En Argentina hay más de 6.000 personas buscadas y 3.228 son niñas, adolescentes y mujeres. Se repiten las historias de desatención policial, desidia judicial y familiares que terminan siendo detectives. Los casos de Diana Colman, en Guernica, y Maira Benítez, en el Chaco, son sólo una muestra. Aquí, sus historias.
Por Paula Bonomi
Fotos: Archivo La Pulseada/Gabriela Hernández
ES HORA
La libertad
es una construcción colectiva,
de no serlo, es una farsa.
En qué
lugar de tu cuerpo
duerme el Tiempo?
En qué
lugar de tu cuerpo
duerme la Historia?
En qué lugar de tu cuerpo
montarás la Rabia?
Quimey Figueroa
En nuestro país hay más de 6.000 personas buscadas por el Estado. La mayoría de las búsquedas corresponde a mujeres jóvenes, el segmento que arroja precisamente menos resultados positivos. Las chicas desaparecen. Las madres denuncian las desapariciones. La Policía o la fiscalía desoyen las denuncias y no buscan a las chicas. Las encuentran tiempo después, ya asesinadas. Otras siguen desaparecidas.
Ya no alcanzan los nombres propios. Diana Jaqueline Colman , Maira Benítez , son dos de las miles de mujeres, chicas y niñas que permanecen desaparecidas y que el Estado dejó de buscar. Una serie de constantes atraviesan cada caso: incumplimiento de deberes de funcionario público, ausencia de promoción de derechos como garantía del acceso a la justicia, persistencia de la violencia institucional y machista que atraviesa la cotidianeidad en el territorio.
Mientras la búsqueda de Micaela García ganaba espacio en los medios y las redes sociales, comenzó a circular la foto de otra joven: el rostro y la historia de Araceli Fulles , cuya madre la esperaba en su casa la mañana del 1 de abril. Micaela apareció violada y asesinada una semana después, a un mes del histórico paro de mujeres. A sus padres, en Entre Ríos, les habían dicho que lo más probable era que la joven se hubiera suicidado. Araceli apareció descuartizada y enterrada bajo cal luego de 28 días, a cuadras de su casa. La fiscalía que intervino caratuló la causa como “averiguación de paradero”.
Desde hace dos años, tampoco se sabe nada de Diana Colman, desaparecida el 15 de junio de 2015 en Guernica, provincia de Buenos Aires, cuando iba a encontrarse con su ex pareja. Ni de Maira Benítez, de Villa Ángela, Chaco, que falta de su casa desde hace 4 meses, luego de salir a dar unas vueltas por el pueblo. Las dos tienen hijos pequeños. A las madres que denuncian las desapariciones de sus hijas les dijeron: “Se fue con el novio”, o “se drogó, debe estar en una fiesta”. Las pesquisas se dilatan, quedan en la nada. Y los cadáveres siguen apareciendo día a día.
Como en muchos de los casos donde las investigaciones no arrojan datos certeros del destino de las desaparecidas, aquí se repiten algunos patrones: familias vulnerables o pobres; resistencia o dilación de las fuerzas de seguridad en tomar inmediatamente una denuncia por paradero y notificar a las fiscalías, negligencias en la investigación judicial, ausencia o tardía notificación a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex); falta de políticas públicas efectivas para abordar estas violencias. Ante la carencia de respuesta, las mujeres organizadas reaccionan, acompañan a las familias, visibilizan los casos, denuncian la responsabilidad del Estado ante cada mujer desaparecida.
Según el último informe sobre búsqueda de personas en democracia, elaborado por la Protex a fines de 2016, son 3.228 las niñas, adolescentes y mujeres adultas buscadas. De ellas el grupo etario que concentra el mayor número de desapariciones es el de 12 a 18 años, con una tendencia aun más marcada en el caso de las adolescentes. La Procuración General de la Nación plantea que esto puede deberse a “la explotación sexual prostibularia, interna o externa, y/o de los femicidios, que en ocasiones conllevan una apropiación del cuerpo de las víctimas por parte de sus autores”.
La Protex se creó precisamente para prestar asistencia a las fiscalías de todo el país en el trámite de las causas por hechos de secuestro extorsivo, trata y delitos conexos, aunque no siempre es convocada a participar de las investigaciones. En el caso de Aracel, por ejemplo, la Fiscalía 2 de San Martín no pidió su colaboración y, por tanto, no pudo intervenir en la causa. Los familiares han expresado sus sospechas de que la menor estaba siendo víctima de una red de trata y por eso hicieron la denuncia a través de la línea telefónica 145. En el caso de Diana Colman, la UFI 2 realizó la consulta a la Unidad especial de trata de personas del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Fernando Cartasegna -hoy con licencia- , pero esta fiscalía desestimó que sea efectivamente un caso de trata.
Las primeras horas son claves
La frase se repite como un mantra en todos los materiales sobre el tema, sobre todo para desanudar delitos complejos como los secuestros, la trata o la violencia institucional. En ese sentido, hay un mito que desterrar: no hay ninguna norma que exija el transcurso de 12, 24 ni 48 horas para empezar a trabajar en la pesquisa. La batalla para desterrar la falsa creencia es contra los usos y costumbres policiales.
