Hoy se cumplen 20 años del final de un temor que acechó a miles de jóvenes argentinos durante casi un siglo: la conscripción obligatoria. El gobierno de Menem la reemplazó por un servicio militar voluntario tras la muerte del soldado Carrasco, pero fue también la conquista de un movimiento con miles de adherentes iniciado ya en la última dictadura que defendió la “objeción de conciencia”.

Por Daniel Badenes

De tanto en tanto, alguno lo reivindica y propone reinstaurarlo para disciplinar a los pobres. Uno de los últimos fue el histórico intendente del partido bonaerense que lleva el nombre de las islas donde murieron cientos de jóvenes reclutados a la fuerza en 1982. “Una especie de servicio militar no estaría mal”, dijo Jesús Cariglino (Frente Renovador), pensando en los chicos “Ni-Ni” (los que ni estudian ni trabajan). Le siguió el senador provincial Mario Ishii (Frente para la Victoria), con un guiño del pistolero ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados y el apoyo del ex diputado nacional salteño Alfredo Olmedo, denunciado por trabajo esclavo en sus campos. Unos años antes, el promotor de la idea fue el ex comisario torturador Luis Patti.

Los jóvenes que hoy tienen 17 o 18 nacieron cuando la posibilidad de tener que presentarse en los cuarteles ya no soplaba en la nuca de quienes cumplían esa edad. Muchos de ellos, al leer el título de esta nota, se preguntarán qué significa esa palabra con que popularmente se denominó al servicio militar, colimba, que resulta de las sílabas iniciales de tres órdenes, corre – limpia – barre. Su historia se puede contar a partir de una larga nómina de torturados, ahogados, intoxicados, electrocutados, de casos de suicidios dudosos y de desaparecidos, que incluye entre las últimas víctimas a Omar Octavio Carrasco, cuyo asesinato en 1994 amplió un debate que se remonta a los lejanos orígenes de la conscripción. El 31 de agosto de ese año, el presidente Carlos Menem decretó su “suspensión” y lo reemplazó por un servicio voluntario, que promocionó como “una ayuda” para los sectores empobrecidos. Pero el Congreso nunca derogó la ley que crea el servicio militar obligatorio. El fantasma de la servidumbre, la degradación y la muerte sigue vigente.

El frente opositor

La guerra de las Islas Malvinas, adonde la última dictadura envió a miles de jóvenes con escasa preparación a pelear con un ejército profesionalizado, habilitó un cuestionamiento del servicio militar. En la inmediata posguerra, varias organizaciones como el Grupo Libertad de Conciencia y el Movimiento Pro Abolición del Servicio Militar Obligatorio, y militantes del Grupo de Padres de Soldados y Movimiento de Mujeres por la Paz, se juntaron para crear —en septiembre de 1983— el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio (FOSMO). Alfredo Grande, Stojan Tersic, Fernando Portillo, Emilio Fernández Román, Dante Giadone y Juan Ramírez –el padre de Agustín— fueron algunos de ellos y su principal objetivo estaba claro: la abolición de la conscripción. El primer presidente del FOSMO fue Eduardo Pimentel, que en 1982 se había negado a la incorporación de uno de sus hijos al servicio militar con un argumento original: recordó que un artículo del Código Civil —escrito 30 años antes que la ley de conscripción— expresa que los hijos menores de edad no pueden dejar su casa, ni ingresar en órdenes religiosas ni enrolarse al servicio militar sin previa autorización del padre, en ejercicio de la llamada “patria potestad”.

“Le dije al presidente que yo ejercía los derechos de la patria potestad y de la paternidad responsable. Es la primera vez en el mundo que se presenta un caso de estas características. Parece que a ningún abogado se le ocurrió: hay un conflicto de prioridades entre la familia y el Estado”, explicaba Pimentel en aquel entonces. El derecho de “la familia”, tan presente en los discursos de la dictadura, contradecía así al reclutamiento militar. A los 59 años, padre de ocho hijos, Pimentel creaba un problema jurídico inédito y, si bien el reclamo fue ignorado inicialmente, generó un hecho político que indujo a otros padres y a los propios jóvenes a rechazar la conscripción.

