de 2008.
El documento rezaba: «Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos». Para la comisaría de Vallecas establecía un objetivo semanal de 35 detenciones de extranjeros por semana.
En ese momento, diversas ONGs presentaron su preocupación ante el Fiscal General del Estado y el Defensor del Pueblo por el aumento en la cantidad de redadas por las calles en busca de personas sin papeles.
