A 10 años de la inundación, los vecinos que mantienen vivas a las asambleas barriales caminaron en soledad por las calles de la ciudad con los mismos reclamos del primer día.
Por Redacción La Pulseada
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El 2 de abril de 2023 volvió a llover en La Plata. Esta vez fue sin la violencia ni el volumen que hace diez años convirtió a sus calles en un mar que devoró vidas, provocó pérdidas multimillonarias, se llevó recuerdos y abrió una herida que no cierra en la historia de la ciudad.
El 2 de abril de 2013 cayeron en pocas horas 392 milímetros; la justicia determinó que producto de la inundación murieron al menos 89 personas y se inundaron 3.500 hectáreas, con pérdidas que fueron valuadas en aquel momento en 3.400 millones de pesos. Las consecuencias de aquella tragedia tuvo una profunda cobertura en La Pulseada.
La de este domingo fue una lluvia lenta pero persistente que hizo que la tristeza de la jornada fuera más profunda mientras que los vecinos, que constituyeron las asambleas barriales en las semanas posteriores a la inundación y lograron sostenerlas después de una década, caminaban en soledad.
Concentraron en Plaza Moreno y caminaron hacia Plaza San Martín con las mismas banderas que empezaron a levantar por aquellos días. Para reclamar lo mismo ante las administraciones municipal y provincial. Entre otras cosas, la conclusión de todas las obras hidráulicas que mitiguen el impacto de una tormenta similar o mayor, el esclarecimiento de la cifra de víctimas fatales hoy establecida oficialmente en 89 muertos, la implementación del Plan de Reducción de Riesgos de Inundación para que los barrios sepan qué hacer en caso de que algo así vuelva a repetirse y la determinación de las responsabilidades políticas de una tragedia a la que los asambleístas consideran “crimen social”.
El acto estuvo protagonizado fundamentalmente por las distintas asambleas de inundados que hoy están organizadas en dos grandes grupos: uno denominado “Inundados La Plata”, integrada por las Asambleas de Tolosa, Villa Elvira, el Parque Recreativo de Los Hornos y los Autoconvocados; y otro que se llama “Coordinadora de Inundados”, de la que forman parte las asambleas de Parque Castelli y Barrio Norte y un grupo nuevo denominado “Sobrevivientes 2-4-13”.
EL DOCUMENTO
Más allá de las diferencias, todas juntas firmaron el documento que fue leído durante el acto y en el que cuestionaron “la desidia y el abandono” que transforman la tragedia “en un crimen político y social”. Argumentaron esa afirmación en los datos históricos que indican que pese a que se hicieron estudios sobre el problema de las inundaciones en base a antecedente no tan graves como el del 2 de abril de 2013, los gobiernos de turno los desoyeron.
Y apuntaron a lo que consideran es uno de los factores decisivos: “El negocio inmobiliario, que comenzó hace décadas, fue continuado y potenciado en la urbanización de zonas inundables por los intendentes (Julio) Alak, (Pablo) Bruera y (Julio) Garro. Por su parte todos los gobernadores, empezando por (Felipe) Solá, pasando por (Daniel) Scioli, (María Eugenia) Vidal y actualmente (Axel) Kicillof subejecutaron las obras hidráulicas necesarias y, a su vez, desestimaron proyectos de obras complementarias como reservorios, parques lineales, veredas verdes, entre otras, en las cuencas de los arroyos”.
LAS OBRAS
Desde la gestión actual, el día del décimo aniversario el intendente Garro dijo que desde 2015, “la Gestión de Riesgo es una política de Estado”. Y remarcó que se hicieron más de 40 kilómetros de obras hidráulicas y la ciudad se convirtió en la mejor monitoreada del país, con decenas des estaciones meteorológicas y sensores de nivel en los arroyos.
