Paolini apunta a determinar si las muertes de 13 chicos están asociadas al inédito diluvio. Qué otras pruebas van nutriendo el expediente penal. Y la declaración del Superintendente General de la Bonaerense, Hugo Matzkin, ante el juez Arias.
El fiscal que tiene a su cargo la investigación para determinar las responsabilidades políticas de la inundación de abril espera la respuesta a un oficio que envió al hospital de Niños Sor María Ludovica con un listado de 13 chicos de entre 2 y 12 años que habrían fallecido después del trágico martes 2 de abril. La fiscalía de Delitos Complejos de Jorge Paolini pidió al centro médico información sobre la “fecha de ingreso y egreso” de esos pacientes, así como copias certificadas de sus historias clínicas en el caso de que hayan ingresado al Niños entre el 2 y el 4 de abril.
Paolini profundiza así la pista sanitaria en su zona más difícil: la ausencia de personas menores de edad entre las víctimas de la catástrofe generó incertidumbre desde un comienzo, y no sólo en la población. En su exposición ante los senadores de la comisión de Derechos Humanos del Senado el 15 de mayo, el propio Paolini había planteado que “el faltante de menores es discusión constante en la fiscalía”. Que no se hubieran encontrado cuerpos de niños le llamaba la atención, expresó, y contó que ante cada testimonio sobre niños vistos se hacía presente en el lugar para intentar corroborarlo. En tanto, 8 inhumaciones dudosas realizadas en el sector Niños del cementerio de La Plata fueron objeto de estudio del juez en lo contencioso administrativo Luis Arias Arias, que por el momento descartó el vínculo de 6 ellas con la inundación y mantiene en estudio los dos casos restantes.
Las identidades de los chicos que rastrea el fiscal surgen de compulsar certificados de defunción emitidos por el Registro de la Personas bonaerense. Una de las víctimas, de 2 años de edad, habría muerto el 10 de abril por un tumor intestinal, y en ese caso la Justicia intenta determinar si necesitó asistencia médica durante la inundación o en las horas posteriores, si pudo llegar a tiempo al hospital y si el nosocomio tenía todas las áreas en funcionamiento. Otro caso es el de un chiquito que después de la inundación fue trasladado desde Chivilcoy con un cuadro general grave. Los interrogantes que deberá responder el director ejecutivo del hospital de Niños, Reinaldo Reimondi, son los mismos: fecha de ingreso, historia clínica y vínculos con la inundación.
En abril, cuando circulaban por barrios, instituciones y medios de La Plata muchísimas versiones sobre más “cuerpos” que los oficializados por la Provincia, La Pulseada consultó a Gustavo Rodríguez, delegado general de ATE en el Niños, y a Eliana Aguirre, otra trabajadora del hospital, también enrolada en ATE, y ambos contaron que desde el temporal llegaban “familias a preguntar” si estaban internados allí chicos que no hallaban (consultas que no eran volcadas en ningún registro, ampliaron). Pero desmintieron rumores “disparatados” sobre cuerpos de niños en ese centro sanitario y aseguraron que los decesos ocurridos tras el temporal habían sido los normales y “por patologías precedentes”. No obstante, la semana pasada el Niños recibió el oficio de Paolini y deberá informarle al fiscal los datos que solicita sobre estos 13 casos de chicos fallecidos.
Hospitales y cortes de luz
La pista sanitaria del desastre cobró fuerza el pasado 10 de junio, con la declaración de familiares de pacientes fallecidos y agentes de salud del hospital Español de La Plata. Directivos de ese centro médico, uno de los hospitales privados de referencia de la capital bonaerense, y funcionarios del gobierno de Daniel Scioli habían negado cortes de luz en nosocomios y muertes asociadas a ello. Incluso una semana después del temporal, el 8 de abril, en la conferencia de prensa con que el Gobernador dio por cerrado el comité de crisis y construyó un “cambio de etapa”, sostuvo: “Y no se cortó la luz en los hospitales, aclarémoslo”.
Ni el ministerio de Salud, ni la distribuidora de energía Edelap ni el ente regulador Oceba respondieron los pedidos de información que esta revista realizó inmediatamente para contar con precisiones sobre el apagón a partir del temporal. Pero la afirmación sobre el suministro eléctrico se fue hundiendo a fuerza de pruebas. Además de funcionarios, diversos trabajadores de la salud, pacientes y familiares de víctimas fatales o de internados saben que el Gobernador no estaba en lo cierto. El último testimonio que se conoce sobre el hospital Español a oscuras lo brindó a La Pulseada Ignacio Guerrero, que perdió a su gemelo de 30 años.
Se había cortado la luz (y no sólo en el Español) y había por lo menos 37 muertos en hospitales “por otras causas”, cuyos nombres se conocerían después (varios, vinculados a la catástrofe). Además, la Justicia estudia los casos de dos mujeres internadas en el Español que fallecieron a los días después de ser trasladas desde allí.
