El Hogar María Luisa Servente, ubicado en Villa Elisa, es una de las instituciones oficiales de la Provincia para el alojamiento de niños y niñas con medidas de protección ante situaciones de violencia o vulneración de derechos. A principio de mes fue desalojado en medio de rumores de malos tratos, denuncias penales y un plan de mejoras edilicias ¿qué fue lo que pasó?
Los testimonios coinciden en que todo fue intempestivo. La misma tarde en que se informó que el hogar cerraba llegaron los vehículos para trasladar a los chicos y chicas. Entre llantos y desbordes, algunos descalzos y sin más equipaje que sus pijamas, se los llevaron. Una decena de niños y niñas de entre 5 y 13 años que se alojaban en el Hogar María Luisa Servente fueron hacia otros dispositivos provinciales sin saber a dónde iban.
La versión oficial fue un comunicado breve que habla de una reubicación transitoria para realizar refacciones en el marco de un Programa de rehabilitación y puesta en valor de hogares y casas de abrigo de la Provincia. Las fuentes no oficiales hablan de un Organismo de Niñez y Adolescencia (OPNyA) sin capacidad operativa ni de respuesta ante situaciones graves, de autoridades que cambian todo el tiempo y de renuncias constantes: «Es un vaciamiento total y el Servente es la máxima expresión de eso».
De acuerdo a la información difundida por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) la escena del cierre fue el final de una larga secuencia de violencias que acumula dos denuncias penales contra operadores del lugar y un amparo ante la justicia de familia. Hablan de varios episodios de malos tratos y torturas y de «pésimas condiciones edilicias». Desde el Organismos de Niñez, hoy a cargo de Germán Urman, admiten que «el hogar estaba en un estado casi inhabitable» y hacen hincapié en que la decisión de sacar a los menores fue tras un aviso de Infraestructura que advertía que había paredes electrificadas.
La escena del cierre fue el final de una larga secuencia de violencias que acumula dos denuncias penales contra operadores del lugar y un amparo ante la justicia de familia
Frente a las escenas que describen quienes fueron testigos de cómo se llevaron a los chicos y chicas el argumento es al menos insuficiente. «El edificio estaba roto y está destruido desde la vez anterior que se cerró –asegura una voluntaria* que asiste al lugar hace al menos dos años– Si vas a sacar a los chicos ¿por qué no los preparás? tenían mil opciones para buscar y no la chanchada que hicieron».
«Humedad, muebles en mal estado, cables eléctricos descubiertos, falta de limpieza, ausencia de griferías y cortinas en las duchas, olor nauseabundo en los baños, aberturas rotas y faltantes de vidrios», es la descripción que hacen desde la CPM del estado del edificio ubicado en Camino Centenario y 48 de Villa Elisa. El relevamiento se desprende de las inspecciones que realizaron al Hogar desde marzo en las que también constataron malos tratos hacia los niños y niñas. Un nivel de deterioro, desidia y desinterés preocupante para un espacio destinado a restituir derechos. Todas estas situaciones están denunciadas en un amparo ante el Juzgado de Familia N° 6 de La Plata.
«Fue tortuoso y hasta inhumano»
«Cuando empecé a ir al Servente estaban haciendo reajustes, el hogar no estaba en condiciones edilicias, pero el directivo a cargo hablaba de cambiar gente que funcionaba de modo antiguo, de mejorar cosas. Lo fueron boicoteando. No les mandaban operarios, había algunos que por dos mangos hacían 12 horas, 15 horas, algunos se rompían el alma doble turno y no cobraban. Ellos limpian, cocinan, atienden a los chicos, hubo cosas que fueron hechas adrede si no, no se entiende», dice una voluntaria en diálogo con La Pulseada.
En los últimos meses la dirección cambió al menos dos veces, «había mucha desorganización institucional, sin roles directivos claros», coinciden otras fuentes. Eso redundaba en las condiciones en que se encontraban los niños que comenzaron a escaparse del lugar. A veces eran devueltos por los vecinos que en redes sociales comenzaron a expresar su preocupación y denunciar que se escuchaban llantos y gritos constantes. «Personalmente he regresado chicos con un poco de cariño y una golosina. Me he involucrado muchas veces y la respuesta que te dan es que están medicados psíquicamente, es lamentable, pero nunca hay directivos buenos para estos niños. Tendría tanto para contar en tantos años que hace que vivo acá que es imposible», comentó una vecina en uno de los grupos de Facebook.
