El fiscal penal convocó a ocho delegados comunales a comparecer la semana próxima como testigos. A medio año de la inundación, ese fuero sigue recolectando datos sobre planes de emergencia y contingencia, mapas de riesgo y alertas.
El fiscal a cargo de determinar responsabilidades políticas de la inundación comenzó a producir prueba en esa línea en los últimos días, cuando distintos grupos de damnificados ratificaban en medios de comunicación y redes sociales su malestar por la falta de respuestas a sus reclamos y preparaban la jornada del pasado 2 de octubre. Jorge Martín Paolini citó a declarar como testigos a varios delegados municipales —funcionarios que administran territorios cruzados por los arroyos que desbordaron, y donde la ausencia del Estado durante el anegamiento es una queja aún hoy—. Además, solicitó información a reparticiones del gobierno bonaerense y convocó a una científica de la Universidad Nacional de La Plata que ya había expuesto ante concejales.
Paolini, uno de los integrantes de la unidad de investigación fiscal de Delitos Complejos de La Plata, volvió así sobre los cinco expedientes principales donde corren por cuerda judicial más de 20 causas abiertas por particulares luego de la peor pesadilla no política padecida en la capital bonaerense. Como contó La Pulseada a fines de agosto, su investigación había entrado en un paréntesis para resolver cuestiones administrativas y no hay nadie procesado.
Ahora, Paolini dirigió un oficio al Consejo Provincial de Emergencias (CPE), presidido por el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Martín Ferré, para que remita los informes “trimestrales y memoria anual elaborada conforme lo dispuesto en el decreto 464/08, desde la creación del CPE a la fecha”. Además, el organismo debe detallar toda la información “referente a planes o protocolos de emergencia, contingencia, mapas de riesgo y sistemas de alerta temprana correspondientes al municipio de La Plata” y describir “recursos materiales” con los que contaban el 2 de abril la Dirección Provincial de Defensa Civil y la Superintendencia de Seguridad Siniestral para buscar, rescatar y evacuar a damnificados. El objetivo es claro —saber si el gobierno provincial estaba preparado para una mega emergencia— y clave: determinar las responsabilidades del caso.
En la misma hipótesis, el fiscal pregunta: ¿se implementaron sistemas de alerta y alarma temprana en el municipio de La Plata? ¿Cuáles fueron y cuándo empezaron a funcionar? Interrogantes similares a los que ya se oyeron en numerosos debates de especialistas y asambleas de ciudadanos, y en las distintas “comisiones especiales investigadoras” creadas en ámbitos legislativos, de las cuales sólo la del Concejo Deliberante concluyó su trabajo. Las de Diputados y Senadores, en cambio, no aportaron sus dictámenes. Y por ninguna de ellas pasaron Daniel Scioli y Pablo Bruera.
Para completar el panorama documental, Paolini solicitó a la Autoridad del Agua (organismo de control provincial) que le envíe las cartas o mapas de riesgo hídrico correspondientes al partido de La Plata.
Delegados, al banquillo
Uno de los reclamos más recurrentes de los damnificados fue “·dónde estuvieron” los delegados comunales durante la tormenta y cuando el agua comenzó a escurrir. Esa queja se oye todavía en los barrios de la ciudad, y es algo que corrobora el relevamiento sociosanitario realizado por el Colegio de Trabajadores Sociales: “Las respuestas inmediatas y posteriores a la inundación surgieron casi exclusivamente de la sociedad civil” y “la política pública quedó reducida a acciones desarticuladas, sin planificación, y a un manejo discrecional de los recursos disponibles”, adelantaron a La Pulseada los coordinadores de la investigación. Sólo a modo de ejemplo: el 97% de los consultados se evacuó con ayuda de la sociedad civil y en casas particulares, y el 80% obtuvo agua potable también de la sociedad civil, según los primeros datos de este trabajo realizado en 27 barrios afectados.
Ahora el fiscal Paolini preguntará por su rol a los propios representantes de la administración de Pablo Bruera en los barrios. Entre el 8 y el 10 de octubre próximos, ocho delegados deberán declarar en el marco de una de las tantas denuncias presentadas por inundados. El primero será Pablo Dellepiane, delegado comunal de Tolosa, una de las zonas más castigadas por la inédita lluvia. También fueron citados: el delegado de San Lorenzo, Antonio Mereles; el de Melchor Romero, Sergio Pajot; la de Villa Elvira, Juliana Alfonsín; el de Hernández, Mariano Maluendez; el de Ringuelet, Javier Esteban Nohaczewski; el de San Carlos, Sebastián Gastón Raffatella, y la responsable del centro comunal de Los Hornos, Berta Esther Magnoli.
En el nivel más local de la política, dichos funcionarios administran territorios cruzados por los arroyos Maldonado, Pérez y Del Gato, que desbordaron por la lluvia y falta de obras. Ahora deberán llevar sus relatos a sede judicial. En esta cita, como testigos.
El último de los testigos de esta grilla del fiscal no es político ni funcionario, sino la jefa del departamento de Sismología e Información Meteorológica de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica de la UNLP, Dra. Nora Sabbione, que ya había expuesto, el 29 de abril pasado, ante la comisión especial que funcionó en el Concejo Deliberante
El antecedente inmediato —aunque no tan trágico— al 2 de abril de 2013 fue la inundación de fines de febrero de 2008 en la zona norte de La Plata, donde las localidades de Ringuelet, City Bell y Villa Elisa sufrieron las consecuencias de una fuerte sudestada. La explicación política de aquella vez fueron las obras hidráulicas no ejecutadas por el entonces concesionario de la autopista La Plata – Buenos Aires. Cuando el agua bajó y los ánimos comenzaron a calmarse, la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino aportó a la delegación de Villa Elisa un “Plan Operativo ante la Emergencia”. Esa documentación es otro de los materiales que pidió ahora Jorge Paolini.
En tanto, para la investigación del fuero penal forenses de la Suprema Corte bonaerense analizan historias clínicas de fallecidos no computados en el listado oficial, aunque la lista de víctimas fatales es competencia del juez en lo contencioso administrativo, Luis Federico Arias, que se encamina a dictar una primera sentencia.