Para los asambleístas es insuficiente. “Por la presión popular empezó la ejecución de la etapa I de las obras hidráulicas, principalmente sobre la cuenca del Arroyo del Gato”, aseguran y recuerdan la frase de la exgobernadora Vidal y el jefe comunal cuando en 2019 al inaugurar esas obras dijeron que “los platenses podíamos dormir tranquilos”. “A los pocos días hubo una tormenta que no llegó a provocar una segunda tragedia gracias a que la lluvia paró justo a tiempo, cuando el agua ya había comenzado a entrar en las casas”, afirman en el documento leído en la plaza.
Y en ese punto cuestionaron con dureza que las obras fueron discontinuadas. “No se terminó la etapa I del proyecto ni se dio inicio a la etapa II. Esta última, fundamental para derivar el agua del casco urbano, todavía sigue en estudio de ingeniería del proyecto y la Provincia estima el llamado a concurso para principios del año 2024, calculando su terminación para el año 2027. El derivador de la Avenida 32, es una de las obras de dicha etapa muy importante para evitar el alto anegamiento en zona Norte, Tolosa y Ringuelet”.
Y ponen el foco en la que consideran la zona más expuesta actualmente, en Villa Elvira, la localidad atravesada por el arroyo Maldonado: “Faltan puentes, reservorios y obras hidráulicas que ya estaban presupuestadas y prometidas para este barrio abandonado y en riesgo permanente”.
SABER QUÉ HACER
Uno de los puntos más críticos que plantean los asambleístas es la suspensión del proceso que debía terminar con la llegada a los vecinos de la información necesaria para saber cómo actuar ante un evento similar al del 2 de abril de 2013. Ese bagaje vital está comprendido en el Plan de Reducción de Riesgo de Inundaciones (PRRI) que elaboró la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en 2019 pero que nunca fue ejecutado hasta ahora.
Esto significa que los mapas de riesgo, lo corredores seguros o la ubicación de los centros de evacuación no llegaron aún a los vecinos que perdieron todo (incluso a seres queridos). “Es fundamental que, ante otro evento de esa naturaleza, los vecinos sepamos qué hacer y dónde refugiarnos”, dice el documento que reclama que “nunca se dio a conocer nada al respecto” y “seguimos tan indefensos como antes y como siempre lo estuvimos”.
La decisión de avanzar con esa etapa del plan, que en rigor quedó en suspenso con el inicio de la pandemia y después nunca fue reflotada, fue refrendada por Garro y el nuevo presidente de la UNLP Martín López Armengol a principios de marzo último. Los asambleístas cuestionaron que eso significa que esta información tan valiosa “es utilizada en años electorales” como el que arranca.
SIN JUSTICIA
El número de muertos, establecido en 89 a través de un fallo del exjuez en lo Contencioso Administrativo y actual concejal del Frente de Todos Luis Arias, sigue siendo observado por los familiares de las víctimas que sostienen que son más.
Del mismo modo, en el documento conjunto cuestionaron la inacción judicial. “En la única causa penal que llegó a juicio quedaron como imputados los titulares de Defensa Civil provincial y municipal. Cuando comenzó, el 6 de marzo de 2019, uno de ellos había fallecido. El otro, Sergio Ariel Lezana, negoció un juicio abreviado, por lo cual lo denominamos ‘juicio mordaza’, el imputado tuvo una ridícula sanción económica y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos por un corto tiempo, el cual ya se cumplió”.
Esa reducción de la mirada judicial sobre la ocurrido hizo que muchos de los delitos que pudieron haber sido cometidos nunca se juzgaron. Los asambleístas mencionan como ejemplo el abandono de personas o la falsificación de partidas de defunción que se habría cometido para ocultar la verdadera cifra de fallecidos.
El avance de una urbanización desordenada, que tuvo continuidad después de 2013, es el punto final que las asambleas mencionan como parte de los riesgos a futuro. “Es nuestro deber mencionar que el intendente Garro nos tiene acostumbrados, en cada diciembre, a promover la rezonificación sobre superficies inundables para habilitar la construcción de barrios privados, agravando así el riesgo de inundación de toda la ciudad”, concluye el documento, cuya idea fuerza se centra en que “la amenaza de nuevas inundaciones sigue vigente, porque La Plata es una ciudad inundable”.