Anexos políticos y universitarios
A casi tres meses del desastre, los investigadores siguen acopiando prueba documental. En esa línea fueron sumados al expediente penal testimonios brindados ante la comisión investigadora que funcionó en el ámbito del Concejo Deliberante de La Plata y está a punto de dictaminar.
Se trata de las exposiciones de: Nora Cristina Sabbione (doctora en Geofísica, Vicepresidenta del Comité Nacional de la Unión Geodésica y Geofísica Internacional y Jefa del Departamento de Sismología de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP), Ramiro Sarandón (doctor en Ciencias Naturales y Licenciado en Ecología y Recursos Nacionales Renovables, UNLP) y Mario Gschaider (ingeniero, Director Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas). Las tres actas se encuentran en el escritorio de los investigadores a la espera de ser analizadas.
También ingresó a la causa el informe técnico elaborado por la facultad de Ingeniería de la UNLP a pedido del gobierno nacional, en el que se determinaron las causas de la inundación de gran parte del casco urbano y de la periferia platenses.
En tanto, Paolini aún espera la respuesta de Defensa Civil de La Plata, dependencia que integró el Comité de Emergencia que debió ejecutar el protocolo para la ocasión. El primer oficio del fiscal nunca fue contestado, por eso en la reiteración recordó a los funcionarios municipales que es “obligación” colaborar con información ante el requerimiento de uno de los poderes del Estado. La resistencia del Poder Ejecutivo municipal y provincial a colaborar con la investigación —la de Paolini, la de Arias y aquellas desarrolladas en ámbitos legislativos— se volvió casi una constante. Las respuestas que no llegan de Defensa Civil, las filmaciones “borradas” del centro de Monitoreo Urbano Público (MOPU) y las llamadas “¿no grabadas?” del 911 (junto a las «cartas de llamadas» no aportadas) son algunos ejemplos.
Además, ni el titular de Defensa Civil ni el del MOPU expusieron en la Comisión Especial del Concejo, y el pedido de que Pablo Bruera asistiera al Concejo y a la Legislatura se agotó en un mero cruce de declaraciones entre oficialistas y opositores cuando ni siquiera habían terminado de cerrar las listas para las elecciones primarias de agosto próximo.
Declaró Matzkin
El jueves pasado testimonió durante dos horas ante el juez Arias el comisario general Hugo Matzkin, titular de la Superintendencia General de la Policía Bonaerense. A la salida, el comisario evitó conversar con esta revista: “Soy muy respetuoso de la Justicia”, explicó.
En las semanas anteriores habían declarado los policías Carlos Jaime y Pablo Vázquez, de Científica (nombrados cuando Arias secuestró dumentación de la morgue que obraba en Científica). Quien aún no brindó su testimonio fue el comisario inspector Sergio Marano, jefe de la morgue, y la razón es insólita: como la morgue, ubicada en 72 y 136, es una entrada sin número, al funcionario no le llegó la cédula de notificación… Varios otros testimonios «se cayeron» por el sistema de notificaciones vigente en la Justicia provincial, explicaron en el juzgado de Arias.
La declaración de Matzkin es relevante por su jerarquía (el abordaje de la catástrofe del 2 de abril tuvo una fortísima impronta policial, no sanitaria) y porque integró el comité de crisis (que en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad también se conoce como “mesa interdisciplinaria”). El texto tiene carácter reservado.
Algunas de las cuestiones que por ahora no están claras y rodean a la Bonaerense son: las órdenes o sugerencias sobre manejo de cuerpos de las víctimas durante la noche del 2 de abril, la relación con el fiscal de turno y otras autoridades y fuerzas, la organización de las tareas (si se operó o no de acuerdo con un protocolo de actuación, por ejemplo) y los registros de la central de atención telefónica de emergencias 911.
En una causa llena de tironeos por presuntas responsabilidades de Municipio, Nación y Provincia en un año electoral, la explicación de Matzkin sobre cómo se coordinó y ejecutó la tarea durante el desastre también puede llegar a aportar datos políticos.
La Superintendencia a su cargo se creó en diciembre de 2007 y “tiene como misiones primordiales ejercer, conforme lineamientos establecidos por el Sr. Ministro de Justicia y Seguridad, la coordinación estratégica, la dirección, control y supervisión del accionar de la Policía” para “optimizar la respuesta a brindar a todas las cuestiones involucradas en la compleja problemática que implica tanto la seguridad pública como la ciudadana”. También “sugiere al Ministro modificaciones en lo orgánico y administrativo tendientes a adecuar el accionar de las dependencias policiales subordinadas en orden a un mejor desempeño de sus funciones…”.