Cartasegna, consultado por esta nota antes del ataque que denunció haber sufrido en su fiscalía en mayo, afirma que la Policía debe tomar inmediatamente las exposiciones: “No se deben esperar ni 48 ni 72 horas por más que la persona perdida sea mayor de edad. La Policía debe tomar la denuncia inmediatamente aunque la persona perdida aparezca a las horas. No está escrito en ningún lado que haya que esperar. Lo mismo puede suceder con los testimonios”.
El fiscal agregó que “muchas veces la Policía no toma algunos testimonios porque no los considera relevantes. La valoración de la Policía está de más, eso queda a juicio de los y las fiscales. Ellos deben tomar todas las testimoniales. El o la fiscal que está de turno tiene que aplicar toda la dureza la ley y exigir a la Policía que informe inmediatamente los pedidos de paradero porque todos los funcionarios públicos lo saben”.
Las mujeres que buscan a sus hijas pueden dar cuenta de la violencia institucional a la que han sido expuestas por funcionarios públicos que no cumplen con su deber: “Fui maltratada en la policía. Tuve que escuchar cosas que no tenía que escuchar como que mi hija era una persona grande, de 18 años, que a lo mejor estaba con algún tipo por ahí. Todo el tiempo me decían que no me preocupe, que ella ya iba a volver. Recién a las 72 horas me tomaron la denuncia”, recuerda Antonia Morán Leiva, la mamá de Maira Benítez, sobre esas primeras horas -centrales para determinar si una persona fue raptada por una red de trata o no- ante el silencio y ausencia de su hija.
Sin conocerse, lo mismo cuenta a La Pulseada Isabel Colman, la madre de Diana Colman: “Esa mañana mi hija fue a encontrarse con su ex pareja y nunca más volvió. Por la tarde, como no había vuelto a la casa, entonces pedí permiso en el trabajo para irme un rato antes para buscarla. Con mi marido fuimos a hacer la denuncia a la noche y me dijeron que como ella es una chica mayor de edad tenía que esperar al día siguiente. Nos fuimos a casa sin saber qué hacer. Volvimos al otro día a las siete de la mañana. El policía no me tomó la denuncia, me mandó a mi casa y dijo que vuelva tres horas después con una foto de ella. Me dijo: “Es el acto que hay que esperar. Capaz se fue a un baile, con algún novio”.
Ante este cuadro de situación que se repite en muchos de los casos, lo aconsejable es no denunciar en las comisarías locales sino dirigirse a las fiscalías u oficinas especializadas.
Impericias judiciales
¿Quién investiga estas responsabilidades institucionales? El sentido común supone que mientras esté desaparecida una persona el Estado debe persistir en su deber de buscarla. En el caso de Maira Benítez, la fiscal que actúa en la causa, Gisela Oñuk, le dijo a la familia que “ya no hay nada más para hacer”.
“Ella dice que todas las pruebas y pericias que se hicieron salieron todas negativas. Lo último que apareció fue un pantalón que tenía una mancha de sangre pero que recién ahora se mandó a analizar”, expresó Antonia, en su diálogo con La Pulseada.
La madre relató que “cuando le pregunté cuándo se había secuestrado ese pantalón, me contestó que en las primeras pericias. O sea, ¿casi después de tres meses sale este pantalón a la luz y se hacen los estudios? El Dr. Sergio Ríos (fiscal recusado en la causa) nunca informó sobre esa prueba ni de otras cosas, como por ejemplo que Rodrigo Silva (detenido, acusado de privación ilegal de la libertad de Maira Benítez) tenía una causa judicial, que tramitaba a su cargo, por violación de otra jovencita. Tampoco nos informó que teníamos derecho a tener un abogado querellante. De a poco, y gracias al acompañamiento de las organizaciones de Resistencia, pude darme cuenta y pedí que lo saquen”. En la actualidad, sin embargo, la causa se encuentra paralizada.
Lo mismo sucede con Diana Colman, que desapareció hace dos años y cuya causa está estancada. No hay rastros, ni imputados, ni una línea de investigación que arroje datos útiles para conocer qué pasó. La familia y las organizaciones sociales reclaman y piden avances, o al menos que Isabel, su madre, esté contenida e informada. En este tiempo el expediente ya pasó por tres fiscales, y ahora está en manos de Juan Cruz Condomí Alcorta. Guernica es un pueblo chico del conurbano, donde todos se conocen. Desde el inicio de la búsqueda, ningún programa municipal proporcionó el apoyo necesario para colaborar: no se difundió su rostro en los móviles policiales, ni en hospitales de la zona, no se proporcionó asesoramiento legal, ni contención psicológica o social a la familia que está en condiciones de extrema vulnerabilidad.
