Debate por un Estado más social y menos criminal

Dos psicólogos expertos en niñez y adolescencia expusieron una contundente posición sobre la baja de la edad de imputabilidad. Demostraron que el tema de la penalidad está muy por debajo de otras urgencias sociales, tales como la violencia física y las adicciones. Todo sucedió en el fondo de una casa. Se desatendió la alarma mediática de la inseguridad y se abrieron las puertas con una muestra de fotos para decir que la niñez, pese a seguir hundida en la desidia política, también sonríe, juega y se divierte

Por Juan Manuel Mannarino

Es una casona de ésas viejas con habitaciones enormes, un patio lleno de árboles y plantas y, hacia el fondo, un galpón devenido en pequeña sala de teatro. Apenas se entra hay una galería con una exposición de fotos. Las imágenes son de chicos sonrientes y adolescentes divirtiéndose. Fueron tomadas por fotógrafos de la ciudad: Isabel de Gracia (anfitriona), Jorge Semilla, Cecilia Ripoll, Santiago Hafford, Colectivo “Calle la de chic@s l@s”, Lucero González y Gabriela Hernández (La Pulseada). La muestra reveló otra cara de la niñez, para disputar la visión estigmatizada que construyen los medios sobre los pibes pobres.

Una chica toma asistencia y la sensación de estar entre un círculo de conocidos es inevitable. Desde el jardín se escucha el murmullo de los pequeños grupos de gente. Organizado por el grupo Fuera del Plano (www.fueradelplano.blogspot.com), en la casona ocurrió un Encuentro Enriquecido, el nombre con el que se denominó la reunión que involucró la muestra de fotos, una charla sobre la baja de la edad de imputabilidad y un empanadazo con vino.

Fuera del Plano está compuesto por Sara Pastormerlo, Isabel de Gracia y Walter Cingolani, un trío que apuesta a la creación artística y abrió las puertas de la casona de calle 58 con dos interrogantes centrales: “¿Cómo hacer para que el conocimiento sobre ciertas cuestiones públicas penetre en nuestros mundos privados?” y “¿Es la TV el único vocero autorizado para entrar en nuestras casas?”.

“Ya organizamos una feria fotográfica, encuentros de teatro, literatura y música, y ésta es la primera vez que hay un debate político sobre un problema social. En general, no sólo vienen nuestros conocidos sino también los vecinos, pero esta vez no se acercó ninguno de ellos. Supongo que no lo hicieron por ser un tema bastante delicado, porque la cuestión de la inseguridad hiere sensibilidades. Nosotros queremos demostrar que si hay un discurso que alienta a encerrarnos en nuestras casas y no abrir las puertas, acá la casa no le teme a la inseguridad y pretende un diálogo, un debate entre ciudadanos para comprender la dimensión social de temas complejos como la baja de imputabilidad”, explica Walter Cingolani.

La penalidad, un problema secundario

Los invitados para dar la charla sobre la baja en la edad de imputabilidad son dos psicólogos: Marcelo De Biase, experto en niñez y adolescencia en riesgo, y Marcelo Koyra, ex Director Provincial de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Una pantalla muestra los detalles de una investigación y se plantea una pregunta inicial: “¿De qué hablamos cuando hablamos de imputabilidad de menores?”. Los psicólogos coinciden: es el enfoque dado al tema lo que define su carácter social.

“(Daniel) Scioli viene insistiendo con la baja de la imputabilidad desde que asumió como gobernador. Se intensificó con lo que los medios llamaron ‘La banda de la frazada’ (La Pulseada Nº 62, 66 y 70) y ahora con el caso de Esquivel, el hombre que habría sido muerto por un menor en Tolosa. Nosotros que trabajamos con jóvenes en conflicto con la ley sabemos que los delitos graves cometidos por menores son escasos, pero los medios los magnifican y construyen el estereotipo del pibe chorro, repitiendo una y otra vez la noticia. Es un mecanismo que produce miedo y simplificación del debate”, dice De Biase para abrir la charla. Agrega que a partir del comienzo de la implementación del Régimen Penal Juvenil, en 2008, “la región tendría que estar viviendo un proceso de transformaciones”, porque según el nuevo marco legal “se deberían garantizar los procesos constitucionales para la niñez y la adolescencia, se deberían priorizar las medidas socioeducativas antes que las internaciones, se tendría que prohibir que los jóvenes con problemas asistenciales fueran judicializados y se limitaría el poder de los jueces, impidiéndoles que tomen decisiones a solas como antaño”.