En 1983, articulando argumentos jurídicos, religiosos y humanistas, Pimentel publicó con Adolfo Obierta y el sacerdote Antonio Pugjané un libro titulado Derechos humanos y Servicio Militar Obligatorio. Eran los gérmenes del FOSMO, que empezó a reunirse en la sede del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y durante la campaña electoral de ese año entrevistó a referentes de casi todas las agrupaciones políticas para instalar el tema con argumentos sólidos. Obra de esa militancia, la mayoría de los candidatos incluyeron en sus plataformas propuestas que iban desde legislar la llamada “objeción de conciencia” hasta la supresión de la colimba, incluyendo reformas parciales como el acortamiento del tiempo de servicio. Se trataba, sin embargo, de mero oportunismo: una vez elegidos, todos cedieron a la presión militar y archivaron sus propuestas, y el FOSMO volvió a buscar apoyos sociales casi en soledad. El 6 de agosto de 1984 hizo un gran acto en la Plaza de los Dos Congresos para pedir la abolición que Alfonsín y la UCR habían prometido. Pimentel falleció tres días después, pero el movimiento siguió: fortaleció sus argumentos, hizo campañas de concientización y brindó apoyo jurídico a los objetores. “La única respuesta que tuvimos fue el llamado a juicio a los opositores al servicio militar obligatorio como infractores o como desertores”, recuerda María Inés Mac Kenzie, una de las abogadas, que además participaba del movimiento en calidad de madre.

Generar conciencia

El FOSMO también llevaba un registro y denunciaba los asesinatos en regimientos. El de Omar Carrasco está al final de una lista larga y opaca, difícil de reconstruir, que es el mayor testimonio de la aberración histórica del servicio militar en Argentina.

El 12 de enero de 1984 el soldado Antonio Adrián Vranjes murió electrocutado mientras trabajaba como peón en la casa particular de un suboficial en Isidro Casanova. Cumplía su “servicio” militar para la Armada Argentina hace casi un año. Otro caso resonante fue el de Mario Daniel Palacio, de 19 años, que murió el 24 de abril de 1984, después de sufrir golpes y torturas. En diciembre de ese año se calculaba que había habido 48 muertes de conscriptos en 20 meses. Fue entonces cuando el gobierno de Alfonsín elevó al Parlamento un proyecto de ley sobre objeción de conciencia. En el exterior del país lo difundió como una iniciativa aprobada; adentro, ni llegó a tratarse. Olvidada había quedado la promesa electoral de abolir el servicio militar “en el lapso más breve posible”.

El FOSMO cosechaba apoyos de referentes de la cultura, de organizaciones religiosas y de derechos humanos, pero las presiones militares eran más fuertes. La dirigencia política había sacado el tema de su agenda. “Los apoyos que desde lo político tuvimos fueron nulos, absolutamente nulos”, recuerda Mac Kenzie.

A mediados del ‘85, el suplemento Joven de Clarín relevó opiniones de referentes de las juventudes políticas de los diferentes partidos. Salvo para la Juventud Demócrata Cristiana —cuyo referente era Pablo Pimentel, uno de los hijos del fundador del frente—, que sostenía la abolición, todos los demás, de izquierda a derecha, consideraban que la conscripción debía ser obligatoria y cuanto mucho contemplaban una reducción temporal. “Nosotros estamos de acuerdo con que el Servicio Militar no sólo es un deber sino también un derecho. Por lo tanto, debe ser respetado”, declaraba Alejandro Mosquera, por entonces referente de la Federación Juvenil Comunista.

Pero más de una década de trabajo, de condena al militarismo, de denuncias y propuestas, fueron extendiendo la objeción a la conscripción, que dejó de ser individual para ser asumida socialmente. “El FOSMO sirvió como un soporte de militancia, de fundamentos, de valores, para los medios de comunicación y para la gente que quería llevarnos a dar charlas —resume ahora Pablo Pimentel—. Fue el único organismo que específicamente se dedicó a fundamentar el porqué del NO al servicio militar. El FOSMO sirvió para eso. Y el desborde, la frutilla maliciosa y traumática, fue la muerte de Carrasco. Pero no fue el único caso. Después de Carrasco vinieron más casos. Y antes de Carrasco, un montón”.

—¿Qué queda hoy del FOSMO?

—Las banderas están dobladas, guardadas, para ser sacadas si aparecen estos inescrupulosos políticos que ante la impotencia y la incapacidad de gestionar políticas de inclusión a jóvenes plantean que el servicio militar obligatorio es importante para disciplinar a los jóvenes. Si eso pasa las vamos a sacar y vamos a salir con todo a la calle.

