Uruguay dio luz verde en octubre a la Ley Integral para Personas Trans y su aprobación garantiza desde reparaciones económicas para víctimas del terrorismo de Estado, hasta el reconocimiento de derechos sanitarios, laborales y culturales. El país más chico de Sudamérica vuelve a sentar un precedente en materia de Derechos Humanos en un contexto regional cada vez más reacio
Por Luciana Rodriguez Sacco
Desde Montevideo
Fotos Romina Lucciano y Matías Guerreros
«No quiero más títulos que cargar
no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar
ni el nombre justo que me reserve ninguna Ciencia’’
Susy Shock.
Hubo un día que Uruguay se tiñó de amarillo. Escapando a todo binarismo estandarizante, el color copó las calles para exigir el reconocimiento de derechos de un colectivo que durante años fue invisibilizado y silenciado: las personas trans. “Ahora somos reconocidas como seres humanos”, celebró Antonella Fialho, una mujer trans de 52 años, luego de que los diputados uruguayos aprobaran con 62 de 88 votos a favor la Ley Integral para Personas Trans, el pasado 19 de octubre.
Presentada en junio de 2017 por el gobierno del Frente Amplio, la nueva ley tiene como objeto “promover la equidad de género como combatir, mitigar y colaborar a erradicar todas las formas de discriminación”. Este documento de vanguardia en el sur del mundo establece a través de 20 artículos las directrices para garantizar a esta población “el pleno ejercicio en condiciones de igualdad de sus derechos y libertades, promoviendo el respeto de su dignidad, buscando lograr la integración social a nivel cultural, económico-laboral, en el ámbito de la salud y la educación, así como en cualesquiera otros ámbitos de la vida ciudadana”.
Simplificar el trámite para la adecuación de nombre y sexo en los documentos de identificación; establecer un cupo laboral del 1% en los organismos y garantizar uno no inferior al 1% en diversos programas de capacitación y formación laboral; la inclusión educativa; el acceso a la cultura, la vivienda y la salud, son algunos de los puntos que comprende la ley. Además, a partir de su sanción, el país comenzará a otorgar un resarcimiento económico vitalicio equivalente a unos 300 dólares mensuales a unas 50 mujeres trans que fueron víctimas de represión y acoso desde el inicio de la dictadura (1973) y hasta 1989.
La ley no habilita a los menores de edad a acceder a la operación de reasignación de sexo –aunque quienes desarrollaron la campaña contra la norma afirmaron que esto era posible y utilizaron este argumento para desacreditarla ante los medios de comunicación y la población– pero sí garantiza el acceso a hormonas que ralentizan el desarrollo, siempre y cuando tengan la aprobación de padres o tutores. En caso contrario, una junta del centro de salud podría solicitar el inicio del proceso en la justicia.
La Ley Integral para Personas Trans se aprobó con 62 sobre 88 votos a favor el pasado 19 de octubre
“Hoy me reconforta saber que soy reconocida como persona, como ser humano. La ley es una tranquilidad, siento que ahora puedo estar en paz por todo lo que pasé”, cuenta Marcia, de 71 años, una de las mayores del grupo trans que viene peleando por esto desde hace más de 30 años. “Te imaginarás todo lo que he trotado”, dice, mientras se toma un mate.
Las identidades trans no son algo nuevo, su lucha tampoco. El reconocimiento de sus derechos, sí. “La aprobación de la ley es la demostración de que las organizaciones sociales pueden cambiar ideologías políticas y son capaces de generar incidencia”, destaca la presidenta del Colectivo Trans del Uruguay, Colette Spinetti.
Es domingo por la tarde y el sol cae sobre la rambla montevideana. Los pañuelos amarillos con la consigna “Ley Trans Ya” cuelgan de las mochilas. Pasaron unas pocas semanas de la aprobación y quienes la militaron desde sus entrañas aún la celebran. Como dice Patricia, una mujer trans de 58 años, “ya era hora de reparar las cosas que nos hicieron y pasamos. También por las otras compañeras que no llegaron a ver esto porque se fueron antes”.
