A contramano de la Ley de Educación, el gobierno bonaerense dispuso que los establecimientos dejen de tener Equipos de Orientación propios. Los profesionales pasan a depender de cada distrito y pierden el seguimiento cotidiano que les permitía prevenir los conflictos. Los gremios y colegios hablan de precarización laboral y cultural.
Por Vanesa Carbajal
Con el Fondo Monetario Internacional como rector y el ajuste fiscal y el repliegue del Estado como actores principales, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal intenta escribir un capítulo más en la historia de la precarización, ya no sólo laboral sino también cultural. En junio pasado resolvió modificar el funcionamiento de los Equipos de Orientación Escolar (EOE) en toda la provincia, que así dejarán de trabajar en escuelas específicas y pasarán a estar a disposición de los distritos y perderán la capacidad de seguimiento personalizado e interdisciplinario que deberían tener según la ley que los creó. Esto representa, según coinciden los gremios docentes y los colegios profesionales involucrados, también un fuerte retroceso en las condiciones laborales.
La resolución en cuestión es la 1736/18 y está firmada por Santiago Fraga, titular de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de la que dependen los EOE que se verán afectados. Esos espacios son instrumentos integrados por sociólogos, psicólogos y trabajadores sociales (entre otros profesionales) que actúan concretamente sobre situaciones que forman parte de la cotidianeidad de las aulas pero que exceden las posibilidades y herramientas del/la docente a cargo. Algunas de las funciones de estos dispositivos apuntan a disminuir el ausentismo, la repitencia, y la sobre edad escolar; articular ciclos, niveles y modalidades; o promover consensos para lograr acuerdos de convivencia institucional buscando atenuar las violencias que desde el afuera se cuelan y dan forma al mundo interior de las escuelas.
¿Por qué las políticas neoliberales prefieren que las escuelas públicas se desarmen? ¿Qué implica a nivel social empobrecer esta institución? ¿Cómo piensan los y las docentes que estas políticas impactan en el trabajo cotidiano? ¿Dónde cree la comunidad que se van a trabajar los problemas de niños, niñas y jóvenes que esta sociedad y sus gobernantes les generan? La nueva ley de educación provincial, vigente desde el año 2007, sufre con esta medida un nuevo acorralamiento a partir de estas resoluciones que, otra vez, atacan la promoción y protección de los derechos.
La actualidad y el cambio
Los EOE pueden estar integrados además por orientadores educacionales, orientadores sociales, maestro/a recuperador/a u orientadores de aprendizajes, fonoaudiólogos/as, orientadores fonoaudiológicos y orientadores médicos. Actualmente cada distrito de la provincia cuenta con Equipos de Base que trabajan en cada escuela y Equipos Distritales, a los que año a año les designan una o dos instituciones, ya sea para reforzar el trabajo o implementarlo en nuevos establecimientos.
Desde Suteba Central y en diálogo con La Pulseada, Mónica Herbon expone los números y las principales consecuencias de esta resolución. La Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social cuenta en toda la provincia con más de 16 mil docentes de equipos, de los cuales 6.500 son orientadores educacionales y otros tantos son orientadores sociales, hay 2.700 maestros recuperadores y orientadores del aprendizaje, cerca de 600 son fonoaudiólogos y un centenar son doctores u orientadores médicos. Aun así, apenas se llega a cubrir la mitad de los establecimientos en inicial, primaria, secundaria, profesionales y educación de jóvenes y adultos. El 48 por ciento de los alumnos (la otra mitad) carece de atención.
Según Herbon, por eso la resolución atenta contra la Ley de Educación Provincial (la 13.688) aprobada en 2007 que dispone la creación de EOE en todos los establecimientos educativos, la cual nunca terminó de implementarse. No es lo único: con esta medida se derogan otras resoluciones (3367/05, 333/09 1004/09) referidas a la Planta Orgánica Funcional (POF) de Psicología. Las plantas orgánicas son espacios de revisión de las instituciones educativas que se realizan una vez por año y toman decisiones acorde a las necesidades de cada institución. Estas resoluciones disponían claramente que cada institución debía tener un equipo en cada una de las escuelas de todos los niveles.