Al comenzar julio cuatro chicos volvieron a escaparse. Hay versiones que dicen que querían llegar a la casa de operadores que habían renunciado. Lo cierto es que la policía los encontró deambulando y al hablar con ellos les dijeron que los habían golpeado y les mostraron sus marcas. Según consta en el acta policial los retiró personal del Servicio Local que los reingresó al Hogar a pesar de esas denuncias. Nadie dispuso nuevas medidas de protección para los niños y niñas a los que supuestamente el Estado estaba protegiendo de violencias previas.
Era martes 5 de julio y el teléfono de la voluntaria sonó. Alguien le advirtió: «Mira que dicen que se llevan a los chicos hoy». Ella avisó a la encargada del voluntariado y el grupo de whatsapp estalló. Varios se acercaron hasta el Hogar y se encontraron con que había personal jerárquico del OPNyA hablando con los chicos. «Los sientan en el piso y les dicen que hay que arreglar el hogar y que los van a tener que trasladar. ‘¿Cuándo?’, preguntaron. ‘Ahora’. No les dejaron agarrar su ropa ni sus mochilas, no los prepararon psicológicamente, tres o cuatro lo aceptaron más o menos bien pero otros no», cuenta una de las personas que estuvo ahí.
«Algunos empezaron a los gritos, había operadoras llorando, hubo que contener a chicos que empezaron a las patadas, desesperados, rompieron mesas y sillas, gritaban, la bolsita con el pijama fue lo único que se llevaron», continúa el relato. «Los sacaron sin nada de noche, a lugares que no conocían, es injusto. No les dijeron ni a dónde iban. Fue tortuoso y hasta inhumano», concluye.
Al ser consultados por La Pulseada las autoridades respondieron que «los traslados fueron con normalidad, los nenes y nenas están bien, en hogares oficiales del OPNyA, a la espera que se terminen las obras». Y aseguran que se hicieron revinculaciones aprovechando «la situación del hogar», que se juntaron hermanos y se llevaron chicos en proceso de adopción o vinculación más cerca de sus nuevas familias.
La CPM denunció que el traslado no fue comunicado a los órganos judiciales correspondientes, que los chicos y chicas tuvieron que esperar horas que los recibieran y que varios traslados fueron transitorios
Desde la CPM denunciaron que el traslado no fue debidamente comunicado a los órganos judiciales correspondientes, que los chicos y chicas tuvieron que esperar por horas que los recibieran en sus supuestos lugares de destino y que varios fueron transitorios. En esto coinciden con los y las voluntarias: «No les avisaron a los jueces pertinentes, a una jueza le mintieron. A los chicos les costó mucho adaptarse al hogar y hay algunos que aun están circulando a 15 días de esto», dicen.
Los voluntarios buscan volver a ver a los chicos y chicas para que se revinculen a personas conocidas. Les preocupa que no se haya respetado la escolaridad ni las actividades que, con esfuerzo, se había logrado que sostengan los niños y niñas: patín, su club de rugby, talleres. «Lo que hagan con las obras a mí no me importa, esto es inoperancia o malicia. No tuvieron ni sentido común. Se violaron todos sus derechos, fue violento traumático, nada fue pedagógico y nada fue con amor», dice la voluntaria. Ahora esperan alguna información desde el OPNyA que decidió cambiar a la persona que coordina el espacio y los llamarían a una reunión en breve.
También esperan ver cómo prosperan las denuncias ante la justicia. «A mí lo que me interesa es que los chicos vuelvan a tener su espacio y que nunca más vuelvan a pasar por esto, ninguno», concluye.
*Los nombres de las personas que dieron su testimonio en este nota no están publicados ya que algunas se encuentran a la espera de declarar en las denuncias que se investigan ante la justicia
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