Patricia, Marcia y Antonella saben que corrieron con suerte, son sobrevivientes. Superar los 40 años siendo trans es casi una osadía. ¿Sobrevivientes de qué y/o de quiénes? De un sistema político, social, económico y cultural que margina y excluye al diferente, al que no encaja en el binomio estandarizado varón-mujer. De esta manera, derechos que deberían ser inalienables son vulnerados una y otra vez, poniendo a esta población en un escalón –o varios– por debajo del resto de la sociedad. De allí, la importancia de este nuevo texto jurídico que viene a reconocer los derechos de quienes siempre permanecieron a un costado.
El invierno pasado, poco más de un año antes de la sanción de la ley, Antonella expuso ante los legisladores uruguayos: “Este puño va a seguir levantado por los abusos que sufrimos, por las puñaladas que nos comimos en los calabozos. Por esto hemos esperado años. Vamos a seguir soñando con que cada una tenga lo que le pertenece. Lo que el Estado nos tiene que dar es lo que nos robó. Nos tenían como animales. Somos trans, no delincuentes”. En ese entonces la ley era todavía una utopía. Hoy, es una realidad.
Conciencia, memoria y resistencia
“Privilegio”. Así catalogaron los opositores de la ley a la reparación económica de 11.500 pesos uruguayos –el equivalente a 300 dólares mensuales–, prevista en el artículo 7, que recibirán las personas trans “nacidas antes del 31 de diciembre de 1975, que por causas relacionadas a su identidad de género fueron víctimas de violencia institucional o hayan sido privadas de su libertad”.
“Qué beneficio ni privilegio, acá lo que hay es un reconocimiento de lo que nos debían”, sentencia Fialho. “Privilegios nunca tuvimos, siempre fuimos las y los últimos. Hoy podemos decir que somos personas, vamos a cobrar una pensión que el Estado siempre nos ha estado debiendo”, concluye.
En Argentina hubo un proyecto parecido en 2014 pero fracasó. La diputada María Rachid había redactado un proyecto de ley con el que buscó llegar al Congreso ese año y otorgar un subsidio a las personas trans mayores de 40 años. Pero en los medios de comunicación la noticia se convirtió en polémica y estalló en escándalo. En las redes sociales las pantallas se saturaron con un sinfín de comentarios cargados de discriminación, xenofobia y sobre todo, falta de conocimiento de la situación. “Tengo 45 años, me compro una peluca y voy a cobrar”; “Hay que convencer a los jubilados de que se hagan travestis así cobran los ocho mil pesos”; “Me pongo unos tacos y me hago puto”; “Te hacés trolo y se te soluciona la vida”, fueron algunos de los mensajes que circularon, como si la identidad de género se eligiera, como si se redujera a la simplicidad de vestir dos o tres prendas, como si no hubiera una historia detrás. El proyecto no prosperó y cerca de 100 personas trans se quedaron sin este subsidio, que en el momento que se redactó no eran más que 2.400 pesos mensuales.
Durante el terrorismo de Estado, implementado en Sudamérica a través de la Operación Cóndor, el colectivo trans fue perseguido, detenido y torturado. Antonella se acuerda que en aquella época, en Uruguay, las detenían simplemente por su apariencia o por ejercer el trabajo sexual. Ella perdió la audición en un oído a causa de las torturas. “La opción era o te prostituís o no comés”, sentencia como un destino manifiesto recordando aquellos años en que las detenían, las hacían limpiar la comisaría, las liberaban, volvían a trabajar a la calle y las volvían a encerrar. En este círculo perverso las torturas no eran ajenas y, en Argentina, los períodos de detención de las personas trans podían alcanzar los 120 días. El objetivo era castigar y disciplinar a las identidades no heteronormativas.
En mayo de este año, 42 años después, el Estado argentino entregó por primera vez una reparación histórica a una mujer trans víctima de la última dictadura cívico-militar. Perseguida y violentada por los gobiernos de facto a causa de su identidad, Carolina Boetti, de 55 años, se convirtió en una excepción. Pero la excepción debiera ser regla, porque la memoria no puede ser un privilegio.
