Los ’90 también volvieron al Astilleros Río Santiago. La planta de fabricación naval estatal agoniza por falta de financiamiento: navíos sin terminar, reducciones salariales, falta de recursos e insumos para garantizar la seguridad. Como en aquellos años, los trabajadores salieron a la calle para defender la fuente de trabajo y el clima represivo se corporizó en balas de goma y detenciones
Por Abril Lugo
Fotos: ATE Provincia y Gabriela Hernández
En diciembre de 1953 el Astillero Río Santiago, el más grande de Latinoamérica, iniciaba la construcción de la Fragata Libertad, el buque de vela para formación profesional de la Armada que en 1966 estableció el récord mundial de velocidad en el cruce del Atlántico Norte. La empresa había nacido en junio de aquel año con el objetivo de forjar la flota militar y mercante argentina, una apuesta a la soberanía nacional marítima que se desplomó en la década de los ’70, con la dictadura militar y la reducción de la planta de trabajadores, que había alcanzado los ocho mil obreros. El menemismo en los ’90 continuó los estragos: los trabajadores del Astilleros sufrieron los retiros voluntarios, el intento de remate de la empresa y el atraso de hasta tres meses en el cobro de los salarios. La resistencia, con recordadas protestas y movilizaciones obreras, logró que la planta ubicada en Ensenada fuera la única empresa estatal que no se privatizó. Dos décadas después la historia amenaza a repetirse como nueva tragedia. Desde hace dos años y medio el gobierno bonaerense, responsable de su administración, no aprueba contratos para la fabricación de buques e impide —a través del vaciamiento de insumos y recursos— la finalización de los buques Eva Perón y Juana Azurduy para PDVSA (la empresa petrolera venezolana). También complica la construcción de dos lanchas y la reparación del ARA King (buque de la marina argentina) y de un remolcador.
La calle volvió a ser el lugar de los trabajadores para impedir lo que presumen puede ser su cierre o su venta. Cuando esta nota se editaba, una multitudinaria movilización era reprimida con virulencia por las fuerzas de seguridad a la orden de la gobernadora María Eugenia Vidal. Dos días después los representantes gremiales abrían una instancia de negociación con el Gobierno, que se comprometía a evitar despidos y negaba la privatización, y una carpa se instalaba en Plaza San Martín para mantener el reclamo.
Los trabajadores no tienen insumos básicos como cascos o guantes. No se activan las partidas para materiales y denuncian reducciones de sueldo
Ese es el resumen de la película hasta ese momento. Las últimas escenas muestran un plantel de de 3.309 trabajadores astilleros que presentaron un proyecto de renovación tecnológica que incluye la reparación de los techos de los talleres, aún sin respuesta. La ausencia de esa cubierta es toda una metáfora del abandono de los últimos años porque los días de lluvia no pueden trabajar. El contexto de ajuste cierra con la llegada, hace tres meses, de Daniel Capdevila, el nuevo interventor enviado por la gobernadora. Desde entonces los obreros no tienen insumos básicos como cascos o guantes, tampoco se activan las partidas presupuestarias para la compra de materiales y desde agosto denuncian reducciones de sueldo en una franca violación del Convenio Colectivo de Trabajo.
El ahogo
Desde la entrada de Astilleros se puede ver al “buque número 79”, como lo llaman los obreros. No es otro que el Eva Perón, al que le falta sólo el 10% de su fabricación para que pueda entregarse a PDVSA. En 2004, tiempos de afinidad política de los gobiernos de Néstor Kirchner y Hugo Chávez, fue aprobado el contrato para la fabricación total. Se inició cuatro años después porque la empresa venezolana retrasó la entrega de los planos. Debería ser entregado en noviembre pero las autoridades provinciales no aportan los fondos necesarios para terminarlo.
Para Gabriela Scheffer, trabajadora e integrante de la Comisión de Familiares del Astillero Río Santiago, es una decisión política. “Desde que llegó el interventor Daniel Capdevila, frenaron la entrega de todo tipo de insumos de trabajo. No tenemos ni arena para terminar ‘el 79’ y hasta nos cortan el oxígeno de las máquinas de soldar, para que no avancemos”.
El Astillero Río Santiago comprende diversas áreas: de electromecánica, de mecánica, de amoblado, de alistamiento, de arenado, de mantenimiento eléctrico, de caldería, de soldadura (el más grande, con 400 trabajadores), de buques militares, de reparaciones, de cobrería.
El gobierno bonaerense no aprueba contratos para fabricar más buques ni aporta los fondos para que se terminen otros
Juan Contrisciani entró en 2004 cuando le hicieron una prueba de oficio. “Desde entonces quedé. Laburé en tres de los cinco buques alemanes que se entregaron y ahora en el Eva Perón y el Juana Azurduy”, relata su historia laboral a La Pulseada. Es delegado de ATE y obrero en el sector de cobrería, donde se fabrican las cañerías. “Hoy seguimos terminando el Eva Perón, pero con muy poco. Tenemos problemas de acondicionamiento y limpieza, nosotros mismos tenemos que limpiar. Trabajamos sin insumos básicos de seguridad. Ni siquiera nos proveen barbijos”.