El Estado es responsable
Los familiares y amigos de la persona buscada son los que generalmente empujan las investigaciones. Son víctimas, testigos y también detectives en la búsqueda. Lo primero que hacen es hacer circular la foto de la persona perdida con las señas particulares y un teléfono de contacto. Los folletos que solían aparecer en los postes de luz, los negocios barriales y las paradas de colectivos ahora circulan en Facebook y Twitter. También es central el acompañamiento de las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, sociales y políticas que denuncian, organizan marchas, salen a las calles y hasta proporcionan asesoramiento legal y psicológico, reemplazando desde la sociedad civil a las instituciones estatales. Cuando los feminismos y el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans señalan “el Estado es responsable”, no es una frase hecha, una entelequia anquilosada, una bandera parte del folklore: es una certeza que se reafirma con cada uno de los femicidios.
Así lo sentencia Antonia, la mamá de Maira Benítez. “Desde el gobierno sólo hemos recibido paliativos. Nos hemos reunido con el gobernador, Domingo Peppo, quien nos brindó la recompensa de 500.000 pesos y afiches. Nos hemos reunido con el ministro de seguridad, Martín Nievas, que intervino para la llegada de la policía especializada de Santiago del Estero, que estuvo sólo dos días, cuando nos habían dicho que los rastrillajes durarían un mes o más. Esto no alcanza para encontrar a Maira: necesito que se investiguen los lazos que vinculan a Silva con personajes poderosos de nuestra ciudad, como los Costas y los Porro. Necesito que den la orden de movilizar, con personal y herramientas, todos los recursos para que se investigue cada rincón de la provincia. Mi hija en algún lado está”.
“En este tiempo yo tuve dos infartos, perdí un pie por una trombosis. También perdí el trabajo y toda mi familia está sufriendo mucho, mi nieto está sufriendo mucho. Para mí esta causa no avanza porque nosotros somos pobres, porque Diana no es Micaela. Diana no pertenecía a ninguna organización política, ni kirchnerista ni nada, y por eso me imagino que no nos dan bola. Además, si hicieran las cosas bien sabríamos qué pasó con ella”, expresa, con dolor y bronca Isabel, la madre de Diana.
Cuando los familiares no tienen los recursos necesarios para impulsar estas búsquedas o darles notoriedad, los procesos quedan estancados y sin una línea de investigación suficientemente agotada. Además, no se centralizan ni unifican las denuncias judicializadas en el ámbito nacional, con lo cual el cruce de datos es prácticamente inexistente.
“Mi hija llegó a este país como migrante pero con sus papeles en regla. Trabajaba como un ciudadano argentino más. Lo único que me mantiene es que en este tiempo no apareció su cuerpo y entonces pienso que está viva. Ella vivía y trabajaba para su hijo. Lo tuvo muy chica, a los 18 años, pero era su vida. Gustavo ya tiene 12 años, hay días que está bien pero hay días que está muy triste, extraña mucho a la mamá, quiere saber qué pasó, por qué no vuelve y está peleando”, cuenta Isabel.
“Lo único que le pido a la justicia es que me escuche”, ruega Antonia, que además está desocupada y viene de inundarse debido a las inclemencias climáticas que azotaron su región. “No pueden dejar de buscarla. Lo único que quiero saber es qué pasó, dónde está, qué le hicieron”. A Maira la esperan cuatro hermanos, Antonia y su pequeña hija Brisa, que cumplió los tres años preguntándose dónde estaba su mamá.
“La Policía debe informar
apenas se presenta la denuncia”
Las fiscalías en turno deberían avisar inmediatamente a la Procuraduría de trata y explotación de personas (Protex) ante la desaparición de las personas. “Los fiscales tenemos un protocolo de actuación que se debe activar durante las 24 horas”, explica el fiscal Fernando Cartasegna y aclara: “Los pedidos de paradero no conllevan ninguna diligencia preliminar. La Policía debe informar apenas se presenta la denuncia. Lo primero que hacemos desde la fiscalía es darle intervención a la DDI de búsqueda de personas. Lo ideal es que quien realiza la denuncia no se retire de la comisaría porque es posible que los fiscales necesitemos realizar algún tipo de preguntas vinculadas a conflictos previos, alguna fuga anterior, si posee algún problema específico de salud, en la escuela, o lo que sea importante sobre la persona que ha desaparecido”.
Ante tantas niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas la Justicia debería repensar el mecanismo de contacto con la Protex. “Lo ideal sería que fuera obligatorio e inmediato. Que fueran las mismas comisarías de las provincias las que tengan que mandarle por fax al organismo, durante las primeras 24 horas, el parte o preventivo del paradero para que la primera persona que llegue le dé entrada y circule con un número de IPP. Esto hace que ya esté judicializado. Si la persona perdida aparece, se deberá informar para que los saquen de los registros de personas desaparecidas. Sería una comunicación más efectiva para visibilizar cada causa y articular una búsqueda más integral entre el Poder Judicial, la Policía Federal y la policía de cada provincia”, agregó Cartasegna.
Estereotipos negativos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los Estados tienen un deber de diligencia reforzado en casos de violencia de género, en función de las obligaciones que surgen de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Belén do Pará. “Ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”, dijo la Corte Interamericana. También se expresó sobre el impacto negativo que tienen los estereotipos de género en el inicio de la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas.