Habitando una identidad trans
Las identidades trans tensionan el modelo binario hombre/mujer que históricamente ha construido la sociedad como natural e incuestionable. Su aparición en escena en las últimas décadas –no es que antes no existieran, sino que estaban invisibilizadas– a través de manifestaciones, ocupación del espacio público y la llegada al Parlamento, cuestiona que las personas sean definidas a través de su corporalidad, más específicamente a través de sus genitales.
Pero la heteronorma es tosuda e insiste en ordenar el mundo: lo que no encaja en sus conceptos queda por fuera. Las batallas son muchas. Una de las más difíciles ha sido la despatologización de estas identidades, que aún no está saldada. Incluso hasta este año el manual de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificaba a la transexualidad como una patología, confundiendo los cuerpos no normativos (situados fuera del binomio hombre/mujer) con identidades y cuerpos enfermos. El 2018 sería el año que la transexualidad abandone el capítulo de “trastornos de la personalidad y el comportamiento” para incorporarse al de “condiciones relativas a la salud sexual”. Hasta aquí parece un avance, el problema surge al conocer que denominaron a la transexualidad como “incongruencia de género”. Esto ha sido duramente criticado por los colectivos trans, ya que lo consideran patologizante, porque sigue condenando y estigmatizando todas las formas de diversidad que cuestiona el modelo binario.
La vida de las personas trans está marcada por la marginación, muchas veces expulsadas de sus casas, rechazadas por su familia y el sistema escolar, arrojadas a la calle, motivo de burla, víctimas de violencia. Las situaciones vulnerabilizantes están al orden de día y sin un sistema legislativo que regule el acceso de este colectivo a los derechos inherentes a la esencia del ser humano, el sistema que los violenta se refuerza.
“Hoy me reconforta saber que soy reconocida como persona. La ley es una tranquilidad, siento que ahora puedo estar en paz por todo lo que pasé”, cuenta Marcia (71)
¿Cuántas personas trans atienden en algún comercio? ¿Cuántas son docentes? ¿Cuántas personas trans trabajan en alguna oficina? Cualquiera puede dar cuenta de que la cantidad es ínfima. Datos de la Primera Encuesta sobre Población Trans en Argentina, realizada en 2012 por el INDEC y el INADI, inidican que el 80% de esta población se dedica a actividades vinculadas a la prostitución y otras tareas de poca estabilidad e informales. En Uruguay, uno/a de cada tres trans está sin empleo y sólo el 24% de quienes están en el mercado laboral lo hace en condiciones formales. Es decir que la precariedad en el trabajo es una de las características que afecta a la población trans y consolida a la prostitución como única salida.
El sida, los homicidios transfóbicos, los abusos por parte de la Policía, la mala o nula atención en hospitales y centros de salud, la carencia de oportunidades laborales, el mal uso de silicona industrial, el contexto de pobreza y de violencia social, son las principales causas de muerte de las personas trans. De hecho, quienes logran pasar la barrera de los 40 años llegan con gravísimos problemas de salud, sin experiencia laboral y sin estudios. Según estadísticas de la Asociación Travestis, Transexuales, Transgénero de Argentina (ATTA), en el país el promedio de vida de las personas trans es de entre 35 y 40 años, mientras que la esperanza de vida supera los 71 años para los hombres y los 79 para las mujeres. Las cuentas son sencillas, una persona trans vive casi 35 años menos que el resto de la población. Este número no ha variado desde que se realizó el primer estudio en el año 2003.
En Uruguay, eran 933 personas las que no podían acceder a sus derechos. Hoy, a través de esta nueva ley, se presenta una oportunidad histórica: llegó la hora de pedirles perdón por tanto tiempo de olvido. Porque, en definitiva, esta ley no otorga privilegios ni beneficios, se trata del reconocimiento de derechos.