Son algunas funciones de los EOE disminuir el ausentismo, la repitencia y la sobre edad escolar; articular ciclos, niveles y modalidades y promover consensos para atenuar las violencias
El artículo 43º de la Ley de Educación Provincial contempla a los EOE desde la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social para fortalecer y humanizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el inciso “g” se establece la creación de los equipos en cada establecimiento educativo. Según las autoridades educativas bonaerenses, la nueva resolución vendría a “ampliar la cobertura”. Sin embargo desde los EOE entienden que implica lo contrario porque da por tierra con la posibilidad de que se generen nuevos cargos y se conformen equipos “de base” en las instituciones que no los tienen. “Con este cuento de optimizar recursos tienen, evidentemente, la firme intención de seguir ajustando en educación y flexibilizando nuestros puestos de trabajo. Ahora la estamos peleando porque esto ya está, ya son equipo de distrito como lo establece esta resolución”, concluye Herbon.
La resolución ordena el pase a Distrito de todos los EOE. Estos equipos se unificarían en Equipos de Orientación Escolar de Distrito (EOED). Es decir que trabajarán en conjunto sobre todas las instituciones y tendrían a su cargo alrededor de cinco instituciones educativas, lo que también modifica el funcionamiento anterior cuando los equipos distritales sólo podían tener a su cargo como máximo dos escuelas.
“Una persona por escuela”
Mirna Salina, orientadora social de La Plata y su vecina Oliden, en diálogo con La Pulseada Radio, dice que esta serie de medidas que se han ido tomando van en la misma dirección de debilitar más la escuela pública. “Deshumanizar, dividirnos, esta política es muy clara porque no sólo está dividiendo el interior de Educación, sino en todos los sectores, porque en el sector de Salud tampoco hay recursos humanos ni materiales. Se está demandando que se cumpla con la ley, un equipo por escuela, y la respuesta a eso es una persona por escuela”.
Para comprender los alcances de los cambios es necesario no perder de vista el eje del funcionamiento de estos instrumentos, pensar por qué y para qué se crearon, y cuánto perjudica esta nueva reorganización al sentido inicial de la propuesta. Desde los EOE aseguran que así se quita el rol preventivo y anticipatorio que desarrollan, corroe el fortalecimiento de vínculos, rompe los lazos afectivos que se generan y que tan importante son para detectar situaciones conflictivas y para poder tratarlas en contexto, de manera amplia. Las intervenciones que se realizan desde los EOE tienen que ver con comprender las situaciones desde el paradigma de la complejidad.
Karina Eguivar, orientadora social de escuelas de La Plata, también en diálogo con La Pulseada Radio, comenta que actualmente se trabaja con una guía de intervención amparada por la Ley de Niñez y Adolescencia. Esto establece un orientador educacional que hace el abordaje de aprendizajes en niños y niñas, y un orientador social que interdisciplinariamente atiende la vulneración de derechos (raíz de las situaciones más conflictivas), construyendo así dispositivos de trabajo para ir buscando soluciones a problemas complejos, acompañando también a las familias y resolviendo las cuestiones en equipo. Porque “se necesita la mirada de tu compañero o compañera para abordar la complejidad de un joven, necesitamos del otro, porque si no seguimos con esta mirada fragmentada de la sociedad. La cuestión de conocer a las familias al momento de intervenir, la continuidad, la confianza, que es algo que se va generando con el tiempo, y desde esta normativa no lo vamos a poder hacer porque vamos a caer como paracaídas a las instituciones que nos llamen”, explica.
