La inundación del 2 de abril acrecentó las falencias del actual Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y puso de manifiesto las deficitarias políticas para proteger a chicas y chicos ante situaciones de extrema vulnerabilidad. En diálogo con la abogada Carola Bianco, repasamos el informe elaborado por el Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la UNLP sobre el accionar estatal con respecto a la niñez antes y después de la catástrofe.
El Programa de Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas de la UNLP presentó el año pasado un informe donde se evaluó la falta de implementación del Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Niñez en el marco de la catástrofe de abril de 2013. El programa, que depende de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, tiene por finalidad trabajar y reflexionar críticamente sobre las políticas públicas de Derechos Humanos, desde el conocimiento y el trabajo concreto con niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad en La Plata y alrededores. Trabaja en vinculación con organizaciones sociales y, entre otras acciones, hace cinco años presentó un amparo por los pibes que sobrevivían en la plaza San Martín y, en septiembre de 2013, representó a unas 50 organizaciones en una medida cautelar contra la Provincia por la falta de pago de becas y programas.
Según se especifica en el informe, la inundación puso de manifiesto la violación sistemática a los derechos humanos que venían sufriendo cientos de niños, niñas y adolescentes de esta jurisdicción como consecuencia directa de la omisión por parte de los organismos municipales y provinciales de implementar el sistema instituido a partir del dictado de la Ley 13.298. Esto se puso en evidencia en la ausencia de políticas públicas integrales y, a la vez, especializadas para atender de manera integral la situación de los chicos; la falta de una perspectiva de la niñez en la reacción ante la emergencia y el déficit de información –que aún hoy persiste– sobre la situación sanitaria y psicosocial de las niñas y niños afectados.
Carola Bianco, abogada integrante del Programa, explicó que este material surgió por la vinculación de la institución con organizaciones sociales que tienen trabajo territorial por lo que saben cuáles son las necesidades de los chicos y terminaron articulando acciones que debió hacer el Estado. Los servicios locales, por su funcionamiento deficitario o -simplemente- por su inexistencia, no pudieron brindar información sobre la situación de los chicos ni actuaron en la emergencia. «El sistema de protección y promoción de derechos creado a través de las leyes piensa cómo prevenir cualquier situación de lluvia en la que personas puedan llegar a resultar inundadas. Hoy en día, estas mismas familias siguen siendo perjudicadas con cada lluvia como lo eran antes de la inundación. Entonces, lo que queremos denunciar permanentemente es que, si se pone en marcha este sistema y si hay servicios locales presentes, todos estos daños irreversibles se pueden prevenir. Y, además, la ciudadanía puede reaccionar de manera más efectiva y eficiente porque sabría a dónde acudir, por ejemplo, para hacer llegar sus donaciones o buscando espacios de contención».
A un año de la inundación, la situación planteada en el informe continúa igual. Entre las propuestas que concluyen el informe figuran el fortalecimiento y consolidación de las instituciones provinciales y municipales a favor de la niñez y la adolescencia, principalmente implementando de manera inmediata el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos de la Niñez y la puesta en marcha de la Comisión Interministerial para promover políticas públicas universales y de calidad para toda la niñez de la región. Además, proponen la implementación de protocolos de actuación que focalicen las acciones hacia una atención prioritaria de la niñez frente al riesgo que implican desastres como los vividos el pasado 2 de abril.
Un manual de acción
Próximamente, el Programa de Niñez editará un manual sobre cómo accionar ante problemáticas vinculadas a salud mental, violencia de género o familiar, vivienda y adicciones donde estén involucrados niños, niñas o adolescentes. Bianco explicó que el material «se construyó después de haber participado en situaciones concretas, analizando los mejores caminos para las organizaciones sociales y pensando con qué recursos contamos desde el Estado y cuáles desde el territorio. Pensamos un manual que permita apropiarse a quien lo lea de las herramientas» .