Los orígenes

El servicio militar obligatorio no existió “desde siempre” en Argentina. Data de 1901: se estableció durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, con la idea de disciplinar a las muchedumbres de inmigrantes y criollos, y comenzó a regir desde el año siguiente, convocando por sorteo a jóvenes que cumplían 20 años. Esa edad bajó a 18 durante la dictadura de Alejandro Lanusse.

Las críticas a la conscripción pueden rastrearse desde estos inicios. En 1902 el general Alberto Capdevila planteó en el Congreso que “en virtud de esa ley del servicio militar obligatorio vigente, el ciudadano se incorpora a un cuerpo de ejército, menos por su voluntad, por el temor al castigo que la ley comporta”. Además se quejaba de que se le exigía al soldado “la subordinación absoluta; es decir, la abdicación de su personalidad”. En el debate de principios de siglo XX un diputado arriesgaba: “Señores, si sancionamos esta ley, tendremos un avance del poder militar sobre el poder civil a cincuenta años vista”.

Desde su creación, se presentaron decenas de proyectos vinculados a la reducción del tiempo de servicio, su eliminación y la consideración de causas para su eximición. Prácticamente ninguno tuvo éxito. En 1989, un fallo de la Corte reconoció el derecho de los ciudadanos a hacer el servicio militar sin utilizar armas, pero negaba la objeción de conciencia.

Recursos y argumentos de los objetores

A principios de los ochenta, la publicación Superhumor organizó una mesa redonda en la que reunió a Elena Noseda de Bustos —docente y fundadora del Grupo de Padres de Soldados de La Plata—, Nelly Casas —periodista y promotora junto a otras mujeres de la abolición del servicio— y a Eduardo Pimentel —copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos—. Pimentel venía de enfrentarse al poder militar al negarse a que sus hijos hicieran el servicio alegando su potestad de padre. Casas no compartía la posición de Pimentel: “Pienso que esconde un concepto elitista —decía—, porque no son muchos los que están en condiciones de juntar fuerzas y argumentos y enfrentarse al Comando en Jefe. De tal forma, sólo unos pocos privilegiados podrían salvarse de la conscripción. Nosotros tenemos una inmensa población de chicos que desconocen a sus padres, que no están educados. ¿Qué posibilidades quedan a esos chicos de exceptuarse? Yo pienso que hay que abolir directamente la ley de servicio militar obligatorio porque, si no, el país se dividiría entre réprobos y elegidos”. Además, planteaba su miedo a ese tipo de soluciones intermedias: “Yo temo que si nosotros hacemos hincapié en el ejercicio de la patria potestad, en lugar de hacer la conscripción a los 18 se la haga a los 21 años”.

Noseda, en cambio, celebraba la propuesta porque “puede ser implementada hoy, ya mismo”. Y Pimentel defendía que su intervención sentaba un precedente jurídico: “Lo que yo deseo es que trascienda para que los padres lo conozcan y puedan oponerse con arma legal”.

En total, desde aquel caso pionero hasta 1994 llegaron a presentarse casi 100 casos. “Fue escalonado. Al principio fue muy poquito hasta que en el ‘92 o ‘93 se presentaron en un solo año cerca de 20 o 30 personas”, recuerda Pablo Pimentel, uno de los hijos del fundador del FOSMO hoy referente de la Asamblea por los Derechos Humanos de La Matanza. Uno de esos “objetores de conciencia”, el tercero, fue Agustín Ramírez, que además se sumó a la militancia del movimiento. “Con su activismo en la zona sur surgieron objetores de conciencia de la zona, de los sectores pobres”, destaca Pimentel.

“La defensa de Agustín y de los chicos que hicieron esa objeción ha sido el trabajo más honroso que he tenido como abogada”, recordó María Inés Mac Kenzie en la jornada que se hizo hace dos meses en la Universidad de Quilmes por “el Capi” Ramírez, a quien recuerda especialmente: “Yo lo conocí en el año 82, en plena dictadura, después de Malvinas. De todos los chicos que fueron llamados ese año a hacer el servicio militar, el más lúcido de todos era Agustín. Era por naturaleza pacifista. Concurría a nuestras reuniones y su palabra conllevaba un mensaje de tranquilidad al resto. Agustín siempre tuvo absolutamente claro que el objetivo final de esta tarea era la supresión del servicio militar obligatorio y no sólo eso, también la supresión de la guerra”.