El abandono es crónico y trágico a la vez: en enero de 2016, Ramón Ramírez, trabajador del área de mantenimiento, intentaba reparar el ascensor de la grada uno, donde se fabrica aún hoy un buque de gran porte. La máquina se desprendió y lo aplastó. Llegó sin vida al Hospital Cestino, donde no pudieron reanimarlo.
Astilleros ilumina
La mañana del martes 20 de agosto es fría, excepto para los miles de trabajadores del Astilleros Río Santiago que llegaron en caravana a la Autopista Buenos Aires-La Plata para reclamar contra la reducción de sueldo y por la reactivación de la planta de fabricación naval. Con bombos y cantos, con banderas blancas de letras azules que dicen “Astilleros 100% argentino”, los obreros de la constructora de buques de porte más grande de Latinoamérica reclaman que los dejen trabajar.
Alicia Lapeyre no para de dirigir el canto, de saltar y arengar. No mide más de un metro sesenta, de pelo corto y canoso, lleva un camperón azul con un pin con las siglas ARS y la bandera que dice Astilleros bien alta. “Mi padre y mi ex esposo fueron astilleros y hoy mis dos hijos lo son. Yo quiero que mi nieto también sea astillero. No vamos a dejar que lo cierren”. Sus ojos oscuros trasmiten la intensidad de sus palabras. Detrás de ella, los gritos de sus compañeros ensordecen. Alicia agita el brazo y sigue saltando.
Ella fue integrante de la Comisión de Familiares de Astilleros en los ’90 y la rearmó hace un año y medio: “Nosotros le ganamos la pulseada a la privatización. Este gobierno piensa que nos puede ganar, pero tenemos historia en la lucha. Fuimos la única empresa estatal que no se privatizó en el menemismo”. Recuerda vívidamente los tres “ensenadazos” de aquellos años. Esas legendarias movilizaciones que le permitieron al Astilleros Río Santiago difundir la lucha. “Las maestras de los colegios escribían cartas con los chicos donde preguntaban ‘¿por qué quieren privatizar Astilleros?’ y se las mandaban al gobierno”, recuerda Alicia a La Pulseada.
La gente a su alrededor canta: “Astilleros no se vende, se defiende”. Alicia no piensa ni dos segundos cuando se le pregunta por las diferencias con los años ’90: “Ninguna. Nos hacían lo mismo. Sólo que por ahora se sigue cobrando el sueldo. En esa época pagaban cada tres meses y en una bolsita de maní”.
El abandono es crónico y trágico a la vez: en enero de 2016 el obrero Ramón Ramírez murió aplastado por el ascensor de una de las gradas
Se siente en el ambiente que puede no faltar mucho para que eso se repita. La movilización de aquel día de agosto tenía tres ejes fundamentales: que les devuelvan el concepto de “premio a la eficiencia” que dejaron de pagarles ese mes, que no les descuenten las vacaciones pagas del año en el sueldo de septiembre tal como lo dispuso la intervención, y que se reabra la paritaria para discutir un aumento acorde a la inflación. “Juegan al desgaste. Ahora se agarran con el bolsillo de los trabajadores porque nada de lo que hicieron antes funcionó”, comenta Alicia. A su lado, Gabriela Scheffer se anima a hablar de las consecuencias que la situación les genera a los trabajadores. “La presión se siente –dice–. Hace días murió un compañero después de un ACV, parece que esto lo sobrepasaba, tenía cuentas que pagar, no pudo”.
También hay riesgo para los trabajadores dentro de la planta. Gabriela es del área de estructuras, donde se empiezan a construir los barcos. Con alrededor de 280 trabajadores, se encarga del moldeado básico para la fabricación. “Ni siquiera nos dan los insumos de seguridad, como un casco, guantes, la ropa de trabajo. Los chicos laburan hasta en zapatillas, con tal de sostener el Astillero. Esa voluntad de trabajo no la vi nunca”, dice.
Franco tiene 20 años y desde enero trabaja en el área de estructuras cuatro horas diarias toda la semana. Le pagan tres mil pesos. En junio tendría que haber sido contratado pero la empresa ni siquiera le pagó el mes de julio. “Estamos pidiendo que se reabra la paritaria y que también nos incluyan a planta permanente”, cuenta a La Pulseada. Reconoce la situación crítica y lamenta el argumento algo extorsivo de las autoridades de la planta cuando les plantean que les bajan el sueldo para no echar a nadie. “Pero nos van a sacar sueldo hasta que un día vengan con el maletín a ofrecer el retiro voluntario”. Alicia ve en los más jóvenes una semilla de esperanza. “Astilleros tiene una gran juventud, que aprende de nuestra historia. Ya les dijimos a los compañeros de los ‘90 que no se fueran con los retiros voluntarios. Sabíamos lo que significaban. Hoy los jóvenes ya lo saben, no van a funcionar esta vez”.