Antes de la firma de esta resolución que modifica el funcionamiento de los EOE, el 48 por ciento de los alumnos carecía de atención. Los cambios tienden a agravar ese incumplimiento de la ley
Desde Punta Indio, Julieta Chudoba, trabajadora social e integrante de EOE desde el año 2005, dice que esta resolución, además de precarizar y flexibilizar, degrada las intervenciones. Menciona que se implementan programas que se superponen e imitan la actividad de los EOE, pero a cargo de personas sin incumbencias profesionales. “Como EOE garantizamos el derecho a la educación e intervenimos ante situaciones de vulnerabilidad, garantizamos la inclusión educativa desde la dimensión social y pedagógica. Con el valor agregado de conocer el contexto social e institucional y trabajando en red con distintos organismos, son muchas las trayectorias escolares que están sostenidas por estos equipos”, explica.
Belén Báez, orientadora social platense, explicó a La Pulseada Radio que en el territorio actualmente trabajan con proyectos, con niños y jóvenes que están en riesgo pedagógico. “Trabajamos en un proyecto en común colectivo, con docentes, equipos directivos, en donde planificamos de manera grupal. Nunca se trabaja por separado, ahí están las dos miradas, porque cuando existe un riesgo pedagógico, es porque hay condiciones que no están dadas socialmente”, dice. En este sentido aclara que “esta resolución contempla que un integrante por equipo es suficiente por lo que esa forma de trabajo ya no se va a poder dar”. Sostiene además que las y los trabajadores pasan a estar a disposición. Y se pregunta: “¿Cómo garantizamos un trabajo planificado para meses con continuidad de acciones, cuando la resolución nueva no toma en cuenta esta trayectoria, ni que el lugar de pertenencia se construye en convivencia con el otro?”.
La resistencia
Los integrantes de los equipos se organizaron en un grupo con el que abarcan toda la provincia. Lo llamaron “EOE en lucha” y desde ahí comparten información y delinean acciones concretas. La medida más importante que impulsaron es el proyecto de ley en la Cámara de Diputados bonaerense, presentado el 26 de junio, que plantea la derogación de la resolución cuestionada. Los colegios profesionales han expresado su rechazo y desde cada distrito se está peleando para que los Concejos Deliberantes apoyen la iniciativa del proyecto de Ley.
Desde este grupo manifiestan que necesitan el acompañamiento de toda la sociedad. “Vamos a hacer lo imposible para que esta resolución sea derogada, entendemos que esto es una violación a los derechos de los niños y los trabajadores de la educación y a nosotros como equipo de orientación”, afirma la orientadora social Karina Eguivar y agrega: “Hoy la estamos pasando mal, pero entendemos que también nuestros compañeros de la comunidad educativa la vienen pasando mal, entonces lo que tenemos que hacer es fortalecernos y más allá de que esa resolución tenga la firma de Fraga no tiene nada que ver con la modalidad de Psicología Comunitaria y Psicopedagogía Social. Debiera empaparse de cuál es la intención de esta modalidad, para rever todas estas resoluciones que viene firmando”.
“¿Cómo garantizamos un trabajo planificado cuando la resolución nueva no toma en cuenta la trayectoria ni el lugar de pertenencia que se construye en convivencia con el otro?” (Belén Báez, orientadora social)
Chudoba cuenta que son muchos los Concejos Deliberantes que repudiaron la resolución, y agrega que se busca, además, “visibilizar lo que implica el ataque a los EOE como parte de algo más amplio, que viene a ser el plan de ajuste sobre toda la educación con cierre de cursos, adecuaciones de contenidos con afectación en distintos niveles y modalidades”.
Una trayectoria que no fue al azar
Los EOE funcionan dentro de las instituciones educativas en todos los niveles y modalidades del sistema. Tienen alrededor de 70 años en la provincia de Buenos Aires que ha sido pionera en la materia, no sólo en Argentina sino también en Latinoamérica. En 1948 la Dirección General de Escuelas sacó el decreto 1290 por el que se creaba una comisión integrada por profesionales de la educación, salud y asistencia social, conformados en un Instituto de Orientación Profesional. A partir de su creación se convocó a docentes con cierta formación e interés en las áreas de pedagogía, psicología y social.