Sin embargo, desde entonces el escenario no cambió mucho: está el marco legal, pero los derechos de niños y adolescentes siguen siendo vulnerados. La Argentina es el único país latinoamericano que mantiene la reclusión perpetua para menores de edad. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y las garantías constitucionales son permanentemente avasalladas. El problema, claramente, es un problema de los menores pobres: una gran mayoría de ellos está “en banda”, sin trabajo, estudio ni hogar.

Para dar una muestra del debate sobre la edad de imputabilidad de los menores, Marcelo Koyra realizó una investigación acerca de los Servicios Zonales, creados por el sistema de promoción y protección integral de los derechos de los niños para restablecer derechos vulnerados. Registró durante años el trabajo cotidiano de esos centros asistenciales. El psicólogo se preguntó por qué razones llegan los niños y adolescentes, cuáles son las demandas principales de la ciudadanía y qué tipo de respuestas dan los equipos de profesionales, constituidos por psicólogos, trabajadores sociales, médicos y sociólogos, entre otros.

“¿Saben en qué lugar estaba el problema de la penalidad de menores? En el décimo puesto entre las 15 preocupaciones más importantes de las demandas sociales”, se escandalizó Koyra. Entre los principales problemas que sufren los niños y adolescentes pobres están la violencia física, las adicciones, la negligencia y el abandono de los adultos. Y lo que es peor: cuando se daña un derecho del niño apenas si es atendido. La mitad de los niños pasa por los Servicios Zonales, pero después no se les sigue un tratamiento. Los programas sociales no dan respuesta urgente ni a largo plazo, tanto por la falta de recursos como por la ausencia de seguimientos de los casos: hay un gran porcentaje de casos sin resolución. Es la realidad social que se vive en el Gran Buenos Aires.

“Están los recursos humanos y los profesionales trabajan a destajo, pero faltan la planificación y la articulación de los programas. Para Scioli hoy es más importante resolver el tema de la penalidad, que está muy debajo de las verdaderas necesidades de la gente pobre. Los males endémicos que castigan a los más postergados son la violencia y las adicciones. Si hoy resulta que la prioridad es la baja de la edad de imputabilidad, es claro que la agenda pública de nuestros políticos está moldeada por la influencia de los medios de comunicación”, sostiene Koyra. Eso no es todo: los programas sociales están desactualizados y carecen de tratamientos para problemáticas actuales, como por ejemplo el flagelo del paco. De Biase agrega que las estadísticas desnudan una descomposición del tejido social: “Falta mucho trabajo comunitario, hay pocas redes sociales y, por lo tanto, no hay acompañamiento. Miles de adolescentes viven en estado circular. Un día duermen en lo de la abuela, otro en lo de la novia, al siguiente en lo de la tía. Y encima los pibes no quieren ir a la escuela”.

La gestión de Daniel Scioli sigue haciendo oídos sordos: el Gobernador inauguró las sesiones legislativas de este año poniendo como prioridad la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y reclamó que se apruebe la Ley Penal Juvenil (que obtuvo media sanción en el Senado nacional a fines de 2009 y se encuentra en estudio en comisiones de la cámara de Diputados de la Nación). “El telón de fondo de la baja de la edad de imputabilidad es el debate sobre qué Estado queremos −sostiene De Biase−: si un Estado más policial o un Estado más social. Pareciera que todas las discusiones giran en torno a lo jurídico-estadístico. El discurso penal llega tarde, porque si bajás la edad a 14 años, ¿qué resolvés?”. Y agrega que hay que abarcar el problema desde una política social y no criminal: “Está demostrado que el sistema penal funciona como una esponja y no como una puerta giratoria: abrís un instituto y en tres días se llena de gente. Entonces, me pregunto, ¿qué importancia tiene la imputabilidad si se demuestra en el mundo entero que el encierro no sirve para nada? Tenemos que entender, por ejemplo, que la violencia y el delito no son lo mismo −subraya el psicólogo−. La violencia que reciben niños y adolescentes es gravísima y a nadie pareciera importarle; seguramente, porque son pobres”.