El apoyo a los 3.309 trabajadores ha sido amplio: gremios docentes, estudiantiles, la Corriente Clasista y Combativa, los despedidos de Télam. Hasta la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca de la Cámara de Diputados de la Provincia, llegó a sesionar en Astilleros. “Tenemos respaldo de muchos sectores políticos”, dice Alicia y menciona los casos de los concejales de Ensenada y del intendente Mario Secco, de los más fervientes detractores de la gobernadora Vidal. Más difícil es con sus colegas de La Plata y Berisso, Julio Garro y Jorge Nedela, quienes hasta el cierre de esta edición no se han pronunciado, más que para acusar de “violentos” a los trabajadores. La empresa es fuente de empleo regional y los afecta directamente: alrededor de 1.200 trabajadores son de Berisso; otros 800 de La Plata. “Llegamos a entrevistarnos con Nedela, en Berisso, nos prometió que iba a colaborar, pero estamos esperando”, dice.
Para Alicia, el Astillero Río Santiago es un símbolo de lucha: “Pudimos ganarle a un gobierno privatizador. Hoy se está dando la unidad. El Astillero es un faro en Argentina: hay muchos que nos miran y nosotros no vamos a tranzar, queremos la reactivación ya”. La reactivación fue la consigna inicial. Gabriela explica que siempre pidieron por renovación tecnológica y que se liciten proyectos de construcción de buques. “Pero hoy tenemos que dejar eso un poco de lado y reclamar por nuestro sueldo, porque el Astillero siga funcionando”.
La respuesta del gobierno
“Pienso que este embate contra Astilleros es parte de un plan de achique del Estado”, explica a La Pulseada el Secretario General de ATE en Ensenada, Francisco “Pancho” Banegas. “La gobernadora María Eugenia Vidal, en enero de 2016, nos recibió junto con otros gremios, cuando le presentamos desde Astillero una carpeta con la propuesta para reactivarlo. Aún no se han reparado ni los techos de los talleres para trabajar los días de lluvia, contemplados en el plan de renovación tecnológica”.
Esa había sido la última vez que Vidal los recibió. Después hubo otras reuniones con el Ministerio de Producción, esporádicas y sin rumbo fijo. “Hace un mes y medio que no hay insumos y desde 2010 que no se refrendan contratos para Astilleros. Teniendo trabajo, uno genera recursos, pero desde que asumió Capdevila en mayo, no se han comprado ni los insumos más básicos”. Banegas evalúa la necesidad de prestar atención al presupuesto de 2019: “Se empieza a tratar en septiembre y queremos saber qué se le va a destinar a Astilleros, porque no son confiables. Prometen algo e inmediatamente lo están contradiciendo con sus actos”.
Las palabras del dirigente son previas al encuentro que tuvo, junto a otros representantes gremiales, con buena parte del gabinete de Vidal el 23 de agosto. Allí los funcionarios se comprometieron a que no haya despidos y a no privatizar la planta. Se esperaba una respuesta al resto de los planteos para la semana siguiente. Si era insatisfactoria se preparaba una “gran medida nacional” para el 12 de septiembre.
La confianza en el gobierno está afectada y se ve también en el ánimo de los trabajadores y familiares. Alicia insiste: “La responsabilidad de que Astillero no tenga trabajo es sólo de María Eugenia Vidal. Y si hubiera heridos o detenidos, también son su responsabilidad, porque están buscando reprimir”. La astucia y la experiencia de tantos años le dieron la razón pocas horas después de esa charla con La Pulseada. A las dos de la tarde del 20 de agosto (tres días antes de la reunión mencionada), la Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires avanzó sobre los trabajadores y los reprimió sin justificación cuando reclamaban en 7 y 50, pleno microcentro de La Plata, que la gobernadora los recibiera. Hubo cinco detenidos, heridos y refugiados, gases lacrimógenos y balas de goma. Una secuencia muy parecida a la de los años ’90.
Enemigo en casa
La intervención de Daniel Capdevila, el tercer presidente institucional desde que asumió la gobernadora María Eugenia Vidal, implicó congelamientos de los presupuestos que ya están aprobados y la reducción de sueldo a los trabajadores. Pero con Capvedila, al Astilleros entraron siete gerentes puestos por el gobierno: “Históricamente los gerentes son compañeros que hacen carrera”, afirma Gabriela Scheffer, trabajadora del Astillero. “Capdevila echó a todos y metió a los suyos y a gente de seguridad privada que no tienen identificación de ninguna empresa de seguridad, nada”, agrega.
La tensión se extiende al intento del interventor de tercerizar el servicio de salud. “Hoy se quiere traer una empresa de Buenos Aires para que haga el trabajo de los médicos que están en ARS por el triple del valor, y ni siquiera dicen qué empresa”. Gabriela no duda: “Es una manera de separar: la tercerización es privatización”.