En 1949 se modificó la estructura de la Dirección General de Escuelas y pasó a constituirse como Ministerio de Educación, lo que derivó en agosto de ese año en la conformación de las Dirección de Psicología Educacional y Orientación Profesional (decreto 16.736). Como principales funciones tenía la investigación, evaluación y acompañamiento de los niños. Estaba enfocada únicamente en primaria porque en ese momento acceder a una educación secundaria era para muy pocos. El perfil de trabajo fue más clínico, y no se tenía en cuenta el contexto, el entorno, la comunidad y las interrelaciones de esas situaciones conflictivas. Es decir que se contemplaba únicamente al alumno como fuente del problema y el abordaje se daba en forma de consultorio.
“Estamos reclamando que se cumpla con la ley y haya un equipo por escuela, y la respuesta a eso es una persona por escuela” (Mirna Salina, orientadora social)
Este paradigma fue cambiando de visión y en los ‘90, tras el retorno de la democracia y con las nuevas corrientes pedagógicas se dio un cambio en los equipos de orientación escolar, reconociendo a la sociedad como compleja y multiforme, promoviendo la investigación y los modos de intervención, incluyendo a la familia y a la comunidad como instancias significativas en el proceso de aprendizaje. De equipos psicopedagógicos sociales se pasó a Equipos de Orientación Escolar, dándole otro marco a la herramienta, reconociendo desde este paradigma la promoción y protección de los derechos de los niños y adolescentes.
En el año 2007, con la nueva Ley de Educación Provincial y la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (13.298), se produjo otro cambio con esos actores como sujetos de derecho. Sin embargo, luego de once años de sancionada la ley aún no se ha implementado en su totalidad: apenas el 52% de las escuelas tienen la cobertura declamada en esa norma.
Ahora, en la Provincia más poblada del país, la cual ostenta un creciente 62,5% de pobreza infantil y ocho millones de menores de 17 años con sus derechos vulnerados, achicar estos dispositivos es viajar a contramano de la realidad, condenando a las escuelas a atravesar sin contención un contexto de violencia creciente y mayor deserción
El FMI no falta a clases
Desde los sindicatos hablan de una nueva precarización laboral y de un deterioro de la educación pública que se suma a las reformas que fueran reflejadas en La Pulseada 158 de abril. El cierre de los bachilleratos de adultos, que pasaron a ser sólo bachilleratos juveniles, es uno de ellos. Contempla alumnos hasta los 17 años y a los que son mayores se les ofrece la modalidad semipresencial con los Cens y Fines.
En la misma línea operaba la apertura de los “pluriaños” en escuelas rurales y del Delta que fue posible frenar con la organización de la comunidad educativa y la presencia de los gremios. Se proponía juntar primero, segundo y tercer año en un aula, y cuarto y quinto en otra, normalizando y complicando más aún el accionar docente. En lugar de poder atender cada situación de forma personal y pormenorizada había que buscar puntos medios, denominadores comunes frente a un grupo de alumnos ampliamente heterogéneo y multiforme. A comienzo de año, hubo un intento de cierre de ocho escuelas del Delta que gracias a la lucha de las familias junto a los docentes también se logró frenar.
Y los Centros de Formación profesional pasaron al Ministerio de Trabajo sin tener en cuenta la complejidad y el contexto de cada lugar, sacando el pago de la desfavorabilidad (como aspecto distintivo de este tipo de establecimientos) y el transporte.
En el mismo camino, desde el 13 de julio el ejecutivo provincial está trabajando sobre la “readecuación” del plan de estudio de las escuelas técnicas, lo cual en principio implicaría la reducción de la carga horaria en materias sociales y artísticas. Eso significa la pérdida de puestos de trabajo pero, también, el riesgo de que se pierda la validez del título técnico a nivel nacional.
